Inteligencia Artificial: ¿quién coordina o regula?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1087. Abril 24, 2025)

 

La regulación de la inteligencia artificial (IA) requiere la coordinación de esfuerzos globales e iniciativas nacionales. Los gobiernos y sus principales instituciones tienen una responsabilidad que no pueden soslayar. Pero ¿qué organismo nacional debería ejercer un liderazgo?

 

Las herramientas y las compañías centradas en la IA han avanzado con rapidez. El interés informático por desarrollar sistemas o programas que realicen tareas que normalmente requerirían de inteligencia humana tiene más de medio siglo, pero desde que la compañía Open AI liberó la herramienta ChatGPT, al final del año 2022, los acontecimientos se han precipitado.

 

La intención de regular a la IA va en aumento, pero no iguala al asombro que provocan sus logros. Especialmente por el impacto laboral que podría tener una automatización intensiva de trabajos que hoy desempeñan profesionales que se consideran altamente competentes, como los abogados, los profesores, los médicos o los ingenieros.

 

Tampoco se han delimitado del todo las implicaciones éticas del uso de la IA, tanto en lo que concierne a la autoría de los productos que se obtienen como por la veracidad de la información que arroja. O incluso por el uso de datos personales, la ausencia de privacidad o los posibles sesgos en el entrenamiento de una determinada IA.

 

La IA ya está en las instituciones escolares y es utilizada para diversos propósitos. Por ejemplo, para establecer rutinas personalizadas de aprendizaje, diseñar materiales didácticos, desplegar series de ejercicios de complejidad creciente, resolver problemas, así como para ofrecer explicaciones temáticas en términos relativamente sencillos.

 

También puede ser útil para realizar traducciones de un idioma a otro en segundos, elaborar y corregir artículos científicos, preparar exámenes o detectar fraudes académicos, entre muchas otras aplicaciones.

 

Sin embargo, como ocurrió en el pasado reciente con la llegada de otros dispositivos tecnológicos a las aulas, la capacidad institucional parece desbordada y no hay ninguna certeza de cómo se podría regular ni de qué forma se podrá aprovechar mejor la IA.

 

El problema es global y no es sencillo de resolver. Desde luego, sobresale la gran dependencia tecnológica que se podría generar y que los grandes corporativos podrían ejercer a conveniencia. También, a nivel individual, habría una delegación irreversible de tareas hacia la IA que, paradójicamente, nos convertiría en seres menos pensantes y prescindibles.

 

Igualmente, como en muchos otros temas, asoma la punta de la desigualdad en el acceso a la IA, tanto a escala de las instituciones como de alumnos y profesores. Algunas instituciones ni siquiera tienen resuelto el tema de la conectividad o sus recursos son limitados. Otro tanto ocurre con la brecha digital entre estudiantes y profesores: algunos tampoco tienen acceso y otros sí lo tienen, pero desconocen cómo integrar las herramientas a sus actividades.

 

La responsabilidad de trazar los lineamientos sobre la IA debe ser colectiva, y debería encabezarla --lo hemos indicado en este Acelerador de Partículas-- el principal organismo encargado de la política científica y tecnológica en el país (Campus Milenio No. 1019). Ese organismo era el Conahcyt y ahora es la secretaría que lo sustituyó: la Secihti.

 

Aunque también podría asumir un papel de liderazgo la Universidad Nacional Autónoma de México, la institución educativa más sobresaliente y que ha hecho avances sobre la utilización de la IA, al menos en lo que concierne al ámbito educativo (2023).  

 

La Universidad Nacional no es la única institución preocupada, la Universidad Veracruzana, el mes pasado, publicó una propuesta de manifiesto sobre el uso de la IA (aquí se puede ver: https://qrcd.org/8Z3Z). Un documento breve para alentar la discusión sobre el tema y que plantea tres áreas de acción.

