SNI. ¿No se puede todo?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 896. 22.04.2021)

 

Un nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ya es oficial y vigente. Sin embargo, arrastra múltiples cuestionamientos desde que era solamente una intención y ahora también sobre su legitimidad porque, previo a su promulgación este martes 21, la instancia encargada de dictaminar su pertinencia destacó que no se pronunciaba sobre la legalidad, competencia u otros aspectos sustantivos de la política de mejora regulatoria de ese reglamento, solamente sobre su impacto. Ni eso.

 

¿Las modificaciones del nuevo ordenamiento son importantes? Sin duda lo son. La excepción de equivalencias en los requisitos de ingreso, la eliminación de restricciones para solicitar ingreso después de resultados desfavorables, las licencias por maternidad, paternidad o adopción, recibir el incentivo económico aunque el investigador sea funcionario público y, sobre todo, suprimir del apoyo económico a los investigadores del sector privado, son cambios relevantes en el ordenamiento.

 

No obstante, en el primer anteproyecto que presentó el Conacyt a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), el pasado 5 de marzo, le solicitó “exención de Análisis de Impacto Regulatorio” porque, en su opinión, no generaba costos de cumplimiento, tampoco nuevas obligaciones ni cargas administrativas al ciudadano.

 

La Conamer, como seguramente usted lo recuerda es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía y fundamentalmente tiene el propósito de mejorar las regulaciones,  simplificar trámites y servicios en la administración pública, así que dictamina y realiza los Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).

 

El proyecto de reglamento del Conacyt, desde que ingresó a la Comisión y hasta los primeros días de este mes, recabó, algo atípico, poco menos de tres centenares de comentarios, la mayoría con señalamientos críticos e inconformidades (t.ly/hMv5).

 

Seguramente la serie de cuestionamientos motivaron que la Conamer no aceptará la exención de AIR y le solicitará a Conacyt precisar puntualmente qué obligaciones regulatorias abrogaría o eliminaría, tanto como las áreas que serían mejoradas y los datos cuantitativos correspondientes (t.ly/Esch).

 

El nuevo reglamento tiene modificaciones positivas que facilitan el ingreso o el reingreso al SNI, aunque seguramente las proporciones serán poco significativas. Esto es, propone la reducción de requisitos para ingresar al programa, o sea, en algunos casos “excepcionalmente” no será necesario tener un doctorado y será suficiente con acreditar una equivalencia con trayectoria profesional (artículo 29 inciso “a”). Igualmente quedó eliminada la restricción de esperar un año si el resultado para ingresar había sido desfavorable en dos convocatorias sucesivas.

 

También, en otro caso, establece que los funcionarios públicos podrán recibir el apoyo económico del SNI (artículo 62 fracción III). O bien, adopta una modificación sensible a la perspectiva de género y las prácticas de crianza. Porque, ahora, las y los integrantes del SNI --no solamente las integrantes por maternidad— “que hayan tenido o adoptado una hija o hijo durante el periodo de vigencia de su distinción podrán solicitar dos años de extensión de la vigencia” (artículo 53, fracción III). 

 

Por el contrario, la modificación que tendría mayores implicaciones y principal motor de reforma al reglamento, es la eliminación del apoyo económico a investigadores de instituciones privadas.

 

Lo sobresaliente es el análisis de costo-beneficio realizado por Conacyt. El organismo calcula que gasta 125 millones anuales (en cifras redondas) en los incentivos para los investigadores del sector privado. En cambio, estima que permitir la participación en una tercera convocatoria consecutiva y extender los beneficios por paternidad o maternidad o adopción, implicará un monto de 154 millones de pesos.

 

O sea que, dice el organismo, los “beneficios de la propuesta regulatoria son superiores a los costos de cumplimiento” (una diferencia de poco más de 29 millones de pesos). Lo sorprendente es que, en sus cálculos, no aparece la cifra de erogación de incentivos SNI a los funcionarios públicos. ¿Cuál es el volumen? ¿Alteraría las proporciones? Probablemente, pero nada preguntó la Conamer.

 

Si se considera que en este año el presupuesto de gasto federal para actividades científicas y tecnológicas es de poco más de 84 mil millones de pesos, o bien que Conacyt ejerce centralmente para este mismo año algo más de 26 mil millones de pesos, en realidad es poco significativa la proporción de apoyos económicos para investigadores del sector privado, lo mismo que las erogaciones que se harán por el nuevo reglamento e incluso la suma de ambas, incluyendo el incentivo para funcionarios públicos.

