FINANCIAMIENTO: LA DENUNCIA DEL FORO

Al parecer, una vez ocupada la primera posición de la agenda por la eventual nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, en segundo lugar aparecen los recursos financieros. Y todo parece indicar que el terreno de disputa estará localizado en las normas y su aplicación.

La semana anterior, la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico informó a través de desplegado público en diferentes medios, lo que desde hace algún tiempo se había previsto como una opción: inconformarse por la vía legal respecto al financiamiento que reciben las actividades científicas y tecnológicas.

El Foro informa que presentó una denuncia administrativa “ante la Secretaría de la Función Pública, contra quien resulte responsable, por el incumplimiento de la asignación del 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y el desarrollo tecnológico”.

La principal finalidad del Foro, creado en 1999 y reformado en el 2002,  es servir como un órgano de consulta en materia de ciencia y tecnología, tanto para el ejecutivo federal como para las principales instancias de toma de decisión del sector. Pero la ley también le reserva funciones para promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo. Por la misma razón, ha servido para canalizar demandas y posiciones sobre diferentes iniciativas, como ahora para el financiamiento.

La composición del Foro es relativamente plural. Según lo establece la ley, su mesa directiva se debe integrar por 20 miembros: tres representantes de investigadores de igual número de áreas de conocimiento y otros 17 provenientes de diferentes organizaciones. Tales como las academias Mexicana de Ciencias, Ingeniería, Medicina; de instituciones como la UNAM, el IPN, el Cinvestav, los Centros Públicos de Investigación; y de asociaciones como Anuies, Canacintra, Coparmex o el Consejo Nacional Agropecuario. Por cierto, ninguna de estas cuatro últimas asociaciones firmaron el desplegado de denuncia.

Llama la atención que la inconformidad del Foro sobre los recursos fuera canalizada a una instancia como la Secretaría de la Función Pública. Esta última, creada en la administración de Vicente Fox, reemplazó a la entonces denominada Secretaría de la Contraloría, y se encarga esencialmente de fiscalizar a los funcionarios públicos federales, lo mismo que realizar auditorias sobre el gasto de recursos federales, entre otras funciones.

La denuncia interpuesta seguramente tendrá una respuesta, pero es de llamar la atención porque no se trata de cómo un funcionario distribuye los recursos una vez asignados, sino del volumen total que se destina al sector y en tal caso los principales responsables son los diputados, pues son ellos quienes diseñan y aprueban el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Más aún, los legisladores son quienes reformaron la ley. Primero, en el 2002 el artículo 25 de la ley general de educación, para establecer que el gasto en educación pública no debe ser menor al 8 por ciento del PIB y de ese total destinar el 1 por ciento para ciencia y tecnología. Luego en el 2004, con el artículo 9 bis de la ley de ciencia y tecnología, para ponerlo en correspondencia con la legislación educativa e indicar que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto del país.

Sin embargo, como lo hemos hecho notar en múltiples ocasiones, la legislación educativa se refiere a gasto público, mientras que la normativa científica señala gasto nacional (público y privado) y establece la salvedad de que el gobierno federal y estatal concurrirán al financiamiento, pero “con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables”. Es decir, si no hay recursos financieros, imposible cumplir lo que dice la ley.

Quizás, como lo había propuesto Diego Valadés en enero de este año, en el encuentro promovido por la Academia Mexicana de Ciencias, y como lo reiteró en estas mismas páginas la semana pasada (Campus Milenio No. 462), se necesita una reforma constitucional para hacer valer el nivel de financiamiento previsto en las leyes secundarias.

El jurista sugiere añadir un párrafo al artículo 25 constitucional, en el que se establezca la prioridad de la investigación y el desarrollo técnico, lo mismo que su apoyo y financiamiento directo.

En fin, probablemente movilizar el tema de los recursos financieros en la agenda no resultará tan sencillo, pero parece indispensable si se crea la nueva secretaría.

