jueves, 27 de octubre de 2011

EL EJECUTIVO FEDERAL Y LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA

“La agenda presidencial es complicada y en cuatro años no recibimos luz verde para hacerlo, por lo que el consejo directivo de la AMC decidió organizar la ceremonia, aun sin la presencia del Presidente (quien avisó el lunes en la noche que no asistiría)” (La Jornada 19/X/2011).

Las palabras de explicación son del presidente en turno de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC): Arturo Menchaca. La ceremonia mencionada se llevó a cabo el martes 18 de este mes, con la presencia del director de Conacyt, en representación del ejecutivo federal, y el motivo era la entrega de los premios de investigación que otorga la Academia.

El premio de la AMC se otorga a jóvenes investigadores con una trayectoria destacada (hombres
menores de 40 años y mujeres menores de 43 años) en cinco áreas de las ciencias: exactas; sociales; humanidades; naturales; e ingeniería y tecnología. Una comisión, encabezada por el vicepresidente de la Academia, con ocho integrantes por cada área, se encarga de valorar las candidaturas y designar a los ganadores.

La agrupación científica considera que su premio de investigación es la distinción más importante que otorga (los galardonados reciben el reconocimiento y 100 mil pesos en efectivo) y también una de las más antiguas (se entregó por primera vez en 1961. Tradicionalmente el ejecutivo federal, en la residencia oficial, entregaba las distinciones.

Sin embargo, desde el 2008, como lo mencionó el titular de la AMC, el ejecutivo federal no
logró hacer un espacio en su agenda para entregar personalmente el premio. Los ganadores de los últimos cuatro años se fueron acumulando y de no realizarse la ceremonia de la semana anterior, seguramente la suma de premiados seguiría creciendo todavía más.

Es comprensible que la agenda del presidente esté saturada cotidianamente con múltiples y variados asuntos que demandan urgente atención, pero es difícil entender que en tres o cuatro años no lograra hacer un espacio en sus ocupaciones para entregar los premios. Entonces, la actitud presidencial puede ser considerada más bien como una muestra de desdén por la actividad de investigación o por la organización que dictamina los premios, o incluso por
ambas.

Sería muy lamentable que fuera lo primero: un desinterés por la investigación de jóvenes promesas. Recuérdese que este tipo de reconocimientos de la Academia son para científicos jóvenes que realizan investigación de punta y cuya trayectoria está, en buena medida, por delante. Tal vez un pequeño impulso a sus carreras bastaría para asegurar mejores resultados en el corto plazo.

Pero también sería grave que el conflicto estuviera localizado con la principal agrupación de
científicos en el país. La AMC concentra el mayor y más importante número de investigadores en el país: actualmente aglutina a 2 mil 272. La organización, con régimen de asociación civil, acaba de cumplir 52 años de existencia.

Originalmente, la agrupación se denominaba Academia de la Investigación Científica y solamente incluía a científicos de las áreas de conocimiento de las ciencias naturales y exactas. A partir de 1997 cambió a la denominación actual y amplió el ingreso a investigadores de las
áreas sociales y de humanidades. Quizás a ello se debe que los titulares de la organización, con contadas excepciones, han sido solamente científicos provenientes de las áreas naturales y exactas.

Ciertamente, la relación entre el gobierno federal y la AMC no ha sido tersa, particularmente en la última década. A propósito de la suficiencia de los recursos financieros para investigación básica, los espacios de interlocución o algunas iniciativas en marcha (los fondos competitivos o los incentivos fiscales) los desencuentros públicos se han hecho manifiestos.

Sin embargo, independientemente de los asuntos polémicos, relativamente recientes, lo cierto
es que la AMC es una organización importante para la gobernanza del sistema científico y tecnológico. Sin duda ha tenido una responsabilidad en la instauración de programas decisivos (becas o el Sistema Nacional de Investigadores), en las reformas del marco normativo de la actividad o en la integración del programa sectorial. No puede ser ignorada.
Tampoco es la primera vez que el ejecutivo federal se muestra con poca disposición para entregar reconocimientos. La ceremonia de los premios Nacionales de Ciencias y Artes se han retrasado por meses y el Premio México de Ciencia y Tecnología que también es anual, se ha diferido hasta por un año. Claro, en ningún caso, la renuencia se llevó cuatro años.

