Fondos para CyT: un contrapeso a la discrecionalidad acumulada

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 694. Febrero 23, 2017. pág. 5)

“En términos generales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), responsable de las operaciones del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt), no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”. Este es parte de uno de los cinco dictámenes del reciente informe emitido por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre programas del organismo rector de las políticas científicas.

El documento general del informe permanece en reserva hasta que es entregado a la Cámara de Diputados (máximo el 20 de febrero de cada año), cuando eso ocurre ya es del dominio público y se puede consultar. El informe contiene los resultados de las auditorias a las políticas y programas gubernamentales, también acerca del desempeño de las entidades sujetas a fiscalización, así como lo concerniente al manejo del ingreso y gasto público.

Aunque la ASF toma muestras de cada sector, el universo que incluye el informe de resultados de la cuenta pública es relativamente voluminoso (para la cuenta pública 2015 suman más de 1,600 auditorias). De hecho, todos los entes que ejercen recursos públicos federales son auditables, sean particulares o constitucionalmente autónomos (como algunas universidades) o perteneciente a alguno de los tres poderes de la Unión o nivel de gobierno (municipal, estatal o federal).

Las auditorias constituyen uno de los pocos instrumentos de contrapeso a las decisiones y desempeño discrecional del poder público. A pesar de que se ciñen a un marco normativo sumamente rígido y las valoraciones, algunas veces, siguen una lógica administrativa incomprensible, sus resultados son de los escasos indicadores que tiene la ciudadanía para calificar las actividades gubernamentales.

En el caso del Conacyt, el informe más reciente de la ASF, auditó cinco diferentes programas: 1) El Fordecyt; 2) El de Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación; 3) Apoyos para el fortalecimiento en materia de infraestructura científica y tecnológica; 4) Auditoria de TIC; y 5) Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas.

De acuerdo el informe de la ASF, el primer programa, el Fordecyt, como se indicó al inicio de este texto, tiene diferentes faltas: en los recursos acumulados al final del 2015, se incluyen 810 millones de pesos “de cuyo importe sólo se otorgaron 203 millones 205 mil pesos para proyectos de investigación (25.1 por ciento), por lo que el Fordecyt no cumplió con la gestión financiera de la administración y operación del Fondo Institucional para el Desarrollo, Científico, Tecnológico y de Innovación, con lo que incumplió el objetivo para el que fue creado” (p. 790).

En consecuencia, la ASF recomienda a la Cámara de Diputados que “verifique la disponibilidad y excedentes” del Fordecyt, puesto que al 31 de diciembre de 2015, contaba con recursos acumulados por casi dos mil millones de pesos, incluyendo lo que no se distribuyó de los 810 millones de pesos.

Los datos de la auditoria revelan un subejercicio y ponen en cuestión el supuesto incremento reportado por el gobierno federal en su 3er Informe de gobierno: “En los primeros tres años de la actual administración, el gobierno de la República incrementó de manera sostenida la inversión en CTI en los estados y regiones del país a través del Fordecyt. En 2015 canalizó recursos presupuestarios por 810 millones de pesos, 30.6 por ciento más en términos reales que en 2014” (p. 333). ¡Sí, la cantidad fue superior, pero no fue distribuida! Grave.

Otro caso, el segundo programa, el de Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas y tecnológicas, en el que se revisaron los subsidios otorgados por Conacyt  para atender demandas. La opinión de la ASF es que el organismo puso en marcha el programa con deficiencias en su diseño, puesto que “no definió con precisión a su población objetivo; y desconoció el efecto de los apoyos otorgados mediante el programa en el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas”.

La misma ASF recomienda que Conacyt disponga de mecanismos para cuantificar el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de las dependencias y entidades de la administración pública federal. AFP. Sin embargo, el mismo gobierno federal reportó que había promovido un desarrollo integral.

En fin, según el artículo 32 de la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación, la que rige la actuación de la ASF, las entidades fiscalizadas, tienen 30 días hábiles, a partir de que reciben las observaciones y recomendaciones, para presentar la información y consideración que estimen pertinentes.

