Gertz, imperturbable fiscal

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en CampusMilenioNo. 939. Marzo 10, 2022. Pág. 4)

 

La Fiscalía General de la República es un órgano público autónomo y el fiscal Alejandro Gertz Manero ejerce sobradamente esa autonomía. Nada parece afectar su responsabilidad ni su posición. No importa lo que sea, el ámbito de interés público al que se refiera o la dimensión que alcance, él permanece inmutable.

 

Si la reciente filtración de la conversación telefónica entre el fiscal general y uno de sus subordinados, Juan Ramos López, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, en la que parece configurarse un grave quebranto a la ley, tampoco lo obliga a rendir cuentas, ya se podrá entender por qué los asuntos en el terreno de la actividad científica y tecnológica ni siquiera han merecido una explicación o rectificación.

 

No lo fue su nombramiento como investigador nivel III del Sistema Nacional de Investigadores. A pesar de que tiempos, méritos y procedimientos fueron ampliamente cuestionados, la autoridad del Conacyt simplemente se limitó a indicar que el caso había sido valorado por una comisión especial –un procedimiento excepcional— para corregir evaluaciones previas que habían infligido daño al fiscal.

 

El Conacyt simplemente informó que, después de un análisis, la comisión determinó que “el agraviado, con tres doctorados en Derecho y autor de obras notables y con trascendencia significativa en el ámbito nacional e internacional, había recibido un daño reiterado y acumulado a lo largo de 10 años, por lo que éste debía ser reparado con la asignación del nivel SNI III” (Comunicado 12.06.2021).

 

Menos atención mereció la irregularidad de la obra académica presentada por el fiscal. Los méritos y libros de Gertz Manero, esos que le permitieron recibir la distinción de investigador nacional, fueron puestos en tela de juicio. Guillermo Sheridan documentó que el fiscal Gertz Manero había cometido plagio académico en dos de sus libros (El Universal 29.09.2021: 26). Un desapego a las normas éticas en la elaboración de textos que se considera una falta grave en la academia. Sin embargo, el nombramiento del fiscal siguió como si nada.

 

La autoridad del sector también ignoró la solicitud de centenares de miembros del SNI para revisar la presunta falta de ética del fiscal. La carta de octubre del año pasado, dirigida a las autoridades del Conacyt y a la presidenta de la Junta de Honor del SNI, no fue atendida, ni entonces ni ahora. Ni una palabra; la Junta no se dio por enterada.

 

El fiscal tampoco se inmutó cuando se desestimaron los cargos a una treintena de científicos y exfuncionarios del Conacyt. Seguramente usted recuerda que un juez de distrito le negó la orden de aprehensión solicitada porque consideró que no se configuraba un hecho delictivo. La fiscalía se limitó a advertir que volvería “a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan” (Comunicado FGR 377/21). Otra vez quedó impasible.

 

El cargo de fiscal general, según la ley correspondiente, tiene una duración de nueve años (artículo 8). La responsabilidad sobre su designación y separarlo de sus funciones es compartida por el ejecutivo federal y el Senado de la República. No obstante, el presidente es el único con capacidad para removerlo por causas graves, el Senado puede objetar la remoción en los siguientes diez días hábiles y restituirlo sus funciones, solamente si no se pronuncia al respecto el fiscal puede ser removido (fracción IV del 102 constitucional).

 

¿Qué piensa el ejecutivo federal del desempeño del fiscal y lo indebido, como parte interesada, de que tuviera en sus manos un proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia? Esa misma pregunta le hicieron al presidente López Obrador el lunes 7 de marzo y él se limitó a decir que el poder judicial resolverá el caso.

 

El presidente López Obrador añadió que si el fiscal hablaba mal de los ministros era su visión de las cosas y además dijo que  él tampoco les tiene confianza a los ministros ni a los jueces porque “no han demostrado actuar con rectitud y sobre todo no han entendido que deben hacer justicia pensando en todos”. Volvieron a insistirle si mantenía su confianza en el fiscal y el presidente respondió lacónicamente: “Sí, sí tengo confianza en el fiscal” (Versiónestenográfica 07.03.2022).

 

A propósito del episodio más reciente protagonizado por el fiscal general, han aparecido evidencias y recuentos sobre las presuntas y diversas irregularidades que ha cometido, cada vez más graves, pero nada parece perturbar su posición ni su cargo. El ejercicio de sus funciones tiene un blindaje de máximo nivel, no está nada mal la amplitud de facultades que tiene, su régimen de autonomía y el sobrado respaldo presidencial.