(Publicado en Campus Milenio No. 463. Mayo 24, 2012)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ¿UNA POLÍTICA CON NUEVAS REGLAS DE JUEGO?

Tal parece que el inicio de la segunda década del siglo XXI ha traído, por fin, cierta preocupación por la conducción del sistema científico y tecnológico en México. Los argumentos y las posiciones de una buena parte de los actores relevantes del sector coinciden en que se debe elevar el rango del sector y crearse una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Es un principio, pero faltan definiciones y la expresión que podrían seguir actores y organismos hasta ahora existentes.

Lo hemos reiterado en varias ocasiones en este mismo espacio: la idea de una nueva secretaría poco a poco fue generando un efecto de consenso y ya encabeza la agenda de discusión para un eventual programa del sector. Seguramente, sea cual sea el resultado de las elecciones federales de julio próximo, será imposible soslayar el tema; por el contrario, será un asunto prioritario.

Sin embargo, las posiciones unánimes sobre la conveniencia de una nueva secretaría podrían comenzar a mostrar las primeras fisuras al momento de definir los detalles relativamente finos de la propuesta. De hecho, en los pronunciamientos a favor se puede advertir que algunos incluyen  a la educación superior, otros la omiten y unos más guardan un prudente silencio. En consecuencia, tampoco es claro si podría estar más cerca de la Secretaría de Educación, de Economía o en qué proporción se dividiría su tendencia. No es un asunto menor. Las manifestaciones también son ambiguas sobre si Conacyt debiera preservarse, desaparecer o si la secretaría de ciencia y tecnología se edificaría sobre esa estructura.

A la propuesta, como se podrá notar, todavía le faltan precisiones. Pero quizás también le falta advertir algunas de las implicaciones en el relativamente pequeño y complejo entramado institucional del sistema científico y tecnológico. Desde fines de los años noventa, las reformas a la ley del sector crearon un conjunto de organismos para facilitar la conducción o gobernanza administrativa y política del sistema. El asunto es si la creación de una nueva secretaría redefinirá la relación con el conjunto de estructuras ya existentes, incluyendo las entidades federativas, y cuáles de ellas permanecerán o desaparecerán en definitiva.

Uno de los problemas inveterados del sistema científico y tecnológico ha sido el de la planeación y coordinación. Una responsabilidad otorgada a Conacyt desde su creación en 1970, pero que carecía de instrumentos para hacerla efectiva. De hecho, la primera norma, titulada “Ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico” de 1985, se propone con la idea de facilitar la coordinación entre las dependencias del sector público que realizaban tareas de investigación y desarrollo, y entre éstas y los sectores privado, social y educativo.

La entonces ley para coordinar, planteó la creación de una Comisión para la Planeación del Desarrollo Tecnológico y Científico, integrada por 14 personas: once subsecretarios, el director de Conacyt y los titulares de la UNAM e IPN. Una comisión que intentó reunir a funcionarios de alto nivel y ser propositiva para definir los aspectos centrales de la política científica y tecnológica. Desafortunadamente, como ocurre en el presente, la comisión careció de efectos prácticos y se perdió en el laberinto de las buenas intenciones.

La idea de estrechar relaciones con actores centrales del sistema y/o tomadores de decisión ha sido persistente a lo largo del tiempo. Tómese como otro ejemplo la creación del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia (CCCP) en 1989, de gloria efímera, al inicio del periodo de Carlos Salinas de Gortari, buscando una instancia de asesoramiento en la materia, pero sobre todo a la caza de legitimidad e interlocución con científicos.

Tal vez la intención se acercar las definiciones de la política científica y tecnológica a personas clave y a la comunidad científica, se aprecia con mayor claridad en las reformas a la ley del sector de 1999 y 2002. En el primer caso, introdujo un cambio fundamental en las reglas del campo de la ciencia y la tecnología, como la instauración de los fondos competitivos para la distribución de recursos, el establecimiento de la evaluación de resultados como requisito para distribución adicional de recursos, los convenios de desempeño de los centros públicos de investigación y la participación de agentes y sectores en el diseño de la política. En este último caso previó la creación del entonces denominado Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, un órgano de consulta del poder ejecutivo.