Algunas fallas encuentran su explicación en la intrincada dinámica administrativa, pero otras son de una negligencia francamente inadmisible. ¿De cuáles estamos hablando? Pronto lo sabremos.

Los hechos alternativos de Trump: Científicos se preparan para tomar la calle

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 693. Febrero 16, 2017. pág. 5)

El epicentro de la protesta será el próximo 22 de abril en Estados Unidos, y particularmente en Washington, D.C., pero réplicas de inconformidad se manifestarán en múltiples ciudades de esa nación y del mundo, incluyendo México. Ya no se habla de una marcha, son “Marchas por la ciencia”. Y sí, lo que está en juego es la evidencia científica.

Lo que estamos viviendo es una situación perturbadora, inquietante, rara: todo parece cambiar aceleradamente y, al mismo tiempo, de forma imprevista e inevitable. Si hace muy poco el presidente Trump formulaba amenazas imposibles de cumplir en el conocido marco de las relaciones internacionales y de la política interna, ahora son órdenes ejecutivas en serie y en serio. El conocimiento técnico para fundar esas decisiones no tienen la menor importancia.

La que sería una inminente ratificación del acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el mayor acuerdo megarregional en materia comercial, ese que llevó una década de negociaciones, quedó fácilmente eliminado sin mostrar prueba alguna de que sería inútil o catastrófico.  El cambio del TLCAN podría llevar más tiempo, porque tiene candados e involucra a más de un país, pero ya no queda duda de que será sacudido fuertemente. Lo que no hace mucho era una relación relativamente amistosa entre países vecinos, hoy ya es francamente hostil y envenenada.

Lo dramático es que los cambios y buena parte de las decisiones se han fundado en verdades a medias o auténticas falsedades, también conocidos como “hechos alternativos”. Esa frase que utilizó Kellyanne Conway, consejera de Trump, para justificar porqué el secretario de prensa estadounidense, Sean Spicer, había dicho terminantemente que la ceremonia de asunción de Trump había sido la más concurrida, cuando las imágenes mostraban lo contrario. (Un rasgo de Spicer que el programa SNL ha capitalizado muy bien en sus parodias).

Sean Spicer había dicho sobre la ceremonia: “esta fue la mayor audiencia que alguna vez atestiguó una toma de posesión, punto” (cnn.com). Algo que no mostraban las imágenes comparativas que circularon una y otra vez. Por eso, cuando la consejera de Trump la dio por buena, como una versión de “hechos alternativos”, el entrevistador, Chuck Todd, le dijo: “hechos alternativos no son hechos, son falsedades” (nbcnews.com).

Si el diferendo solamente fuera por una mera impresión de ilusoria popularidad para inflar el ego, hasta podría ser desestimable. Lo grave es que se configura un mundo paralelo de “hechos alternativos” para la toma de decisiones. Uno que hasta hace muy poco era completamente inadmisible

Seguramente usted todavía recuerda la época de campaña del actual presidente Trump, particularmente cuando se pronunció sobre cambio climático diciendo que era un “mito y un engaño”, así que anunció que de resultar electo retiraría a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Tal intención provocó que casi 400 científicos, entre ellos 30 premios Nobel, le remitieran una carta para señalarle que “sus declaraciones son inconsistentes y no tienen ninguna relación con la realidad” y explicarle las consecuencias de abandonar el Acuerdo, todas catastróficas y de larga duración .

Ahora, como presidente, Donald Trump no ha firmado la orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. No es nada claro si lo hará o no. Sin embargo, la posverdad y los hechos alternativos siguen comandando buena parte de sus decisiones, sea para prohibir el ingreso a su territorio, para el fenómeno migratorio o para cancelar programas. Así que en este caso, como en muchos otros, el desenlace podría ser inevitable.

En estas circunstancias, un grupo de científicos, casi al día siguiente de la marcha de las mujeres del pasado mes de enero, comenzaron a expresar la intención de realizar una marcha por la ciencia. Lo hicieron a través de Reddit, ese sitio web utilizado para debates que generan adhesiones o rechazos. Los adherentes pronto se multiplicaron y expandieron, no solamente en Estados Unidos.

