LECCIONES DE LAS TIC

En el año 2000, cuando se abría el horizonte del nuevo siglo y las transiciones en México todavía eran una promesa, parecía probable mejorar el sistema educativo. En ese entonces, el gobierno mexicano depósito en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) las esperanzas para impulsar los servicios públicos –el educativo incluido— y el bienestar de la población. Hoy, una década después, a las TIC ya no se les llama “nuevas” (antes se decía NTIC), pero en el ámbito educativo, tras ensayos costosos e inútiles, todavía no sabemos bien a bien qué hacer o cómo utilizar las TIC en los salones de clase. Tal vez, como sugiere un estudio del BID que se publicará próximamente, convendría no descuidar lo esencial: el papel del maestro.

La idea de llevar las TIC a los salones de clase, a gran escala, comenzó en la administración anterior. A través de Enciclomedia, un programa que arrancó en el 2004, se buscó equipar a 20 mil aulas de quinto y sexto grado de primaria con una computadora, un proyector y un pizarrón interactivo. El contenido digitalizado de los libros de texto de esos grados era proyectado en pantalla y los niños podían revisar y/o enlazar el contenido con información más amplia (fotos, películas, visitas virtuales, etcétera). La idea subyacente era que tal experiencia generaría un aprendizaje más constructivo en los niños.

Las autoridades educativas, hacia el final del sexenio anterior, consideraron que Enciclomedia era el programa ideal y sin mayor debate dispusieron su expansión a todas las aulas de quinto y sexto grado de primaria del país y a la educación secundaria. Miles de aulas, cientos de miles de equipos y miles de millones de pesos involucrados. Sin embargo, a la par del crecimiento de la iniciativa comenzaron a aflorar los problemas: la distribución del equipo, los proveedores beneficiados, la capacitación para manejar el programa, los procesos de licitación, el mantenimiento del equipo, la licencia del uso de software y, sobre todo, el impacto del programa en el aprendizaje de los niños.

Los cuestionamientos a Enciclomedia fueron en aumento. No obstante, el programa continuó su operación, dada la firma de contratos multianuales que comprometieron recursos y extendieron su vigencia hasta el actual sexenio. En el 2008, con ciertas vacilaciones para determinar qué hacer con todo el equipo de Enciclomedia que está en las aulas y qué camino seguir para llevar las TIC a los salones de clase, las autoridades educativas anunciaron que habría una transición hacia un nuevo programa: Habilidades Digitales para Todos (HDT).

El nuevo programa, con ciertas ambigüedades sobre el modelo a seguir, también se propone contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica a través de la utilización de las TIC en los salones de clase. Según el tercer informe de gobierno, en el ciclo escolar 2008-2009 inició una fase experimental del Proyecto Aula Telemática (salones de uso exclusivo con computadoras o salones de clase equipados con computadoras) en una muestra de 200 escuelas secundarias, también se capacitaron a 1 mil 400 docentes y se distribuyeron 779 millones de pesos “para apoyar el desarrollo de los 32 Programas Estatales de Habilidades Digitales para Todos” (p. 476).

En el más reciente informe de gobierno, el de septiembre del año pasado, se advierte que se entregaron 345 millones de pesos a las entidades federativas para integrar HDT, equipar y conectar 1 mil 325 aulas de secundarias generales --las cuales se sumaran a las 2 mil 775 ya existentes— y tienen previsto capacitar y certificar en el uso didáctico de las TIC a poco más de medio millón de profesores de educación básica entre este y el siguiente año (p. 455).

Es decir, el actual programa escala en sus dimensiones y nuevamente están involucrados cientos de miles de equipos y miles de millones de pesos. La experiencia con Enciclomedia, aparte de la necesaria transparencia en los procesos de licitación, debiera ser suficiente para mostrarnos que equipar aulas o alumnos no garantiza una mejora en el aprendizaje si no se acompaña de otros elementos. De hecho, sigue siendo materia de debate el efecto de las TIC en el ámbito de la educación.

