ADIAT: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Un relativo consenso se ha construido en torno a la idea de crear una nueva estructura administrativa para la ciencia y la tecnología. Los tecnólogos-empresarios, con ciertos matices, ahora también se han sumado a la propuesta. No obstante, el círculo no termina de cerrarse completamente.

La propuesta de una nueva secretaría para el sector lleva tiempo en los escritorios de algunos actores y cada tanto es desempolvada, casi siempre buscando la oportunidad de colocarse a la cabeza de la agenda pública.

Sin embargo, la idea no ha logrado una adhesión generalizada. En las vísperas de las elecciones federales anteriores, la sugerencia fue formulada principalmente por organizaciones del sector, como la Academia Mexicana de Ciencias o el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Posteriormente, la OCDE en su revisión de la política de innovación en México en el 2007-2008, destacó que era una posibilidad para el país la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología (o de Educación Superior, Ciencia y Tecnología). Aunque, aclaró que la recomendación era “poco realista” para ese momento, pero que valía la pena conservarla como una opción para el futuro. Tal parece que a la vuelta de unos pocos años, ese futuro ya llegó.

Recientemente, en la actual coyuntura electoral, la propuesta volvió a reiterarse por anteriores y nuevos actores. Además de las organizaciones científicas que siempre se han mostrado proclives, senadores del PRD ingresaron una iniciativa en el Congreso desde septiembre del año pasado para crear un nuevo despacho. Es decir, al menos una fracción de legisladores simpatizan con la idea.

La ANUIES, otra de las organizaciones importantes del campo, pero que no siempre asume una postura clara sobre las líneas de política científica y tecnológica, también recomienda la instauración de una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Al menos es parte de las propuestas que presentará a los candidatos a la presidencia de la República y seguramente con altas probabilidades de influir en la agenda y en un eventual programa de gobierno.

El pasado fin de semana se sumó otro actor relevante: la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (Adiat). Una organización que adquirió mayor notoriedad en la administración de Vicente Fox, cuando nombró a uno de sus fundadores como director de Conacyt, al ingeniero Jaime Parada Ávila.

Adiat concentra a un número importante de ingenieros y representantes institucionales. Es una voz con un peso relevante, puesto que tiene reservado un lugar en el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el máximo órgano de política y coordinación sectorial, y en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

En el congreso más reciente de Adiat, se presentó la llamada “Declaración de Monterrey”, un documento con 11 propuestas localizadas principalmente en el terreno de la política científica y educativa.

La primera y más sobresaliente propuesta es la de un “nuevo marco normativo para el impulso a la educación superior, ciencia, tecnología e innovación”. En la cual recomienda tres acciones específicas: creación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; mantener a Conacyt como su órgano sectorizado y encargado de la operación de fondos, programas y proyectos estratégicos; y creación de un Gabinete Especial de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

En la propuesta de Adiat, resulta sorprendente la iniciativa de conservar a Conacyt y también la de crear un gabinete especializado, cuyas características son relativamente similares al existente Consejo General. Lo más notable es que en el marco del congreso, el pasado 23 de marzo, la Declaración de Monterrey y el conjunto de propuestas fueron presentadas a los tres principales contendientes a la presidencia de la República.

Según lo que reporta oficialmente Adiat, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota suscribieron la Declaración. En el caso de Enrique Peña Nieto solamente indica que: “felicitó a la ADIAT por el documento de la Declaración de Monterrey y mostró su apoyo para el contenido del mismo”.

Un nuevo marco institucional para el sector científico y tecnológico y su coexistencia con la educación superior no está decidido, como se puede advertir, pero seguramente su reforma será inevitable en la próxima administración.

(Publicado en Campus Milenio No. 456. Marzo 29, 2012)

EL RANKING DEL FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) intenta precisar el desempeño de las entidades federativas, así como el nivel de productividad científica alcanzado por algunas instituciones. Una labor deseable, meritoria e importante. Sin embargo, no es lo más afortunado llamarle “ranking” al trabajo que realiza, aunque resulte mediáticamente tentador.