 

Seguramente por eso el fiscal no se inquieta y permanece imperturbable, todavía menos le perturban los mundanos asuntos del ámbito académico. Así continuará hasta que deje de estarlo.

 

Pie de página: El acuerdo secretarial 03/02/22 reagrupó a entidades paraestatales del sector educativo en unidades administrativas de la SEP. Por ejemplo, en la Subsecretaría de Educación Superior quedó el Cinvestav, la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (POI) y el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Pronto advertiremos los efectos de esta reagrupación.

La guerra y los daños colaterales

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 938. Marzo 3, 2022)

 

La información de estos días sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido abundante y diversa. Sin embargo, tal vez hasta que desaparezca el estruendo de las explosiones y la ruidosa marcha de los tanques de guerra, contaremos con datos más precisos y análisis mesurados sobre el origen y consecuencias de la batalla. No obstante, existen daños colaterales en el área académica que no son tan notorios, pero cuyos efectos podrían resentirse a lo largo del tiempo.

 

Por ahora, las imágenes de la destrucción, la ocupación, el desplazamiento, las personas heridas y las primeras cifras de bajas de los dos bandos son lamentables, tristes y conmovedoras. El problema tiene múltiples aristas y por la misma razón no ha sido nada fácil la toma de posición de las naciones frente al conflicto.

 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), después de tres días de debate, emitió una resolución de 16 puntos. El pasado 1 de marzo la adoptó y como punto número dos quedó asentado que deploraba “en los términos más enérgicos la agresión cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania” (https://undocs.org/es/A/ES-11/L.1). Además, planteó la exigencia de que Rusia pusiera fin de inmediato al uso de la fuerza y se abstuviera de “cualquier otra forma ilícita de amenaza, lo mismo que un retiro inmediato, “por completo y sin condiciones de todas sus fuerzas militares”.

 

La ONU agrupa a 193 naciones, la resolución fue respaldada por 141 naciones (México incluido), 35 se abstuvieron (Bolivia, China, Cuba, El Salvador y Nicaragua, entre ellos), 12 no participaron en la votación (algunos países africanos y Venezuela, entre otros) y cinco se pronunciaron en contra (Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Siria). A pesar de que las resoluciones de la Organización no son vinculantes, crean un cierto consenso y presión mundial en un cierto sentido.

 

Lo sorprendente es que científicos y periodistas científicos rusos, previo a la resolución de la ONU, emitieron una carta abierta con exigencias similares. Según algunos periódicos españoles (elDiario.es) fue Mikhail Gelfand, un bioinformático del Instituto Skolkovo de Moscú, el autor de la iniciativa y en unos cuantos días logró miles de adhesiones, casi cinco mil al final del mes pasado.

 

La carta aparece en un diario digital científico ruso y cuenta con traducción a varios idiomas, el español entre ellos (https://trv-science.ru/es/). El pronunciamiento es una protesta por las acciones militares emprendidas y claramente señala que “La responsabilidad de desatar una nueva guerra en Europa recae enteramente en Rusia”.

 

Porque, dice la carta: “Es obvio que Ucrania no representa una amenaza para la seguridad de nuestro país. La guerra contra ella es injusta y francamente inútil” y hace un llamado para resolver los problemas de forma pacífica. Pero uno de los aspectos más sobresalientes que se hace notar es la consecuencia que tendrán las acciones bélicas para el trabajo académico y científico.

 

Por ejemplo, se asienta en la carta: Al desatar la guerra, Rusia se condenó al aislamiento internacional, a la posición de un estado canalla. Esto significa que nosotros, los científicos, ahora no podremos hacer nuestro trabajo normalmente: después de todo, realizar investigaciones científicas es impensable sin la plena cooperación con colegas de otros países. El aislamiento de Rusia del mundo significa una mayor degradación cultural y tecnológica de nuestro país en ausencia total de perspectivas positivas. La guerra con Ucrania es un paso hacia la nada.

 

Según las mismas fuentes, la carta ha sido respaldada por científicos de múltiples especialidades y algunos de ellos pertenecientes a la Academia de Ciencias de Rusia, la organización de su tipo más importante en esa nación que aglutina a los institutos científicos y a  poco más de dos millares de miembros. Quizás por ahora, cuando el conflicto está en ascenso y la información está contaminada, resulta difícil precisar el respaldo de la carta.