 

El problema es que las restricción de recursos financieros para el sector, como aquí mismo lo hemos reiterado, ha sido creciente y notable. ¿No pueden continuar los incentivos para investigadores de instituciones particulares y al mismo tiempo mayores beneficios para todos los integrantes del SNI? Sí, seguramente.

 

Pero es muy difícil entenderlo si no se ve hacia el futuro o si se pierde de vista a todo el sector porque solamente se mira un programa, lo mismo que si se modifica un reglamento y no hay ley general que lo ampare.

 

Pie de página: Ya tenemos Ley General de Educación Superior. // Muy atentos con el tema de las vacunas y la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Ciencia y Tecnología: ¿Austeridad al límite?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en CampusMilenio No. 895. Abril 15, 2021. Pág. 4) 

 

La pandemia ha provocado que algunas naciones destinen un mayor presupuesto para reforzar sus respectivos sistemas científicos y tecnológicos. En México, antes de la contingencia sanitaria, se disipó la confianza sobre un mayor y mejor presupuesto para las actividades científicas y tecnológicas en el actual periodo de gobierno.

 

Los recientes pre-criterios de política económica de Hacienda para el año próximo, muestran un renovado optimismo económico para 2022. ¿También cabría tenerlo para el sector? No. El documento de Hacienda no lo tiene para el ramo 38 y desde ahora son inocultables las dificultades con los recursos.

 

Aquí, en este Aceleradorde Partículas, hemos referido en diversas oportunidades el compromiso incumplido del presidente López Obrador en materia de financiamiento para ciencia y tecnología. ¿Usted lo recuerda?

 

Fue el 22 de agosto de 2018, en esa larga reunión con miembros de la comunidad académica y científica en el Palacio de Minería. Ahí recibió el documento que presuntamente sería un insumo para su programa de gobierno: “Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024”.

 

En la misma reunión, en su turno a la palabra, López Obrador dijo: “vamos a garantizar que la aportación en el presupuesto para ciencia y tecnología aumente, en el peor de los casos, y ese es el compromiso que hago con ustedes, porque vamos a enfrentar una situación difícil, en el peor de los casos que no se reduzca, que, en términos reales se mantenga”.

 

Todos sonrientes y con la convicción de que el documento entregado y el compromiso pronunciado trazarían la política del periodo. Sin embargo, con la aprobación de su primer Presupuesto de Egresos de la Federación, quedó claro que los recursos para el sector no se sostendrían en términos reales, especialmente si se toma como referencia el presupuesto de 2018. No fue así para 2019 ni para los dos años siguientes.

 

La operación del sistema se tornó todavía más complicada el año pasado con la incertidumbre sobre la continuidad o no de los fideicomisos públicos. Al final, fueron eliminados casi en su totalidad y el mayor número pertenecía al sector de ciencia y tecnología.

 

La autoridad hacendaria, lo mismo que las titulares de Conacyt y de Cultura reiteraron una y otra vez que, independientemente de lo que ocurriera con los fideicomisos, los recursos financieros no estarían en riesgo ni disminuirían. Sin embargo, tal parece que sí tuvo efectos en los compromisos contraídos.

 

Por ejemplo, como reportó la semana pasada el portal “La Silla Rota”, está el caso de los becarios en el Reino Unido que cursan estudios de posgrado con el fondo sectorial del Conacyt y la Secretaría de Energía. La extensión de su beca no ha sido aprobado y la autoridad del sector les ha dicho que su situación no se resolverá pronto. Así que les aconsejó: “Nuestra sugerencia es que solicite financiamiento o regrese a México y culmine sus estudios desde acá” (t.ly/axYR).

 

Otro tanto ocurre con la convocatoria para el Premio Nacional de Ciencias para este año emitida al final del mes pasado. A diferencia de convocatorias anteriores, en esta ocasión solamente precisa que los ganadores recibirán una medalla de oro y la cantidad de 100 mil pesos, no especifica la compensación adicional de mayor volumen (ocho veces más) que también se les otorgaba, porque “será definida con base en la suficiencia presupuestal”.