La reforma del 2002 una vez más buscó la coordinación intersectorial para las actividades científicas y tecnológicas, acercarse a los tomadores de decisión y otorgarle mayores capacidades a Conacyt. Efectivamente, en esa ley quedó estipulada la creación de un ramo de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el sector (ramo 38), los rasgos de una política de Estado, un ajuste al Foro Permanente –el cual pasó a llamarse Foro Consultivo-- y la creación del Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología y del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

En lo que se refiere a la Conferencia, se trata de un órgano de coordinación del Conacyt con las entidades federativas, para promover la descentralización de las actividades. Desafortunadamente su funcionamiento fue irregular entre el 2002 y 2007. Apenas en el 2008 emitió sus bases de funcionamiento y sus logros han sido poco visibles.

El Consejo General, máximo órgano de la política científica y tecnológica, estaba considerado que fuera presidido por el ejecutivo federal, nueve secretarios de Estado, el coordinador del Foro y cuatro investigadores. Tampoco ha tenido un funcionamiento eficaz, contadas veces se ha reunido desde su creación en el 2002. En la actual administración solamente ha sesionado una vez y solamente porque debía aprobar el programa sectorial.

Un comité más se estableció en el 2009, con la reforma correspondiente, es el Comité Intersectorial para la Innovación, presidido por la Secretaría de Economía y el Conacyt en la segunda posición. Un organismo para fomentar la innovación en le sistema y como asesor del Consejo Geenral.

El asunto es que la conducción del sistema científico y tecnológico ha mostrado un doble movimiento. Por un lado, en sentido vertical, a la búsqueda de aproximarse a la cúspide, con los tomadores de decisión para asegurarse la provisión de recursos y de que las iniciativas se lleven a cabo. Por otro, en sentido horizontal, intentando establecer un vínculo y coordinación con estructuras administrativas afines y una interlocución con representantes de actores clave, como la comunidad científica y tecnológica, a través de la Conferencia y el Foro.

Actualmente, con la propuesta de crear una nueva secretaria, el sistema podría dar un paso más en dirección ascendente vertical, puesto que tendría mayor peso político, un mejor estatus en la administración pública y quizás mayores recursos financieros. En estos términos, su búsqueda por ampliar sus capacidades de coordinación y regulación estaría satisfecha.

No obstante, los escollos que habría de salvar no son menores. En primer lugar, librar el debate de si incluirá o no a la educación superior. Luego, como la titularidad de una secretaría despierta mayores apetitos, la disputa política de los actores clave también será más intensa por ocupar esa posición. En tercer lugar, la innegable tendencia de las estructuras administrativas a hincharse y burocratizarse. Y, por último, establecer nuevas bases de relación horizontal con organismos como el Foro y la Conferencia. Pues sí, parece que las reglas del juego tendrán que ser otras.


(Publicado en Campus Milenio No. 462. Mayo 17, 2012)

EL DEBATE: NUEVA SECRETARÍA Y FINANCIAMIENTO

La conductora del debate entre candidatos presidenciales pregunta sonriente, dirigiéndose a Gabriel Quadri: ¿Qué características tendría su política de ciencia y tecnología?

La pregunta es directa, conocida de antemano, aunque formulada al azar. Quadri responde con la convicción y el compromiso de una promesa que nunca será realidad. Habilitado como candidato del Partido Nueva Alianza al cuarto para las doce, una vez que se truncó la coalición con el PRI, sin posibilidad alguna de disputar la presidencia, autodefinido como ciudadano pero representando a un impresentable partido político que trata de arañar el mínimo de votación para alcanzar el registro y unas curules para los familiares de la dirigencia del partido,

Quadri, sin titubeos, dice que México está en condiciones muy lamentables en materia de ciencia y tecnología. No le falta razón, pero sí precisión a sus datos. Afirmó que en el país se forman aproximadamente 2 mil doctores al año y que, en comparación, en Brasil son dos o tres veces más en relación a su población.