También vale la pena recordar la escasa asistencia del ejecutivo federal, tanto en la administración anterior como en la actual, a las sesiones del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el máximo órgano de política y coordinación del sector
que encabeza el propio presidente.

Entonces, como lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, convendría pensar en el esquema de funcionamiento del sistema y en que no puede tener como eje una figura presidencial ominisciente y omnipotente.
(Publicado en Campus Milenio. No. 437. Octubre 27, 2011)

viernes, 21 de octubre de 2011

POSGRADOS A DISTANCIA AL PADRÓN DE CONACYT

Cuatro programas de maestría no presenciales formarán parte del Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Seguramente en el corto plazo irá en ascenso el número de solicitudes de ingreso de programas similares, el asunto es si la pertenencia al Padrón será el mecanismo para valorar esta oferta de estudios y cuáles serán sus implicaciones

De acuerdo a la información de Conacyt, dos maestrías del Tec de Monterrey (administración de tecnologías de la información y administración empresarial) y dos de la Universidad de Guadalajara (educación ambiental y tecnologías para el aprendizaje), las cuatro en la modalidad no escolarizada, fueron evaluadas positivamente y se integran al PNPC (Comunicado
68/11 14.10.11).

A diferencia de las evaluaciones de los programas presenciales que periódicamente práctica, en esta ocasión el mismo organismo destaca que la evaluación estuvo a cargo de expertos en educación a distancia, convocados por su dirección adjunta de posgrado y becas y por la propia SEP.

Al parecer, los expertos evaluaron ocho programas, de los cuales aprobaron los cuatro ya mencionados, rechazaron tres –entre ellos uno del Instituto Nacional de Salud Pública -- y dejaron pendiente un programa de la Universidad Da Vinci.

El PNPC, como se sabe, clasifica los programas evaluados en cuatro diferentes categorías: competencia internacional; consolidados; en desarrollo; y de reciente creación. Cada categoría, como su nombre lo indica, expresa diferentes grados de maduración de los programas y designa apoyos relativamente diferenciados, particularmente becas para los alumnos y profesores (posdoctorales y sabáticas).

En el caso de los cuatro programas a distancia recientemente aprobados, solamente la maestría en administración de tecnologías de la información del Tec de Monterrey recibió la calificación de “consolidado”, los tres programas restantes fueron ubicados como programas “en desarrollo”.

Tal vez el ingreso de los nuevos programas de posgrado abiertos o a distancia en el PNPC marcarán otra ruta en la operación del esquema. De hecho, los intentos iniciales de Conacyt al comienzo de los años noventa, se concentraron en tratar de integrar un padrón de posgrados de excelencia orientados a la investigación, para tratar de discriminar entre la oferta de posgrado que había proliferado en los años previos.

Sin embargo, para el año 2001, una década después de los primeros intentos, ante las presiones y críticas que recibió por considerar solamente en los programas de posgrado centrados en la investigación, admitió también a los posgrados orientados al desarrollo profesional. Ambos integran el actual padrón de programas.

Ahora, tal parece que otra vez por el ineludible principio de realidad, tocan a la puerta los programas abiertos y a distancia. La oferta de estos programas ha estado en ascenso desde mediados de los años noventa y seguramente será mayor en los próximos años.

En el año 2001, un diagnóstico preliminar de ANUIES y con ciertas reservas por la dificultad para localizar y procesar la información, mostró que más de un centenar de instituciones de educación superior ofrecían programas de este tipo a nivel licenciatura (Plan maestro de educación superior abierta y a distancia. Líneas estratégicas para su desarrollo). El número de programas sumaba 219 y se concentraban en la región centro-sur y sur-sureste. Por el contrario, una oferta de media docena de programas de posgrado de educación a abierta, la volvían prácticamente insignificante.

En la última década, sin embargo, la educación abierta y a distancia ha tomado mayor auge, sobre todo porque se ha visto como una opción para ampliar las oportunidades educativas y elevar el indicador de la matrícula, desde la media superior hasta el posgrado.