Ahora, con una misión, metas y principios claramente establecidos (marchforscience.com), el movimiento se manifiesta a favor de la formulación de políticas basadas en evidencias y la inclusión en la comunidad científica. En cada lugar se establece más o menos lo mismo del documento base, pero en algunos casos se añaden particularidades.

Por ejemplo, en el caso de la “Marcha por la ciencia en México”, convocada para el mismo  22 de abril, el día que se realizará en otras partes del mundo, la cuartilla de presentación añade, entre otras cosas: “En México, el presupuesto para ciencia se ha reducido más que nunca y la precariedad de las nuevas generaciones de científicos se hace más profunda ante la crisis económica y los malos manejos de los administradores del país” (@ScienceMarchMx). Veremos las evidencias.

Posdata: No, en el cálculo de incentivos económicos, no está clara la diferencia entre la UMA utilizada en el reglamento de becas y el INPC del reglamento del SNI.

Revalidaciones y equivalencias. La ida y retorno de jóvenes estudiantes

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus MIlenio No. 692. Febrero 9, 2017 p. 5)

Sin duda es algo paradójico. Todavía a mediados del año pasado las autoridades nacionales hacían malabares y se quebraban la cabeza para diseñar acciones que permitieran acercarse a la prometida meta, al término de este sexenio, de 100 mil mexicanos enviados a estudiar en Estados Unidos. Hoy más bien hacen cálculos sobre quiénes y cuántos de lo que ya estaban allá retornarán al país como alumnos. La población objetivo es diferente, pero es ilustrativa de la actuación gubernamental.

El nuevo mandatario estadounidense, Donald Trump, está dispuesto a cumplir sus inverosímiles propuestas de campaña a punta de órdenes ejecutivas y las cosas han dado un vuelco de 180 grados. Estados Unidos, el país que imantaba a jóvenes talentos de todo el mundo, endurece los requisitos de entrada a su territorio, intenta prohibir definitivamente el ingreso de algunas naciones y tal parece que se quiere aislar del resto del mundo.

Sin embargo, en un eventual cambio de contexto internacional y del tipo de relaciones con el país vecino, convendría diferenciar las acciones irrealizadas que caen en el ámbito de la responsabilidad nacional, sea por omisión, indolencia, incapacidad institucional o simple negligencia, de aquellas otras que se derivan de las nuevas condiciones o son consecuencia de la entrada en vigor de una orden ejecutiva de Donald Trump.

Tal vez ahora se culpabilizará a Trump de todos los problemas nacionales e incumplimiento de metas. Al final, seguramente su contribución no será nada irrelevante. No obstante, nuestras dificultades no comenzaron con Trump; antes de que resultara electo ya estaban las fisuras de la credibilidad gubernamental, los problemas del crecimiento económico, los obstáculos de las reformas estructurales y ya se habían operado los recortes presupuestales. En todo caso nuestras preocupaciones simplemente se agravaron.

El programa que buscaba enviar 100 mil estudiantes mexicanos a los Estados Unidos y recibir 50 mil estadounidenses en México (“Proyecta 100,000) es emblemático. No es el más importante en el terreno educativo y científico. Sin embargo, es un programa que, en el marco del Foro Bilateral México-Estados Unidos sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII), muestra la forma de solventar los problemas.

En estas páginas lo comentamos anteriormente: simplemente resulta increíble que el programa, a septiembre de 2016, ya hubiera enviado 77 mil estudiantes (¡pasó de 14 mil a 77 mil en cuatro años!) con recortes presupuestales y todo. Claro, ahora, posiblemente ya no llegarán a los 100 mil, pero será cosa del nuevo contexto internacional, dirán.

Otro caso son los estudiantes mexicanos en Estados Unidos que probablemente regresarán a México, dreamers o no, a raíz de las órdenes ejecutivas de Trump. El gobierno federal, cuando fue impelido para que tomara acciones específicas e inmediatas ante la indubitable hostilidad del nuevo mandatario estadounidense, anunció diferentes medidas. Unas de protección consular y otras para la recepción de los deportados.