En realidad, según los datos oficiales más recientes, en México egresaron 4 mil 99 doctores en el año 2009. Incluso, si en vez de egresados solamente se consideran a los graduados del nivel, la cifra es de 2 mil 724 doctores para el mismo año. Las cantidades, como se podrá advertir, son superiores a las que dijo el candidato del Panal.

A su vez, el número de graduados de doctorado en México es menor que Brasil, pero la diferencia es mayor a la que dijo Quadri. En el 2009 los graduados de ese nivel en Brasil sumaron 11 mil 368. Esto es, en términos comparativos, no son 2 o 3, son 4 veces más que los nacionales.

Todavía menos comprensibles fueron los datos del candidato de Nueva Alianza acerca de que, en comparación con el año 2000, cuando ingresaban 185 doctores al Sistema Nacional de Investigadores, actualmente la cifra se había reducido drásticamente. ¿Cuál es su base de cálculo? Nuevos ingresos no cuadra; la tasa de rechazo tampoco.

También muy efectista, aunque difícil de calcular y entender fue su afirmación de que solamente uno de cada diez mil jóvenes llega al doctorado. Sin duda la matrícula nacional de doctorado es baja (poco más de 23 mil estudiantes), sobre todo si la comparamos con el total de la matrícula en educación superior (2.6 millones) o con el total de jóvenes entre los 25 y los 29 años (8.8 millones) o entre los 25 y 34 años (poco más de 17 millones). ¿Cuál flujo seguir para afirmar que uno de cada diez mil jóvenes llega al doctorado?

La propuesta de Quadri, frente a su diagnóstico impreciso fue “la creación de una Secretaría de Educación Superior de Ciencia y Tecnología”. Una idea que, como lo anotamos aquí en su momento, fue expresada y respaldada desde el final del mes de marzo por los tres pricipales candidatos presidenciales en el encuentro con la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (Adiat). El ciudadano de Nueva Alianza, en ese entonces, recien estaba pisando la arena politica; hoy se suma al consenso previo.

En su turno de respuesta a la misma pregunta. Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI-Verde Ecologista, diagnosticaba que México no ha entendido a tiempo que se debe invertir en el sector. En consecuencia anunció que su política sería “incrementar al menos tres veces más la inversión que hoy se hace en ciencia y tecnología”. Es decir, si fuera el caso, significaría que el gasto federal pasaría de 52 mil millones de pesos a cerca de 156 mil millones de pesos. O bien, de 0.38 a alrededor del 1.14 PIB.

La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, propuso un programa de becas de detección de talentos temprano. También sugirió de manera ambigüa que uniría en una sola institución a todas las instancias de educación superior y a todos los centros de investigación. Seguramente intentaba remitirse a la propuesta de creación de una nueva secretaría, pero evitó reiterar lo que había dicho Quadri. Además, también dijo que duplicaría el presupuesto para el sector y propciaría una mejor asociación público-privado.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, el candidato del Movimiento Progresista, no ofreció una respuesta específica. Denunció malos manejos del dinero público y solamente indicó que debería administrarse con honradez y distribuirse con justicia.

Es el primer encuentro de candidatos, la agenda ya la encabeza la creación de una nueva secretaría y parece que el segundo será el financiamiento.

Posdata: ¿Cundirá la propuesta de nueva secretaría en las entidades? En el DF ya está agendada.


(Publicado en Campus Milenio No. 461. Mayo 10, 2012)

LA AMC Y LAS ORGANIZACIONES INTERMEDIAS

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) tiene un nuevo consejo directivo para el periodo 2012-2014. Es la organización de científicos más numerosa y más relevante a nivel nacional, seguramente desempeñará un papel activo en la próxima definición de las iniciativas para el sector. Pero no es la única agrupación en la arena.

