Posgrados: ¿ni calidad ni excelencia?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 907. 08.07.2021)

 

Un comunicado público del Conacyt informa que la titular del organismo, María Elena Álvarez Buylla, presentó el Sistema Nacional de Posgrados (SNP), en sustitución del anterior Programa Nacional de Posgrados de Calidad (Comunicado No. 226/2021). Todavía no se conocen los detalles de la sustitución, tal vez solamente se conocerán una vez que estén en marcha o quizás, para variar, con posterioridad venga una nueva rectificación.

 

Sin embargo, probablemente estamos ante otro punto de quiebre: la orientación de los posgrados en México. El comunicado del pasado 4 de julio, un día después de finalizado el 3er Foro Nacional de Posgrados, informa que ahora que cumple 30 años el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) será sustituido para “transitar hacia un modelo de formación e investigación en posgrados con mayor solidez epistemológica, rigor científico e incidencia social, acorde con la transformación que vive el país”.

 

En realidad, no son exactamente tres décadas del PNPC, sí lo son desde que ingresó a los recintos universitarios la evaluación y acreditación de programas de licenciatura y posgrado. Un esquema para diferenciar la calidad de los estudios que cursan los jóvenes, ante una oferta que desde esos años crecía exponencialmente. De hecho, en 1991, al primer padrón de posgrado, se le llamó “Padrón de Excelencia”, un programa que estuvo vigente hasta el 2001.

 

Por cierto, el término de “excelencia”, quién lo dijera, retornó al primer plano de la norma educativa con la reciente reforma del artículo 3º constitucional, la de mayo de 2019. ¿Usted lo recuerda? Según aclaró el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, a solicitud de los profesores de la Coordinadora, la palabra calidad quedó proscrita del texto constitucional y, en su lugar, quedó “excelencia”. En fin, esa es otra historia. O no, esa y ésta son episodios de la misma serie.

 

Total, en aquel entonces, el Padrón de Excelencia estaba centrado en los posgrados orientados a la investigación, pero la mayoría de instituciones quedaban fuera de ese padrón porque sus programas tenían otras finalidades (profesionalizantes, por ejemplo) o las condiciones de sus posgrados eran sumamente precarias. Así que en 2001 sobrevino una rebelión institucional y ahí se amplió el programa; primero se habló de un Programa Nacional de Fortalecimiento del Posgrado y después quedó instaurado el PNPC.

 

El año pasado, todavía en el último proceso de evaluación, el PNPC clasificaba los programas de posgrado como: de reciente creación; en desarrollo; consolidados; y de competencia internacional. Igualmente, dividía el conjunto de programas entre los de nuevo ingreso, renovación y reingreso. Pertenecer al padrón significa, o significaba, que el programa tenía respaldo institucional diferenciado para varios propósitos (infraestructura, por ejemplo) y, muy importante, una beca para todos los estudiantes matriculados en el programa correspondiente.

 

¿De qué volumen estamos hablando? Las cifras oficiales del año pasado muestran que pertenecen al PNPC casi 2 mil 500 programas. De ese total, casi la mitad (43 por ciento) está en la categoría “en desarrollo”, un 29 por ciento está considerado como “consolidado”, el 16 por ciento son de “reciente creación” y solamente el 11 por ciento califica como de “competencia internacional”.

 

Además, del total de programas del PNPC, poco más de la mitad (54 por ciento) son programas de maestría, un 29 por ciento de doctorado y el resto de especialidades. Y casi la totalidad de los programas del padrón pertenecen a instituciones públicas, lo mismo que la matrícula (alrededor del 95 por ciento).

 

O sea, la mayoría de programas requieren un respaldo institucional, son muy contados los posgrados nacionales altamente competentes y todavía muy pocos los programas de doctorado. Añadamos que en el país, en total, existen casi diez mil programas de posgrado, menos de una cuarta parte pertenece al padrón; de estos últimos, alrededor del 60 por ciento son de instituciones particulares y el resto de instituciones públicas.

 

El PNPC, con sus sesgos y problemas, instaruró un mecanismo para diferenciar la calidad de los estudios de posgrado, bajo el supuesto de que era muy importante consolidar los programas nacionales en el maremágnum de una dudosa oferta. Como se podrá advertir, el tema tiene múltiples ángulos y cualquier modificación alterará todas las partes. Tampoco olvidemos el sensible asunto de las becas asociadas al padrón.