 

El mismo mes pasado, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la Anuies, la Sep y otras instituciones particulares, presentaron el Observatorio Interinstitucional de Inteligencia Artificial en la Educación Superior en México (Anuies 27.03.25). Una iniciativa que, como sugiere su nombre, busca monitorear qué ocurre con la IA en este nivel educativo.

 

No está nada mal lo que están haciendo las instituciones de educación superior en relación con la IA, pero el ámbito educativo solo es uno de tantos sectores. Es necesario coordinar los esfuerzos y no se puede soslayar la responsabilidad gubernamental. Tal vez sería tiempo de que el tema aparezca en la agenda pública.

 

Pie de página: El Congreso ya aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y ya está publicado (DOF 15.04.23). No hay ninguna modificación respecto de la propuesta que entregó el gobierno federal el pasado 28 de febrero. Ahí se reitera el propósito de convertir a México en una potencia científica y tecnológica. Pero, en realidad, en las líneas de acción se piensa más bien en una potencia tecnológica. Aunque tampoco se ve cómo se podría lograr. Lo veremos // El conflicto entre la Universidad de Harvard y el gobierno de Trump sigue escalando. La forma en la que se resuelva marcará la pauta de las relaciones entre las universidades y el gobierno trumpista en este periodo.

¿Desglobalización académica y científica?

 Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1086. Abril 10, 2025, pág. 4)

 

Todavía hace dos años, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, quedaba patente la importancia de la cooperación internacional en materia científica.

 

Sobre todo porque fue aleccionadora la colaboración que permitió contar con vacunas en tiempo récord, compartir sin restricciones información técnicamente confiable, y destacar la relevancia del conocimiento científico para tomar decisiones y contender con problemas de escala mundial.

 

Sin embargo, parece que rápidamente todo quedó atrás. Hoy la geopolítica levanta barreras para la cooperación que no estaban antes, traza límites a las libertades y el financiamiento se restringe. El epicentro está localizado en los Estados Unidos, pero sus ondas expansivas podrían extenderse a todas las regiones.

 

Las restricciones para la movilidad académica se hicieron notar desde el primer periodo de gobierno del presidente Trump. ¿Lo recuerda? El endurecimiento de requisitos para obtener una visa de estudiante en el 2017, el veto a algunos países para otorgarles visas de trabajo a personal altamente calificado, o la amenaza de expulsión a los dreamers.

 

Únicamente la intervención de las grandes compañías tecnológicas estadounidenses atemperó el asunto. Después vino el confinamiento mundial provocado por la pandemia: los convenios de cooperación se quedaron en pausa y lo mismo ocurrió con los becarios de posgrado. El flujo de personas entre naciones se ralentizó y, actualmente, persiste el uso intensivo de medios virtuales.

 

Pero el verdadero punto de inflexión podría venir ahora. El presidente Trump ha dispuesto medidas sorprendentes para el ecosistema académico y científico. Por ejemplo, el anuncio de recortes al financiamiento a proyectos de investigación que no son prioritarios en los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) (Nature 06.03.2025).

 

O bien, la firma del decreto para eliminar el Departamento de Educación porque -dijo el presidente Trump-, ha gastado tres billones de dólares en cuatro décadas y no ha entregado nada a cambio (20.03.2025). O la orden más reciente para reducir de forma drástica el personal del Wilson Center, un Centro dedicado al intercambio de política internacional. 

 

No es fortuito que casi dos millares de científicos de las academias nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina -las más importantes de los Estados Unidos- hayan emitido un pronunciamiento público para advertir el peligro que se cierne sobre el sistema científico y tecnológico de ese país.

 

Por ejemplo, anotaron: “Vemos un peligro real en este momento. Tenemos creencias políticas diversas, pero estamos unidos como investigadores en la defensa de la independencia de la investigación científica. Estamos enviando esta señal de alerta (SOS) para advertir con claridad: la estructura científica del país está siendo desmantelada” (31.03.2025).