La actual administración se propuso expresamente, en su programa sectorial, impulsar la educación abierta y particularmente en las regiones y grupos carentes de servicios escolarizados. Incluso planteó crear la “Universidad Abierta y a Distancia” para responder a la demanda de educación superior. Al final, más bien quedó en una especie de programa anunciado en el 2009.

El más reciente informe de gobierno dice que están inscritos poco más de 600 mil alumnos en educación media superior en el sistema abierto y a distancia. En el nivel superior, mixto y no presencial, suman más de 341 mil 333, de los cuales el 86 por ciento son de licenciatura, 1.6 por ciento de técnicos superiores y el 12 por ciento de posgrado (42 mil 778). Respecto del año 2000, son cifras que van en marcado aumento.

La información sobre los nuevos programas de posgrado admitidos en el PNPC no reporta si se trata de programas profesionalizantes, centrados en la investigación o una nueva orientación que marcará otro punto de quiebre en la operación del padrón de posgrados de Conacyt. Lo que parece evidente es que será insoslayable la regulación de este tipo de oferta educativa. ¿Lo hará el
PNPC? No, seguramente.
(Publicado en Campus Milenio No. 436. Octubre 21, 2011)

domingo, 16 de octubre de 2011

LAS UNIVERSIDADES DE CLASE MUNDIAL: ¿OTRA LECCIÓN DERIVADA DE LA EXPERIENCIA?

Hoy, se ha dicho, lo decisivo no es contar con una cuantiosa mano de obra barata para competir en el contexto mundial, ni siquiera son suficientes los abundantes recursos naturales de algunas naciones. Lo más importante es el conocimiento, pero de ceirto tipo. Es lo que se conoce como el paso de las economías industriales a las economías basadas en el saber.

La preocupación y el dilema se ha extendido a cómo convertirse plenamente en una economía fundada en el conocimiento, puesto que éstas se caracterizan, entre otros aspectos, por inversiones crecientes en la formación de sus recursos humanos, para la disponibilidad de profesionales y técnicos altamente calificados en la generación y aplicación de conocimientos avanzados. También en un sostenido impulso a la investigación científica y la aplicación tecnológica, así como el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Una rápida evolución de saberes y un frenético afán de innovación

Las universidades de investigación se han considerado como las instituciones emblemáticas de las economías basadas en el conocimiento y por la misma razón se han convertido en el modelo de referencia para la mayoría de las instituciones de educación superior. Parece el mejor atajo para ingresar al siglo XXI del conocimiento.

Tal vez por la misma razón, la estructura de incentivos de las políticas nacionales orientan sus programas más importantes en la dirección de la universidad de investigación, aunque el conjunto institucional esté lejos de acercarse al modelo unitalla. Además, el conjunto de rankings internacionales, con sus mediciones periódicas y la amplia difusión mediática de sus resultados, contribuyen a reforzar la aspiración por calzar el modelo.

El asunto es que no se trata de universidades de investigación comunes. Es el circuito de las universidades de investigación de élite; las de clase mundial, separadas del resto. Las que tienen entre sus filas a personal académico altamente calificado y reconocido internacionalmente –mejor si algunos son premios Nobel--, excelentes y apreciados resultados de investigación, diversas fuentes de financiamiento o una proporción importante de estudiantes internacionales talentosos.

Un reporte del Banco Mundial publicado la semana pasada trata de ilustrar cuáles son las vías por las que una universidad se puede convertir en una institución clase mundial: The Road to Academic Excellence: The Making of World–Class Research Universities. (Editado por Phillip G. Altbach y Jamil Salmi. Disponible para consulta en la página web del organismo internacional). Particularmente, hace un recuento de los casos de 11 universidades de nueve países para mostrar cuál fue su experiencia y qué camino siguieron.

El camino no es corto ni fácil, dice en la parte final: “Construir una institución de clase mundial requiere mucho más que reacciones viscerales a los rankings o infusiones masivas de dinero gubernamental. Es un complejo y dilatado proceso que sólo recientemente comenzó a prestársele atención” (p. 325).

Las 11 universidades que se incluyeron fueron: Ibadan (Nigeria); Shanghai Jia Tong; Ciencia y Tecnología de Pohang (Corea); Universidad de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile; Intituto Indio de Tecnología; la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong; Universidad de Malasia; la Nacional de Singapur; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (México); y la Escuela Superior de Economía (Rusia).