 

El comunicado de la autoridad precisa que el PNPC, como otras medidas del periodo neoliberal, “priorizó la visión productivista y la competencia; el centralismo y la evaluación cuantitativa de los programas, además de que se desvincularon los posgrados de las prioridades de investigación en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que necesita el país”. En consecuencia, sostiene que ahora se dará prioridad a la pertinencia científica y social, equidad de género, no discriminación, equilibrio regional y distribución institucional equitativa.

 

O sea, ¿será un cambio profundo? Al menos eso expresan las intenciones, pero ya sabemos que de buenas intenciones está empedrado el camino al precipicio. Lo más grave sería que nos quedáramos sin un esquema de posgrados; ni de calidad, tampoco de excelencia y ni siquiera un sistema como tal. Todavía peor: alentado por la instauración del principio de austeridad. Pendientes.

 

Pie de página: Y 12 días después de emitir los lineamientos del Programa Cátedras Conacyt, dice la autoridad que se equivocaron, que cambian uno de sus artículos y mejor sí van a considerar la opinión del Personal del programa para expedir el Estatuto de Personal Académico.

Fondos mixtos y entidades federativas. “...a más tardar en tres meses”

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus No. 906. Julio 1, 2021. Pág. 4)

 

El cambio en la titularidad de las entidades federativas no es poca cosa, sobre todo si se considera que, a lo largo del presente siglo, los gobiernos locales alcanzaron una alta capacidad de maniobra frente al ejecutivo federal. Tampoco es menor la nueva geografía política en el mapa de la República, la que queda como saldo de las recientes elecciones intermedias. Una descentralización, sin embargo, no transitará.

 

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) será la fuerza política con el mayor número de entidades gobernadas: sumará 17 en total, 11 más a las seis que ya tenía; más de la mitad del total de estados. Luego estará el Partido Acción Nacional con el gobierno de ocho estados; después, el Partido Revolucionario Institucional con cuatro; Movimiento Ciudadano con otros dos; y el Partido Verde con uno. Una modificación importante, respecto de la división que prevalecía antes de las elecciones.

 

¿Cambiará la relación entre entidades federativas y entre éstas y el gobierno federal? Tal vez serán otros los principios y otras las bases de coordinación. No solamente por el volumen de estados que conducirá el partido gobernante, también porque la actual administración ha expresado su reticencia a seguir los cauces de los diferentes organismos intermedios que estaban en operación.

 

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) era un espacio sobresaliente. Un organismo instaurado en 2002 como foro de deliberación para buscar un equilibrio de competencias y responsabilidades en los diferentes órdenes de gobierno. Pero no es el único, también se crearon otros en distintas áreas de la administración pública.

 

En el terreno de la educación, por ejemplo, como lo estableció la anterior Ley General de Educación, en 2004 se puso en marcha el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu). Un esquema para coordinar la planeación y los mecanismos de toma de decisión entre la Sep y las autoridades del sector de los estados.

 

También por disposición normativa del 2002 quedó fundada la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, un esquema análogo al del campo educativo, para impulsar una política de Estado en el sector y alentar la descentralización de las actividades. A la par, en la misma norma de ese año, estaba previsto la constitución de los denominados fondos mixtos.

 

Los fondos concursables, mixtos, se crearon con una aportación de la federación y otra de los estados e incluso de municipios. La idea era que los distintos órdenes de gobierno contribuyeran con recursos para fomentar la investigación científica y tecnológica, pero los temas y problemas a solucionar serían marcados por las propias entidades federativas.

 

Al inicio de la puesta en marcha de los fondos, solamente participaron unas cuantas entidades, pero una década después la totalidad de entidades tenían al menos un fondo en operación. Al amparo del instrumento algo avanzó la inversión en el sector y también algo se movió la descentralización de actividades.

 

No obstante, ahora que por decreto se eliminaron los fideicomisos, también quedaron bajo escrutinio y cancelados los fondos mixtos, porque dependían de fideicomisos. La directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, en la conferencia de prensa del 21 de octubre de 2020 del presidente López Obrador, dijo que había un manejo discrecional y opaco de los fideicomisos, precisó que entonces existían 35 fondos mixtos, “32 con cada uno de los gobiernos de los estados y tres con municipios, aquí se gestionaron 14 mil 695.70 millones de pesos”.

 

En esa misma conferencia, el presidente López obrador informó que había instruido al consejero jurídico de la presidencia para que se hiciera una auditoria amplia a todos los fondos y fideicomisos, para que, “frente a evidencias de corrupción, de mal manejo, se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República”. Además, puso un plazo: “Vamos a procurar tener toda esta información a más tardar en tres meses y vamos a estar informando a los mexicanos caso por caso”.