 

¿Todo lo anterior significa que llegó el fin de la internacionalización académica y científica? No necesariamente. No todo está atado la actividad científica y el intercambio con los Estados Unidos. Las fuerzas políticas en el campo científico y académico son distintas a las que operan en la política más amplia, pero es evidente que se entrecruzan y no pueden permanecer indiferentes. Una nueva formación de bloques regionales reordenará los lazos de cooperación entre países.

 

La interconexión mundial es comandada por los recursos financieros y luego se refleja en otros componentes. En los años noventa, cando se comenzó a hablar de globalización, la punta más visible fue la financiera, por la movilidad sin restricción de los capitales, las cifras de inversión extranjera o las operaciones bancarias globales. Después vino la inmediatez de la comunicación a cualquier parte del mundo por las tecnologías disponibles, también apareció la preocupación compartida por la ecología o el flujo de personas.

 

El anuncio realizado por el presidente Trump el pasado 2 de abril sobre nuevas medidas arancelarias para todo el mundo -se renegocien o no-, tendrá hondas repercusiones en todas las naciones y le seguirá un ajuste en los vínculos de cooperación en las diferentes áreas de interés público.

 

Tal vez la globalización, como interconexión e interdependencia entre todos los países, no desaparecerá, pero ahora los vínculos claramente dependerán de las definiciones que imponga la geopolítica. Lo más probable es que veamos cómo los ámbitos académico y científico limitan sus zonas de intercambio.

 

Pie de página: Los lineamientos para la regulación de los alimentos chatarra fueron emitidos en la administración anterior (DOF 30.09.2024). Pero, en un artículo transitorio, se dispuso que las escuelas, incluidas las universidades, tenían 180 días para ponerlos en marcha. El plazo se cumplió la semana pasada; resta por ver su implementación. Sin embargo, para las universidades hay una resolución de la Corte que dispone que a la población adulta no se le pueden prohibir los alimentos chatarra. Atentos.

La intermediación en el posgrado

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1085. Marzo 28, 2025, pág. 4)

 

El gobierno anterior, anotamos en este Acelerador de Partículas la semana pasada, cambió de forma notable la organización del posgrado nacional. Al igual que ocurrió en otros sectores y otros programas, la administración federal concentró las decisiones, canceló los apoyos para el sector privado y, muy importante, suprimió la participación de organismos intermedios en la conducción de los programas.

 

El principio para la gestión anterior era el establecimiento de una relación directa entre el gobierno y los gobernados, como lo expresó el entonces presidente López Obrador. La propuesta del ejecutivo federal fue impulsar una reforma administrativa para eliminar los organismos autónomos (AMLO 29.04.2021)

 

La reforma administrativa la presentó posteriormente como parte del polémico paquete de 20 reformas (18 constitucionales y dos legales) del 5 de febrero del 2024, aprobadas al final de ese mismo año y que hoy todavía están en proeso de implementación. El gobierno federal la llamó “simplificación orgánica” e incluyó la eliminación de siete organismos, bajo el argumento de que duplicaban funciones (Gaceta Parlamentaria 6457, 05.02.2024)

 

Algunos organismos son autónomos, aunque pronto ya no existirán, como el Inai, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Pero otros son organismos descentralizados, como Mejoredu o el Coneval, o bien órganos reguladores, como las Comisión Reguladora de Energía o la Nacional de Hidrocarburos. También serán eliminados.

 

Sin embargo, en el sector científico y tecnológico, no fue necesaria la aprobación de una reforma constitucional para la eliminación de los organismos intermedios. Simple y sencillamente, la autoridad del sector cortó toda relación y financiamiento con las instancias que formaban parte de la arquitectura institucional, como las academias, los consejos, las redes y ni mencionar al Foro Consultivo. Las decisiones quedaron concentradas en el gobierno federal.

 

Incluso, las reuniones y los lazos con la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología también fueron suspendidos. La Conferencia era una instancia que reunía a las personas titulares de los consejos estatales de ciencia para la deliberación e implementación de las iniciativas a nivel nacional.