Una de las medidas se refiere a la modificación de la ley general de educación (LGE) para facilitar la incorporación de niños y jóvenes al sistema educativo nacional, así como para la revalidación de estudios. La propuesta fue presentada al Senado al comienzo de este mes, en carácter de iniciativa preferente, lo que quiere decir que pasarán máximo 30 días para que sea dictaminada y enviada a la cámara revisora por otro periodo similar. La aprobación seguramente será en breve.

Entre las modificaciones que propone está la autorización a las instituciones particulares para las revalidaciones: “...autorizar que las instituciones particulares de educación superior con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de licenciatura, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida” (fracción III del artículo 14).

O bien, añade una fracción al artículo 33 para impedir “que la falta de documentos de identidad o académicos de niñas, niños y adolescentes sea un obstáculo para acceder al sistema educativo nacional”. Lo mismo que se modifica el artículo 62 para que los estudios realizados nacionalmente puedan declararse equivalentes, “según lo establezca la regulación respectiva, la cual deberá facilitar la movilidad académica”, así como para que las IES que tienen RVOE puedan otorgar revalidaciones y equivalencias (artículo 63).

Desde hace tiempo la reforma a la ley era necesaria, al menos desde que la internacionalización y la movilidad académica formaron parte de las políticas educativas. Sin embargo, la autoridad no se había dado por enterada. Hasta ahora, ante lo que parece inevitable.

La autorización de revalidaciones y equivalencias no es nada insignificante. No lo es para los jóvenes que cursaron estudios en el extranjero, tampoco para el sistema educativo nacional y menos para un mercado académico voraz en franca expansión. Y todavía faltan los lineamientos de SEP. ¿Otra veleidad?

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES ¿Quién nombrará al director del SNI?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 691. Febrero 2, 2017. pág. 5)

Una vez más, como ha ocurrido en los últimos 30 años, los cambios más importantes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ocurren a través de la modificación de su normatividad interna. Ahora lo hace para agilizar su funcionamiento, concentrar responsabilidades en el Consejo de Aprobación y actualizar el espinoso tema de los montos de incentivo. Bueno, también deja en suspenso el nombramiento de su titular.

Las modificaciones al SNI, prácticamente desde que fue instaurado en 1984, han tratado de ofrecer respuesta a los reclamos de la comunidad científica, al cambiante contexto o a la búsqueda de mayor eficiencia y eficacia. Desde el comienzo, en 1986, se ampliaron sus comisiones dictaminadoras, luego su estructura administrativa (consejo directivo y el secretario ejecutivo), la apertura a investigadores de instituciones particulares, el recurso de revisión, los aspectos éticos y más recientemente la inclusión de investigadores del programa Cátedras – Conacyt, entre otros.

Al comienzo, las modificaciones fueron mediante reformas al decreto de creación del SNI, pero después y, hasta ahora, los cambios han sido más bien a través de su reglamento interno. Seguramente porque el programa sigue conservando más o menos los mismos objetivos de su creación (evaluar la investigación e incentivar el rendimiento individual) y pareciera una imprudencia trastocar su funcionamiento y el de todo el sistema científico y tecnológico.

Y sí, el SNI sigue su cauce, a pesar de la crítica de que no ha logrado una efectiva renovación del personal dedicado a la investigación, a la relativa inmovilidad de los niveles altos de sus categorías, al incremento de la cantidad pero no la calidad de los productos, a los fallos en la evaluación e incluso pese a los grandes intentos de reforma profunda del SNI de 1997 y 2010.

La nueva versión del reglamento del SNI se publicó el viernes de la semana anterior (DOF. 27.01.2017). Las modificaciones incluyen precisiones sobre el objeto y ámbito de validez. Por ejemplo, se introducen definiciones básicas que no estaban en el reglamento, las cuales habían dado lugar a equívocos y controversias, particularmente a nivel de funcionarios, como la de: “cargo administrativo, aquél que ocupa el investigador fuera de su institución de adscripción y entre cuyas funciones no haya académicas o de investigación”. Así dice.

O bien, “estímulo económico por notificación extemporánea, aquél otorgado al investigador sin tener derecho a él por no notificar al SNI en tiempo y forma un cambio en su situación contractual o la establecida en su convenio institucional y que, en consecuencia, tiene obligación de reintegrar”.