 

Sin embargo, casi se va a cumplir un año de aquella conferencia y públicamente no se conoce ningún informe al respecto. Aunque los proyectos de investigación bajo la figura de fondos mixtos sí están cancelados o en proceso de extinción.

 

Tal vez los fondos mixtos no caminaban en línea recta para profundizar la descentralización, quizás tampoco eran el instrumento más pulcro en el manejo de recursos públicos y probablemente, como algunas evidencias lo han sostenido, algunos fondos no alentaron propiamente la investigación científica y tecnológica, porque la inversión de recursos fue para una infraestructura subutilizada o que tenía otros propósitos.

 

El caso es que ahora nos quedamos sin funcionamiento de instancias de contacto entre federación y estados, sin los fondos que eran el principal instrumento descentralizador y, para colmo, sin conocer la información sobre la corrupción en manejo de los fideicomisos. Eso sí, tenemos nueva geografía política.

 

Pie de página: El Conacyt presentó un avance del Estatuto del Personal Académico al personal de Cátedras, pero el sindicato dice que sigue “invitando a Conacyt a un diálogo real, no a través de un chat de Youtube”. 

 

Cátedras: ¿“in dubio pro operario”?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 904. 24.06.2021)

 

Los encuentros van por un lado y los hechos por otro. Parecía que estaba en marcha un acuerdo para solucionar las condiciones laborales del personal del programa Cátedras Conacyt, pero ahora resulta que las cosas no son lo que aparentaban.

 

El 9 de junio la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, convocó a una precipitada reunión al personal de Cátedras Conacyt para anunciarles que habría cambios en los lineamientos del programa (Comunicado 221/2021). Una auténtica novedad, después de notables discrepancias en los espacios públicos, principalmente porque Álvarez Buylla les había dicho que estaban colgados de la nómina del organismo y una posibilidad era suprimir el programa. No ocurrió así.

 

En fin, el nuevo Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracátedras), dado que un día antes de la reunión había comenzado las gestiones para negociar un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), celebró el llamado, consideró que sería la oportunidad para revisar las condiciones de las Cátedras y el comienzo de los acuerdos.

 

La directora del Conacyt, en la mencionada reunión, en realidad solamente expuso lo que a su juicio constituían las bondades de nuevas reglas para las Cátedras. Una normatividad que, dijo, sería “más humana y sensible ante las excepciones e incidencias personales que puedan surgir a lo largo de su desempeño en el programa”. También añadió que garantizaría la equidad de género, la eliminación de la discriminación y el respeto a los derechos humanos y laborales. Nada sobre un posible CCT.

 

El Siintracátedras, ese mismo día, en comunicado público, estimó que las propuestas del organismo “no se dirigen a mejorar las condiciones estructurales negativas de la relación laboral” e insistió en avanzar en las negociaciones de un CCT. Una siguiente reunión de sindicato y autoridades en la Secretaría del Trabajo estaba prevista para el 16 de junio.

 

Sin embargo, la autoridad dio a conocer nuevos lineamientos para el programa y, al mismo tiempo, sostuvo las causales de rescisión de contrato para el personal de las Cátedras. Las reglas estuvieron disponibles públicamente el día 18, días después el Siintracátedras informó que algunos miembros del personal de Cátedras fueron notificados por correo electrónico que su contrato quedaba rescindido a partir del 15 de junio, por incumplimiento en su ingreso o permanencia en la convocatoria del 2020 del SNI.

 

Una verdadera sorpresa porque en el mismo documento de las nuevas reglas, aprobado por la Junta de Gobierno del Conacyt, se sostiene que las mismas representan un giro y un punto de partida distinto, se entiende que respecto del origen y bases del programa. En especial, en la primera página, quedó asentado que reconocen el principio “in dubio pro operario”. Esto es, un principio general del derecho laboral, el cual establece que en caso de duda o conflicto normativo, la ley debe interpretarse a favor del trabajador.

 

Los nuevos lineamientos establecen que la evaluación del personal de las Cátedras será con base en su mérito y trayectoria (Artículo 43). Añade que se considerarán las aportaciones del personal de las Cátedras, sea en el avance del conocimiento, el desarrollo de tecnologías o en la atención a problemas nacionales, lo mismo que su intervención en el fortalecimiento y consolidación de la comunidad académica o tecnológica, así como en el acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales. Nada mal.

 

Sin embargo, lo cierto es que conserva los criterios anteriores. Porque en el mismo artículo 43, en el último párrafo, claramente se anota: “La evaluación del Personal de Cátedra Conacyt, con independencia de la modalidad en la que se encuentre la Institución Receptora, se llevará conforme al procedimiento que se establezca en el Estatuto del Personal Académico del Conacyt”.