 

Sin embargo, no hay duda de que los acontecimientos tendrán una repercusión, ya la tienen, en la cooperación y en el flujo de personas. El terreno económico es el más sensible a los conflictos entre las naciones, pero el ámbito académico y de investigación también registra con celeridad el cambio de señales, especialmente cuando están involucrados países de altas capacidades científicas y tecnológicas, con importantes niveles de migración o atracción de talentos, o bien, cuando unilateralmente se suspenden los convenios de colaboración en marcha y las respectivas fuentes de financiamiento.

 

Porque no solamente se trata de programas de formación fuera del país de origen y las restricciones o facilidades de tránsito que se puedan instaurar, también está el trabajo de investigación –y de sus resultados—que en buena medida es producto de la cooperación internacional, algunas veces formalizada en convenios y otras tantas, tal vez en su mayoría, a través de relaciones entre científicos que no transitan por instrumentos normativos.

 

Seguramente, los científicos rusos, ucranianos y toda el área del conflicto, están previendo el daño colateral que traerá esta guerra que pocos quieren pero que parece inevitable.

 

Pie de página: El tema de los ventiladores mecánicos apareció de nueva cuenta, la Auditoría Superior de la Federación observó que 650 de ellos no fueron entregados y en el INSABI “está pendiente la aclaración respecto de los pagos efectuados por 1,600.3 mdp para la compra de 2,250 ventiladores” (pág. 23).

Bajan a los fideicomisos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus MilenioNo. 937. Febrero 24, 2022. Pág. 4)

 

Hace un año, al publicar su programa anual de trabajo de la cuenta pública del 2020, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) tenía previsto realizar un estudio sobre los “Fideicomisos Públicos sin Estructura Orgánica” (DOF. 08.02.2021). Nada menos. El órgano fiscalizador examinaría esos instrumentos que operaban distintas dependencias de la administración pública y cuya eliminación quedó justificada por manejos corruptos, discrecionales y opacos. Eso dijo la autoridad.

 

Seguramente por la controversia que desató la desaparición de los fideicomisos, el trabajo de la ASF fue visto como una oportunidad para esclarecer, con información relativamente consolidada y confiable, cómo se había procedido y qué había ocurrido con los recursos financieros. Sin embargo, como recientemente lo anotó Nayeli Roldán, la ASF canceló el estudio correspondiente (Pájaro Político 17.02.2022).

 

¿Es inusual que la ASF omita algunas auditorias? No, no lo es. La Auditoria es un órgano técnico de la cámara de diputados y su función básica es fiscalizar el uso de recursos públicos federales en los tres poderes y también en cualquier entidad o persona que haya recibido ese tipo de recursos.

 

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación le otorga facultades a la ASF para realizar las modificaciones que estime pertinentes a su programa anual de auditorias (Artículo 17). De hecho, cada año, al menos en tres o cuatro ocasiones, a través del Diario Oficial de la Federación, difunde cuántas añadió, cuáles otras dio de baja y qué otras modificó. Anualmente suman alrededor de un millar y medio de fiscalizaciones.

 

El pasado 11 de febrero, la ASF simplemente anunció que daba de baja el estudio sobre los fideicomisos públicos, otro más sobre el “Panorama del Agua en México” y una auditoria sobre la “Gestión financiera de Mex Gas Interancional” (DOF. 11.02.2022). También dio de baja una evaluación de la “Política educativa en el desarrollo económico de México”, especificó que ésta se recalendarizaba, o sea, la hará en otro momento. En cambio, sobre los fideicomisos, el agua y el gas, ni una palabra; solamente los dio de baja.

 

El asunto es relevante porque alrededor de una semana después de aquel anuncio, el 20 de febrero según la ley correspondiente, vencia el plazo para que la ASF entregara el informe general. Es decir, literalmente, al cuarto para las doce, ocurrieron las bajas. Todavía más sorprendente en el caso de los fideicomisos, dado que los informes preliminares de octubre del 2021 de la misma Auditoria, habían adelantado algunas dificultades del Conacyt a ese respecto (ASF. Segunda entrega) .

 

Por ejemplo, uno de los dictámenes hacia notar los problemas para concentrar los recursos financieros de los fideicomisos y canalizarlos a la Tesorería de la Federación, lo mismo que alteraciones en la operación de los fondos, especialmente en el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt-Pronaces) y en la continuidad de los proyectos derivados de los fondos sectoriales y mixtos (Campus No. 923).