Otras modificaciones fueron para expresar de forma más clara y sencilla varias regulaciones de la actividad. De hecho, el nuevo reglamento tiene 76 artículos, el anterior tenía 93 y todavía no cumplía ni seis meses de vigencia. Sin embargo, a la par de la sencillez también va una mayor atribución de responsabilidad en el “Consejo de Aprobación”. Este último es la instancia de mayor autoridad, lo preside el titular de Conacyt, participan los directores adjuntos, dos subsecretarios de SEP e integrantes del Foro.

En el reglamento actual, a diferencia del anterior, no se establece el número de integrantes de las comisiones dictaminadoras ni revisoras, sólo se indica que “se conformarán, operarán y funcionarán en términos de los lineamientos que al efecto emita el Consejo de Aprobación”.

Pero quizás el cambio más significativo en el nuevo reglamento es el monto de los estímulos económicos y las partes proporcionales. Anteriormente estaban expresados en salarios mínimos mensuales (smm): 3 smm para candidatos a investigador; 6 smm para nivel I; 8 smm para nivel II; y 14 smm para nivel III y eméritos). Ahora serán montos fijos ($6,800; $13,600; $18,200; y $31,900, respectivamente) y a partir del 1 de enero de cada año tendrán un “incremento anual de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor pero nunca superior al del 3 por ciento”.

En parte, la modificación se debe al cambio constitucional de enero de 2016 que especifica que “el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza” (Artículo 123 Fracción A párrafo VI). Es el proceso para desindexar el salario mínimo y su sustitución por una Unidad de Medida y Actualización (UMA) que calculará el INEGI.

El asunto relativamente inquietante es que los montos que aparecen en el nuevo reglamento no corresponden a la UMA de este año, son ligeramente inferiores. Aunque, seguramente, es difícil sostener un programa en expansión en un contexto de recursos escasos.

Todavía más sorprendente es que en el reglamento vigente, en el capítulo dedicado al director del SNI, no aparece como será nombrado. El anterior, decía que sería nombrado por la Junta de Gobierno del CONACYT a propuesta del Director General. Ahora, pues quién sabe.

Posdata: en la entrega anterior dije erróneamente que no estaban publicados los documentos del TPP. Sí lo están, se pueden consultar en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86770/Capitulado_completo_del_Tratado_de_Asociaci_n_Transpac_fico_en_espa_ol.pdf

TPP: Algo más que libre comercio

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 690. Enero 26, 2017. Pág. 5)

Fácil, rápido e inopinadamente lo hizo Donald Trump: dio marcha atrás al acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés). Menos sencillo será anticipar las consecuencias y factores asociados a las decisiones que está tomando el actual mandatario estadounidense. No solamente se trata de comercio.

La nueva administración, encabezada por Trump, en su tercer día de ejercicio, en su primer día laboral y, literalmente, de un plumazo, revirtió un par de programas y la participación de Estados Unidos en el que iba a ser el mayor acuerdo regional en materia comercial. O acuerdo megarregional, como ya se le mencionaba.

Las atribuciones de Trump le permiten tomar algunas decisiones que no requieren autorización del Congreso, por más extravagantes o pendencieras que pudieran ser. Así que puede impulsar acciones o derogar las que tienen ese carácter y están vigentes, como varias de las que tomó el ex presidente Barack Obama.

“Lo que acabamos de hacer es una gran cosa para los trabajadores estadounidenses”, dijo Trump, con esa peculiar expresión facial suya y después de firmar la orden correspondiente. El inventario de órdenes vinculantes que el nuevo presidente puede tomar, y también las que requieren aprobación del Congreso, han sido reiteradas y motivo de muchas especulaciones.

Por lo pronto, es un hecho la salida de Estados Unidos del TPP, a pesar de ser el país que le dio mayor atractivo e impulso al acuerdo. No deja de ser paradójico que la nación más identificada con la globalización, la internacionalización y el libre comercio, ahora sea la que quiera retrotraerse en sí misma, edificar murallas, aislarse y abandonar el libre comercio. Un verdadero quiebre en su trayectoria y en su papel en la geopolítica.