 

¿Y qué dice el estatuto correspondiente? Que habrá dos tipos de criterios de evaluación: administrativos y científicos. Los primeros indican que el catedrático debe impartir al menos una clase y máximo dos por periodo lectivo, también, como mínimo, ser candidato al SNI máximo dos años después de que obtuvo la Cátedra y permanecer en el SNI una vez que ingresó. A su vez, los criterios científicos especifican que debe cumplir con los plazos y productos de su programa de trabajo y que la investigación o desarrollo tecnológico generado tenga un impacto positivo en la sociedad.

 

El asunto es que, como lo ha enfatizado el Siintracátedras, vincular la rescisión del contrato de trabajo a la no permanencia en el SNI es violatorio de los derechos laborales fundamentales, porque los sistemas de incentivo no constituyen un mecanismo que esté considerado en las causales de despido de los trabajadores del Estado. Nada menos.

 

En fin, el punto ofrece otro ángulo para discutir la importancia y problemática del programa Cátedras Conacyt, lo mismo que el papel del SNI como patrón de referencia en el sistema científico y tecnológico. Allá iremos. Por lo pronto, está claro que el principio in dubio pro operario, solamente se queda en un deseo de presentación. Los nuevos lineamientos no son más sensibles ni son a favor del personal de las Cátedras.

 

Pie de página: Hoy concluye la consulta en línea para elegir a miembros de las comisiones dictaminadoras del SNI. Si la simple consulta ha tenido tantas enmiendas, tropiezos y errores, imaginémonos lo que ocurrirá con el cierre de la convocatoria de este año para ingreso y reingreso al SNI.

Conacyt en su laberinto normativo

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus No. 904. Junio 17, 2021. Pág. 4)

 

Los litigios no son nada del otro mundo en el terreno de la ciencia y la tecnología. No lo han sido en el pasado y tampoco lo son en el presente. Sin embargo, actualmente aparecen un día, al siguiente se multiplican y cada vez alcanzan mayor resonancia nacional. El caso reciente del fiscal Alejandro Gertz Manero y su nombramiento como investigador nacional nivel III del SNI es emblemático, pero no es el único. Los diferentes ejemplos exhiben un dudoso respeto normativo y un reiterado patrón de enredo jurídico

 

Si los pleitos en los tribunales son la cara más visible del aparato científico y tecnológico, nada bueno asoma en la superficie y mucho menos en el interior. El ánimo rijoso comenzó desde antes de iniciar el actual periodo de gobierno. ¿Usted lo recuerda? Fue en la etapa de transición, a propósito de la filtración de una solicitud de la ahora directora del Conacyt,  en donde pedía la suspensión de las convocatorias en marcha. Después vino la aclaración de las autoridades de entonces, la invocación de normas y lo intercambios en los medios.

 

Las diferencias de aquellos meses de la transición quedaron zanjadas para la entrega-recepción de la administración y comenzó el periodo de gobierno. La solución, sin embargo, fue aparente porque retornó meses después, con los mismos protagonistas, sobre el tema de los fideicomisos y las acusaciones de asignaciones indebidas. Nada se aclaró posteriormente.

 

El primer año de gobierno registró el siguiente episodio jurídico que todavía está en vilo: la disputa sobre la legalidad y legitimidad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. A la fecha, coexisten dos Foros, uno que es una asociación civil que viene de la ley sectorial todavía vigente y otro más reciente que fue creado al modificar el estatuto orgánico del Conacyt. También sigue en marcha el pleito en los tribunales, con amparos y demandas de uno y otro lado.

 

Algo similar ocurrió en 2019 con la integración de las comisiones dictaminadoras del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y la destitución de Antonio Lazcano de una de ellas. Otra vez las diferencias fueron a parar a los tribunales. Por cierto, queda por resolverse la integración de esas comisiones en el actual proceso de evaluación y qué ocurrirá con los amparos.

 

Otra serie de amparos fueron promovidos en contra del nuevo reglamento del SNI que excluye del otorgamiento de incentivos a los investigadores de las instituciones particulares. Los amparos han sido admitidos a trámite y algunos han conseguido una suspensión provisional de la medida de exclusión. Todavía no hay nada definitivo y seguramente el altercado continuará.

 

En el cúmulo de litigios, sin embargo, los pleitos por causas laborales son lo más numerosos. Al menos existe un centenar y medio de juicios abiertos por despidos injustificados, especialmente se trata de integrantes del programa Cátedras Conacyt. Un reporte de los casos indica que al menos 68 de ese total de demandas laborales se originaron en la actual administración y que ahora son atendidas por personal del propio organismo, a diferencia de administraciones anteriores en los que participaba un despacho privado (Reporte Índigo 24.02.2021).