 

Tal vez lo de menos es la cancelación o el beneficio monetario que podría significar para la persona ganadora del premio. Lo más importante es que trasluce la incertidumbre de la propia autoridad sobre si tendrá o no recursos financieros.

 

Lo paradójico es que el documento con los pre-criterios de política económica incrementó su estimación de crecimiento económico para el año próximo (de 4.6 a 5.3 por ciento. p.3). Además, en el gasto total para el año 2022, anticipa un crecimiento de 3.7 por ciento respecto del año actual.

 

Sin embargo, en programas prioritarios del ramo 38, los que se refieren a actividades científicas y tecnológicas, respecto del año actual y en pesos corrientes, solamente considera un incremento de tres por ciento para programas de becas (de 12 mil mdp a 12 mi 380 mdp) y de 10 por ciento para el SNI ( de 5 mil 555 mdp a 6 mil 234 mdp). O sea, en términos reales, nada en el primer caso, muy poco en el segundo y seguramente peor en el resto de programas del Conacyt.

 

En Argentina, como lo referimos aquí hace dos semanas (Campus 893), expidieron una ley para incrementar progresivamente su presupuesto hasta alcanzar el 1 por ciento del PIB. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden, en su primer proyecto de presupuesto, como lo reporta Nature, propone un incremento de alrededor del 23 por ciento para investigación y desarrollo, salud y cambio climático (t.ly/CBXM).

 

En fin, parece que las lecciones de la pandemia pasaron de largo y la austeridad en el sector se llevará al límite.

 

Pie de página: ¿La quinta será la vencida? El gobierno federal anunció el desarrollo de la vacuna mexicana “Patria” contra la Covid-19. Pendientes de las fases de prueba.

Conacyt. ¿Qué funciones debe realizar?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 894. 08.04.2021)

 

Tal vez, en sentido estricto, con apego a la normatividad vigente, se podría decir que el actual Conacyt solamente cumple una parte de su encomienda. Pero lo hace sin la brújula que la misma ley le provee y probablemente ahí radica, parcialmente, la explicación a las fallas que ha exhibido, las medidas incomprensibles que ha instaurado y su escaso entendimiento con la comunidad académica, científica y tecnológica.

 

El problema tiene especial relevancia si se toma en cuenta que está por discutirse el diseño de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Todavía no ingresa ninguna iniciativa en el Congreso, así que vale la pena pensar dos veces qué contenido de ley es el deseable y qué función le atribuirá al Conacyt.

 

¿Qué papel le reserva al organismo su actual ley orgánica? En general, dice que tiene “por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país” (artículo 2). Además, le adjudica una veintena de funciones.

 

Seguramente ese principio de entidad asesora lo ha tenido presente López Obrador, porque precisamente cuando comenzó el conflicto con los organismos intermedios del sector, y especialmente con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo refirió claramente.

 

En julio de 2019, a pregunta expresa sobre la inminente desaparición del Foro por falta de presupuesto, a pesar de que era un órgano autónomo para asesorar al Ejecutivo Federal, como también dice la ley, el presidente López Obrador respondió: “Eso era otro pegote que traíamos aquí en la Presidencia, ya me acordé de ese, ese sí lo tengo identificado. Era aquí para asesorar al presidente en asuntos de tecnología... No, ahí está el Conacyt, a mí me asesora el Conacyt, y ahí están los científicos”  (t.ly/pgj0).

 

Así que, desde entonces y con independencia de lo que todavía dice la ley, la asesoría y la articulación de las políticas públicas del gobierno federal solamente corre por cuenta del Conacyt. El presidente López Obrador, ateniéndose a ese principio, ha dirigido algunas de sus peticiones públicamente a la titular del organismo. Los resultados también los conocemos.

 

Ahí están los plazos vencidos para la fabricación de los ventiladores mecánicos en los momentos críticos de la pandemia, los modelos matemáticos para predecir el comportamiento del Covid-19 que no funcionaron, las becas para formar médicos especialistas en el extranjero o para madres solteras, o bien, la búsqueda de alternativas para reducir el glifosato en el país.

 

Sin duda, el principal organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas en México tiene la capacidad y los elementos para responder a las solicitudes del ejecutivo federal y más, como ofrecer alternativas a situaciones de emergencia, colaborar para hacerle frente a los problemas nacionales e impulsar el desarrollo nacional.