El próximo mes el BID publicará un estudio (Development connections. Unveiling the impact of new information technologies) en el que presenta los resultados del empleo de las TIC en seis diferentes áreas sociales en América Latina y el Caribe, entre ellas en educación. Uno de sus principales hallazgos es que del total de proyectos educativos valorados, una proporción relativamente pequeña (14 por ciento) realmente se ha beneficiado del uso de las TIC. Y una de sus principales conclusiones es que habrá resultados escasos si no se atiende la capacitación de los profesores y el uso del software. Parece obvio: los dipositivos tecnológicos por sí mismos son insuficientes para mejorar la calidad educativa. ¿Es tan difícil de entender?

(Publicado en Campus Milenio No. 412. Abril 28, 2011)

CyT: LÍNEA DE CONTINUIDAD

El programa de incentivos fiscales para incrementar la inversión privada en las actividades científicas y tecnológicas se pondrá en marcha nuevamente. Seguramente será hasta el año próximo cuando entre en operación; probablemente continuará más allá de este sexenio. El pasado 6 de enero, el director de Conacyt, Enrique Villa Rivera, sostuvo una reunión con la comisión de ciencia y tecnología de la cámara de diputados. Fue un encuentro de presentación del actual director del organismo con los legisladores, aunque también anunció la principal idea que tiene para lo que resta de esta administración. Hace poco más de un mes que el actual titular de Conacyt tomó posesión del cargo, tiene este y el próximo año de gestión pero, para efectos prácticos, solamente podrá impulsar alguna iniciativa diferente el año siguiente, junto con el diseño del presupuesto del 2012, los recursos de éste ya están comprometidos. En la reunión con los legisladores, Villa Rivera presentó un panorama general del estado que guarda la ciencia y la tecnología en nuestro país, destacando la insuficiencia del nivel de inversión en el sector y la necesidad de destinarle mayores recursos. El director de Conacyt les solicitó a los diputados que, como marca la ley, el presupuesto para las actividades científicas y tecnológicas debiera alcanzar el 1 por ciento del PIB. La disposición normativa que señala el monto de recursos para ciencia y la tecnología está vigente desde el 2004, pero el volumen de recursos que año con año aprueban los mismos diputados, apenas alcanza la mitad de lo previsto en la ley, así que no parece irrelevante recordarles a los legisladores, en su propio recinto, que son los primeros en incumplirla. Obviamente, los diputados de la comisión saben que están en falta, con un peso relativamente escaso en la dinámica de negociación parlamentaria, sujetos al proceso de negociación del presupuesto global anual en donde y en donde no figura el sector como prioridad para las fuerzas políticas representadas en el Congreso. El otro aspecto importante que dijo el director de Conacyt en la reunión es que buscará impulsar de nueva cuenta el esquema de incentivos fiscales para incrementar la inversión de las empresas en actividades científicas y tecnológicas. Según indicó, es un mecanismo de apoyo que permitirá aumentar los recursos y permitir la innovación en el sector empresarial. Lo notable del caso es que la idea de restaurar el programa de incentivos no es propiamente una novedad ni tampoco fue formulada originalmente por el actual titular de Conacyt. El punto, como lo comentamos aquí hace poco más de un mes, figura en la agenda de la comisión de ciencia y tecnología de los diputados de esta legislatura y la intención de ponerlo en marcha fue difundida poco antes de que abandonara el cargo el anterior director de Conacyt. El programa de incentivos fiscales para empresas, como también lo hemos comentado en repetidas ocasiones este espacio, recibió un fuerte impulso en la administración de Vicente Fox, pues aunque era un mecanismo previsto en la ley con anterioridad, enfrentaba múltiples dificultades para hacerlo efectivo. El caso es que a partir del 2002, bajo nuevas reglas que incrementaron el porcentaje a deducir, los montos de incentivo fiscal se incrementaron pulatinamente y pasaron de 500 millones de pesos a 4 mil 500 millones de pesos en el 2008. En el 2009, tras una supuesta evaluación internacional y la discusión del prespuesto de egresos de la federación para ese año, el programa dejó de funcionar. La crítica principal para suprimir los incentivos fiscales fue que: los beneficios los recibían empresas transnacionales o grandes, no las empresas nacionales. Tal vez en previsión de las críticas que podría despertar nuevamente el mecanismo de los incentivos, el director de Conacyt, al anunciar la idea de restablecerlo destacó que: “Tener empresas exitosas que innovan y son más competitivas significa para el país generar recursos adicionales. Si tenemos un sector empresarial, sobre todo de micro, pequeñas y medianas empresas fuerte, sólido y consolidado, vamos a generar empleos, fortalecer la economía y generar impuestos, y éstos van a generar un círculo virtuoso para fortalecer el gasto público, el cual va a educación, ciencia y tecnología. Por eso tenemos que apoyar a las empresas”. El programa de incentivos fiscales para empresas es uno de mecanismos usuales en la mayor parte de naciones para incrementar los recursos para las actividades científicas y tecnológicas, así que no debiera extrañar que se intente nuevamente su instaruación. Seguramente se han hecho, o se harán, los ajustes correspondientes a las normas de operación del programa para evitar la concentración de los beneficios en unas cuantas empresas. Ya lo veremos el año próximo. Lo que no deja de llamar la atención es la continuidad en el ajuste normativo del sector, pese a la inestabilidad en la titularidad del organismo rector de las polìticas científicas y tecnológicas.