 

Por último, el muy polémico ingreso del fiscal Gertz Manero al SNI y su cuestionada obtención del nivel III en ese programa, después de más de una década de rechazo y cuando, ni en tiempo ni en forma, parece cumplir los requisitos para recibir la distinción. Los antecedentes del caso han sido ampliamente comentados en los medios y también las reacciones que ha provocado.

 

La autoridad del sector en su comunicado oficial dice que existen alrededor de 40 juicios relacionados con el SNI y cinco de ellos son por actos presuntamente discriminatorios de las comisiones evaluadoras del programa (Comunicado. 12.06.2021). O sea, ¿la idea es indicar que el fiscal no es caso único y habría que esperar las resoluciones del resto o cómo? También añade que el caso de Gertz Manero es en acatamiento a una orden de la Conapred. Sin embargo, esta última, precisó que  “en ningún sentido ordenó” el ingreso del funcionario al SNI y que la valoración “correspondió estrictamente al Conacyt”.

 

Lo evidente es un patrón reiterado de cuestionamiento a las decisiones de la autoridad del sector y una necesaria intervención del sistema jurídico. Lo grave es que el origen parece estar, por un lado, en una observación muy laxa de las normas, cuado no en ignorar su existencia o en interpretaciones muy cuestionables. Por otro lado, en diversas modificaciones a las normas secundarias, como el estatuto orgánico del organismo rector o en reglas de operación o de programas, sin que a la fecha exista un Programa Especial ni una nueva ley para el sector. Por cierto, la ley general debió estar lista en diciembre del año pasado, pero hoy ni proyecto acordado existe.

 

Así, no es de extrañar la cantidad de juicios y querellas en el sistema científico y tecnológico. Tampoco el escurridizo, inestable y enredado marco normativo que se ha configurado. ¿Las cosas podrían cambiar con una nueva ley general? No, no hay nada a la vista que lo indique. Ni siquiera acuerdos mínimos para elaborar esa norma.

 

Pie de página: Sobre la reunión con la directora Álvarez Buylla, el sindicato del programa dice que: “Si bien el posicionamiento de Conacyt expresa sensibilidad frente a las condiciones laborales del personal de Cátedras y una preocupación por transformarlas, sus propuestas no se dirigen a mejorar las condiciones estructurales negativas de la relación laboral”.

Informe General del Conacyt: ¿Recalculando las cifras?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 903. 10.06.2021)

 

El principal informe sobre las actividades científicas y tecnológicas en México ya se puede consultar. Una de las novedades es que recalcula el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), el principal indicador de comparación internacional para valorar esfuerzos en la materia. El documento, sin embargo, también revela apresuramiento y errores. Además, la mala noticia es que no está actualizado, los datos apenas llegan a 2018, el último año de la administración anterior.

 

Según la norma vigente, el Conacyt debe rendir anualmente un informe general del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México. A pesar de lo que dice la ley, la periodicidad anual del informe no se ha respetado, no lo ha hecho la actual administración y tampoco administraciones anteriores, aunque en este periodo el retraso ha sido particularmente acentuado.

 

El caso es que esta semana, finalmente, el Conacyt publicó en su sitio electrónico el “Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, México 2018” (IGECTI). Un reporte que primero debe ser presentado ante la máxima autoridad del sector, el Consejo General que encabeza el presidente López Obrador. Seguramente no ocurrió de esa forma, porque el Consejo solamente se ha reunido una sola vez, en diciembre de 2019, aunque la norma dice que debe sesionar de forma ordinaria por lo menos dos veces al año.

 

Según información de la cuenta personal de Twitter de la directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, presentó el Informe durante la primera sesión ordinaria de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el nuevo organismo que no es el que dice la ley todavía vigente y que no es el que debe autorizar el reporte.

 

En fin, uno de los aspectos novedosos del reporte recientemente publicado es la cifra del GIDE, uno de los indicadores más consistente y estable para medir la inversión de los gobiernos nacionales en Investigación y Desarrollo Experimental.

 

El Manual de Frascati, documento técnico y un estándar para la recopilación de estadísticas a nivel mundial, en su edición más reciente, correspondiente al año 2015, define a la IDE como “el trabajo creativo y sistemático efectuado para incrementar el volumen de conocimientos --incluyendo el conocimiento del ser humano, la cultura y la sociedad--, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones (pág. 44).

