Fondo de gratuidad: cumplir y diferenciar

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado den Campus Milenio. No. 1048. Junio 13, 2024. Pág. 4) 

 

Un programa preliminar de gobierno para el próximo sexenio está en el documento “Claudia Sheinbaum Pardo. 100 pasos para la transformación”. Ahí están descritos a grandes trazos un centenar de compromisos y también, para cada ámbito de la administración pública, un brevísimo diagnóstico, los avances y las acciones que propone.

 

El documento, lo dijimos aquí la semana pasada, junto con el corte de caja del periodo que está por concluir, anuncia qué podría ocurrir en materia educativa y científica en el nuevo gobierno. Para la educación básica y media superior, lo anticipamos en la entrega anterior, se advierte una línea de continuidad con lo que está en marcha. ¿Ocurre lo mismo para educación superior y para ciencia y tecnología? Más o menos, pero podrían registrarse diferencias.

 

Los compromisos puntuales son cuatro: duplicar de forma progresiva el número de becas para estudiantes universitarios hasta alcanzar un millón, se entiende que la línea base es el número de apoyos que hoy se entregan; b) también duplicar paulatinamente los apoyos para estudiantes de posgrado; c) gratuidad en todos los sistemas públicos de educación superior; y d) hacer de México una potencia científica y de la innovación (págs. 17-20).

 

No suenan nada mal, al contrario. Pero cabe recordar que esos compromisos fueron anunciados en el tiempo de las promesas, al inicio de la campaña electoral. Ahora que ya se saben los resultados, ¿la situación será otra? Podría ser el caso.

 

El principio de realidad es ineludible: la presión sobre los recursos públicos es mucha y las promesas son mayores. No hace falta demasiado cálculo para anticipar que el presupuesto debe ir en correspondencia con la gratuidad de la educación superior y el doble de becas que hoy se otorgan.

 

La administración que está por concluir no quiso o no pudo destinar los recursos suficientes para instaurar el fondo especial de gratuidad para la educación superior. La propia autoridad educativa estimaba que necesitaba poco más de 9 mil millones de pesos para el fondo. Sin embargo, la bolsa entregada no llegó ni a la décima parte de esa cantidad, en consecuencia, no se logró incorporar a cerca de 300 mil jóvenes anualmente y tampoco se alcanzó la meta de cobertura prevista.

 

Actualmente, las perspectivas fiscales no son las mejores, el déficit público para este año casi alcanzará los 6 puntos porcentuales respecto del PIB, el mayor en décadas, y los ingresos petroleros para el año próximo serán menores El gobierno prevé que en 2025 disminuya el déficit a la mitad, cuando las obras emblemáticas de la actual administración estén concluidas.

 

Sin embargo, como hemos visto después de las elecciones, los mercados financieros son altamente sensibles a la posibilidad del cambio de reglas y la incertidumbre permanece latente. A la próxima administración le toca diseñar el presupuesto para el 2025, ahí se verá su capacidad de maniobra y cuáles son sus prioridades.

 

No todo depende de los recursos federales. El documento de los “100 pasos para la transformación” plantea la colaboración de los distintos niveles de gobierno y las instituciones de educación superior para ampliar la cobertura, la instauración del sistema nacional de becas, la gratuidad y la instauración de nuevas universidades públicas (pág. 354).

 

Por cierto, en el documento se registra como avance la “creación de la Comisión Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces). Sí es un avance y, a pesar de su voluminoso número de integrantes, la instancia opera. Pero no es una comisión, su denominación correcta es “Consejo”. Una error menor, salvo porque se trata del principal órgano de consulta y consenso para el desarrollo de la educación superior.

 

Entonces, ¿habrá continuidad o no en educación superior? Las líneas de gratuidad, cobertura y becas se mantienen, incluido el controvertido programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Lo que podría marcar una diferencia es el principal instrumento para hacerlas efectivas: el Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad, un fondo previsto en la Ley General de Educación Superior (artículo 64).

 

Las metas para el año 2030 que están anotadas en el documento son: alcanzar una cobertura bruta de al menos el 55 por ciento y una cobertura neta de 40 por ciento del grupo de edad; ninguna entidad federativa por debajo del 35 por ciento de cobertura neta; y pasar de 51 a 75 por ciento en la tasa de absorción de egresados de media superior (pág. 354).