(Publicado en Campus Milenio No. 411. Abril 14, 2011)

UN MAYOR NIVEL DE CALIFICACIÓN ESCOLAR

Desde el México independiente a la actualidad el esfuerzo del Estado se ha concentrado en tratar de mejorar las oportunidades educativas y, sin embargo, hoy apenas cubrimos lo básico. Todavía menos logramos que un mayor número de estudiantes alcancen el nivel de posgrado.

Hacia el comienzo del siglo XX, según las cifras censales de entonces, la nación contaba con una población de poco más de 14 millones de personas y el 78.5 por ciento de ese total no sabía leer ni escribir. No existen cifras precisas ni completas sobre el número de planteles escolares en esa época, tampoco de la matrícula --las pocas estadísticas se concentraban en la escuela elemental y en la ciudad capital--, pero el indicador de analfabetismo mostraba la precariedad educativa de la mayoría de la población.

A lo largo del siglo pasado, el avance fue notable en la disminución del índice de analfabetismo, en el incremento de la matrícula escolar en todos sus niveles y también en el crecimiento de la población. Sin embargo, la mejora del promedio de escolaridad no ha sido suficiente.

En 1950 el total de población mayor de 6 años en México sumaba poco más de 21 millones, de los cuales 9.2 millones eran analfabetos, esto es, alrededor del 44 por ciento del total. El porcentaje era considerablemente menor respecto del inicio de siglo, resultado de iniciativas y las campañas contra el analfabetismo, aunque todavía era un gran desafío.

En el mismo año de referencia, la educación primaria concentraba el mayor volumen en el sistema educativo nacional con una matrícula de poco más de 3 millones, la media superior apenas alcanzaba la cifra de 37 mil estudiantes y la superior 30 mil estudiantes. La cobertura de esta última en el grupo de edad (19 a 23 años) era de alrededor del 1 por ciento; representativo de las escasas oportunidades para la mayoría de los jóvenes de entonces.

La segunda mitad del siglo XX trajo un crecimiento todavía más explosivo de la población (casi se cuadruplicó respecto de 1950) y una mayor presión por un lugar en los planteles escolares. Nuevamente mejoraron los indicadores educativos, pero no lo suficiente para abatir el analfabetismo, asegurar la educación obligatoria y todavía menos para alcanzar estándares internacionales en los niveles subsecuentes.

A pesar de que se creó una institución dedicada a la educación para adultos en 1981 (INEA) y luego, en el sexenio de Vicente Fox, se creó otra más (el Conevyt) para impulsar acciones coordinadas para ese grupo de población, lo cierto es que no cumplieron las expectativas y persistió el problema del analfabetismo.

Según las más recientes cifras del Censo de Población 2010, el porcentaje de población mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir en México es de 6.8 por ciento, lo que representa un total de 5 millones 400 mil personas analfabetas. Es decir, en comparación con los porcentajes que aparecían al inicio del siglo XX, no cabe duda de que se invirtió la proporción entre analfabetas y alfabetizados, pero también que el analfabetismo es un problema que todavía no resolvemos hoy en día.