Las negociaciones sobre el TPP se extendieron en la última década y con particular énfasis en los últimos cinco años. La docena de países firmantes del acuerdo, México entre ellos, aproximaron posiciones, calibraron los beneficios y más o menos trataron de dirimir los componentes de mayor tensión. En Australia, cuando todos los países firmaron el acuerdo en febrero de 2016, quedó establecido que se darían dos años más para que el acuerdo se ratificara o se rechazara por los respectivos Congresos (http://thenewdaily.com.au). Ahora, Estados Unidos es el primer país que lo abandona.

A la fecha, no se han dado a conocer los términos de las negociaciones, las características finales del documento y a lo que están obligados los firmantes del acuerdo. En el caso de México, lo que informó la Secretaria de Economía (SE) es que se trataba del “tratado comercial más relevante y moderno del mundo” (http://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico). ¿Lo seguirá siendo? Ya no, seguramente.

La SE precisó que el tratado tenía 30 capítulos en los que se regulaba no solamente el acceso a mercados, las reglas de origen, servicios e inversión, sino también el control de las actividades de las empresas estatales, el comercio electrónico o la propiedad intelectual, entre otros. Es decir, un tratado que podría redefinir las economías de estos países en términos de reglas, solución de diferendos, derechos de propiedad intelectual, etcétera (Ulises Granados. “México y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): oportunidades y retos”, 2014. Análisis).

Desde luego, no solamente se trataba de regular el libre comercio. ¿Cuál era el incentivo para la participación de México? La misma SE dijo que se trataba de mejorar el acceso a mercados (la docena de países que representaba 40 por ciento del PIB mundial) y a esa tercera parte de los mayores exportadores; promover la innovación, la productividad y la competitividad; e integrar esa plataforma regional para el encadenamiento productivo.

No obstante, como en casi todos los tratados, las asimetrías entre los firmantes pueden ser muy pronunciadas. Las economías menos desarrolladas generalmente están desventaja: porque no cuentan o no han logrado fortalecer sus capacidades de innovación ni tienen una fuerza de trabajo de alto nivel profesional. Así que el ingreso en estos acuerdos está “basado en la provisión de productos básicos o de menor valor agregado en la cadena de producción” (Barreto Menini. “El paquete de Bali ¿Un éxito para América Latina?”, 2014).

En noviembre de 2013, WikiLeaks filtró un borrador del capítulo correspondiente a los derechos de propiedad intelectual del TPP (wikileaks.org/tpp). Sin embargo, no se sabe en qué términos quedó la versión final, si permaneció o no la protección excesiva de esos derechos a favor de unos países y en detrimento de otros. 

Un estudio independiente, citado por The New York Times, había indicado que el TPP podría incrementar las exportaciones y los ingresos de los Estados Unidos, pero tal vez no sus empleos. Ésa fue parte de la controversia sobre el acuerdo, también en la que se apoyó Trump y en la que también coincidían algunos de sus opositores. Y sí, como se podrá entender, independientemente de la continuidad del TPP o del TLCAN, esto no es solamente libre comercio.

El factor Trump ¿Tenemos nuestro destino en nuestras propias manos?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 689. Enero 19, 2017: 5)

Finalmente llegó el día que tomará posesión el amenazante y controvertido Donald Trump. Este viernes 20 de enero también terminarán las especulaciones sobre lo que podrá hacer o dejar de hacer el nuevo mandatario y de aquí en adelante comenzará el periodo de las verdaderas acciones de gobierno. ¿En qué condiciones llegamos a este nuevo ciclo y cómo habrá de resolverse?

El lapso que transcurrió desde el pasado mes de noviembre, cuando Trump fue declarado electo, hasta ahora que asumirá el cargo, fue relativamente corto. Sin embargo, su comportamiento era como si ya fuera presidente en funciones, ratificando lo que había dicho en campaña, tratando de gobernar a punta de declaraciones y con los 140 caracteres de Twitter; los efectos han sido letales para la coexistencia pacífica, el trabajo de la prensa, las políticas de seguridad internacional y principalmente para la economía mexicana.