 

El Fondo Federal Especial no solamente sería la palanca clave para alcanzar las metas, también para cumplir lo que dice la ley. Los distintos órdenes de gobierno y las instituciones educativas pueden sumar esfuerzos, pero sin recursos financieros será imposible lograrlo.

(Quedan por ver las diferencias en el terreno científico y tecnológico, aquí las anotaremos en la próxima entrega)

 

Pie de página: Siintracátedras, el sindicato del exprograma Cátedras Conacyt (ahora Investigadoras e Investigadores por México), denuncia despidos injustificados de algunos participantes en el programa (Aquí se puede enterar: t.ly/2yGQ4)

Transición corta y promesas largas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1047. Junio 06, 2024)

 

La reforma del artículo 83 constitucional del 2014 acortó el periodo de transición gubernamental. Ahora, a diferencia de sexenios anteriores, el lapso es de poco menos de cuatro meses.

 

Los resultados de las recientes elecciones fueron ampliamente favorables para Claudia Sheinbaum Pardo y le corresponderá, por primera vez, un periodo de transición corto. Pero es un lapso razonable para que la administración saliente rinda cuentas y la nueva decida cómo iniciará su gobierno.

 

Si ambas pertenecen al mismo partido político, como ocurre en esta ocasión, el proceso puede ser más sencillo. Porque, cabría suponer, existe una línea de afinidad política entre una y otra. Sin embargo, la transición siempre es algo más complicado que presentar los libros blancos o amoldarse a lo que hay.

 

Los conflictos o las diferencias pueden no trascender públicamente, pero las huellas serán inocultables. Al final, una vez hechas las sumas y restas, la nueva administración tiene en la mesa los pendientes, tanto como decidir qué conservar y qué no de lo realizado.

 

La semana pasada, en este mismo lugar, en la víspera de las elecciones y ante el inminente cierre del periodo de gobierno, dijimos que había que prestar atención a los datos y las fuentes para un eventual balance de la administración. Además, será ineludible establecer la línea base de arranque del periodo y asignar las responsabilidades que corresponden. Los balances ya están sobre la mesa, pero no es suficiente.

 

Falta lo que piensa poner en marcha el nuevo gobierno. Llegará el momento para que presente su Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales. Por lo pronto, para vislumbrar el primer semestre de gobierno, está la declaración de intenciones.

 

El documento más estructurado y que mejor refleja lo que cabría esperar de la próxima administración es el titulado “Claudia Shaeinbaum.100 pasos para la transformación”. Una propuesta difundida al final del mes de febrero de este año y que condensa sus compromisos en las diferentes áreas de la administración pública.

 

La educación y la ciencia forman parte de esos compromisos. Quizás, en este momento, no son las áreas de mayor preocupación, estando como están las cosas con las agencias calificadoras y las especulaciones en los mercados financieros. Pero tampoco pueden ser ignoradas en el periodo de transición ni en la actuación gubernamental.

 

Según el documento citado, el “segundo piso de la transformación” para la educación básica concretará el marco operativo y curricular del nuevo sistema educativo nacional y desarrollará diferentes proyectos de innovación como se indican en la propuesta curricular de la “Nueva Escuela Mexicana” (p. 346).

 

Las acciones son múltiples y muy variadas, entre otras, incluyen infraestructura y equipamiento de escuelas, planteles con horarios extendido y becas. Aunque como única meta cuantitativa para el año 2030 --le denominan métrica-- plantea alcanzar una cobertura universal de becas para educación básica. Sí, el énfasis está en alargar lo ya realizado.

 

Otro tanto ocurre con la educación media superior. Por ejemplo, en materia curricular, plantea fortalecer el Marco Curricular Común, así como impulsar equivalencias y esquemas de portabilidad para el nivel. Pero en este nivel propone dos metas: alcanzar el 85 por ciento de la cobertura bruta y lograr una eficiencia terminal del 73 por ciento, ambas para el final del periodo.

 

Vale la pena indicar que la tasa bruta de cobertura en la educación media ha experimentado una disminución en los últimos seis años. En el 2017 era de 84.8 por ciento, para el 2019 disminuyó a 83.2 por ciento y en el 2022, último dato disponible, fue de 80.8 por ciento. No está fácil añadirle alrededor de un punto porcentual por año a la cobertura; tampoco es imposible. Pero si se cumpliera la meta que promete la nueva administración, la eficiencia sería equiparable a la del 2017.