Tal vez uno de los mayores logros se ha producido en la educación primaria obligatoria. Desde la última década del siglo pasado, se considera que ya alcanzó una cobertura universal, puesto que su porcentaje de atención estaba por arriba del 95 por ciento y, de acuerdo al más reciente informe de gobierno, a partir del ciclo escolar 2009-2010 es de 98 por ciento.

La educación secundaria, obligatoria desde 1993, terminó el siglo pasado con porcentajes de atención de alrededor del 84 por ciento y apenas al final de la década reciente alcanzó porcentajes de 95 por ciento del grupo de edad.

Es decir, sin contar con los tres años de preescolar que constitucionalmente también son obligatorios, así como los rezagos y contrastes que persisten, el mayor progreso del siglo anterior se dio en cumplir con la oferta en educación básica.

Las cifras del Censo de Población 2010 revelan la magnitud de los desafíos que todavía nos aguardan. Además de los cálculos sobre cobertura en educación media superior y superior que en estas mismas páginas de Campus han destacado otros colegas, también vale la pena señalar que apenas poco más de 13 millones del total de personas mayores de 18 años en el país cuentan con educación superior.

Las cifras del posgrado son más desalentadoras. De acuerdo a los datos del Censo reciente, en el país existen un total de 63.4 millones personas de 22 y más años, de las cuales 759 mil 208 tienen estudios de maestría y 138 mil 379 de doctorado. Esto es, un total de 897 mil 587 personas cuentan con estudios de posgrado, lo que representa 1.4 por ciento del total de las personas de más de 22 años.

La presión demográfica obligó a un mayor esfuerzo educativo en la pasada centuria para alcanzar lo elemental, pero ahora, sin duda, como país, debemos ampliar y acelerar las oportunidades educativas.

PILAC: COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN AMÉRICA LATINA

Uno de los principales acuerdos de la reciente reunión de titulares de ministerios de ciencia y tecnología de la región fue impulsar la iniciativa: “Políticas de Innovación en Latinoamérica y el Caribe (Pilac). Se trata fundamentalmente, según los participantes en el encuentro, de un mecanismo de diálogo para coordinar políticas sectoriales y en el cual participaran expertos en políticas de innovación. Todavía no están disponibles los documentos oficiales, pero sorprende la escasa continuidad formal de este tipo de foros. El encuentro reciente, celebrado del 23 al 25 de este mes en Guanajuato, México, bajo la coordinación de Conacyt, congregó a representantes de 19 países de la región y se denominó: “Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de América Latina y el Caribe” (Boletín Conacyt 31/11). Los encuentros de ministros son apoyados por la Organización de los Estados Americanos (OEA), particularmente por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) que incluye las secciones y departamentos correspondientes del organismo. El respaldo es para elaborar de forma preliminar el documento de declaración oficial que se emitirá, su consecuente plan de acción y parte de la logística de la reunión. De acuerdo a la sistematización realizada por la OEA, a la fecha se han realizado dos reuniones de ministros de la región en materia de ciencia y tecnología, la primera fue en Lima, Perú, en noviembre del 2004, y la segunda en la Ciudad de México en octubre de 2008. Lo sorprendente es que, como ya lo mencionamos, la reciente reunión de Guanajuato, México, fue denominada segunda reunión de ministros. Pero, en todo caso, sería la tercera. Incluso, es posible que más bien sea la cuarta, porque el año pasado se realizó otra más en Buenos aires, Argentina, en el mes de noviembre. En última instancia carece de importancia cuántos encuentros se han celebrado o si son respaldados o no por la OEA, lo relevante son los acuerdos que se han firmado y las acciones que se han emprendido. La idea de emitir declaraciones al concluir las reuniones y elaborar el correspondiente plan de acción no solamente es para que los suscriban los ministros, sino también para que los acuerdos formen parte de la agenda de las Cumbres de las Américas. En estas últimas se reúnen los jefes de Estado y de gobierno del hemisferio y se supone que llevar los asuntos científicos y tecnológicos a estas cumbres le otorga mayor relevancia y factibilidad a las iniciativas conjuntas. Aunque, en realidad, hasta ahora el mecanismo ha sido poco fructífero. Por ejemplo, la Declaración de México del 2008, incluía alrededor de 25 acciones organizadas en tres rubros: a) políticas públicas para el desarrollo integral, en donde se incluían acciones como la formulación e implementación de políticas nacionales sectoriales plenamente integradas a las políticas económicas y sociales; b) para la gestión sostenible de los recursos naturales, se proponía el desarrollo de la biotecnología y la bioseguridad, lo mismo que fomentar la cooperación regional e internacional en materia de biotecnología y fuentes de energía renovables y no renovables; y c) para elevar la productividad, se comprometían acciones como fortalecer el vínculo entre empresas e instituciones académicas, promoción de la “cultura emprendedora para el desarrollo de nuevos negocios” o el fomento a la certificación y acreditación de carreras de ingeniería. Desafortunadamente, en los dos años anteriores, pocas acciones se pusieron en marcha y la cooperación fue escasa. En la Declaración de Buenos Aires, firmada por 17 autoridades ministeriales en noviembre de 2010, incluyó cinco compromisos relativamente generales. Por ejemplo, uno de ellos planteó desarrollar políticas para conectar la ciencia y la tecnología con la innovación, así como promover una mayor inversión privada en el desarrollo de las actividades; otro fue el fomento a la cooperación y al desarrollo de acciones conjuntas. Es posible que el origen de la confusión sobre el número de las reuniones ministeriales que se han celebrado hasta ahora, proviene del encuentro de Buenos Aires, porque ahí se asentó, como último compromiso, la integración de una comisión de seguimiento para disponer de un plan de acción y una agenda estaratégica a “ser discutida durante la Segunda Reunión Ministerial a realizarse en la ciudad de Guanajuato, México, los días 17 y 18 de marzo de 2011”. La reunión entonces mencionada, como ahora es claro, se realizó una semana después de lo previsto y no era la segunda si no la tercera. El acuerdo principal fue impulsar la iniciativa Pilac y no hubo plan de acción, su discusión se traslado para un siguiente encuentro a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil en marzo del año próximo. La iniciativa Pilac es todavía una promesa, aunque hay expresiones de seis países de la región por tatar de encabezar su coordinación, México y Brasil entre ellos. Veremos si se transforma en acción y si persiste la confusión.