 

Así que el GIDE incluye todos los gastos en ese rubro ejecutados por una economía nacional en un periodo determinado. El reciente Informe de Conacyt apunta que la administración anterior decidió “incorporar en el cálculo del GIDE de gobierno, el pago completo de las becas otorgadas por el Conacyt; de especialización, maestría y doctorado; nacionales y al extranjero” (pág. 28).

 

Adicionalmente, añade el mismo reporte, “se transfirió una proporción del gasto realizado en posgrado por el sector empresarial, IES e IPnL [Instituciones privadas no lucrativas] como parte del gasto en IDE, esta forma del cálculo del GIDE de gobierno, se aplicó para el periodo 2007-2018”. Por lo tanto, resume el documento de Conacyt, contradice la definición del propio Manual de Frascati sobre la contabilización del gasto en actividades de IDE.

 

En su oportunidad nos ocupamos del tema (Campus No. 701). La edición del 2015 del Manual de Frascati, a diferencia de sus ediciones anteriores, propuso incluir el trabajo realizado por estudiantes de maestría y doctorado, becados o asalariados, para un mejor recuento de personal y recursos financieros en IDE.

 

Sin embargo, el mismo Manual también advirtió que, para incluirlos, debían contribuir efectivamente a la IDE de sus instituciones, o sea que se pudiera identificar y separar claramente su formación y aportación en investigación en esas instituciones, y también advirtió que no debía hacerse una doble contabilización, esto es, no contarlos como recursos financieros para investigación y también como dinero para enseñanza.

 

Vale la pena hacer notar que las actividades científicas y tecnológicas, con fines estadísticos y comparativos, se clasifican en tres diferentes componentes: IDE; enseñanza y formación científica y técnica; y servicios científicos. Cada uno tiene sus definiciones y es erróneo combinar la inversión de unos y otros.

 

Por lo tanto, hace saber el Informe de Conacyt, recalculó el GIDE para el periodo 2007 – 2018. Esto es, solamente incluyó las becas nacionales a estudiantes inscritos en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de Conacyt, el pago a los jóvenes del Programa de Cátedras y una distribución proporcional del financiamiento por sector de ejecución e instituciones de educación superior. O sea, excluyó becas que no estaban en el PNPC y las del extranjero, pero sí incorporó el presupuesto de las Cátedras.

 

En consecuencia, “en términos reales, los últimos tres años los recursos destinados al financiamiento de la IDE han disminuido año con año” y la aportación gubernamental es la que más disminuyó (pág. 29).

 

Así que el GIDE, en términos del PIB, bajó diez o más centésimas. Por ejemplo, para 2018, en el cálculo anterior, era de 0.48 por ciento y en la estimación de ahora es de 0.33 por ciento. Los datos invitan a una revisión más pormenorizada de los estándares del Manual de Frascati, pero también del contenido del Informe del Conacyt. Porque, este último tiene errores muy notorios.

 

Por ejemplo, el cuadro de los programas del PNPC de su página 128, dice que compara, con un mes de diferencia, los años 2017 y 2018, luego dice que la diferencia porcentual es entre 2018 y 2019, cuando se supone que el año 2019 no debe formar parte de los datos y, para colmo, la forma de calcular las cifras relativas es errónea. Y todavía falta actualizar el Informe para los dos años anteriores y el actual.

 

Pie de página: Los criterios de evaluación de la nueva convocatoria del SNI son otra fisura más entre las autoridades y la comunidad del sector.// La nueva organización sindical del programa de Cátedras Conacyt ya está rindiendo frutos. Veremos.

Cátedras Conacyt. La evaluación punitiva

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus No. 902. Junio 03, 2021. Pág. 4)

 

La aparición pública del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracátedras) es reciente, su registro tiene apenas poco más de dos meses. Sin embargo, ya ondea una bandera que difícilmente se le puede cuestionar: una oposición a la evaluación punitiva.

 

El nuevo sindicato, como la han expresado públicamente, tiene como lema “Derechos laborales para una ciencia con pertinencia social” y su propósito, según lo manifestaron sus propios integrantes, es la negociación de un contrato colectivo de trabajo para los participantes en el programa Cátedras Conacyt.

 

Las Cátedras están en operación desde el 2014 y representaron una opción laboral para jóvenes recién graduados, una pequeña ventana en las muy limitadas oportunidades que ofrece el mercado académico. Tampoco son la maravilla que cabría esperar, por su limitada cobertura –alrededor de 1,500 plazas en su mejor momento--, por las condiciones laborales tan variadas y por la incertidumbre sobre su futuro.