 

La entrega de octubre del año pasado era preliminar y todavía restaba la definitiva, la del pasado 20 de febrero, cabía suponer que ahí estaría la información completa sobre los fideicomisos. Ahora resulta que no habrá tal estudio ni informe. ¿O sí existe? Solamente la ASF lo conoce. Lo que sí sabemos todos es la necesidad de indagar qué ocurrió con los fideicomisos.

 

No es un asunto irrelevante, todavía este mes, en su conferencia de prensa del 4 de febrero, el presidente López Obrador dijo que al eliminar los fideicomisos, incluidos los del Conacyt, su gobierno se ahorró 70 mil millones –aunque luego dijo que fueron 60 mil millones. Lo más importante es que insistió en el mismo diagnóstico: “era una robadera grande, en grande” y preguntó: con la eliminación de los fideicomisos “¿en qué se perjudicó al pueblo?” y el presidente mismo respondió: “en nada, porque son aparatos burocráticos, onerosos, costosísimos, y son como otros gobiernos” (04.02.2022)

 

Seguramente son otras las preguntas y otras las respuestas que tienen los que dependían de los fideicomisos, especialmente la comunidad del sector científico, deportivo y artístico, los responsables de las rutinas institucionales y los que tenían su cargo la operación de algunos proyectos de investigación.

 

El presidente prometió en octubre del 2020 que habría auditorias para exhibir la corrupción en los fideicomisos eliminados, a cargo del entonces consejero jurídico de la presidencia. Además, dijo López Obrador, se fincarán las responsabilidades penales del caso y toda la información estará “a más tardar en tres meses” (21.10.2020). No, ni unas ni otras.

 

Lo grave es que, a la fecha, después de casi dos años, no conocemos, en definitiva, cuál es el estatus de los fideicomisos eliminados, cuántos siguen en operación y qué ocurrió  con las actividades respectivas. Ni siquiera sabemos el volumen, destino y retorno de los recursos financieros de los fideicomisos.

 

Ahora el estudio prometido de la ASF solamente está dado de baja y ya. Pero la indagación y  fiscalización siguen haciendo falta.

 

Pie de página: La selección de excátedras y Pronaces sigue incompleta y sin transparencia. Pendientes.

Las reglas de las universidades para el bienestar

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 936. Febrero 17, 2022)

 

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) aprobó sin más un nuevo estatuto orgánico del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) y dice que lo hace “sin prejuzgar sobre cuestiones de legalidad, competencia y demás aspectos” previstos en la ley general de mejora regulatoria (27.01.2022).

 

¿Qué tiene de relevante el nuevo estatuto? En realidad, respecto del anterior, no tiene grandes novedades, salvo que en lugar de contar con cuatro direcciones generales como lo estableció el ordenamiento del año 2020, ahora solamente contará con tres, seguramente por austeridad e insuficiencia de presupuesto. 

 

También incluye que el Consejo Académico solamente será órgano de deliberación, ya no es el “máximo órgano” para esos efectos, su composición de seis miembros externos y cuatro internos también desaparece y se integrará según decida la directora general de las UBBJG. Sin embargo, aparte de esos cambios relativamente menores, vale la pena notar el mecanismo de aprobación de las nuevas normas y la reiterada modificación que ocurre. 

 

La Conamer es una entidad gubernamental, dependiente de la Secretaría de Economía, dedicada a simplificar trámites, mejorar la regulación y transparencia de ese tipo de procesos, su principal finalidad es vigilar que las normas tengan más beneficios que costos para los ciudadanos. 

 

Al iniciar funciones, hace dos décadas, el organismo se denominaba Comisión Federal y a partir del 2018 se le conoce con su nombre actual. Todas las dependencias (sujetos obligados) tienen que remitirle su agenda y propuestas de regulación y, a su vez, la Comisión se pronuncia al respecto.

 

Las propuestas que recibe la Comisión deben incluir un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). O sea, un cálculo de los efectos de la norma a instaurar. Ahí debe precisar si sus beneficios son mayores que sus costos, tales como las cargas administrativas que supone, trámites más o menos severos, restricción o ampliación de derechos, por ejemplo. 