 

El posgrado tampoco escapó a la dinámica de jerarquización de las decisiones y establecimiento de relaciones directas. Lo anotamos la semana pasada: se instauró un Sistema Nacional de Posgrado (SNP) sin justificación técnica y sin criterios de integración. Eso sí, las becas de posgrado serían entregadas de forma directa.

 

Ya no hubo mediación de las personas titulares de las instituciones de educación superior, ni tampoco de sus respectivas coordinaciones de posgrado. Tal vez no hace falta recordar las expresiones de inconformidad y el caos desatado entre los aspirantes a una beca, las instituciones y el entonces organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas.

 

El gobierno anterior emitió los lineamientos del SNP (DOF 16.08.2023), donde finalmente se definieron, entre otros aspectos, las categorías de clasificación de los programas de posgrado, los requisitos que deberían cumplir, fueran instituciones públicas o privadas para obtener becas, así como la transición de una década para que esas mismas instituciones, si quieren que sus estudiantes reciban el apoyo, no cobren colegiaturas o pagos equivalentes.

 

Ahora, al inicio de este mes, la actual administración publicó nuevos lineamientos para el SNP. En realidad, respecto de los anteriores, no hay variación en los principios, las categorías de programas, en los requisitos para la asignación de las becas y en su propósito de que para el año 2033, solamente se otorgaran becas a las instituciones que no cobren cuotas.

 

Sin embargo, sí hay algunos ajustes para los programas y las responsabilidades. Por ejemplo, a los requisitos solicitados a los programas orientados a la investigación, le añadió que cada profesor de estos programas “atienda a un máximo de cinco estudiantes en la dirección y/o codirección” (Artículo 8, fracción III). Una acotación importante porque profesores de algunos posgrados tienen 20 o 30 estudiantes y más bien no atienden a ninguno.

 

Pero quizás la modificación más importante está en las responsabilidades que los lineamientos les añaden a las coordinaciones de los posgrados. El artículo 15, por ejemplo, le suma más tareas, entre otras: la notificación inmediata a los beneficiarios de becas de la modificación en las condiciones de la beca; informar sobre la retribución social de los becarios y conservar la evidencia documental; resguardar los expedientes de los becarios; dar seguimiento a los becarios; informar a los becarios sobre sus trámites ante el SNP. Y, desde luego, habrá sanciones si las coordinaciones incumplen esas tareas (Artículo 16).

 

Es decir, tal parece que ahora se advierte que los organismos intermedios sí tenía una función y no fue una buena idea suprimirlos. Retornan, pero bajo nuevas condiciones.

La (des)organización del posgrado

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1084. Marzo 20, 2025)

 

La administración anterior modificó la organización de los posgrados en México. Sin embargo, fue una medida improvisada y técnicamente deficiente, espoleada no por un diagnóstico riguroso, sino por motivaciones ideológicas. Y, como ocurrió con muchas otras iniciativas, las justificaciones se elaboraron sobre la marcha; los efectos fueron y son controvertidos.

 

El gobierno federal, en el periodo 2018-2024, insistió en que los gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales, habían privilegiado el interés privado y transferido cuantiosos recursos líquidos, en detrimento del interés público. Así que se planteó otorgarle un mayor respaldo gubernamental a los programas de instituciones públicas y suprimir el apoyo a las instituciones particulares.

 

Una narrativa que prevaleció para todos los programas en el sector científico y tecnológico, aunque no solamente en ese sector. En realidad, fue un lineamiento general para toda la administración pública y se reflejó en una concentración de las decisiones, la eliminación de los organismos intermedios y la cancelación de apoyos al sector privado.

 

La forma de organización del posgrado, hasta el primer semestre del año 2021, era a través del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Esto es, como lo indicaba su nombre, un listado de programas de posgrados en distintas categorías conforme nivel de desempeño y consolidación, un mecanismo para diferenciar los programas y la correspondiente asignación de becas.