La ley de ciencia y tecnología establece que el FCCyT es un “órgano autónomo y permanente de consulta” del gobierno federal y del poder legislativo. El Foro se creó en 1999, con la idea de abrir un espacio de expresión a los investigadores. Aunque, en realidad, la actual denominación y composición del Foro se deben a la reforma normativa del 2002.

El Foro, además, puede sugerir acciones prioritarias, cierta orientación del gasto o expresarse en torno a las disposiciones normativas e incluso valorar la eficacia e impacto del programa sectorial. De hecho, buena parte del trabajo del organismo, una treintena de publicaciones, se ha concentrado en realizar el análisis de diferentes materias, así como diagnósticos y propuestas para su posible integración en los programas sectoriales.

Sin embargo, a pesar de que la ley, estrictamente, no le reserva al Foro funciones sobre estudios cuantitativos del sector, pareciera que el propio organismo considera que son necesarios para cumplir su labor de consulta. Al menos, desde el 2008 se ocupa de los datos del sistema científico y tecnológico. En el 2009 publicó lo que denominó “Estadísticas de los sistemas estatales de innovación”, en donde se incluyeron algunos de los principales datos de las 32 entidades federativas. Una publicación relativamente similar a la que Conacyt difundió en 2006, denominada “Estado del arte de los sistemas estatales de ciencia y tecnología”.

Al final del año anterior, el Foro dio un paso más en el tratamiento de los datos y publicó lo que denominó: “Ranking nacional de ciencia, tecnología e innovación. Ranking de la producción científica”. Un documento con un diseño peculiar: una mitad invertida, con un color y tratamiento diferente, para diferenciar los dos tipos de ranking que reúne en sus páginas.

Un ranking, como se sabe, es básicamente una tabla de posiciones. Usualmente un ordenamiento o clasificación de mayor o menor y que generalmente permite establecer criterios de valoración. El furor por este tipo de ordenamientos persiste en la mayoría de las naciones y ha sido comandado por la alta competitividad de las universidades de investigación, en la búsqueda de establecer referentes y diferenciar prestigios en el conjunto de instituciones.

Toda una historia el tipo de ordenamiento, los indicadores, la competencia entre universidades, el ingreso, el cambio de posición o la salida de los ranking internacionales o nacionales, como en estas mismas páginas de Campus lo ha documentado Roberto Rodríguez.

Sin embargo, en el caso de un sistema nacional de ciencia y tecnología y de la actividad que desempeña ¿tiene sentido hablar de ranking? No parece apropiado, sobre todo por el relativamente reciente dispositivo institucional en las entidades, las asimetrías y contrastes socioeconómicos que caracterizan a México y porque el nivel comparativo se remite a las entidades federativas.

Quizás por la misma razón, no es de extrañar que en el ranking nacional de ciencia, tecnología e innovación del Foro, las primeras cuatro posiciones correspondan, en ese orden, al: Distrito Federal; Nuevo León; Morelos; y Jalisco. Por la misma razón, tampoco sorprende que las últimas cuatro posiciones de las 32 entidades federativas las ocupen: Tabasco; Chiapas; Oaxaca; y Guerrero.

A pesar de que el movimiento descentralizador comenzó hace décadas, persiste la concentración regional e institucional. Hoy los indicadores nos muestran el avance de las entidades más rezagadas y una menor distancia respecto al Distrito Federal, pero los contrastes todavía son notorios.

Tampoco es sorprendente que en el ranking por componentes (como inversión en capital humano, infraestructura para investigación o entorno económico y social, por ejemplo) el Distrito Federal, Nuevo León y Querétaro aparezcan como las entidades con las mejores condiciones para desarrollar actividades científicas y tecnológicas.

Sin duda es importante contar con números precisos sobre los principales avances y desafíos que enfrenta el sistema y las entidades federativas, pero distorsiona y es innecesario denominarlo ranking.

