Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en CampusNo. 900. Mayo 201, 2021. Pág. 14)
Todavía no transcurre del todo la primera mitad del periodo de la actual administración, pero está relativamente próxima. Al inicio, en el territorio de la actividad científica y tecnológica, parecía que todo sería mejor, pero hoy los saldos no son positivos y lo peor es que los trazos del futuro no son mejores, porque las actuales decisiones, espoleadas por la austeridad, se extenderán sin ver el conjunto ni el horizonte.
Una de estas decisiones ha sido la concerniente a la participación del sector privado en las actividades científicas y tecnológicas. Las implicaciones de las medidas seguramente se profundizarán en lo que resta del periodo y podrían cambiar la estructura de incentivos de todo el sistema.
Las relaciones entre el sector público y privado, desde el comienzo del periodo de gobierno, se anticipaba que podrían ser tirantes, cuando no de franca confrontación. Seguramente usted recuerda las declaraciones sobre transferencias de recursos líquidos a las empresas privadas que denunció la directora de Conacyt. Fue en enero de 2019 y en ese entonces mencionó que en la administración previa había realizado transferencias por alrededor de 50 mil millones de pesos. La misma directora del organismo dijo que estaba por consolidar las cifras con precisión, porque había un error de más menos 15 mil millones de pesos.
Las cantidades eran y sonaron muy fuerte. El asunto es que, además de la ambigüedad de los números, no estaba nada claro si habían sido indebidas o ilegales. La expectativa era que se aclararán los montos y de ser el caso que se procediera legalmente. Sin embargo, a la fecha no se conoce que haya denuncia oficial al respecto, pero lo que sí hay es una fisura entre la participación pública – privada para las actividades científicas y tecnológicas. Una fisura que parece ensancharse cada vez más.
El primer informe de gobierno del presidente López Obrador reportó como hallazgo que en la administración de Enrique Peña Nieto, el sector privado contribuyó con alrededor del 19 por ciento en el gasto en investigación científica y desarrollo tecnológico (GIDE) y, no obstante, “cerca del 50 por ciento de los recursos de los fideicomisos del Conacyt (es decir, 35 mil 175 millones de pesos) fueron transferidos al sector privado” (pág. 300). Y a esa cantidad también le añadía otros 3 mil 600 millones en transferencias indirectas.
O sea, según los datos del informe, además de que el sector privado exhibía una contribución sumamente modesta en el financiamiento, encima recibió casi 39 mil millones de pesos a través de transferencias directas e indirectas. Aunque los informes de gobierno generalmente se concentran en el estado de la administración pública, no lo que se planea hacer, en el mismo documento quedó anotado que si el periodo 2013-2018 se había “caracterizado por un evidente abandono de la ciencia básica en favor de transferencias privadas”, la actual enfatizaría la ciencia básica.
Después del primer informe de gobierno llegó el Programa Institucional 2020-2024 del Conacyt. Porque, como lo hemos reiterado aquí mismo, no hubo y no habrá un programa para todo el sistema, como debía ser el Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación (Peciti) que india la normatividad vigente.
El Programa Institucional abundó en el diagnóstico que se había adelantado en el primer informe de gobierno. Por ejemplo, reiteró que el gobierno neoliberal descuido a la ciencia de frontera o ciencia básica. Apuntó: “Del total de los recursos asignados a los fideicomisos del Conacyt en el periodo de 2013 a 2018, el 48 por ciento fue transferido al sector privado a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), los cuales anteponen las ganancias económicas al interés del conocimiento, sin beneficio social y ambiental” (Diario ficial de la Federación. 23/06/2020, pág. 19).
Entonces, ¿la administración prescindirá de la participación del sector privado? En el mismo programa se anotó que el tradicional modelo de triple hélice (academia, gobierno e industria) evolucionaría hacia uno de pentahélice porque se le añadirían la sociedad y el ambiente. “Se implementarán estrategias para apoyar a entidades públicas o privadas que desarrollen proyectos de innovación abierta con impacto social en el país” (pág. 28).
No se conoce el detalle de cómo se pondrán o están en marcha esas estrategias y menos todavía los resultados que arrojarán. No obstante, a la par de la fisura formal entre los sectores público y privado, lo evidente ha sido la aplicación de amplias y profundas medidas de austeridad que han comprometido la operación y funciones de diferentes entidades y programas del sector, como ha sido el caso de los Centros Públicos de Investigación, el desarrollo tecnológico, el programa de Cátedras o los becarios en el extranjero.
Una restricción de recursos financieros que ha puesto en entredicho el mismo compromiso del presidente López Obrador formulado en el periodo de transición. En agosto de 2018 anticipó que el financiamiento para el sector crecería y, en el peor de los casos, se mantendría en términos reales, o sea, nunca habría un presupuesto por abajo de la inflación para las actividades científicas y tecnológicas. Pero no, no ocurrió en esta primera mitad del periodo.
¿El contexto de recursos escasos es el principal acicate para acotar la participación del sector privado o, más bien, la distancia está activada por resortes ideológicos? Tal vez es una mezcla, pero el peso relativo de lo primero parece mayor, porque comenzó con la eliminación de los fideicomisos, luego con el programa de innovación y, más recientemente, suprimiendo el incentivo económico a los investigadores del sector privado.
El problema es que la fisura entre lo público y lo privado puede convertirse en una grieta insalvable del sistema científico y tecnológico. Sin duda se puede y debe discutir el papel del sector privado en el desarrollo científico nacional, lo que no se puede hacer es ignorar o soslayar su intervención.