La AMC ya cumplió más de medio siglo de existencia (fue fundada en 1959 con el nombre de Academia de la Investigación Científica) y durante casi cuarenta años solamente agrupó a los científicos de las ciencias naturales y exactas. En 1996 cambió a su denominación actual y también amplió el ingreso a científicos de las humanidades y las ciencias sociales. No obstante, representantes de estas últimas especialidades rara vez han presidido la agrupación.

Actualmente, la organización cuenta con más de 2 mil científicos, pertenecientes a once secciones de especialidad: agrociencias; astronomía; biología; física; geociencias; ciencias sociales; humanidades; ingeniería; matemáticas; medicina; y química.

El artículo sexto de los estatutos de la Academia indica que el ingreso de los miembros regulares debe ser a propuesta de uno de los miembros de la propia agrupación e idealmente el proponente debe contar con la misma especialidad del que aspira a ingresar. Es decir, la ruta de acceso es regulada por área de conocimiento y por quienes ya forman parte de la asociación.

La máxima autoridad de la AMC es la asamblea general, pero el comité directivo, como su nombre lo indica, se encarga de dirigir, administrar y ejecutar las decisiones (Título segundo de los estatutos). El comité está compuesto por el presidente, vicepresidente, dos secretarios y un tesorero.

Los integrantes del comité duran en el cargo dos años y, según la normatividad,

el vicepresidente de un periodo ocupará el cargo de presidente al siguiente bienio. Esto es, en los estatutos se marca una incorporación paulatina y cierta continuidad de quien ocupará la titularidad de la organización.

El nuevo comité, el que se presentó en la asamblea del pasado viernes 27 de abril y que estará en funciones hasta el 2014, está compuesto por José Franco López como presidente (vicepresidente en el periodo anterior); Blanca Jiménez Cisneros como vicepresidenta (especialista en el tema del agua e investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM); Alejandra Bravo de la Parra como tesorera; y Roberto Leyva Ramos como secretario.

Sin duda tiene relevancia la personalidad de quien preside el comité directivo: es la representación y la voz pública de la AMC. En las dos décadas anteriores y particularmente en la última, los desencuentros entre las autoridades del sector y la Academia han sido notables, sobre todo frente a la designación de los titulares del Conacyt, la distribución de los incentivos fiscales para empresas y por el financiamiento para la ciencia básica.

El papel de la Academia fue decisivo para la creación del Sistema Nacional de Investigadores a mediados de los años ochenta y también para su continuidad en todos estos años. Además, durante casi toda su existencia ha sido uno de los interlocutores privilegiados en la integración de los programas sectoriales y en las reformas a la ley.

No obstante, desde el final de los años noventa, con los cambios normativos, otras instancias de contacto entre autoridades federales y comunidad científica se han hecho presentes y también han mostrado capacidad de propuesta. Tal es el caso del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, como instancia de expresión de la comunidad científica y órgano de consulta, o la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología que reúne y coordina a las autoridades de Conacyt y los respectivos consejos estatales.

Otras agrupaciones, no previstas en la ley, también han mostrado una activa presencia. Una de las más sobresalientes ha sido la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (Adiat). De hecho, como lo comentamos aquí hace un mes, esta organización logró que los actuales candidatos presidenciales, respaldaran la idea de crear una nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología. Otra es la Red Nacional de Organismos y Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt).

Probablemente la comunidad científica no sea muy numerosa, pero las formas de representación y las organizaciones del sector han crecido notablemente y han tornado más compleja la regulación del sistema.

(Publicado en Campus Milenio. No. 460. Mayo 3, 2012)

EL PROYECTO DE SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA… EN CHILE

En las dos semanas anteriores, la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado chileno se reunió con diferentes representantes de la comunidad académica de ese país. Uno de sus acuerdos ha sido solicitar al presidente de Chile, Sebastián Piñera, la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo.