 

El asunto es que debe implicar a la dirección del organismo y el sector en su conjunto. O sea, involucrar regiones, instituciones, comunidades, redes, programas y otras dependencias de la administración pública que también realizan actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.

 

Seguramente por eso la ley de ciencia vigente estableció un Programa Especial para el sector (Peciti), con una visión a largo plazo y una proyección a 25 años (sección III, artículos 20, 21 y 22). Y es un programa especial porque Conacyt coordina pero participan todas las entidades de la administración pública federal que tienen actividades relacionadas.

 

También por la misma razón la ley incluye un capítulo de “Participación” (capítulo VI), en el que está considerado el ya mencionado Foro y representantes de los sectores académico, social y privado para el diseño de las políticas nacionales y la elaboración de programas. Probablemente no es el mejor diseño de participación, pero el principio es que se trata de una política de Estado para el sector, no es una política de gobierno.

 

El problema es que Conacyt a la fecha no tiene un Peciti, no lo elaboró cuando debía y parece que no lo hará, así que la proyección y coordinación con otras dependencias gubernamentales es inexistente o es inútil. La comunicación del organismo con otros actores y sectores para atender las solicitudes y definir las políticas tampoco ha sido la mejor, más bien ha sido ríspida y conducida por la desconfianza mutua.

 

Si el organismo no tiene los instrumentos –ni hablar de financiamiento-- para ser verdaderamente una entidad asesora del gobierno federal y los puentes de comunicación con el sistema están dinamitados, se pueden entender los magros resultados, tanto como las vacilaciones en la toma de decisión, el extravío de algunas medidas en el terreno de la salud, educación, agricultura, medio ambiente, etcétera.

 

Los componentes imprescindibles que deberían integrar a la nueva ley general están a la vista.

 

Pie de página: El Cinvestav, en carta pública dirigida al Congreso de la Unión y a la secretaria de Educación Pública, expresa su preocupación por el anteproyecto de ley general de ciencia del gobierno federal y les solicita se abra “un amplio debate de discusión sobre la Ley”. // Este lunes la Conamer autorizó el nuevo reglamento del SNI.

LGCTI: Ni ambigüedad ni retroceso en materia de financiamiento

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en CampusMilenio No. 893. Marzo 25, 2021. Pág. 4) 

 

Un punto insoslayable de lo que será la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (LGCTI) es el financiamiento. No es el único, pero sí es uno de los más importantes, porque sin recursos financieros lo demás será lo de menos. O peor, podríamos retroceder en lo que ya tenemos en la ley.

 

¿Qué dice la norma vigente en materia de financiamiento? Básicamente que el monto anual que se destine “a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto” (artículo 9 Bis).

 

Los términos siempre son importantes y su precisión en una ley hacen toda la diferencia. La norma vigente, como se puede advertir, primero se refiere explícitamente a investigación científica y desarrollo tecnológico, luego establece que el 1 por ciento es de “gasto nacional” en la materia. Si consideramos esta última denominación, como algunos lo hacen, se trata de Gasto Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (GNCTI) y los datos del 2017 mostrarían que en ese año se cumplió lo que dice la ley (212 mil millones de pesos, una proporción de 1.05 del PIB.

 

Paréntesis: si usted intenta conocer la cifra actual del gasto nacional en el sector, no la encontrará en los documentos oficiales. No está en ninguno de los dos informes de gobierno más recientes, aunque ahí tendría que aparecer la cifra. Tampoco encontrará el dato en el informe general acerca del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México, simplemente porque a partir del 2018 no se emite ese informe, a pesar de que Conacyt tiene que hacerlo anualmente.

 

Si ya se alcanzó el 1 por ciento del PIB ¿por qué se habla de incumplimiento de la norma y se insiste en llegar a ese indicador? Por una ambigüedad. Porque no es lo mismo el GNCTI que el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE). El primero incluye el total de presupuesto (público, privado, externo y de las IES) que se destina a las actividades del sector. Un indicador relevante para destacar el esfuerzo, pero no expresa el logro en la generación de conocimiento ni es el que se utiliza internacionalmente.