 

Sin embargo, las dependencias también pueden presentar una propuesta de regulación y solicitar una exención de AIR, porque estiman que no tiene ningún costo para los particulares. La Conamer, en tales casos, tiene máximo cinco días para decidir si quedan o no exentas. Eso fue lo que ocurrió con la modificación del Estatuto General de la UBBJG que ingresó el 25 de enero y el 27 de enero quedó exento y aprobado (expediente Conamer).

 

El dictamen consideró que no tenía costos, porque las modificaciones solamente buscaron precisar la organización y funcionamiento del organismo coordinador, tanto como determinar facultades y atribuciones de sus direcciones generales. Sin embargo, sí tiene un efecto en la conducción y prestación del servicio, al restringir y concentrar actividades, como lo muestra la demanda en curso de un centenar de profesores del programa. 

 

La dificultad es que la Conamer solamente juzga el impacto regulatorio, incluso cuando las propuestas incluyen un cálculo de costos y deben permanecer en consulta pública al menos por 20 días; nada dice si es legal o competente esa norma. Además, buena parte de las propuestas solicitan exención y la Conamer solamente se limita a darle cauce, pero al final pasa el trámite. 

 

El problema es que ahora tenemos múltiples ordenamientos secundarios que están en contradicción con normas superiores pero que al aprobarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) adquieren estatus legal. Solamente recuérdese las modificaciones al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), los cambios en el estatuto orgánico de Conacyt o la que acaba de ocurrir con el reglamento de posgrado. Este último, por la visible polémica desatada sobre género no quedó aprobado, pero lo más probable es que hubiera pasado el AIR sin despeinarse, como lo hicieron normas previas, a pesar de los comentarios críticos recibidos en el periodo de consulta pública. 

 

Adicionalmente, también debemos considerar la reiterada modificación de un mismo ordenamiento. Esta es la tercera reforma del Estatuto General de las UBBJG y algunos cambios han sido para regresar a lo que decía su primera versión de 2019, como el número de direcciones generales que debe tener o para concentrar funciones del organismo coordinador. 

 

Algo similar hemos presenciado en las propuestas de reforma, una y otra vez, a una única norma del Conacyt. Incluso en un mismo año han aparecido modificaciones y aclaraciones en el DOF sobre su estatuto y también sobre el reglamento del SNI. Las reglas avanzan, retornan y vuelven a cambiar. A este paso el DOF y los recursos para publicar serán insuficientes. 

 

El cambio continuo de reglas, y en tiempos tan cortos, solamente puede ser indicativo de inexperiencia, arbitrariedad e improvisación en el diseño de las reglas. Y pues sí, un marco normativo inestable y cambiante no es lo mejor para participar y desarrollar las actividades. 

 

Pie de página: A propósito de normas movedizas, en tanto no se modifique el reglamento, una jueza de distrito amparó a tres investigadores de instituciones particulares para que continúen recibiendo el incentivo del SNI. El litigio y los amparos apenas inician y seguramente van para largo. Atentos.

¿Quién es quién en las verdades?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 935. Febrero 10, 2022)

 

El presidente López Obrador, el miércoles de la semana pasada, ante un creciente cuestionamiento del ejercicio y atribuciones de la sección dedicada a exhibir las notas periodísticas falsas o “exageradas”, subrayó sobre la responsable de la sección: “le tenemos toda la confianza, a quien apoyamos y tiene como encargo el revisar sobre Quién es quién en las mentiras de la semana. Son muchos, pero se hace una selección”.

 

García Vilchis tomó la palabra y dijo en primer lugar: “El Universal miente en primera plana para golpear a Conacyt. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha sido una de las instituciones más atacadas desde el inicio de este gobierno. Esto se debe en gran medida a que, en los gobiernos anteriores, el dinero de la investigación científica era para premiar a amigos y empresas con dinero público”.

 

Las palabras corresponden a la narrativa que la autoridad del sector ha sostenido desde el inicio de su gestión. Lo fue cuando disminuyó el presupuesto, también para la aplicación de la política de austeridad, para el recorte en el gasto de operación y para la desaparición de los fideicomisos públicos; lo mismo fue para suprimir organismos o para los cambios en la normatividad, la sustitución de titulares de entidades y otras muchas iniciativas.

 

Sin embargo, salvo la denuncia en tribunales del año pasado sobre científicos y exfuncionarios del Conacyt que fue desestimada en definitiva por un juez federal, no se han aportado pruebas o evidencias que permitan sostener y castigar el desvío de recursos públicos o la corrupción en el organismo rector de la política científica y tecnológica.