A estas alturas resulta una obviedad decir que la presidencia de Trump trazará una línea divisoria en la geopolítica y será un cambio importante no solamente para la nación que gobernará, también lo será para el mundo entero y comenzará con los países vecinos. Lo que todavía no está claro es cuál será la expansión, profundidad y duración de ese cambio que se aproxima.

El centro de gravitación son las relaciones internacionales y el comercio exterior; los asuntos educativos y científicos estarán en segundo plano. Por lo pronto, las condiciones básicas son los funcionarios públicos que asumen la representación. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá --el otro país vecino y participante en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN--, al comienzo de este mes realizó un ajuste relevante en su gabinete. Fueron seis reasignaciones en los ministerios; una veintena permaneció y tres funcionarios salieron (The Globe and Mail 11.01.2017).

Fue un cambio estratégico de funcionarios para la posible renegociación del TLCAN y la relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos y Rusia. Por ejemplo, Chrystia Freeland, la anterior ministra de comercio internacional, ahora asumió la titularidad de Asuntos Exteriores. La nueva canciller fue directora adjunta del periódico canadiense The Globe and Mail y editora en Thomson Reuters. Lo relevante es que la ahora canciller se especializa en Rusia y, de hecho, tiene prohibida la entrada a ese país “como represalia por las sanciones contra Moscú por la incursión en 2014 en Ucrania”.

Los otros cambios relevantes en el gobierno canadiense fueron en Comercio Internacional y en Inmigración. En el primero fue nombrado François-Philippe Champagne, un abogado, empresario y especialista en comercio internacional. En el segundo, Ahmed Hussen, también abogado y ex presidente nacional del Congreso Somalí Canadiense.

En el caso de México ni qué decir, no fue un cambio estratégico, si al caso inercial. También al inicio de este mes y como en su momento lo reiteraron los medios, el presidente Peña Nieto nombró a Luis Videgaray, el ex secretario de Hacienda que renunció a esa posición en septiembre del año pasado, como el nuevo canciller. En primera línea, nada más. (Bueno, también nombró a la titular de Cultura, pero por otras razones). Y el ahora secretario no, no es un especialista. Él mismo lo reconoció ante los integrantes del servicio exterior: “no soy diplomático, vengo a aprender de ustedes”.

Apenas la semana anterior comenzaron los cambios estratégicos. Carlos Manuel Sada Solana, quien se desempeñaba como embajador de México en Estados Unidos, fue designado como subsecretario para América del Norte. Y en su lugar, como embajador, a la espera del beneplácito del gobierno estadounidense y la ratificación del Senado, fue propuesto Gerónimo Gutiérrez Fernández, funcionario de relaciones exteriores y gobernación en las anteriores administraciones panistas.

Sin embargo, seguramente por la inestabilidad de las posiciones o la premura de los cambios, todavía faltan por resolverse posiciones clave del servicio exterior. Desde octubre pasado la representación de México en Unesco sigue vacante y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) se quedó sin titular desde noviembre. Igualmente, María Eugenia Casar Pérez, directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) dijo que se separaría del cargo en diciembre del año pasado (Campus Milenio No. 681). A la fecha, oficialmente nada se ha informado.

Entonces, ni siquiera en lo elemental llegamos en los mejores términos: en la simple representación completa del servicio exterior. La canciller alemana, Angela Merkel, interrogada sobre las críticas que Trump lanzó sobre la OTAN y su política sobre los refugiados, simplemente respondió “los europeos tenemos nuestro destino en nuestras propias manos” (El Mundo 16.01.2017). Nosotros no. Por ahora, lamentablemente, se nos escapa, solamente está en un par de manos y no tenemos idea de cómo terminará.

Constitución de la Ciudad de México El derecho a la ciencia

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 688. Enero 12, 2017: 5)

En el proyecto original de la Constitución Política de la Ciudad de México, aquel que presentó el Jefe de gobierno en septiembre de 2016, en uno de los ocho títulos que lo integraban, el de la “Carta de Derechos”, se establecieron tres derechos: a la educación, a la ciencia y a la cultura (artículo 13).