 

A su vez, la eficiencia terminal en el ciclo 2018-2019 fue de 63.9 por ciento y para el ciclo escolar 2021-2022 llegó 70.2. Es decir, el reto sería incrementar la eficiencia terminal en 3 puntos porcentuales. Tampoco es sencillo, aunque sí está más al alcance.

 

También hay metas comprometidas para educación superior y para ciencia y tecnología. Las examinaremos la próxima semana. Por lo pronto anotemos que para el nivel superior promete alcanzar una tasa bruta de cobertura de al menos 55 por ciento. Pero conviene recordar que la presente administración prometió el 50 por ciento y no, no lo alcanzará. Ya lo veremos.

 

Pie de página: Muchas encuestas y especulaciones sobre el comportamiento de los votantes en las recientes elecciones federales. Pronto estarán los datos duros y podremos tener un mejor conocimiento. // Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, será el coordinador del equipo de transición de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa.

A escrutinio el desempeño público

 

Alejandro Canales

UNAM/IISUE-PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1046. Mayo 30, 2024. Pág. 4)

 

Lo que hizo o dejó de hacer la actual administración gubernamental pronto estará en blanco y negro. Las votaciones serán este 2 de junio y en cuatro meses más iniciará una nueva gestión.

 

Durante los próximos meses, ahora el periodo de transición es más breve, la discusión pública estará en lo que continuará y lo que no, por lo que será inevitable trazar la línea base de la cual partir, tanto como reconocer en dónde se avanzó y en dónde ocurrió lo contrario. Vale la pena prestar atención a las fuentes, datos y responsabilidades.

 

La fuente oficial de datos más desagregada e importante en el sector científico y tecnológico son los informes generales que debe entregar el Conahcyt año con año. Una responsabilidad que no es nueva, lo indicaba la norma anterior y también lo dice la nueva ley.

 

El artículo 63 de la ley vigente establece que el organismo rector de la política debe emitir un informe sobre el estado general que guarda el sector y dar cuenta “del desempeño institucional, los resultados obtenidos y las áreas de oportunidad para el sector” (fracciónXXVII).

 

Sin embargo, a la fecha no hay información actualizada, el reporte más reciente publicado por el Conahcyt corresponde al año 2021 y sus datos se refieren al año previo. Tal vez en los próximos meses aparezca un informe más, pero no parece probable que publique todos los restantes. No obstante, al menos tendría que estar el informe general completo de cierre de ciclo.

 

Otra fuente de datos son los informes anuales del ejecutivo federal. Los voluminosos documentos, esos sí entregados puntualmente al Congreso, contienen información de todas las entidades de la administración pública. El problema es que se trata de datos relativamente agregados, el panorama sirve para los números grandes, pero ahí no aparece el detalle de programas.

 

La difusión de iniciativas y logros es usual en el ejercicio de gobierno, como lo publicado en los informes de gobierno. Sin embargo, no es suficiente para cumplir con la responsabilidad de rendir cuentas. Por ejemplo, un comunicado reciente del órgano rector de la política científica y tecnológica informa sobre los múltiples avances en el sector. Dice, entre otros aspectos, que sobresale la entrega de casi 64 mil 734 becas “entregadas de forma directa y sin intermediarios en el primer trimestre del 2024” (529/2024).

 

Lo notable es que reporta lo ocurrido en la segunda reunión de la Junta de Gobierno del Conahcyt. Esa instancia, así lo establece la ley actual, es la máxima autoridad del sistema científico y tecnológico, la preside la persona titular del Conahcyt y participan una veintena de representantes, entre servidores públicos y de los sectores académico, social y privado.

 

Las responsabilidades y atribuciones de la Junta suman casi una veintena e incluyen todo o casi todo lo que tenga que ver con la gestión del sistema y la operación del organismo, como el presupuesto, el cambio de normas, desde luego las políticas y los programas sectoriales e incluso nombramientos del personal.