 

El caso es que, desde el inicio de la actual administración, el programa fue puesto en la lista negra de los programas a desaparecer. Ni hablar de ampliar su cobertura y menos de nuevas convocatorias. La mejor promesa, después de intercambios epistolares y escaramuzas en la prensa, fue la de respetar los contratos que estaban vigentes hasta el vencimiento del contrato. Al término de diez años, plazo que duran los contratos y que se habían planteado como prorrogables, ya se verá qué ocurre.  

 

Por cierto, el primer medio millar de plazas del programa tendrán su fecha vencimiento precisamente el año que concluye la actual administración. En fin, la inestabilidad de condiciones y las posiciones de las plazas del programa de las Cátedras, pero sobre todo la incertidumbre sobre lo qué será su destino laboral, seguramente fue uno de los principales acicates para la formación de un sindicato para la defensa de sus derechos laborales.

 

Un comunicado reciente de la organización gremial informa que se rescindieron lo contratos de medio centenar de catedráticos entre el 2015 y 2020. De acuerdo a los datos que expresan: siete fueron por una evaluación anual, nueve por una evaluación trianual, otros 20 por “incumplimiento del SNI” y el resto por otras causas. Es decir, señalan, más de la mitad han sido despedidos por una evaluación.

 

La organización gremial reconoce la importancia de la evaluación para incentivar la productividad y la investigación. No obstante, expresa su rechazo “como medio punitivo en detrimento de los derechos laborales, contradiciendo con ello las normas establecidas para la protección de los trabajadores del Estado en la Ley Federal del Trabajo; mismas que en ningún momento indican como causal posible de despido las evaluaciones de este tipo” (Comunicado 21.05.2021).

 

Según el informe de gobierno del año pasado, actualmente suman 1,304 plazas activas de catedráticos. En términos relativos, la veintena o treintena de personas despedidas tal vez no represente una proporción altamente significativa, pero aunque solamente se tratara de una persona, si el mecanismo de despido contraviene las disposiciones normativas tendría que rectificarse.

 

Uno de los principales argumentos para impulsar la reforma educativa de 2019, como lo indicó en su oportunidad Esteban Moctezuma, exsecretario de Educación Pública, fue terminar con la evaluación punitiva, o sea, la evaluación no estaría más ligada a lo laboral. En cambio, habría una evaluación vinculada a la capacitación y mejora del magisterio. Por la misma razón, la autoridad educativa sostuvo que ya no sería un mecanismo punitivo y permitiría la reinstalación de los profesores cesados por esa causa.

 

El magisterio del sistema educativo y los catedráticos Conacyt constituyen perfiles y ámbitos de trabajo diferentes. Sin embargo, es claro que en ambos casos debiera respetarse la legislación laboral y establecer reglas claras sobre la responsabilidad que tienen en el desarrollo de las actividades.

 

La ambigüedad de la posición laboral ha sido uno de los rasgos característicos del programa Cátedras Conacyt. A ello se le ha sumado el ingreso o permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores como condición para conservar el nombramiento laboral, lo mismo que el azaroso marco institucional que corresponda para su desarrollo laboral. En conjunto es la configuración de un horizonte de inestabilidad e incertidumbre total.  

 

Si bien la autoridad ha reiterado que no piensa ampliar ni continuar el programa, existe más de un millar de catedráticos que se desempeñan en el sistema, tal vez sería momento de regularizar laboralmente su nombramiento y no dejar que se consuman los plazos y las plazas.

 

Pie de página: A diferencia de años anteriores, cuando la convocatoria para ingreso y permanencia en el SNI aparecía con meses de anticipación --al menos cuatro o seis--, ahora apenas se publicó el último día de mayo y el plazo máximo de recepción de solicitudes es el 25 de junio. O sea, una veintena de días para que preparen su expediente. Y, para variar, los criterios de evaluación traen sorpresas y no olvidemos el artículo 34 del reglamento vigente. ¡Suerte, mucha suerte con su solicitud!

Sector privado: ¿efectos colaterales o punto de inflexión?

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 901. 27.05.2021)

 

La semana pasada planteamos la interrogante de si la escasez de recursos financieros es el motor principal para acotar y desdeñar la participación del sector privado en el terreno científico y tecnológico o, más bien, la razón de la hostilidad habría que encontrarla en una impronta ideológica que busca separar lo público y limitar lo privado.

 

Algunas evidencias muestran que se trata principalmente de lo primero, porque fundamentalmente es el impacto de una política de austeridad que lleva al límite, mínimo, los recursos públicos en toda la administración, sacrificando lo que haya que sacrificar y, a contrapelo, los canaliza a los 30 programas y proyectos que tiene marcados como prioritarios. Los recursos quiebran su cauce por lo no prioritario.