 

Los programas que pertenecían al Padrón, ya fueran de instituciones públicas o privadas, tenían distintos beneficios. Uno de los más sobresalientes era el aseguramiento de beca para todos los jóvenes que se matricularan. Por el contrario, los programas fuera del PNPC no recibían ningún apoyo.

 

Sin embargo, en el año 2021, la autoridad del sector, en comunicado público, informó que sustituiría el PNPC para “transitar hacia un modelo de formación e investigación en posgrados con mayor solidez epistemológica, rigor científico e incidencia social, acorde con la transformación que vive el país” (Comunicado 226/2021). En aquel momento no informó qué modelo sería ni cómo operaría la sustitución.

 

Tal vez tampoco lo sabía la propia autoridad, porque al año siguiente, en el 2022, solamente mencionó que se creaba el Sistema Nacional de Posgrados (SNP), pero no especificó qué criterios utilizaría para integrar ese sistema. No obstante, sí modificó el reglamento de las becas y estableció nuevos lineamientos, entre ellos, la entrega directa de becas –sin intermediación de un Padrón o de cualquier otro organismo-, el fomento al posgrado público, rechazo a los posgrados profesionalizantes y a las evaluaciones cuantitativas.

 

Las señales cambiaron para los jóvenes aspirantes a estudiar un posgrado. La dificultad  mayor fue que no estaba claro cuál era el modelo de posgrado que entraría en operación y los jóvenes no tenían ninguna certeza de si el programa en el que querían matricularse recibiría o no becas gubernamentales.

 

A su vez, la autoridad tampoco tenía claro cómo agrupar los miles de programas de posgrado en México para la distribución de las becas. No existían criterios precisos para distinguir y explicar públicamente cuáles programas se podían agrupar en la categoría de investigación y cuáles como profesionalizantes, salvo que debían ser programas acreditados por la SEP o  la diferenciación entre programas del sector público y los del privado.

 

Los jóvenes estaban en la incertidumbre porque desconocían en qué categoría estaba el programa de su preferencia y si era más factible que obtuvieran una beca en un área disciplinaria o en otra. La decisión sobre la agrupación de los programas y de quiénes recibirían beca, quedó en manos de la Junta de Gobierno del entonces Conahcyt. Sin embargo, los aspirantes no estaban conformes y las protestas públicas no se hicieron esperar. Incluso, la incertidumbre y la inconformidad también se extendió a los directivos de algunas instituciones de educación superior.

 

Al final, el antiguo Conahcyt emitió los lineamientos generales del SNP, incluyó las categorías de clasificación de los programas y el mecanismo de asignación de becas (DOF.16.08.2023). Sin embargo, la controversia sobre la organización del posgrado no quedó zanjada, tampoco la distribución de responsabilidades ni los criterios para la asignación de las becas que continuó depositada en la Junta de Gobierno. La organización del posgrado estaba trastocada.

 

Ahora, la actual administración, emitió unos nuevos lineamientos. Los principios y las bases de organización no cambiaron, persisten las del período anterior, aunque incluye mayores responsabilidades para las coordinaciones. Las modificaciones las examinaremos aquí en la próxima entrega.

 

Pie de página: A propósito: La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación pagará becas a alumnos de posgrado del Cinvestav, pero no habrá para todos (Animal Político. 11.03.2025).// Lo inaudito: La profesora Martha Rodríguez, asesora de la ministra Yazmín Esquivel, cuya tesis fue señalada de plagio, logró una sentencia condenatoria por daño moral en contra del exrector Enrique Graue y del director de la FES-Aragón  Fernando Macedo (La Silla Rota 17.03.2025).// El Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), ante la próxima e inminente desaparición de esa Comisión, envió un pronunciamiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para solicitarle, entre otros aspectos, que no se afecten los derechos laborales del medio millar de trabajadores.