 

Los acuerdos de la Junta han sido motivo de interés público, antes lo eran y hoy todavía más porque se conviritió en la instancia de mayor jerarquía, así que existe cierta exigencia por conocer su desempeño. De hecho, en el año 2022, previo a la aprobación de la nueva ley general de ciencia, estaba la propuesta para que tanto el sentido de las votaciones de la Junta, como las actas de las sesiones se pudieran consultar libremente. La propuesta fue aprobada en comisiones, pero rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados.

 

El comunicado actual del Conachyt sobre la Junta añade otra serie de logros, como que ya alcanzó el 95 por ciento de gratuidad en los programas de posgrado de las instituciones de educación superior, un porcentaje de crecimiento en el Sistema Nacional de Investigadores del 53.5 por ciento respecto a los números de 2018, o bien, el monto de financiamiento para proyectos de investigación.

 

El problema es que sin mayor información o puntos de referencia es difícil valorar la actuación de la Junta o las decisiones que ha tomado. Por ejemplo, el anuncio de casi 65 mil becas entregadas directamente, contrasta con lo reportado en el último informe de gobierno.

 

En los anexos estadísticos de último informe se indica que en 2018 el Conahcyt entregó 55 mil 962 becas y para el 2023 fueron 54 mil 928 (pág. 199). Se entiende que las cifras del 2023 del informe son preliminares por su fecha de corte y pueden ajustarse ligeramente al alza pero no de forma desproporcionada. Si no rebasaron las 56 mil becas en todo el periodo de gestión, ¿cómo fue que aumentaron en casi diez mil en el primer trimestre del último año de gestión? ¿Qué tipo de becas son?

 

Tal vez los informes que faltan o los libros blancos nos ofrezcan las respuestas correctas. Llegó la hora de ponderar los resultados y no se podrá evitar el escrutinio público sobre el desempeño.

 

Pie de página: Literalmente, las cartas de apoyo de las principales contendientes a la presidencia de la República están sobre la mesa. ¿Usted ya decidió su voto? Nos vemos el domingo.

Mujeres a las urnas y a la presidencia

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1045. Mayo 23, 2024)

 

Poco, muy poco se ha enfatizado en lo más evidente de este proceso electoral: el papel principal lo tienen las mujeres. La disputa por la narrativa de las próximas elecciones ha sido intensa y cesará, en el mejor de los casos, hasta que se conozca el resultado final, pero las mujeres no han sido el eje principal.

 

El perímetro de la discusión ha sido copado por las promesas, rostros y fallas de las contendientes, tanto como en los números de las preferencias electorales y la seriedad de las mediciones. Desde luego, se ha insistido en que son mujeres las principales candidatas a la presidencia de la República, imposible soslayarlo.

 

Y sí, lo más probable es que sea una mujer la que gobierne a México el próximo sexenio. Hasta ahora esa es una de las pocas certezas sobre el comportamiento de las variables de la contienda. Si se toma en cuenta que las mujeres en México sufragaron por primera vez a mediados del siglo pasado, pasaron años para que ocuparan un escaño y fue hasta 1979 cuando una mujer, Griselda Álvarez, fue electa como gobernadora del estado de Colima.

 

Hoy, 45 años después de la primera gobernadora, dos mujeres se disputan la silla presidencial y una de ellas será la mandataria. La lucha de las mujeres ha sido larga, difícil y pudieron ocupar la titularidad del poder ejecutivo federal desde hace tiempo. No es poco, pero no es todo en este proceso electoral.

 

También es posible que sean las mujeres las que definan la elección del próximo 2 de junio. Según los datos del Instituto Nacional Electoral (INE), son 20 mil 708 cargos que se votarán en la jornada electoral y en su apreciación “el Proceso Electoral 2023-2024 será reconocido como el más grande que ha tenido México” (INE, 2024).

 

La lista nominal del padrón electoral es de 98 millones 329 mil 591 personas. De ese total, en números redondos, 51 millones son mujeres, 47 millones son hombres y 105 son no binarias. No todas las personas de la lista votarán y eso también incluye a las mujeres. Sin embargo, nos podemos dar una idea de cuál podría ser la tendencia si vemos lo que ocurrió en las elecciones del 2018.

 

El estudio muestral del mismo INE, correspondiente a las elecciones del 2018, mostró que, del total de la lista nominal, votaron el 62.3 por ciento (INE, 2018). Algunos estudios sostienen que la participación en el 2024 será mayor, pero también hay otros que sostienen lo contrario, lo más probable es que la cifra sea de alrededor del 63 por ciento, cercana a la votación pasada.