Al igual que en el caso de México, la idea no es reciente y proviene principalmente de organizaciones académicas. La propuesta de crear una nueva institucionalidad para impulsar el desarrollo científico y tecnológico en Chile tiene antecedentes en el año 2000, cuando la Academia Chilena de Ciencias (ACC) en uno de sus estudios (Ciencia, Tecnología e Innovación Programas y Políticas en Chile) ya consideraba inoperante la institucionalidad del sector y proponía su renovación para diseñar estrategias y políticas nacionales para conducir su sistema.

A mediados de la década pasada, en otro estudio (“Análisis y Proyecciones de la Ciencia Chilena-2005”) y particularmente por la creación de un proyecto de ley que creaba un fondo competitivo (Fondo de Innovación), para el cual no le solicitaron parecer a la ACC, manifestó su inconformidad y preocupación porque en su opinión era el principio para crear políticas de largo plazo. La organización de académicos fijó su posición al destacar que la ciencia no se agotaba en la innovación y planteó que “la institucionalidad debe también hacerse cargo del indispensable desarrollo de la ciencia básica y de la formación de investigadores en las universidades e institutos de investigación (p. 413).

Una de las recomendaciones del documento de la ACC del 2005 fue la modernización de las instituciones o mecanismos del Estado de apoyo a la investigación. Aunque, en realidad, no planteó la creación de un nuevo Ministerio para el sector. Básicamente proponía que la renovación de la institucionalidad debía cumplir con asesorar al Presidente de la República y a los poderes del Estado en materia de ciencia y tecnología, así como asegurar la representatividad de los actores, la cual también era deseable “para un Consejo de CONICYT, que debiera ser restituido para el gobierno de esa institución” (p.415).

Las siglas CONICYT se refieren a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del gobierno chileno, un organismo equivalente al CONACYT de México y casi fundado al mismo tiempo. La Comisión fue creada al final de los años sesenta, como organismo asesor en la materia del Presidente y dependiente del Ministerio de Educación –Conacyt se creó en diciembre de 1970 e inicialmente estuvo sectorizado a la ya desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, después a la de Educación y ahora, aunque tiene un ramo de gasto propio, conserva sus mayores vínculos con el sector educativo.

Los antecedentes de la ACC sobre la necesidad de una nueva institucionalidad fueron la base para la actual propuesta de crear un nuevo Ministerio. De hecho, en la reunión del pasado 16 de abril, la que sostuvieron los representantes de la Academia con la comisión de Senadores, presentaron casi los mismos argumentos que en su documento del 2005, sólo que en esta ocasión expresaron claramente la idea de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo.

En la declaración pública de la ACC sobre su propuesta (se puede consultar en la página electrónica del Senado chileno) señalan, casi como en el caso de México, que la institucionalidad del sector es “extremadamente frágil, dispersa y en gran medida está obsoleta”. Tal situación, argumentan, han impedido el diseño de políticas nacionales y la existencia de una verdadera política de Estado en el sector, como la que han logrado otros países.

En la perspectiva de la organización académica, una política de Estado solamente se podrá lograr si se crea la figura de Ministro para ciencia y tecnología, como el que existe para Cultura, Educación, Medio Ambiente y otros sectores.

El Senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, respalda la idea de los académicos y acordaron hacer llegar la solicitud al presidente de Chile. Tal vez la propuesta ha sido animada por la creación el año pasado del Ministerio de Desarrollo Social y la actual coyuntura en la que está por aprobarse un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. El nuevo Ministerio no es un hecho y seguramente no lo será en el corto plazo.


(Publicado en Campus Milenio. No. 459. Abril 26, 2012)

¿NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA?

Hasta ahora, en el tiempo de las peticiones y las campañas electorales, la propuesta con mayores pronunciamientos es la de crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Una iniciativa que todavía permanece en el terreno de las especulaciones, aunque le sobran partidarios y le faltan definiciones. No está claro si podría incluir a la educación superior. Tampoco si reemplazará al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y menos si tenderá sus vínculos administrativos con el sector educativo o el económico.