Las diferentes instituciones fueron tratadas por diferentes autores (el caso del Tec de Monterrey, estuvo a cargo de Francisco Marmolejo), pero ubicando la correspondencia de los casos analizados con el modelo de los tres componentes que caracaterizan a las universidades de clase mundial y que propuso Jamil Salmi en el 2009 (The Challenge of Establishing World-Class Universities).

Los tres componentes son: una alta concentración de talento (tanto del profsorado como de los estudiantes); recursos abundantes para ofrecer un rico ambiente de aprendizaje y para realizar investigación avanzada; y una buena gobernanza que procure el liderazgo, la visión estratégica, la innovación, etcétera. Obviamente, los casos que ahora se reportan muestran la importancia de alinear los tres componentes que determinan el desempeño de las universidades de investigación.

Además, dice Salmi en la parte de conclusiones, hay otros “factores aceleradores” que puden jugar un papel positivo. Algunos de ellos son: el inglés como lengua principal de la institución; concentrarse en nichos de áreas de conocimiento; el uso de benchmarking como guía de orientación de la insitución; o introducir innovaciones pedagógicas, entre otros.

Sin embargo, ni los componentes ni los aceleradores son suficientes para comprender el éxito o el fracaso de las insituciones de investigación. El elemento restante es el “ecosistema de la educación terciaria” de cada país, el cual puede facilitar o constreñir a las instituciones. Nada menos. ¿Nuevas lecciones derivadas de la experiencia? Ya veremos.

(Publicado en Campus Milenio No. 435. Octubre 13, 2011)

jueves, 6 de octubre de 2011

CyT: LOS RECURSOS PARA EL 2012

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el año próximo parecía incluir un incremento importante en el rubro de ciencia y tecnología. Un dato encomiable, sobre todo si se considera el escaso margen de los años anteriores y la posterior enmienda de los diputados. Pero no, parece que la adición no es tal ni es, estrictamente, para el sector.

En términos generales, el PPEF que entregó el ejecutivo federal al Congreso el pasado 8 de septiembre, consideró un gasto neto total de 3.7 billones de pesos. De ese total, el gasto que ejercería centralmente Conacyt (ramo 38) sería de 21 mil 236 millones de pesos, en cifras redondas.

Además, a la cantidad ejercida por Conacyt, se añade la que canalizan otras dependencias gubernamentales u organismos autónomos a actividades científicas y tecnológicas, por tanto el gasto total previsto para el año próximo en el sector alcanzaría, globalmente, la cifra de 54 mil 464 millones de pesos.

En esta ocasión, a diferencia de años anteriores, en el anexo 9 del PPEF se indican los montos que destinaría cada una de las secretarías para alcanzar los 54 mil 464 millones de pesos (p. 90). Aparte de Conacyt, son 12 secretarías y los dos institutos públicos de salud (ISSSTE e IMSS) los que contribuyen al gasto en actividades científicas y tecnológicas. Aunque, en realidad, se trata de volúmenes relativamente modestos.

Por ejemplo, del monto total de 54 mil 464 millones de pesos, Conacyt tiene la mayor participación con 24 mil 425 millones de pesos, lo que representa el 43 por ciento del total. Después, le siguen las secretarías de: Educación con 16 mil 890 millones de pesos (30 por ciento); Energía con 6 mil 513 millones de pesos (11 por ciento); Agricultura y Ganadería con 3 mil 482 millones de pesos (6 por ciento); Salud 1 mil 805 millones de pesos (3.2 por ciento); Economía 1 mil 573 millones de pesos (3 por ciento). El resto de secretarías están alrededor del uno por ciento y dependencias como Relaciones Exteriores y Turismo son las de menor participación relativa.

Las cifras detalladas tienen importancia por dos motivos. El primero es porque, como se indica en la nota del anexo 9 del PPEF, los montos que aparecen en cada una de las secretarías incluyen los recursos fiscales que recibirán y también los ingresos propios. Por la misma razón, en el anexo 1 del PPEF, el que se refiere al gasto neto total, Conacyt aparece con 21 mil 236 millones de pesos, mientras que en el anexo 9 la cifra es de 24 mil 425 millones de pesos. Una diferencia de poco más de 3 mil millones de pesos. Seguramente al final del ejercicio fiscal el monto se podría ajustar al alza o a la baja, pero no sería del todo exacto hablar de un monto preciso de variación respecto del año anterior.