(Publicado en Campus Milenio No. 454. Marzo 16, 2012)

EL 8 DE MARZO Y LOS ESTUDIOS DE ALTO NIVEL

Durante más de un siglo las mujeres han estado a la búsqueda de una igualdad que se resiste. En las últimas cuatro décadas los avances han sido innegables. La celebración de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es la ocasión para actualizar los pendientes en este terreno y especialmente para advertir las brechas de género que todavía persisten en el ámbito académico.

Hace casi dos meses (Campus No. 446) comentamos en este mismo espacio que prácticamente se había alcanzado el índice de paridad de género en el acceso escolar. Incluso señalamos que en algunos niveles educativos y países, el índice de paridad se inclinaba hacia las mujeres. Obviamente, es una realidad para una parte del mundo, pero el panorama no es homogéneo y los promedios esconden las diferencias.

En el caso de América Latina, en educación primaria, la paridad de género en el acceso ya se alcanzó y en los países donde existen diferencias de matriculación ahora son a favor de las mujeres. Sin embargo, la excepción, como casi siempre ocurre, es con los grupos vulnerables. La paridad de género todavía no es una realidad para las poblaciones indígenas de Belice, Bolivia y Guatemala (Banco Mundial “Mujeres de América Latina y el Caribe en busca de un nuevo equilibrio”).

En educación secundaria, los niños frecuentemente tienen ventajas en el acceso escolar respecto a las niñas, al menos en la mitad de los países de la región y con brechas de hasta seis puntos porcentuales como serían los casos de Guatemala y Bolivia, o en menor medida en Nicaragua y Honduras.

Los obstáculos para el ingreso escolar de las niñas se localizan principalmente en las responsabilidades domésticas que se les asignan, incluyendo el cuidado de los hermanos más pequeños, las presiones culturales y familiares para un matrimonio temprano, o prácticas de acoso que las alejan de la escuela. Sin embargo, en general, lo que cabe subrayar es que una vez que las mujeres llegan a las aulas, tienden a mostrar un mejor desempeño y mayores logros educativos que los varones.

La educación superior ha experimentado la expansión más importante en las últimas cuatro décadas en el mundo. El nivel superior se ha quintuplicado: pasó de 32 millones de estudiantes en 1970 a alrededor de 165 millones para el final de la década pasada. Tómese como referencia que, para el mismo periodo, la primaria casi se duplicó y la secundaria se triplicó (UNESCO. “World Atlas of Gender Equality in Education”).

No obstante, también cabe advertir que el crecimiento del nivel superior resalta más porque su línea base era muy reducida para una buena parte de los países en desarrollo y, de hecho, pese al incremento relativamente reciente de la matrícula, el volumen sigue siendo reducido.

El reporte de UNESCO señala que las mujeres han sido las principales beneficiarias del crecimiento de la educación superior. Por ejemplo, señala que el número de mujeres que se matricularon en instituciones de este nivel fue el doble de rápido respecto de los hombres para el periodo de referencia. Aunque la tendencia está asociada al nivel de ingresos del país.

Lo sorprendente es que si bien el índice de paridad de género se sostiene en la media superior e incluso, en algunas regiones y países, las mujeres pueden sobrepasar a los hombres en el acceso a la maestría, la situación inversa se presenta en los estudios de doctorado. En este nivel los hombres tienen la ventaja en casi todas las regiones del mundo. Aunque, dice el Atlas de UNESCO, América Latina y el Caribe es una región interesante porque es la “única donde las mujeres participan en una tasa superior en estudios de doctorado en comparación con los de maestría” (p. 80).

Las diferencias pueden estar en las elecciones vocacionales que han presionado por alcanzar estudios de doctorado. La proporción de mujeres es mayoritaria en el campo de las ciencias sociales, administración, leyes, finanzas, psicología o educación, pero es una tendencia relativamente reciente. El caso inverso podría ser el de las ciencias naturales y exactas.