El dato inequívoco es que la conducción del sector científico y tecnológico requiere de un nuevo arreglo institucional. Uno en el cual se deben repensar los acuerdos y lineamientos que han conducido la actividad, así como la orientación y mecanismos de financiamiento.

La preocupación por las formas y mecanismos de regulación de la actividad científica y tecnológica ha sido una constante relativa y uno de los principales dilemas de la política del sector. El principal razonamiento que ha estado a la base de los cambios en las últimas dos décadas es que Conacyt, el órgano rector de las políticas, no ha contando con los instrumentos para regular el sistema ni tampoco ha gozado de las capacidades que le permitan decidir sobre la orientación del mismo.

En buena medida, las limitaciones padecidas por Conacyt se atribuyen a la dispersión de la actividad científica y tecnológica en múltiples secretarías e instituciones, las cuales han escapado al control del organismo. Otro tanto se refiere a las dificultades para articular un verdadero sistema y coordinar la actividad en las entidades federativas.

Los intentos por mejorar la situación del organismo encargado de la política científica y tecnológica han llevado a sectorizarlo a una u otra secretaría y a múltiples modificaciones de la normatividad correspondiente. Los cambios más significativos fueron las reformas a la ley de 1999 y 2002, las cuales le otorgaron un mayor control sobre los recursos financieros y la creación de algunas instancias altamente ineficientes.

Una de las novedades fue la instauración de los llamados fondos competitivos a partir del 2002, mixtos y sectoriales, con los cuales Conacyt pudo orientar las líneas y temas de investigación conforme la demanda. Igualmente, canalizó una porción cada vez más creciente de recursos por este medio.

El otro aspecto fue la creación de un ramo de gasto propio para la ciencia y la tecnología (ramo 38). A pesar de que estaba previsto en la ley desde el 2002, apenas en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2003 se incluyó un artículo transitorio que especificó que se haría efectivo en el presupuesto del año siguiente. A partir de entonces Conacyt, ya con ramo propio, quedó desectorizado de SEP. La autonomía relativa de Conacyt le permitió un control de los recursos financieros y una mayor fiscalización de los mismos.

No obstante, la separación resultó contraproducente, porque desde ese año, sistemáticamente, en comparación con lo que recibía previamente, el proyecto de presupuesto que remite el ejecutivo federal al Congreso contiene menores recursos para el rubro. Aunque los diputados se han encargado de incrementar las cifras propuestas gubernamentales.

Aquí mismo nos hemos referido a la creación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, una instancia de alto nivel encabezada por el presidente de la República y secretarios de Estado, responsable de la política sectorial,   pero que desde su instalación en el 2002 ha sesionado en contadas ocasiones y ha sido más bien sumamente ineficiente.

Entonces, a pesar de que los cambios efectuados han permitido a Conacyt controlar directamente la palanca del financiamiento e instaurar diversos órganos de contacto entre la administración y los destinatarios de las iniciativas, tal parece que no han sido suficientes para impulsar y orientar el sistema.

¿Una nueva estructura administrativa con rango de secretaría de Estado será capaz de sobreponerse a las adversidades y desempeñar un mejor papel para consolidar el sistema científico y tecnológico? Probablemente no. Sobre todo porque no solamente se trata de crear una nueva estructura, lo más importante es definir un arreglo institucional que incluya a los diferentes actores del campo y establecer acuerdos sobre el rumbo que deberá seguir el sistema y su financiamiento.


(Publicado en Campus Milenio No. 458. Abril 19, 2012)

¿CÓMO Y QUIÉN INTEGRARÁ LAS PROPUESTAS?

Las propuestas de los candidatos presidenciales no terminan de aparecer en el debate público, al menos no las que corresponden a educación y a ciencia y tecnología. En cambio, se han pronunciado fuerte y reiteradamente las formuladas por otros sectores. Es posible que se comience a esbozar un escenario diferente de disputa y triunfo electoral.