 

En fin, García Vilchis continuó con la lectura de su primera nota y añadió que el periódico de referencia había publicado a ocho columnas: ‘Conacyt suspenderá becas por participar en protestas; también por embarazarse’. Y añadió: “Todo eso es falso”.  

 

¿Qué elementos había para tal afirmación? Según lo que destacó la titular de la sección, el periódico no aclaró que las medidas venían de un reglamento de becas anterior, de febrero de 2008, “cuando gobernaba Calderón Hinojosa”. Aunque, en realidad, la fecha correcta es de septiembre de 2008. Además, añadió García Vilchis, el actual reglamento de becas está a discusión abierta en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el Conacyt atenderá todos los comentarios que se han expresado.

 

El problema es que se combinan hechos ciertos con otros que no lo son. Efectivamente, una parte venía del reglamento del 2008, la referente a que los becarios mexicanos en el extranjero o becarios extranjeros estudiando en México, debían abstenerse de participar en manifestaciones o eventos de carácter político (articulo 19 del reglamento. DOF. 10.09.2008). En cambio, la suspensión de beca por embarazo, fue incluida por primera vez en el reglamento de la actual administración, como lo hizo notar en redes sociales la doctora Brenda Valderrama.

 

La polémica sobre el reglamento de becas lo comentamos aquí mismo la semana pasada (Campus No. 934). El punto sobre el que llamamos la atención no fue sobre la falsedad o veracidad de los hechos, sino las fallas en el cambio, aplicación e interpretación de las normas. El reglamento de becas podrá estar a discusión abierta y en el portal de la Conamer, pero eso, en normas anteriores, no ha marcado ninguna diferencia, los proyectos han recibido cientos de comentarios críticos y nada cambiaron, fueron aprobados sin más.

 

Sin embargo, ya no solamente se trata de la incertidumbre e inestabilidad de las normas, la confusión sobre lo que es falso y lo que es verdadero va en aumento. Lo más inquietante es que ya no son los puntos de vista de una persona, titular o no de un medio, oficina u organismo, están implicadas instituciones clave de la sociedad.

 

La carta abierta que envió a la comunidad del sector la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, fechada el 4 de febrero y difundida masivamente tres días después, es perturbadora. El ejemplo que pone como información falsa y manipulada es una carta oficial “que se compartió desde la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM”, sobre los apoyos para posdoctorantes y miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

 

Vale la pena examinar en detalle la carta, tanto como la política de comunicación que lleva a cabo el Conacyt y el gobierno federal todo, lo haremos en una entrega posterior, pero por ahora conviene notar lo obvio: la atribución de manipulación y falsedades está tocando a la puerta del organismo rector de la política científica y tecnológica, la presidencia de la República y la Universidad Nacional.

 

Las universidades están a la cabeza de instituciones más confiables para los ciudadanos --aunque en la medición del 2020 fueron desplazadas por el ejército-- y el Conacyt tiene el acervo de recursos humanos más talentosos y coordina a los centros de investigación científica y tecnológica más importantes. La pluralidad, la divergencia y la crítica son la constante en el ámbito académico, pero la falsedad, el fraude o la manipulación de la información es otra cosa.

 

Sería muy lamentable que las instituciones fundadas en el conocimiento y el saber no se apegan a la verdad o francamente falsean la información.

 

Pie de página: el presidente López Obrador dice que en el movimiento de los normalistas de Ayotzinapa “hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltrada” y que a la mejor ellos ni lo saben. Pendientes. // El nombramiento de funcionarios en el CIDE sigue levantando ámpula.

Conacyt, la maraña normativa

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 934. Febrero 3, 2022. Pág. 4)

 

El órgano rector de la política científica y tecnológica en México, el Conacyt, sumó más desencuentros en el sector, ahora sobre las becas de posgrado y los posdoctorantes. El asunto tuvo amplia resonancia mediática y la polémica se concentró sobre la veracidad o falsedad de lo que intenta poner en marcha la autoridad. Lo preocupante, sin embargo, es que, otra vez, se trata de fallas en la modificación, procedimientos e interpretación de las normas.

 

El tema fue desencadenado por una nota del periódico El Universal sobre el nuevo proyecto de reglamento de becas del Conacyt, básicamente sobre su artículo 20, referido a la suspensión de beca para las embarazadas, en parto o puerperio (27.01.2022: A4). Y ahí comenzó la escaramuza.