(Publicado en Campus Milenio. No. 409. Marzo 31, 2011)

AMÉRICA LATINA Y EUA

La reciente visita del presidente estadounidense Barack Obama a tres países de la región latinoamericana generó variadas reacciones: hubo desde quienes desestimaron su presencia hasta aquellos que creen que podría abrirse un nuevo capítulo en la cooperación regional.

Es demasiado pronto para valorar si estamos ante un cambio en el tipo de relaciones que siempre han sido asimétricas, difíciles y heterogéneas, y es muy poco consistente emitir un juicio solamente por lo que se aprecia en una visita. No obstante, ante la ausencia de grandes iniciativas que tuvieron lugar en el pasado --como la Alianza para el Progreso de inicio de los sesenta o los Tratados de Libre Comercio más recientes— tal vez valdría la pena notar algunos de los cambios de la última década en el terreno de la economía y el comercio en la región.

Uno de los datos más sobresalientes es la disminución de la participación de Estados Unidos en el comercio exterior del área. Según los datos de la Cepal (The United States and Latin America and the Caribbean: highlights of economics and trade, 2011), en la última década, las exportaciones estadounidenses a los países de la región descendieron 20 puntos porcentuales (pasaron de 60 a 40 por ciento). Por el contrario, las exportaciones de la Unión Europea se incrementaron unos tres puntos porcentuales: pasaron de 11 a 14 por ciento. Pero más importante fueron las exportaciones de China a la región: en el año 2000 prácticamente no tenía ningún intercambio con América Latina; en el 2010 sus productos alcanzaron 8 por ciento.

De hecho, en la última década, Estados Unidos abandonó su posición privilegiada como la principal nación exportadora de bienes en el mundo, si en el año 2000 era responsable del 12 por ciento del total, en el 2009 disminuyó su participación a 8 por ciento y fue superada por Alemania con 9 por ciento y China con10 por ciento. No obstante, Estados Unidos con un 12 por ciento del total, sigue ocupando la primera posición en la exportación de servicios, seguida del Reino Unido con 7 por ciento y Alemania con 6 por ciento.