Los debates y acuerdos de los constituyentes avanzan poco a poco, aunque muy presionados porque el tiempo se les vino encima y todavía tienen mucho por aprobar. Sobre el derecho a la educación han añadido puntos de debate (calidad, pertinencia, discapacidad, evaluación, etcétera), han realizado precisiones y aprobado algunas modificaciones, pero el asunto central sobre la responsabilidad del sistema educativo local parece que una vez más quedará pendiente. Es el elefante que permanece en la sala desde hace más de dos décadas y al que se mira de reojo; un tema al que nos referimos cuando apareció el proyecto de Constitución (CampusMilenio No. 674).

Lo que ahora sorprende es la aprobación de una modificación importante sobre el derecho a la ciencia. Un cambio que implica destinar un monto considerablemente mayor de presupuesto y asumir más responsabilidades en la materia. Y fue aprobado prácticamente como si se viera llover. Sin posiciones encontradas, ni debate, como sí ha ocurrido con otros derechos o el uso de algunos términos. Seguramente, estimado lector, tiene presente que el proyecto original de Constitución, en el artículo 13, apartado “B”, se estableció en tres párrafos el “Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica”.

En el apartado “B” se consignó no solamente que toda persona tiene el derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, también se anotó que las autoridades garantizarían “el derecho de acceso a Internet de forma progresiva en todo el territorio de la ciudad” y también fortalecerían y apoyarían proyectos de investigación científica y tecnológica, la vinculación entre los distintos sectores con el fin de resolver “problemas y necesidades de la ciudad.

Claro, desde que se presentó el proyecto se enfatizó su carácter garantista, dado el amplio espectro de derechos que incluyó y la posibilidad de materializar su exigibilidad. Sin embargo, también es cierto que las opiniones sobre el proyecto fueron sumamente críticas, destacando las deficiencias de técnica jurídica, la heterogeneidad en la redacción del documento y muy especialmente la imposibilidad de garantizar presupuestalmente lo que se estaba proponiendo en el documento.

La Asamblea Constituyente se instaló, comenzaron las sesiones, las votos aprobatorios se han emitido y aunque todavía no es posible formarse una idea clara de los términos y forma que adoptará el documento final, algunos de los apartados permiten advertir el tamaño de las responsabilidades que se están aprobando.

En lo concerniente al apartado sobre el “Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica”, el dictamen de la comisión de “Carta de Derechos” no propuso modificaciones al proyecto original. Sin embargo, el diputado Javier Jiménez Espriú, del Movimiento Regeneración Nacional, planteó añadir dos párrafos y tres incisos más.

Sugirió que las mismas autoridades deberían respaldar: “la formación de técnicos y profesionales” (se supondría que para contribuir al desarrollo social y económico de la ciudad); “la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica”; “y el apoyo a creadores e inventores”. También deben garantizar la preservación y rescate de las prácticas originarias de la medicina y el buen uso de los recursos naturales.

Además, propuso la elaboración de un programa de desarrollo científico, tecnológico y de innovación como parte integral del desarrollo de la Ciudad de México, con una visión a 20 años y actualizaciones cada tres años. Lo más importante es que planteó que en el presupuesto capitalino debe considerarse “una partida específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser menor al 2 por ciento del presupuesto de la ciudad”.

En el pleno de la sesión del pasado 6 de enero, al presentar su propuesta y la reserva correspondiente, el diputado Jiménez Espriú, destacó que la Constitución que está por aprobarse es una oportunidad “para corregir errores y omisiones que nos limitan y definir una posición de vanguardia”.  No hubo oradores en contra. Y se dio paso a la votación: 82 votos a favor, cero en contra. Quedó la propuesta del 2 por ciento.

El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 de la Ciudad de México fue de 181 mil 334 millones de pesos (Gaceta Oficial. 30.12.2015: 15) y de ese monto se destinaron 334 millones 204 mil pesos a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del entonces DF. Ahora, si se conservara el mismo presupuesto y se aplicara la proporcionalidad que dirá la nueva Constitución, el monto sectorial que debiera recibir sería de 3 mil 627 millones de pesos. Es decir, una cantidad casi once veces mayor.

Nada mal, pero nada mal, ni las responsabilidades ni la cantidad. Una lástima que no puedan materializarse.