 

Algunas posiciones destacaron que era una nota periodística dolosa porque, en realidad, la “suspensión” referida en el proyecto de reglamento intentaba respaldar a las becarias en esas condiciones. O sea, el periodo de suspensión no estaría contabilizado en los estudios, la beca se reanudaría posteriormente y las becarias tendrían mayor y mejor oportunidad de cumplir con todos sus compromisos.

 

Por el contrario, otras posiciones hicieron notar la arbitrariedad de los cambios normativos de la administración y que la palabra suspensión en un reglamento no era la mejor, porque implicaba más bien un castigo. En su lugar, han dicho, bien se pudo utilizar el término “extensión”,  así no habría lugar a equívocos y le otorgaría a las mujeres verdaderas facilidades para continuar o concluir sus estudios.

 

¿Y para qué o por qué cambiar el reglamento de becas de posgrado? Lo hemos dicho aquí en diferentes oportunidades: cada administración gubernamental modifica las normas según sus lineamientos de política sectorial y frecuentemente siguiendo su Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti).

 

El Peciti de este periodo, lo anotamos en este Acelerador de Partículas hace dos semanas, nada dice de un cambio en la política de becas, tampoco sobre una reforma a los estudios de posgrado. ¿Entonces? La directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, desde el año pasado anunció su intención de sustituir el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y, más específicamente, el mes pasado, dijo que habría becas para todo estudiante de posgrado inscrito en una institución pública de educacion superior.

 

Así que un cambio en el reglamento de becas seguramente corresponde a esas intencionalidades. El problema, otra vez, es el quiebre de normas, el diseño improvisado, los procedimientos atropellados y la escasa articulación con el resto de los programas e instrumentos de política.

 

Si el tema de género no fuera tan relevante y la protesta no se hubiera generalizado, seguramente, la norma habría sido aprobada sin más por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Después publicada en el Diario Oficial de la Federación y finalmente aplicada según interpretación de la autoridad.

 

No es ninguna exageración. El portal electrónico de la Conamer tiene el registro de las múltiples y variadas críticas a diversas modificaciones normativas propuestas por el organismo rector en la actual administración. No necesitamos ir muy lejos, ahí están, en la Conamer, centenares de opiniones sobre las modificaciones al estatuto orgánico del Conacyt o a las distintas reformas del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Los proyectos no cambiaron ni una coma.

 

¿Por qué la Conamer desestima las críticas o sugerencias? Fundamentalmente porque solamente analiza el impacto regulatorio de la norma (AIR), no juzga ni se pronuncia sobre la legalidad, contradicción o competencia de la misma, únicamente considera si sus beneficios son superiores a sus costos.

 

Algo parecido ocurrió con los posdoctorantes. La reforma al reglamento del SNI, en su artículo 62, referida a los requisitos para recibir el incentivo, señala que debe “ser personal activo, remunerado y vigente” en alguna Institución de Educación Superior. El asunto es que muchos posdoc no cumplen con ese requisito y, además, no recibieron el incentivo de enero en la fecha prevista. Ahí comenzó la organización de la protesta de los posdoc en las redes sociales.

 

Nuevamente. la autoridad tuvo que aclarar que los apoyos del SNI no serían cancelados o suspendidos y que si no llegaron cuando debían, serían regularizados de forma retroactiva en la primera semana de este mes (Comunicado 31.01.2022). Otra vez, dependiendo de la interpretación de la norma

 

Tal vez si las modificaciones normativas se hicieran considerando la participación de comunidades y órganos colegiados --válido tanto para un reglamento como para una ley general--, seguramente tendríamos mejores resultados. Si la autoridad se empeña en ignorar las circunstancias, terminaremos con una inservible maraña de normas, salidas improvisadas y la repetición de fallas y arbitrariedades.

 

Pie de página: ¿Cómo resolverá el Conacyt las sugerencias para cambiar su reglamento de becas? Pendientes. Por cierto, ¿la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt sigue en suspensión o qué hace?

CIDE: crispación y encono

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 933. Enero 27, 2022)

 

Todavía la semana anterior, luego de posponer la reunión de la Asamblea General de Asociados, máximo órgano del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), parecía que el prolongado conflicto en esa institución podría tener arreglo.