 

Uno de los aspectos relevantes de las elecciones del 2018 fue la mayor participación de las mujeres en ese proceso. Según los datos del INE, una vez transcurridos los comicios, el 66.2 por ciento de las mujeres votaron, mientras que de hombres fue el 58.1 por ciento. Es decir, ocho puntos porcentuales arriba.

 

Además, del total de personas de la lista nominal que no votaron, el 20.2 por ciento fueron hombres y el 17.5 por ciento mujeres. La diferencia de tres puntos porcentuales es menor que la anterior, pero no deja de llamar la atención la mayor responsabilidad que asumen las mujeres. El Instituto dijo en aquel entonces: “Es evidente la mayor participación del sexo femenino en las edades jóvenes y adultas hasta los 64 años”.

 

Actualmente, el país y las condiciones son otras desde aquel julio del 2018. La diferencia no solamente se debe al transcurso de un periodo de gobierno y a la contingencia sanitaria a escala global que tuvimos, también vale la pena recordar que justo a raíz de la pandemia y el confinamiento, se abrió un compás de espera en el movimiento de las mujeres que estaba en plena efervescencia y expansión en aquellos meses. No es un movimiento que se haya frenado o desaparecido.

 

Un dato más sobre la relevancia de las mujeres en el proceso electoral de este 2024. En el reciente y último debate por la presidencia, las mujeres también fueron las que estuvieron más al pendiente de lo que dijeron los aspirantes. De acuerdo con los datos que difundió el INE, de un total de 11.6 millones de personas mayores de 18 años que vieron el debate por televisión, el 55 por ciento fueron mujeres (Comunicado No. 298).

 

El vigoroso movimiento de las mujeres ha sido sostenido a lo largo del tiempo, no es fortuito que una de ellas sea la que tomará la responsabilidad de conducir el país, tampoco que con su mayoría inclinen la balanza de las preferencias electorales. Lo veremos en las elecciones del próximo 2 de junio.

 

Pie de página: El Comité Español de Ética de la Investigación, creado hace poco más de un año, tiene ante sí una de sus primeras pruebas: elaborar un informe sobre el polémico impacto científico de Juan Manuel Corchado, recientemente designado rector de la Universidad de Salamanca. Esta última es una de las universidades más antiguas de España y la indagación es porque al ahora rector se le ha acusado de prácticas fraudulenas de citas y autocitas para inflar su curriculum. Pendientes.

La ley en su laberinto

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1044. Mayo 16, 2024. Pág. 4)

 

El asunto concluirá cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie al respecto, pero la Corte tiene sobre el escritorio más de 300 acciones de inconstitucionalidad acumuladas que debe resolver y el expediente de la ley general de ciencia es uno más.

 

La situación es peculiar con la Ley General en Materia de Humanidades Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI): está vigente desde hace un año, pero la disputa sobre su validez constitucional persiste y todo parece cada vez más enredado. Unos festejan el aniversario, otros exhortan a resolver la impugnación y nada se resuelve.

 

Al inicio, el diseño de la ley ciencia parecía un trámite sencillo que solamente requería algo de capacidad técnica, sensibilidad y ciertas habilidades de operación política. Nada extraordinario. Sin embargo, de mayo de 2019 a diciembre del 2020, un lapso de un año y medio, no fue suficiente para tener lista ley. El periodo lo estableció un artículo transitorio de la reforma del artículo 3º constitucional del 2019, tanto para la ley de educación superior como para la de ciencia.

 

La Ley General de Educación Superior estuvo lista en tiempo y forma. Otro fue el caso con la ley de ciencia. Los conflictos entre autoridad y comunidad fueron recurrentes, las posturas se radicalizaron, el plazo se venció y no hubo ningún acuerdo sobre la nueva ley. Todavía más, se sumaron otros dos años y medio más para acordar la nueva ley, pero tampoco fue suficiente.

 

Al final quedó aprobado el proyecto de la autoridad sectorial y ese es el que está en vigor desde el 8 de mayo del 2023 (DOF 08.05.23). Sin embargo, la inconformidad no desapareció y es una ley que no tuvo ni tiene el consenso de la comunidad. Todavía peor, a la falta de respaldo se añadieron serias irregularidades en el proceso legislativo que llevó a su aprobación.