 

Por el contrario, el GIDE refleja la inversión que se destina solamente a la generación de nuevo conocimiento y excluye el gasto en otras actividades que están relacionadas, pero no directamente, como sería el caso de los servicios y la educación científica y tecnológica. Las estadísticas comparativas a nivel internacional siempre se refieren al GIDE, aunque en algunas ocasiones genéricamente la mencionan como gasto en investigación científica  y desarrollo o I+D, o bien, gasto en ciencia y tecnología. Por eso la ambigüedad en la norma nacional vigente.

 

Si consideramos el GIDE, la información gubernamental más reciente precisa que en el 2019 su proporción respecto al PIB era de 0.21 por ciento. Bastante alejado del 1 por ciento que plantea la ley. Así que, como se podrá suponer, hay sobrada razón para preocuparse con el nivel de financiamiento que tenemos. No solamente es muy menor al que destinan los países de la OCDE (2.5 por ciento en promedio), también es tres veces menos que el promedio de la región latinoamericana (0.65 por ciento respecto al PIB).

 

En esta situación, resulta inquietante que el anteproyecto de ley general, aprobado el pasado mes de diciembre por el Consejo General, la máxima autoridad del sector, sugiera una redacción todavía más laxa y ambigua en materia de financiamiento. Por ejemplo, dispone que el Estado “proveerá de recursos y estímulos suficientes, oportunos y adecuados, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezca esta Ley” (artículo 21). Y previene que será “con sujeción a las disposiciones de ingreso y gasto público que correspondan”.  No hay forma.

 

No es una necedad de privilegiados. Solamente recordemos el promedio regional o incluso la reciente ley que aprobó el Congreso argentino. Se trata de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 27614) y básicamente propone un incremento progresivo durante una década en el presupuesto dirigido a ciencia y tecnología, mismo que deberá pasar de su actual 0.28 a 1.0 respecto al PIB para el año 2032 (t.ly/RoZ4). Un reconocimiento explícito de que sin financiamiento no hay forma.

 

Seguramente los legisladores mexicanos conocen la existencia de esa ley. La diputada Maribel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, tuitió el 18 de marzo, desde su cuenta personal, una reunión de trabajo con José Luis Riccardo, su homólogo argentino, posiblemente ese fue uno de los asuntos tratados.

 

En fin, en México, estamos ante el diseño de una nueva ley para el sector que debió ser aprobada en diciembre pasado, ya vamos tarde, por lo menos procuremos tener una mejor norma que la vigente. No retrocedamos y sin ambigüedades pongamos un monto mínimo de presupuesto.

 

Pie de página: Conacyt enredado en las sucesivas reformas al reglamento del SNI y, no conforme, ahí vienen las protestas con la convocatoria del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

Cátedras CONACYT. “¿Dónde quedó la confianza?”

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 892. 18.03.2021)

 

Tienen una formación académica de alto nivel, sobradas habilidades para manejar herramientas de información y comunicación y, sobre todo, tienen una legítima preocupación por su futuro laboral. Son jóvenes de las Cátedras Conacyt y recientemente anunciaron que se han organizado en un sindicato y ya cuentan con el registro correspondiente.

 

El programa Cátedras Conacyt, probablemente usted lo tiene presente, comenzó en los primeros años de la pasada administración. Un mecanismo para dar respuesta a la creciente presión de jóvenes recién egresados del doctorado o posdoctorado que demandan oportunidades laborales. Desde ese entonces, también comenzó una nueva forma de ingresar en el territorio del trabajo académico.

 

La operación del programa preveía que si alguna institución pública (universidades, CPI o institutos nacionales) quería beneficiarse con la incorporación de jóvenes investigadores, necesitaba elaborar un proyecto para una cátedra individual o una cátedra grupal (entre tres y cinco jóvenes).

 

A su vez, los aspirantes a catedráticos debían inscribirse en un padrón de elegibles y cumplir con tres requisitos: ser mexicanos o extranjeros residentes legales en el país; un máximo de 40 años los hombres y 43 las mujeres; y poseer el grado de doctorado o todavía mejor si contaban con un posdoctorado. Después, quedaba en manos de un comité del Conacyt empatar proyectos y candidatos.

 

El estatus laboral de los participantes en las Cátedras es de personal académico del Conacyt y, según los lineamientos del programa, son comisionados durante un periodo de diez años (renovable tantas veces como sea necesario) a las institución de adscripción, pero son regidos por las normas del organismo rector de la política científica y tecnológica. Por la misma razón, son personal de confianza.