 

Sin embargo, el lunes de esta semana sesionó la Asamblea y quedó claro que las autoridades no estaban dispuestas a moverse un milímetro de su posición inicial: los nombramientos de director y secretario académico van porque van y sí o sí las facultades del órgano interno de la institución quedan acotadas.

 

La Asamblea General está integrada por ocho asociados: la persona titular del Conacyt (preside la asamblea y es considerada como representante del gobierno federal); las secretarías de Educación Pública, Hacienda, Energía y Economía; el Colegio de México; el Fondo de Cultura Económica, y el Banco de México.

 

El acta de la reunión no está públicamente disponible, seguramente en algún punto habrá de conocerse, pero el sentido de los votos rápidamente se conocieron. A favor cinco: Conacyt, Educación, Hacienda, Energía y Fondo de Cultura Económica;  dos en contra: Economía y el Colmex; y una abstención: Banco de México.

 

Sin embargo, la solución probablemente se quedará en el papel, porque seguramente no será nada fácil recuperar la normalidad en la institución, tampoco será sencillo contener la inconformidad en la arena de los Centros Públicos de Investigación (CPI) y su repercusión en el campo académico.

 

Los cambios que se aprobaron, lo anotamos aquí hace un par de semanas (Campus No. 931), con formas y tiempos de operación política debidos, si acaso solamente habrían levantado cejas, porque se refieren a aquellos artículos de procedimiento para la designación del titular del Cide, también sobre los requisitos a cumplir por la persona que aspire a la secretaría académica de la institución y aquellos que otros que regulan las funciones del órgano colegiado interno del CIDE.

 

O sea, en realidad, se trata de modificaciones que corresponden al funcionamiento y gobierno de la institución, usualmente sólo serían de interés para su propia comunidad. No obstante, la reforma cobró otra dimensión porque cambia las reglas de juego para que cuadren con hechos consumados, así que los acontecimientos rebasaron el perímetro institucional, encresparon a estudiantes y profesores y la protesta estuvo al día siguiente de la aprobación en las primeras planas de los periódicos de circulación nacional.

 

El conflicto institucional ya forma parte de la agenda política nacional, porque no solamente incluye cerrar unas instalaciones académicas o bloquear una carretera, también se debe a que las decisiones en marcha parecen tocar el límite. Las medidas y el recorte presupuestal indiscriminado a los CPI del memorando de austeridad de mayo de 2019 están registrados y desde luego el Cide no fue la excepción. A pesar de que es una institución académica tampoco escapó a un injusto tratamiento como entidad paraestatal y menos a la eliminación de los fideicomisos que dejó en la incertidumbre la operación de múltiples proyectos.

 

O bien, la reciente oferta de becas para todos los alumnos de posgrado, incluyendo a los matriculados en los CPI. Ni hablar de la renuncia del anterior director del Cide en agosto del año pasado, el interinato que le siguió y lo que ocurrió en los meses siguientes hasta hoy. Pues sí, el tema está claramente en los pendientes del campo académico y en la lista de agravios.

 

Además, la problemática ha mostrado una amplia resonancia internacional. Probablemente, el respaldo de organizaciones y personalidades de diferentes partes del mundo a la comunidad cideíta se debe al pujante trabajo y vínculos que ha realizado más allá de las fronteras nacionales, pero también porque la arbitrariedad de las decisiones son inocultables.

 

El acta de la reunión extraordinaria de la Asamblea de Asociados del Cide no se conoce, pero la doctora Silvia Giorguli, presidenta del Colmex, una de las instituciones asociadas, dio a conocer la posición que sostuvo en esa reunión (t.ly/6ySX). Los dos primeros puntos son impecables y suficientes para entender la injusticia del caso.

 

Por ejemplo sostuvo que no se podía aprobar una reforma al estatuto orgánico “dado que el procedimiento en sí mismo no cumple con lo que dicho Estatuto señala”. Lo hemos repetido en innumerables ocasiones: se ha configurado un patrón de cambio de reglas en el sector que quiebra o no respeta la jerarquía normativa.

 

La presidenta del Colmex también sostuvo que: “cualquier cambio a la normatividad requiere de la participación previa de los órganos colegiados, tal como está en el Estatuto actual”.  Un principio elemental de cualquier organización académica.

 

En fin, tal parece que era completamente innecesario tanto desatino, crispación y encono, solamente hacia falta algo de sensibilidad académica y política, así como respeto a reglas elementales de juego. El conflicto no está zanjado.

 

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