 

Aquí mismo dimos cuenta de lo que ocurrió en esa atropellada y extendida sesión del Congreso, justo al cierre del periodo de sesiones el año pasado (Campus 1008). De ahí se derivó la impugnación a la nueva ley y la acción de inconstitucionalidad que presentaron legisladores de oposición.

 

Sin embargo, un año después, la Corte no ha dicho nada. Hace dos semanas un despacho de abogados y miembros de la comunidad científica presentaron una excitativa a la SCJN, para “poner de nuevo en la agenda de la Suprema Corte la deliberación de si precisamente la ley es inconstitucional o constitucional” (Milenio 01.05.2024).

 

La autoridad, con independencia de lo que pudiera decir la Corte, organizó un foro para celebrar el primer aniversario de la nueva ley, según dijo, para “ahondar sobre las oportunidades y perspectivas a futuro que envuelven las políticas de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación soberana para el bienestar (HCTI), fundamentadas en dicho marco jurídico que ubica a México a la vanguardia internacional en la materia” (Comunicado 526/2024).

 

En el foro también participó la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien pasó a forar parte de la junta de gobierno del Conahcyt a raíz de lo que ahora dispone la nueva ley general de ciencia. Pidra Ibarra dijo, entre otros aspectos que la norma se presenta “ante la ausencia de políticas públicas efectivas para la promoción y ejercicio del dereho a la ciencia por y para el pueblo, y que han no se han superado por completo los retos de presencia de desinformación o de noticias falsas” (Comunicado 154/2024).

 

La Corte no ha declarado nada, ni sobre la reciente excitativa recibida ni sobre el año que ya transcurrió desde que le fue presentada la acción de inconsttiucionalidad. Incluso tampoco se dio por enterada cuando Santiago Creel, en agosto del año pasado, expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, le solicitó que atendiera el expediente de la ley de ciencia con “carácter prioritario”.

 

El problema es que la Corte tiene 319 casos que resolver sobre acciones de inconstitucionalidad, el de la ley general de ciencia es el número 225 y no hay ninguna certeza de cuando podría hacerlo. La ley de ciencia forma parte de un paquete, pero si fuera por orden de presentación hay un centenar de expedientes antes y el de mayor antigüedad es uno del 2018 sobre límites territoriales entre Jalisco y Nayarit.

 

En fin, si la Corte se pronunciara en las próximas semanas o meses, lo más probable es que deba reponerse el proceso legislativo y seguramente no lo hará esta legislatura con su Comisión Permanente, sino la próxima legislatura a partir del mes de septiembre. ¿Qué harán los legisladores? Eso dependerá del laberinto de integración del próximo Congreso. Y la puerta de salida será uno de los resultados de las elecciones del mes próximo. Nada más y nada menos.

 

Pie de página: Mal inició esta semana: falleció el profesor Olac Fuentes Molinar, un referente indudable en el campo de la educación. Brillante, políticamente muy sagaz, incomparable su sentido del humor y formador de muchas generaciones, la mía entre ellas. Un verdadero maestro. Descanse en paz.

La OCDE… en otras áreas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1043. Mayo 9, 2024)

 

La semana pasada, en la reunión de ministros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México incluido, quedó aprobado un documento sobre crecimiento sostenible e inclusivo. La declaración conjunta sobre el tema fue el motivo central de la reunión, pero también se abordaron otra decena de asuntos, entre ellos la hoja de ruta para la adhesión de Argentina e Indonesia, así como la iniciativa de datos sobre género y otro documento con recomendaciones sobre “Inteligencia Artificial” (AI).

 

Ninguno de los asuntos de aquella reunión ha recibido mayor atención pública. ¿Tienen relevancia? La OCDE, como su nombre lo indica, es una organización para la cooperación económica de sus países asociados, pero no solamente en ese ámbito, también incluye la educación, la ciencia, la salud y otros varios.

 

En general, la organización se dedica a analizar y recopilar datos, asesora en políticas públicas basada en evidencias y establece estándares. Por eso sus recomendaciones, documentos y evaluaciones son relevantes e influyentes. Actualmente la OCDE agrupa a 38 naciones y otra docena de candidatas y asociadas; tiene más de 60 años de existencia. Por cierto, el 18 de mayo de este año se cumplen 30 años del ingreso de México a esa agrupación. Esa es otra historia.