 

La primera convocatoria de las Cátedras Conacyt fue lanzada en febrero de 2014 y en esa emisión fueron aceptados 574 jóvenes. Sin embargo, al año siguiente comenzaron los problemas, algunos por las precarias condiciones institucionales que ofrecían a los nuevos investigadores, otros por la vulnerabilidad laboral de ser personal de confianza y otros más por la ambigüedad entre las normas de la institución de adscripción y el resto del personal.

 

El mayor obstáculo, sin embargo, radicó en los recursos financieros para renovar el programa año con año, porque estaba sujeto al financiamiento autorizado anualmente por los diputados. El presupuesto autorizado en el 2015 solamente alcanzó para 225 nuevas plazas, menos de la mitad de lo alcanzado en el año previo.

 

En fin, con dificultades y tropiezos, el programa continuó en los años siguientes y para 2018, al cierre de la administración anterior, se reportaron 1,511 catedráticos en 988 proyectos en todas las entidades federativas.

 

Tal vez las Cátedras Conacyt no alcanzaban la proporción deseable ni eran la mejor oferta laboral para los jóvenes doctores, pero sí constituían una opción ante la clausura del mercado académico. No obstante, al poco tiempo de asumir funciones el nuevo gobierno, el 5 de febrero de 2019, en la primera conferencia de prensa de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla --esa que anunció sería la primera de la serie que celebraría cada mes, pero que concluyeron a la segunda o tercera ocasión--, ahí expresó que no habría más Cátedras.

 

Dijo la directora: “Hoy tenemos colgados de la nómina a 1,500 catedráticos, eso tiene que cambiar... vamos a hacer honor a los compromisos, vamos a revisar con mucho cuidado que se cumplan, pero no se van a abrir nuevas plazas de Cátedras, sino que vamos a tratar de hacer propuestas mucho más sustantivas y sustentables a futuro” (t.ly/vy79).

 

No se emitieron más convocatorias ni se abrieron más plazas; tampoco se han presentado propuestas más sustantivas, sustentables o no. Seguramente ahí comenzó la preocupación de los jóvenes que ya estaban en el programa, tanto como el germen de su organización para la defensa de sus derechos laborales.

 

El pasado 10 de marzo, mediante comunicado público, anunciaron que ya estaban organizados en el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (SIINTRACATEDRAS) y contaban con registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El primer objetivo que se proponen es abrir un diálogo para negociar un contrato colectivo de trabajo.

 

Tal vez uno de los efectos más visibles que han propiciado las medidas en marcha de la actual administración es la reacción y organización de diversos sectores de la comunidad académica y científica. Ocurrió primero con las asociaciones y sociedades del sector, luego con becarios de posgrado, tecnólogos, miembros del SNI, instituciones particulares, segmentos de la biotecnología, salud, centros públicos de investigación, responsables técnicos de proyectos de investigación, entre otros.

 

También provocó la reactivación de la vida sindical de los centros públicos de investigación. Y ahora un sindicato de nuevo tipo en la arena académica. Uno de jóvenes talentosos que no tuvo nada de confianza en su estatus laboral y que probablemente marcará la diferencia en organización sindical y comunicación política. Pronto lo veremos.

 

Pie de página: La ley debió ser aprobada en diciembre del 2020, pero apenas esta semana comenzaron dos foros regionales de consulta sobre la Ley General de Ciencia, tecnología e Innovación. ¿Foros en su versión 2.0? Atentos.

Becas: ¿mejores resultados con menos dinero?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 891. Marzo 11, 2021. Pág. 4) 

 

Las becas para estudios de posgrado es uno de los programas más emblemático y benevolente del Conacyt y del Estado mexicano. Quedó instaurado junto con la fundación del organismo rector de las políticas científicas y, después de medio siglo de estar en operación, se puede decir que también ha sido una de las iniciativas más reconocidas y estables.

 

El volumen de financiamiento del programa de becas es significativo en el presupuesto total del Conacyt: poco más de un tercio del total de sus recursos. ¿El programa también será modificado en el actual periodo de gobierno? Las intenciones de la administración federal indican que así será. Lo que está por resolverse es si es algo transitorio, impulsado por la emergencia sanitaria y la austeridad, o bien, es un cambio de mayores proporciones.