La ausencia de ideas por parte de los candidatos, probablemente, se debe a que las campañas están en su fase inicial. Pero también podría ser que el desencanto llegó muy pronto a los eventuales electores, a la falta de credibilidad de los políticos o acaso a los insufribles spots que rápidamente han saturado a las audiencias. Las propuestas específicas de los contendientes de las elecciones federales de julio próximo no han ingresado claramente en la arena pública; tampoco parece generar mucho interés su exploración.

En los electores solamente han quedado referencias vagas sobre la ampliación de oportunidades educativas para niños y jóvenes, la búsqueda de  un México más educado y productivo, alcanzar lo que dice la ley en apoyo financiero a la educación y a la ciencia y la tecnología. Pero todavía no ha sido pronunciada ninguna propuesta que haya generado polémica o grandes expectativas en los electores. O bien, llanamente ha sido ignorada por los supuestos destinatarios.

La contribución de los equipos de campaña no ha sido menor. En su mayor parte han procurado (unos más que otros) cuidar los escenarios ante los que se presentan los candidatos. Unos ambientes de invernadero que evitan en lo posible la confrontación, que tienen cronometrado el tiempo de exposición y las propuestas que se pueden pronunciar. Las lecciones de los tropiezos –propios y ajenos; recientes y viejos--, ha cerrado más el círculo interno y avispado.

Desde luego, por ley, las fuerzas políticas y coaliciones tienen registrado ante el IFE su correspondiente plataforma electoral y programa de gobierno (Artículo 27 del COFIPE). En esos documentos aparecen claramente anotadas sus propuestas y los candidatos están obligados a sostenerlas y difundirlas a lo largo de la campaña.

Sin embargo, hasta ahora, lo que dicen las plataformas electorales no han ocupado centralmente el espacio de los medios ni el debate público. Más bien han sido otros los actores que han colocado sus temas en la agenda de discusión y que al parecer ocuparán un lugar importante cuando se definan las elecciones federales.

Por ejemplo, la proyección del documental DePanzazo si bien dejó instaurada la idea de que el sistema educativo funciona pésimamente, lo que permanece y sobre lo que ha insistido el grupo que respalda el documental, es que se debe dar paso a la evaluación universal de los profesores –entre otros tipos de evaluación-- y de que los resultados se deben hacer públicos. La propuesta ya ha obligado a tomar posición a la autoridades educativas, a especialistas y algunos de los candidatos.

Otro caso es la reciente entrada en vigor de la obligatoriedad de la educación media superior, sancionada por la actual legislatura, la cual deberá lograrse plenamente para el ciclo escolar 2021-2022 y que aparece como punta de lanza para implementar los presupuestos plurianuales. Una propuesta que también podría formar parte de un eventual programa de gobierno.

También está la serie de preguntas, sobre 14 temas, que formularon mediante desplegado público diferentes personas de la vida pública, con las cuales buscan definiciones puntuales de los actuales aspirantes a la presidencia. El asunto es decisivo porque la autoridad electoral tomará las preguntas para un primer debate. Por cierto, en la serie de temas aparece educación, pero lamentablemente también a los preguntones se les olvidó la ciencia y la tecnología.

Igualmente está la posición expresada por ANUIES sobre los plazos y requerimientos financieros para ampliar la cobertura a 50 por ciento del grupo en edad de cursar estudios superiores. Una idea que inevitablemente estará en discusión en cualquier programa de gobierno. Lo mismo que, como lo señalamos aquí hace un par de semanas, el relativo consenso que se ha generado sobe la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología propuesto por múltiples actores.

Entonces, es posible que en los meses próximos aparezca otras voces fuertes y que también sea mayor el retraimiento de los candidatos y sus equipos de campaña. En tal escenario faltaría resolver cómo se podrían integrar las propuestas.


(Publicado en Campus Milenio. No. 457. Abril 12, 2012)