 

A nivel nacional, la OCDE genera interés cuando publica alguno de sus estudios sobre sectores clave del desarrollo y la comparación internacional es inevitable. Sin embargo, salvo las apreciaciones apresuradas para elogiar o denostar, generalmente es una organización que pasa desapercibida para la mayoría de la población, aunque puede ser relevante para la toma de decisiones.

 

La reciente reunión de ministros es contrastante con lo ocurrido en el reciente episodio sobre la ambivalente participación de México en la prueba PISA. Por una parte, México sigue como miembro activo de la organización, ingresó hace tres décadas –antes de que Corea lo hiciera--, ha presidido la reunión de ministros en dos ocasiones, un mexicano la ha presidido y los estudios de corte económico y tributario son su punto de referencia.

 

Por otra parte, al menos el pasado mes de diciembre, cuando se dieron a conocer los resultados más recientes de la prueba PISA, el presidente López Obrador dijo al respecto: “Nosotros no los tomamos en cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia, y desaparecer la educación pública, degradándola… Y esas pruebas son parte de lo mismo, es como si yo tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional" (Versiónestenográfica 06.12.2023).

Los estudios o las evaluaciones de la OCDE no son el único punto de referencia ni necesariamente se debe o se tienen que seguir sus recomendaciones. Sin embargo, no están a la vista las razones de por qué seguir unos estándares en unas áreas y no en otras.

 

Todavía se entiende menos para qué continuar en una organización que sostiene principios con los que se está en desacuerdo, pero al mismo tiempo acepta la vicepresidencia de la reunión. El encuentro reciente fue presidido por Japón, la vicepresidencia fue ocupada por Karien van Gennip, primera ministra de los Países Bajos y Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda de México. Ahí quedó suscrita la “Declaración de la Reunión del Consejo Ministerial del 2024”.

 

La Declaración incluye una condena a la agresión de Rusia contra Ucrania por su “clara violación del derecho internacional y una grave amenaza al sistema basado en normas (punto 3), lo mismo que la adopción de las “Recomendaciones del Consejo sobre Inteligencia Artificial (IA)”.

 

Después de esa reunión, y de múltiples especulaciones sobre la continuidad de México en la prueba PISA, el presidente dijo: “Sí, participamos sin ningún problema. O sea, todo lo que tiene que ver con la educación se apoya. He estado viendo eso, de que hablan de que no vamos a participar, pero sí. No sé en qué consiste” (Versión estenográfica 07.0524).

 

A pesar de que el mismo presidente había dicho lo contrario el pasado mes de diciembre e incluso de que Mejoredu --la instancia nacional encargada de coordinar la prueba PISA-- reconoció públicamente que no tenía facultades para esa tarea, ahora, irónicamente, resulta que el organismo sí tendrá facultades y México sí participará. Habrá que regresar la pasta de dientes al tubo del dentífrico, aunque no quedará igual.

 

En fin, son variados los temas que incluyen los estudios y recomendaciones de la OCDE, valdría la pena explicar públicamente por qué unas áreas o sectores sí son relevantes para las decisiones gubernamentales y otros no. El momento de la política es una de las claves para su comprensión.

 

Pie de página: Al parecer, en definitiva, quedó cerrado el expediente en contra de científicos y exfuncionarios del Conacyt; viene el cambio de narrativa. Lo veremos. // Hubo marcha atrás, porque el director general del IPN la desautorizó, pero fue real la circular de la institución para controlar las posibles entrevistas de su personal a los medios.

¿Fuerza centrípeta en la descentralización?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1042. Mayo 2, 2024. Pág. 4)

 

Al inicio del actual periodo gubernamental parecía que la fuerza descentralizadora en la administración pública sería arrolladora. Sin embargo, paradójicamente, a unos meses de concluir la gestión, se advierte que fue el movimiento contrario: se reforzó la centralización y la jerarquía en las decisiones.

 

El 1 de diciembre del 2018, cuando tomó posesión el presidente López Obrador, anunció como compromiso número 54: “Se descentralizará el Gobierno Federal y las secretarías van a estar ubicadas en distintos estados de la república, porque todo el país es México” (El Economista. 01.12.2018).