 

Al comienzo del periodo, a escasos dos meses de entrar en funciones y cuando todo eran planes, María Elena Álvarez Buylla, directora del Conacyt, en una entrevista con la periodista Ana Francisca Vega, declaró estar convencida de que muchos jóvenes podrían formarse mejor en México en lugar de estudiar en el extranjero e incluso reveló que estaban evaluando si habría o no convocatoria para becas en el extranjero (t.ly/ngXG).

 

Las redes sociales registraron inmediatamente la intención y dieron cuenta de una inconformidad creciente. Sin duda es un tema muy sensible, porque muchos jóvenes talentosos tienen la aspiración de estudiar fuera del país y una beca es el único camino para alcanzarla. La protesta iba en aumento, tanto que un par de horas después la autoridad tuvo que dar marcha atrás en su declaración de intenciones y puntualizar que la convocatoria seguiría, pero advirtió: “se va a revisar a detalle”.

 

La convocatoria salió en el 2019 y también al año siguiente. No obstante, la correspondiente al 2020 nuevamente generó cierta inquietud, porque no había certeza sobre las becas para movilidad ni tampoco sobre la cantidad de becas nacionales. De hecho, algunas instituciones –por ejemplo, la UNAM y algunos centros públicos de investigación-- hicieron público que recibirían menos becas, tanto respecto del año previo como del número de alumnos aceptados en sus programas incluidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. El volumen de becas fue menor.

 

Los planes del Conacyt, sin embargo, ya tenían más firmeza. A pesar de que no hubo –y sigue sin existir -- un Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación que marcara, entre otros temas, cuáles serían los lineamientos en materia de becas, sí fue publicado el Programa Institucional 2020–2024 del Conacyt (DOF. 23.06.2020).

 

El diagnóstico que se traza en el programa institucional anota: “el neoliberalismo fue excluyente de oportunidades de formación de especialistas en ciencias, humanidades y tecnologías” (p. 17). Y precisó algunas cifras: “Durante el periodo 2012-2018 se destinaron 43 mil 954 millones de pesos para el financiamiento de becas nacionales de posgrado, con mayor número de beneficiarios concentrados en entidades federativas con mejores índices de bienestar social como la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León”.

 

En el mismo periodo, dice el programa institucional, se gastaron otros 11 mil 374 millones de pesos para becas de posgrados al extranjero. Además, señala que el otorgamiento de becas y los programas de posgrado pertenecientes al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) se aglutinan en mayor proporción en el centro del país, respecto de la región sur.

 

El diagnóstico del programa institucional concluyó que es necesaria una redistribución en el otorgamiento de becas y propuso como acciones puntuales una mayor inversión de los gobiernos estatales, del sector privado y de las instituciones de educación superior. También planeó apoyar la incorporación de madres de familia, mujeres indígenas y personas con discapacidad en los posgrados del PNPC, así como una mejor vinculación de exbecarios Conacyt en temas prioritarios del país.

 

El problema es que el año anterior también se cruzó la pandemia y, como aquí mismo lo hemos comentado, mostró que no tenemos certeza de la dimensión que alcanza nuestro rezago en personal de atención a la salud. De cualquier forma, el presidente López Obrador anunció que habría alrededor de 20 mil o 30 mil becas para cursar especialidades médicas en el extranjero (Campus No. 887). O sea, más o menos triplicar el número anual de médicos especialistas.

 

Así que en este año las intenciones cambiaron, como se puede advertir en la página electrónica del Conacyt y como lo han expresado públicamente aspirantes a una beca, las becas al extranjero solamente serán para cursar especialidades relacionadas con la salud y solamente para un país. Seguramente en dimensiones muy modestas

 

En fin, es un excelente propósito tratar de reducir las graves desigualdades regionales en materia de formación de recursos humanos, lo que no parece coherente es pensar que se puede improvisar la reasignación de becas en posgrado; mucho menos que habrá mejores resultados con menor cantidad de becas y una reducción del financiamiento. Imposible.

 

Los números los veremos en la próxima entrega.

 

Pie de página: Habemus Ley General de Educación Superior, este martes 9 de marzo los diputados la aprobaron con una votación de 389 votos a favor, 54 en contra y ocho abstenciones. ¿Y la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pendientes.