Los datos de la Cepal, señalan que las tendencias para el 2020 indican que las exportaciones estadounidenses a la región seguirán en descenso hasta alcanzar 28 por ciento, las de la Unión Europea se mantendrán alrededor del 13 o 14 por ciento y las de China serán del orden del 19 por ciento. Es decir, por lo menos hasta el final de la década actual, Estados Unidos todavía será el principal socio comercial en la región, América Latina continuará como mercado atractivo, pero con una creciente presencia de China.

En el rubro de las importaciones la disminución es relativamente similar al comportamiento de las exportaciones. En el periodo, las importaciones de Estados Unidos pasaron de 52 por ciento a 33 por ciento; las de la Unión Europea se mantuvieron entre el 12 y 14 por ciento; y las de China pasaron del 2 al 10 por ciento.

Sin embargo, el principal socio comercial de Estados Unidos en América Latina es México. Este último país, concentra el 66 por ciento de las importaciones de Estados Unidos en la región (alrededor de dos terceras partes), mientras que los países de Mercosur, los más cercanos, alcanzan solamente el 11 por ciento del total. Obviamente, como fue claro en la crisis económica más reciente, los países con la mayor dependencia del mercado estadounidense también fueron los que experimentaron la mayor caída de su producto interno bruto y la más lenta recuperación.

En la reciente visita a Barack Obama a Brasil, se reportó que el país carioca recibió un reconocimiento y trato similar al que se le ha dispensado a China e India. No es de extrañar, las tres naciones junto con Rusia –aunque a ésta se le ve cada vez más improbable --, integran el bloque denominado BRIC, el conjunto de países que ahora son emergentes pero que en el futuro próximo ocuparán un lugar relevante en las principales economías desarrolladas. Para algunos, la visita como un intento de superar los ríspidos desencuentros de administraciones anteriores y restaurar relaciones comerciales entre ambos países (O Globo. 20.03.2011).

El presidente estadounidense firmó los convenios correspondientes con Brasil en materia educativa, científica y tecnológica --particularmente sobre biocombustibles—y en los esperados de comercio. Sin embargo, el acento de los medios fue en lo que no logró la mandataria Brasileña, Dilma Rousseff: el respaldo de Barack Obama para un asiento para Brasil en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En Chile y El Salvador los discursos de Obama también se refirieron a la importancia de la región para el comercio, la cooperación en materia de seguridad y el complicado tema de la inmigración.

Los datos de la última década muestran que las relaciones comerciales y la cooperación de Estados Unidos con la región van en descenso, aunque aquel todavía se sostiene como el principal socio comercial. Las visitas y los discursos propios de los encuentros entre mandatarios son necesarios para lograr acuerdos, pero ¿hacia dónde debe dirigirse América Latina?

(Publicado en Campus Milenio No. 408. Marzo 24 de 2011)

REFORMA DEL 9 BIS ¿MÁS RECURSOS PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA?

Los diputados añadieron un párrafo al artículo relativo al financiamiento de la ciencia y la tecnología en su sesión del pasado 8 de marzo. La iniciativa parece anunciar que los diputados no solamente tomarán el camino de los incentivos fiscales para incrementar los recursos, como comenté aquí la semana pasada, sino probablemente un aumento directo al gasto en este rubro. Tal vez se afianza la responsabilidad de los legisladores en la conducción del sistema, particularmente frente a la inestabilidad y abulia de las autoridades de Conacyt.

El artículo 9 bis de la ley de ciencia y tecnología, vigente a partir de septiembre del 2004, solamente indicaba que el monto anual destinado al sector “deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley”.

En realidad, el artículo 9 bis se incorporó para que estuviera en concordancia con lo que desde el 2002 señalaba la ley general de educación. La norma educativa, en su artículo 25, establece que el gasto en educación pública no debe ser menor al 8 por ciento del PIB y de ese monto se debe destinar, al menos, el 1 por ciento para ciencia y tecnología.