 

La idea de descentralizar la administración pública ya la había anticipado el entonces candidato López Obrador desde noviembre de 2017, quedó en ese voluminoso documento que contenía el “Proyecto de Nación 2018-2024”. Ahí proponía poner en marcha un programa de descentralización de las dependencias federales (pág. 275 y ss).

 

En su diagnóstico reiteraba la densidad demográfica de la megalópolis y la alta concentración de la burocracia en la Ciudad de México. Según sus números, en el gobierno federal se desempeñaban casi tres millones de personas, 80 por ciento de ellos ubicados en la ciudad capital. Las posibilidades que ofrecen las “nuevas tecnologías de la comunicación”, decía el Proyecto, permiten que los trámites se puedan realizar a distancia.

 

El plan era realizar una desconcentración gradual del gobierno para que al finalizar el sexenio cada estado contara con una dependecia federal. Planteó, entre otros traslados, que Salud se fuera Chilpancingo; Energía a Villahernosa; Educación a Puebla; Sedesol a Oaxaca; y el Conacyt a La Paz, Baja California Sur. El cálculo era que todo el proceso costaría alrededor de 22 mil 805 millones de pesos, incluyendo estudios, mudanza e infraestructura.

 

Así que, con ese plan, unos meses después, en uno de sus cierres de campaña como candidato presidencial en el norte del país, López Obrador dijo que ya había decidido que el Conacyt estaría en La Paz (El Financiero 19.08.2018). Una vez iniciado el periodo de gobierno, parecía inminente la desconcentración administrativa.

 

La instrucción para las secretarías fue que hicieran sus previsiones e iniciaran los contactos pertinentes. Sin embargo, durante el primer año todo fueron declaraciones y visitas a las entidades federativas. Después, algunas secretarías dijeron que ya tenían instalaciones, otras incluso hablaron de personal administrativo en el nuevo territorio, como fue el caso de Cultura, Educación o Salud. Lo cierto es que no hubo ningún movimiento de proporciones respetables; el tema ni siquiera apareció en el primer informe de gobierno.

 

Después vino la contingencia sanitaria y todo se quedó en veremos. Luego, para el año 2021, se reactivaron las actividades presenciales y los esfuerzos descentralizadores. El mismo López Obrador dijo que la recomendación para sus subordinados fue que no pusieran “un departamento o que sea una especie de delegación en el estado y que se mantenga aquí toda la estructura, que sea pura faramalla, no. Queremos que funcione la secretaría, la institución desde el estado” (14.10.2021)

 

Todavía el año pasado el gobierno federal aceptaba que estaba en proceso la descentralización prometida. Sin embargo, este año ya se dieron por cumplidos los compromisos y el presidente López Obrador dijo que el 99 por ciento ya estaba resuelto, lo restante es el pendiente de Ayotzinapa. Ni una palabra sobre descentralización (Milenio Diario 19.03.2024).

 

El problema es que no solamente se esfumó la fuerza descentralizadora y dejó intacta la concentración de oficinas administrativas, también operó una fuerza centrípeta que reforzó las atribuciones y la jerarquía federal. Eso ocurrió con el ejecutivo federal y luego se desdobló en cada organismo gubernamental. Las conferencias de prensa cotidianas del presidente se transformaron en programas sectoriales paralelos y también en una tribuna de informes de gobierno.

 

El caso del terreno científico y tecnológico es ilustrativo. El nuevo marco normativo ha depositado en la junta de gobierno del Conahcyt prácticamente todas las atribuciones y responsabilidades. La junta es presidida por la persona titular del organismo y en esa instancia se decide la política nacional, la agenda y el curso de todos los programas del sector.

 

Ahora la cadena de mando inicia y termina en la junta de gobierno. No existen más los fondos mixtos para la distribución de recursos para investigación en las entidades federativas y tampoco está la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta última era una instancia de representación de todos los estados para la definición de la política nacional del sector.

 

Así que no solamente la descentralización quedó pendiente, ahora tenemos una mayor concentración de las decisiones y ninguna instancia intermedia tiene cabida. Veremos los resultados.

 

Pie de página: Los vientos universitarios siguen soplando fuerte. Atentos. // Los legisladores aprobaron que el nombre de la UNAM se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor del Senado, pero ya no será en este periodo… se quedará para el siguiente. // Falta el tercer y último debate. Pendientes.