El otro motivo es que existe cierta zona de incertidumbre por los rubros a los que destina el gasto de actividades científicas y tecnológicas en las diferentes dependencias gubernamentales. Esto es, no parece haber un control estricto que permita asegurar que el monto de recursos que figuran en las cifras globales en ese rubro, fue empleado en su conjunto en impulsar centralmente actividades de ese tipo, sino que alguna referencia a la ciencia y/o tecnología, por más mínima o vaga que sea, es suficiente para justificar la inclusión de cualquier tipo de práctica y de gasto.

De hecho, el coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Juan Pedro Laclette, ha señalado que es impreciso el porcentaje de incremento que se maneja en el PPEF 2012, porque incluye 3 mil millones de pesos que se utilizarán para pasar del sistema analógico al sistema digital, el llamado “apagón analógico”. (El Universal 29.09.2011). Una iniciativa en materia de telecomunicaciones que se contabiliza en el sector de ciencia y tecnología, pero que más bien está en el ámbito de responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y poco tiene que ver con inversión científica.

En cambio, según el mismo funcionario del Foro, el gasto para programas sustantivos, como los fondos sectoriales, mixtos y regionales, así como el apoyo para becas al extranjero, serán minimizados en el PPEF.

Lo cierto es que en la exposición de motivos del PPEF 2012, se toma referencia la cifra de 56 mil 464 como gasto federal total en ciencia y tecnología, y de ese total 24 mil 425 millones de pesos para Conacyt (p. 5). Otro dato sería si no se consideran los recursos propios. Además, estima ejercer 5 mil 848 millones de pesos para becas de posgrado y de 2 mil 890 millones de pesos en el Sistema Nacional de Investigadores; según el mismo documento, respecto de este año, en términos reales, en el primer caso representaría un incremento de 17.6 por ciento y en el segundo 6.3 por ciento.

La discusión sobre el presupuesto va para largo. Apenas está la propuesta del gobierno federal, falta el trabajo en comisiones, el desfile de los sectores, la reforma al artículo 9 Bis, la reinstalación de los incentivos fiscales y, claro, el largo e impredecible debate en las vísperas del 15 de noviembre.

(Publicado en Campus Milenio No. 434. Octubre 6, 2011)

jueves, 22 de septiembre de 2011

RECURSOS HUMANOS: CAPACIDAD Y ORIENTACIÓN

Si en 1990 se encontraban en las instituciones de educación superior poco más de un millón de alumnos, en la actualidad suman casi tres millones de jóvenes. Un crecimiento notable de las últimas dos décadas. Sin embargo, el esfuerzo no solamente ha sido insuficiente, puesto que hoy solamente tres cada diez jóvenes del grupo de edad logran un lugar en las aulas universitarias, al parecer la orientación y formación ofrecida también ha sido limitada.

Desde mediados de los años noventa, una buena parte de las energías del Estado mexicano para ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes, se ha concentrado en la creación de opciones tecnológicas. Los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales han crecido exponencialmente, aunque la matrícula no ha seguido la misma tendencia.

La idea general tras el impulso a la oferta de estudios tecnológicos era que al país le sobraban profesionistas liberales y le faltaban técnicos e ingenieros que ocuparan puestos de trabajo y se encargaran del progreso del país. Efectivamente, a mediados de los años noventa, a nivel licenciatura, de la diez carreras más pobladas, cuatro concentraban casi dos terceras partes de la matrícula: contaduría, derecho, administración y medicina (en orden descendente). Después estaba ingeniería industrial y en décimo lugar ingeniería civil; en el resto de carreras, las ciencias naturales y exactas tenían un volumen muy modesto.

Al concluir la administración anterior, la concentración de la matrícula persistía más o menos en las mismas cuatro profesiones, aunque derecho había saltado al primer lugar y en lugar de medicina apareció psicología. En el conjunto de las diez carreras más pobladas, ingeniería industrial conservó su quinto lugar, pero se agregaron ingeniería en sistemas computacionales, informática, educación y ciencias de la comunicación.