No obstante, a pesar de lo que dice la ley desde hace más de un quinquenio, hasta hoy permanecen incumplidos los niveles de gasto educativo y científico; tampoco se han exigido. Además, como lo hemos reiterado en este mismo espacio, existe una diferencia fundamental en ambas leyes sobre el gasto para ciencia y tecnología: una se refiere al gasto público y otra al gasto nacional (público y privado). No es una diferencia trivial, son varios miles de millones de pesos los involucrados.

En estos términos, resultó sorprendente que a pesar de la discordancia persistente en ambas leyes, ahora los diputados añadieron un párrafo al artículo 9 bis y lo hicieron velozmente. El párrafo dice que los diputados realizarán las “previsiones presupuestales correspondientes para que el monto anual que el estado-federación, entidades federativas, destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, no sea inferior a uno por ciento del producto interno bruto del país, de conformidad con lo establecido en la presente ley, sujeto a la disponibilidad de cada ejercicio fiscal”.

La iniciativa de reforma fue presentada en septiembre del año pasado por el diputado Pedro Jiménez León de la fracción de Convergencia en la cámara, el dictamen se realizó en febrero de este año y presentado al pleno el pasado 8 de marzo. Un proceso legislativo de alrededor de medio año; todo un logro para los ritmos de la cámara.

En el pleno, la adición al artículo 9 bis quedó aprobada por 356 votos a favor, uno en contra (PRI) y tres abstenciones (una del PAN y dos del PT). De hecho, en tribuna, solamente argumentaron en contra dos diputados del PT, Juan enrique Ibarra Pedroza y Jaime Cárdenas Gracia, quienes indicaron que se estaba aprobando una norma que quedará “en letra muerta” porque en los hechos no se aplicará. O bien, que la iniciativa no especificaba cuál sería la participación relativa de la federación y de las entidades federativas al incrementar el gasto, tampoco si se canalizarían recursos del ramo 33 ni cómo se fiscalizaría su aplicación.

La reforma todavía deberá ser ratificada o rectificada por el Senado, pero seguramente será aprobada. En primer lugar, porque el análisis y aprobación del presupuesto es facultad exclusiva de los diputados; los senadores solamente intervienen en la aprobación de la ley de ingresos. En segundo lugar, porque los diputados se estarían ordenando a sí mismos ejercer su capacidad de previsión presupuestal. Los senadores no tendrían anda que objetar.

La adición al artículo 9 bis no es menor. La estimación del gasto público para ciencia y tecnología del 2008 (las últimas cifras oficialmente disponibles) era de un total de 47 mil millones de pesos (incluyendo gasto de las IES), lo que representa 0.53 del PIB. Es decir, a precios del 2008, casi habría que duplicar la cifra para alcanzar el 1 por ciento del PIB.

Por el contrario, si se considera el gasto nacional (público y privado), la estimación para el 2008 era de 89 mil millones de pesos (el gasto privado tiene una participación relativa del 47 por ciento), lo que representaba 0.84 por ciento del PIB. Esto es, si se añadieran unos 17 mil millones de pesos, prácticamente se alcanzaría la meta el 1 por ciento.

Las diferencias, como se puede apreciar son notables, pero en todo caso los diputados tendrán la última palabra el próximo 15 de noviembre, al aprobar el gasto para el 2012. Claro, el párrafo aprobado permite la salvedad de un incremento “sujeto a la disponibilidad de cada ejercicio fiscal tienen”. ¿Qué harán los legisladores? Ya veremos.

Posdata.
Los rumores sobre el cambio de titular en Conacyt fueron una constante, en septiembre de 2010 parecía inminente, pero se confirmaron en este mes. Tarde, muy tarde el reemplazo.

(Publicado en Campus Milenio. No. 407. Marzo 17, 2011)

AGENDA LEGISLATIVA PARA LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Tal vez en este año, o el próximo, podría retornar el tema de los incentivos fiscales como mecanismo para alentar la inversión en ciencia y tecnología. Es uno de los puntos de la agenda formal de los legisladores en el actual periodo de sesiones. Los legisladores, frente a una conducción opaca, inestable y errática en la dirección de Conacyt, parecen adquirir mayor responsabilidad y presencia en la orientación del sector.