 

Sin embargo, también es probable que la restricción de recursos financieros encuentre un punto de convergencia con las motivaciones ideológicas. El asunto es que, sea una o ambas, las medidas podrían alterar el funcionamiento del sistema en su conjunto y tener efectos colaterales más relevantes.

 

Tal vez lo que ocurrió con el programa de becas de Conacyt sea una buena ilustración del caso. El programa, entre fines de los años 80 e inicio de los 2000, se denominó becas-crédito porque, en realidad, era un crédito. O sea, los estudiantes firmaban un pagaré por el apoyo recibido, al finalizar sus estudios obtenían un porcentaje de condonación dependiendo de si obtuvieron o no el grado y del tiempo que se demoraban para obtenerlo.

 

La posibilidad de una bonificación parcial o total del crédito también dependía de si el joven maestro o doctor ingresaba a laborar como profesor o investigador en una institución pública nacional, al menos un tiempo equivalente al periodo en el que estuvo becado. Una especie de tasa de retorno y también para asegurar su incorporación en las instituciones públicas.

 

Posteriormente, las autoridades reconocieron que había una gran desorden en la base de datos de los becarios, en la devolución de créditos y en la efectividad para hacer válidos los pagarés. Al final, se argumentó, resultaba más costoso la cobranza del crédito que no hacerlo.

 

El programa cambió de ser beca-crédito a simplemente programa de becas y se modificó todo el reglamento. Sin embargo, aparte de las dificultades administrativas, seguramente una de las principales razones para la reforma del reglamento fue la posibilidad de que los jóvenes posgraduados de alto nivel también se pudieran incorporar a laborar en las instituciones particulares, no solamente en las de carácter público, ya fuera porque estas últimas no podían absorberlos o por alentar la participación del sector privado.

 

Las relaciones entre los sectores público y privado tiene raíces hondas y múltiples componentes. Desde luego, corresponde a una esfera más amplia de cambios en la intervención del Estado, en la política económica y en la planeación del desarrollo. Pero tiene una clara expresión en las diferentes áreas de la administración pública.

 

Tal vez sea suficiente recordar la fuerte crítica que se desató hacia la calidad de la educación pública en los años ochenta --cuyos ecos todavía hoy resuenan—y su contención, lo mismo que el crecimiento exponencial de las instituciones de educación superior particulares que se produjo a pesar de la crisis de aquellos años.

 

En fin, no son nada irrelevantes las modificaciones a las normas, por pequeñas que sean, porque no solamente tienen un efecto evidente, directo, también tienen otros impactos colaterales y expresan tendencias.

 

Por la misma razón, algunas de las universidades privadas más destacadas a nivel nacional, como el Itam, la Ibero, la Salle, las Américas, la Panamericana, Anáhuac, el Tec, la del Valle de México, entre otras, la semana pasada, en desplegado público en diferentes medios, incluido Campus, llamaron a reconocer el “carácter público del conocimiento e innovación que se genera en las instituciones de educación superior privada por su personal académico adscrito al Sistema Nacional de Investigadores” (19.05.2021).

 

Las 29 universidades que se pronunciaron públicamente están agrupadas en el Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines (Cupria). Este Consejo es el órgano colegiado de la ANUIES, responsable de coordinar el trabajo de las instituciones particulares asociadas.

 

Y sí, la principal la principal demanda de las instituciones firmantes es que se garantice la “inclusión e igualdad de trato a todos los investigadores de las instituciones públicas y privadas en todos los programas de Conacyt, incluyendo la restitución de los estímulos económicos a los investigadores de las instituciones particulares”.

 

El actual reglamento del SNI, el que se publicó el mes pasado, suprime el apoyo económico a investigadores de instituciones privadas, aunque les conserva el nombramiento correspondiente (Diario Oficial de la Federación 20.04.2021).

 

Actualmente, después de amagos y retractaciones, todavía están vigentes los convenios de colaboración entre instituciones particulares y el Conacyt, pero si el reglamento no cambia, la eliminación del apoyo será efectivo a partir del año próximo. Pronto veremos si la hostilidad es un efecto colateral o estamos ante un punto de inflexión de las relaciones público - privado.

 

Pie de página: La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó el 25 de mayo: “A nivel nacional, precisamente tenemos un 81.5 por ciento de los 3.1 millones de precisamente personal que trabaja en las instituciones, llevamos un promedio de dos millones 564 mil 406 personal precisamente vacunado”. Eso dijo.