En 1990 la matrícula de licenciatura sumaba 1 millón 295 alumnos y de ese total, el 62 por ciento cursaba estudios universitarios y el 38 por ciento restante educación tecnológica. La estimación para el ciclo escolar más reciente indica que la matrícula es de 2 millones 795 alumnos y los porcentajes de educación universitaria y tecnológica se conservan casi de la misma forma (63 y 37 por ciento, respectivamente). Es decir, en general se incrementó la matrícula, pero la participación relativa por sector no se modificó.

Hace algunas semanas, en este espacio y a propósito de la primera generación de ingenieros egresados de las universidades tecnológicas, comentamos sobre la matrícula de estas instituciones (CampusMilenio No. 427). En particular, aludimos al equívoco del secretario de Educación Pública e incluso del mismo ejecutivo federal de confundirse con los datos para destacar el mayor volumen de técnicos superiores y de ingenieros.

En el reciente Quinto Informe de Gobierno, ya con cifras precisas, se destaca que en el último año se crearon una veintena de instituciones: 8 institutos tecnológicos; 6 universidades tecnológicas; cinco universidades politécnicas y dos universidades interculturales (p. 464). Además, puntualiza que a lo largo de esta administración se han creado 96 nuevas instituciones de educación superior y otros 50 campus de universidades ya existentes.

Sobre la matrícula de las universidades tecnológicas, el mismo Informe anota que son 131 mil 182 alumnos inscritos en estas instituciones. De ese total, poco más de 100 mil cursan carreras de técnico superior universitario y los otros 31 mil han optado por cursar estudios de licenciatura o ingeniería (cerca de 15 mil). Esto es, si se compara con los alrededor de 500 estudiantes que tenían estas instituciones cuando iniciaron funciones, es claro su incremento, aunque también su modesta proporción frente a la matrícula total y a la de ingeniería en particular.

Además, recientemente, la fundación IDEA dio a conocer un estudio encargado por la Secretaría de Economía para explorar las necesidades de capital humano (Estudio de la oferta de recursos humanos críticos para el desarrollo de sectores prioritarios para la economía de México: Hallazgos Generales).

En el reporte se pone en tela de juicio si existe o no a la cantidad suficiente de técnicos e ingenieros en México, puesto que señala el número de egresados de ingenierías como porcentaje de la población es comparable al de países más avanzados. No obstante, anota que una “gran parte trabaja en ocupaciones donde su nivel de preparación parece tener poca relevancia y su remuneración es menor de lo que podrían recibir en ocupaciones o puestos más relacionados con su educación”. Lo cual, señala el documento, podría “sugerir la presencia de un número excesivo de egresados de carreras de ingeniería en el país con respecto a las necesidades de la economía, y/o una falta de técnicos adecuadamente capacitados”.

Entonces, parece que después de dos décadas nuestro sistema creció mucho en términos absolutos, pero poco para los jóvenes demandantes y mal para las necesidades de la economía.

(Publicado en Campus Milenio No. 432. Septiembre 22, 2011)

sábado, 17 de septiembre de 2011

¿SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA?

Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ingresaron la semana pasada una iniciativa de ley para crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Todavía está lejana una eventual aprobación de la propuesta de reforma, incluso lo más probable es que quede como un pendiente más de la actual legislatura. Pero, a diferencia de intentos anteriores, ahora quienes impulsan la medida son los propios legisladores.

El pasado 8 de septiembre, los senadores Francisco Javier Castellón y Carlos Navarrete, presentaron un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). El senador Castellón es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara y ha sido promotor de algunos temas sectoriales, como las reuniones en ciertas entidades federativas, algunas de las reformas a la ley de ciencia, las telecomunicaciones y el de la agencia espacial en México. Por su parte, el senador Navarrete es el coordinador del grupo parlamentario del PRD e integrante de la junta de coordinación política del órgano legislativo.

La LOAPF, como se sabe, regula las bases de organización de la administración pública y en su artículo 26 menciona el número de secretarías de Estado que integran la estructura centralizada. Actualmente son 19 dependencias (18 secretarías y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal). Uno de los cambios que proponen los senadores perredistas es añadir un párrafo más al mismo artículo para agregar otra secretaría: la “Secretaría de Ciencia y Tecnología”.