Es el penúltimo año de ejercicio de la actual LXI legislatura y si bien los asuntos del sector científico y tecnológico no han sido ni por asomo prioritarios en la actividad parlamentaria, como en repetidas ocasiones lo hemos mencionado aquí, lo cierto es que tienen tiempo para la formulación de iniciativas.

El programa de trabajo de la comisión de ciencia y tecnología de los diputados, al inicio de la actual legislatura, no preveía el impulso a grandes reformas, aunque sí algunas acciones específicas. Según su programa 2009-2012, se proponía como eje central de sus actividades: “promover que los esfuerzos realizados en materia de ciencia y tecnología, adquieran el rango de una política de Estado”.

Algunos de los objetivos generales planteados, incluían dar seguimiento a la aplicación de la ley de ciencia y tecnología, consolidar la federalización, promover la vinculación con el sector productivo, o bien, proponer mecanismos de financiamiento para alcanzar el 1 por ciento del PIB que dice la ley en materia de inversión en el sector.

La iniciativa más reciente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de enero, se relacionó con lo idea de políticas de Estado para la ciencia y la tecnología. Se trató de la modificación de los artículos 20 y 21 de la ley de ciencia y tecnología para precisar que el programa sectorial deberá incluir una proyección a 25 años del área, con actualizaciones cada tres años, así como la definición de áreas prioritarias de conocimiento.

Otras modificaciones se impulsaron en los años anteriores, particularmente sobre el tema de la innovación y la búsqueda del vínculo con el sector productivo. Sin embargo, poco o nada se había intentado respecto a los mecanismos de financiamiento para lograr el 1 por ciento del PIB para ciencia y tecnología que dice la ley desde 2004.

Lo sobresaliente es que, al parecer, la vía que se tomará para cumplir con el nivel de inversión será el de los incentivos fiscales. El pasado 1 de marzo, los presidentes de las comisiones de ciencia y tecnología de las dos cámaras, en reunión de trabajo con el todavía director de Conacyt, presentaron la agenda legislativa para este año del sector.

El primer punto de la agenda incluye reformas a los artículos 3 y 25 de la constitución, y a otras cuatro leyes (Boletín Conacyt). Aunque, en realidad, no se indica el sentido de la modificación constitucional que pretenden impulsar.

La intención de la agenda que sí parece estar clara es el restablecimiento del artículo 219 de la ley de impuesto sobre la renta (ISR). Este artículo fue añadido en 2002 para permitir el otorgamiento de estímulos fiscales a los contribuyentes que realizaran gastos en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, como seguramente lo debe recordar, estimado lector, los principales beneficiarios de los incentivos fiscales, de forma sistemática, fueron grandes corporativos y empresas transnacionales, no las pequeñas o medianas empresas, lo que generó variadas protestas.

En diciembre de 2009 el artículo 219 de la ley ISR fue derogado. Las autoridades de Conacyt aceptaron las distorsiones del programa de incentivos y lo sustituyeron por tres programas de apoyo directo. No obstante, como se anuncia en la actual agenda legislativa del sector, tal parece que se intentará restablecer el artículo y poner en marcha nuevamente el programa de estímulos fiscales.

El diputado Reyes Tamez Guerra, presidente de la comisión de ciencia y tecnología de la cámara baja, indicó que si el programa se pone en marcha, se facilitará al gobierno federal la meta de alcanzar el 1 por ciento del PIB en inversión para el sector. Lo sorprendente es que cuando estaba en operación el incentivo fiscal y se contabilizaba en las estadísticas, al parecer tendía a sobrestimar el gasto privado y el nivel de inversión general.

La agenda incluye otras iniciativas importantes, como la creación de una ley orgánica para el Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación o modificaciones a los artículos 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para permitir al personal de los centros públicos de investigación participar de las regalías que generan sus desarrollos.

Nada garantiza que la agenda se lleve a efecto, pero a la vista de los constantes rumores e inestabilidad en la dirección de Conacyt, tal parece que los legisladores serán quienes asuman la mayor responsabilidad en los trazos del sector.

(Publicado en Campus Milenio No. 406. Marzo 10, 2011)