Ciencia y Tecnología: ¿iniciar en el punto de llegada?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 890. 04.03.2021--)

 

Hace dos semanas, salvo declaraciones improvisadas y un documento filtrado sin sellos oficiales, no había ninguna certeza sobre una eventual iniciativa en marcha para modificar el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

 

En su momento destacamos que no tenía ningún sentido discutir modificaciones que no estaban nada claras, ni en su origen ni en su propósito. Ahora, una nueva filtración de documentación que contiene la propuesta de cambios en el reglamento del SNI, en circulación desde el reciente fin de semana, vuelve a poner en el centro de la discusión tanto el programa como las formas y tiempos para tomar decisiones sobre los principales programas del Conacyt.

 

Al parecer, la propuesta de modificación del SNI es genuina, por lo menos tiene la tipografía, sellos y leyenda de la documentación oficial. Sin embargo, una vez más, las autoridades del Conacyt simplemente eluden su responsabilidad; ni confirman ni desmienten la veracidad del proyecto.

 

Según la documentación, la propuesta de nuevo reglamento estaba en la agenda a discutir por la Junta de Gobierno del Conacyt, esta última presumiblemente sesionó este miércoles 3 de marzo. El presente texto fue escrito previo a esa fecha y no había posibilidad de constatar su realización.

 

No obstante, a reserva de confirmar y analizar los cambios en el reglamento, tal vez lo más lamentable, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, es que la improvisación se ha vuelto la forma usual para decidir cambios relevantes en el sector científico y tecnológico (Campus No. 888). Efectivamente, esa ha sido la salida del organismo rector de la política científica y tecnológica.

 

La improvisación es la marca en la conducción del sector, en la aplicación de recortes en los recursos financieros, en la elaboración del marco normativo, en la retórica que anima los planes para el área, en el diseño de programas o en la solución a problemas urgentes, como ocurrió con la fabricación de los ventiladores mecánicos.

 

Por ejemplo: ¿tiene sentido alterar gravemente la normatividad interna y reglamentos particulares cuando está pendiente de discusión y aprobación la ley que debiera enmarcarlos? Un mínimo de coherencia y sensatez indicaría que no. Porque habría que aguardar las precisiones del marco normativo general y después adecuar estatutos, reglamentos y demás ordenamientos.

 

Todavía no hay una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que establezca atribuciones y responsabilidades del Conacyt, tanto como la regulación y competencia del sector, como lo dispuso la reforma del artículo 3º constitucional de mayo del 2019, sin embargo, las autoridades del sector ya modificaron el estatuto orgánico del Conacyt en tres oportunidades en el último año.

 

Lo mismo ocurrió con el Programa Institucional 2020 – 2024 del Conacyt, apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio del año pasado, pero no está –y todo indica que no estará-- el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) que normativamente es un marco más amplio y debió estar listo antes. Una grave ausencia.

 

Nada menos, el mismo reglamento del SNI apenas fue reformado en septiembre del año pasado, también sin que existiera una nueva ley superior. Después, en diciembre, las autoridades oficialmente anunciaron la suspensión del programa para todos los investigadores pertenecientes a instituciones particulares, luego dieron marcha atrás a la medida y después volvieron a confirmar que se haría efectiva a partir del 2022.

 

Ahora, nuevamente, en un corto plazo, las autoridades se disponen a repetir el episodio de modificar la norma. Ciertamente, el reglamento, en la última década, ha sido modificado casi año con año, pero han sido cambios relativamente menores y cuando se han intentado mayores alteraciones, han sido precedidas por grandes foros de discusión y acuerdos.

 

En fin, lo que se advierte es que no solamente se trata de normas improvisadas y elaboradas sobre las rodillas. Consúltense en el Diario Oficial de la Federación la serie de rectificaciones y aclaraciones que le siguieron a la publicación del estatuto orgánico del Conacyt, a su programa institucional y al reglamento del SNI. También es el camino inverso en la conducción del sistema: primero se declara el logro de resultados y después se intentan los pasos que llevarían a alcanzarlos.

 

Desafortunadamente, iniciar en el punto de llegada, solamente crea la falsa ilusión de haberse saltado el trayecto.

 

Pie de página: La Gaceta del Senado publicó este 2 de marzo la iniciativa de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentada por el senador José Alberto Galarza Villaseñor del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Un proyecto que recupera la propuesta de ProCienciaMX y las aportaciones de la Rednacecyt. Pendientes, muy pendientes.