Otro cambio es añadir el artículo 38 Bis a la misma ley, el cual describiría las funciones de la nueva estructura encargada del sector científico y tecnológico. El conjunto de funciones es coincidente con las responsabilidades de cualquier secretaría en su respectivo sector y también con lo que ya realiza Conacyt.

La serie de funciones incluyen: la formulación y conducción de las políticas nacionales en el sector; apoyar la investigación científica básica y aplicada, así como la formación y consolidación de grupos de investigadores en todas las áreas del conocimiento; “Formular, actualizar y coordinar la ejecución del Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación”; responsabilidad sobre los criterios de asignación del gasto público para ciencia y tecnología; o aprobar la creación o extinción de los Centros Públicos de Investigación, entre otros.

En la exposición de motivos para justificar su iniciativa, los legisladores Castellón y Navarrete destacan que Conacyt carece de la personalidad jurídico-institucional para coordinar el sector. Esto es, indican que la desectorización de Conacyt “no ha funcionado plenamente” porque el organismo no es un sector administrativo en sí mismo; tampoco ha funcionado su Consejo General –el máximo órgano de gobierno— y que la existencia de un ramo de gasto independiente (el ramo 38), ha sido una medida positiva pero insuficiente.

La idea de crear una secretaría para ciencia y tecnología no es nueva. En tiempos relativamente recientes la planteó la Academia Mexicana de Ciencias, en igual sentido se pronunció en 2006 el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, precisamente en su serie de propuestas para la elaboración del plan sectorial de esta administración. (Aunque el Foro sugirió crear una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, esto es, conjuntar dos sectores en una estructura).

En el 2008, la OCDE, en su revisión de la política de innovación en México, propuso mejorar las estructuras de gobernanza del sector. En particular, en la publicación definitiva de su examen, como parte de sus recomendaciones indicó que la creación de una secretaría de ciencia y tecnología era una práctica común en los países de esa organización y que Conacyt aspiraba legítimamente a cumplir tal función, pero que no había tenido los medios ni tampoco la posición institucional para lograrlo.

No obstante, la misma OCDE puntualizó: La creación de una nueva secretaría parece poco realista en la actualidad […] aunque permanece como opción válida para el futuro. En el corto plazo, la opción más factible es un consejo inter-secretarial, encabezado por el presidente (de la República) y con participación de secretarios con injerencia en la gestión y presupuesto de ciencia y tecnología. (OCDE, 2009: 24). Sin embargo, la propuesta tampoco funcionó.

Tal vez en el horizonte de elecciones federales para el año próximo, la discusión sobre el diseño institucional y organizacional de la administración pública vuelva formar parte de la agenda nacional y en ese contexto tome vigencia el de una nueva estructura para el sector científico y tecnológico.

Por lo pronto, la propuesta de los senadores perredistas fue remitida a comisiones y seguramente no saldrá de ahí en lo que resta de esta legislatura. No obstante, a la par de una preocupación por el diseño institucional, quizás debiéramos acordar el punto de llegada de nuestro sistema científico y tecnológico en el mediano plazo y las coordenadas en las que se movilizará. Es una discusión necesaria y previa a las estructuras que lo conducirán, pero que parece extraviarse en los laberintos organizacionales.

(Publicado en Campus Milenio. No. 431. Septiembre 15, 2011)

jueves, 8 de septiembre de 2011

RESPALDO A LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Las cuentas del Quinto Informe de Gobierno en materia científica y tecnológica no son buenas, sostuvimos aquí la semana anterior. Sin embargo, también indicamos que la excepción podría estar en dos líneas, una de ellas es el respaldo a la formación de recursos humanos. Veamos con mayor detalle las cifras.

En el Informe, en el apartado sobre “economía competitiva y generadora de empleo”, se destaca el persistente apoyo a los estudiantes mexicanos a través del programa de becas para estudios de posgrado. Efectivamente, lo hemos reconocido en este espacio en numerosas ocasiones, el programa de becas de Conacyt es una de las iniciativas más benevolentes y de mayor continuidad en el conjunto de políticas de las últimas cuatro décadas.

A pesar de que el programa de becas ha tenido sus vaivenes según los ritmos de las recurrentes crisis –el más reciente en el 2009 cuando se intentó diferenciar el monto de beca según la clasificación del programa cursado--, lo mismo que equívocos que no siempre han sido corregidos con la debida celeridad y una base de datos desordenada que apenas en la última década comenzó a tener certeza de sus números. Pero también ha permitido la formación de numerosas generaciones de recursos humanos de alto nivel. Hoy la mayoría de los graduados se desempeñan en las instituciones de educación superior.

De acuerdo a las cifras del reciente Informe, para el cierre del mes de diciembre de este año espera otorgar 54 mil 566 becas para estudios de posgrado; casi una cuarta parte del total de la matrícula nacional de este nivel. La matrícula para este nivel en el ciclo escolar 2010-2011 sumaba 208 mil alumnos, de los cuales 144 mil eran de maestría, 23 mil de doctorado y el resto de especializaciones.

Uno de los aspectos más sobresalientes de la matrícula nacional de posgrado es el notable avance en las últimas dos décadas de los alumnos en instituciones particulares, más que en cualquier otro nivel. Al inicio de los años noventa, la participación relativa de la matrícula particular era de 20 por ciento, en el reciente ciclo escolar que concluyó la participación ya era de 51 por ciento.

Esto es, la matrícula del posgrado de instituciones particulares pasó de 9 mil en 1990 a 105 mil en este año. Tomemos como referencia que para el mismo periodo, a nivel licenciatura, la matrícula particular pasó de 198 mil a 804 mil alumnos. En el primer caso la matrícula se multiplicó por 12, mientras que en el segundo se cuadruplicó.

El requisito de elevar el nivel de calificación escolar del personal que se desempeña en las instituciones de educación superior, también impulsó la demanda de estudios de posgrado y una parte ha sido captada por las instituciones particulares. Por la misma razón se expandió la oferta de programas de posgrado.

Las cifras del Informe señalan que actualmente existen 7 mil 720 programas de posgrado registrados –y seguramente habrá otros más que no lo están--. Del total de programas registrados, 1 mil 305 programas pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Es decir, solamente alrededor del 17 por ciento del total programas están dentro del Padrón. Desafortunadamente, las cifras del Informe no precisan el volumen de matrícula, según condición de pertenencia del programa al PNPC.

Otro de los datos que reporta el Quinto Informe de Gobierno es que Conacyt estima sostener 39 mil 342 becas en este año. De ese total, 36 mil 422 son becas nacionales y el resto para estudios en el extranjero. Esto es, solamente una de cada diez becas son para estudiar fuera de México. Hace una década eran dos de cada diez.

La disminución de becas al extranjero tuvo un primer punto de inflexión en el 2001, año en el que comenzaron a disminuir los apoyos paulatinamente hasta el 2006 (la baja fue de poco más de 500 becas). En el 2007 tuvo un ligero repunte, pero al año siguiente otra vez volvieron a disminuir. Actualmente la estimación es de poco menos de 3000 becas, cifra que todavía no alcanza las que había en el 2001.

El volumen de becas para estudiar en el extranjero es importante, pero relativamente modesto si se toma como punto de referencia el total de becas otorgadas. Sin embargo, quizás lo más importante es si la orientación en uno u otro sentido responde a una decisión deliberada por la confianza en los programas nacionales, como en algún momento se ha dicho. O bien, es una medida obligada por el constreñimiento de los recursos financieros. Las evidencias indican que más bien se trata de lo segundo.

Hace un par de semanas, a propósito de la internacionalización educativa, comentamos en este espacio la medida anunciada por el gobierno brasileño de otorgar 75 mil nuevas becas para que sus estudiantes se formen en el extranjero (Campus Milenio No. 428). Sin embargo, la mayoría de esas becas son para estancias de un año, no para cursar el grado completo.

Los datos del Informe no desagregan la información, no se sabe cuántas de las becas reportadas son nuevas becas y si es el caso que están contabilizadas como becas los apoyos para estancias cortas en el extranjero, modalidad que recientemente se ha impulsado.

El apoyo a la formación de recursos humanos es sostenido, pero como se puede apreciar tiene sus bemoles.

(Publicado en Campus Milenio No. 430. Septiembre 8, 2010)