En general, las diferencias a favor de los hombres también se sostienen en las carreras de investigador (70 a 30 por ciento). Las mujeres enfrentan mayores dificultades para desempeñar tal carrera, sea por los estereotipos de género, los criterios de desempeño o el equilibrio con sus otras actividades.

Sin duda ha mejorado la situación de las mujeres, pero parece necesario ahondar en el tema.

(Publicado en Campus Milenio No. 453. Marzo 8, 2012)

¿QUÉ RECOMIENDA LA OCDE A MÉXICO?

Es la primera ocasión que México ocupa la presidencia del G20. El compromiso es con la opción de las reformas estructurales, las que plantean organismos internacionales y, particularmente, las que sugiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La agenda no solamente incluye iniciativas en el orden económico y financiero, también están considerados los asuntos educativos, científicos y tecnológicos.

El G20 es un foro en el que se reúnen los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales de 19 países y la Unión europea. Son las principales economías a nivel global, tanto desarrolladas como emergentes. En conjunto, concentran alrededor del 90 por ciento del PIB global, aproximadamente el 80 por ciento del comercio en el mundo y dos terceras partes de la población en el planeta. En el caso de América Latina, participan de este grupo, Argentina, Brasil y México.

El surgimiento del G20 –-a partir del G7 en 1999-- se debió a las crisis financieras recurrentes, así como a la necesidad de establecer un mecanismo de diálogo y negociación entre las economías sistémicamente importantes y al reconocimiento de que no se podía soslayar la representación de las economías emergentes en la gobernanza económica internacional.

El foro de ministros se reúne anualmente (el más reciente fue el pasado 25 y 26 de febrero) y es deliberativo, más que decisorio, aunque genera consensos y ha jugado un papel relevante en situaciones crisis. En este último caso, los asistentes han sido más bien los líderes de las naciones, en las llamadas Cumbres de Líderes.

Previo a la celebración del reciente foro de ministros, la OCDE publicó algunas de sus principales recomendaciones para mejorar el desempeño económico de México (“Perspectivas OCDE: México. Reformas para el Cambio”) y también como parte de su apoyo a la presidencia de México del G20.

En el documento se plantearon recomendaciones en materia económica, mercado laboral, comercio, sistema fiscal, etc. En el apartado correspondiente a la educación, y específicamente para el nivel superior, se destaca que una eventual reforma financiera debería considerar tres aspectos: revisar si es sostenible la actual distribución de costos públicos, sobre todo para valorar si refleja adecuadamente los beneficios sociales de este nivel; mejorar la transparencia de la asignación; y ampliar significativamente los apoyos a los estudiantes de bajos recursos (p. 43). Particularmente, el primer aspecto, tal parece que se trata de una re-edición del principal planteamiento del Banco Mundial de 1995 con sus “Lecciones derivadas de la experiencia”.

Además, para el nivel superior, entre otros aspectos, la OCDE recomienda mejorar los programas de formación y capacitación del profesorado, así como el perfeccionamiento del sistema de evaluación que debiera estar centrado en los resultados del aprendizaje.

En materia científica y tecnológica, en el documento se llama la atención sobre el bajo nivel de inversión de México (casi cinco veces menos que el promedio de la OCDE), lo mismo que su marco normativo poco adecuado para la innovación o la baja calificación de sus recursos humanos.

En consecuencia, sugiere una mayor inversión en capital humano en todos los niveles y sectores de la economía. Pero también, para mejorar el sistema de innovación, propone “coordinar con mayor eficacia la relación entre secretarías de Estado y organismos, y evaluar sistemáticamente, así como descentralizar la política de innovación” (p. 47). Este planteamiento ha sido identificado como un eventual apoyo a la creación de una nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología.

Igualmente, recomienda apoyar la inversión en IyD con la colaboración público-privada, la promoción de la competencia para incrementar la innovación o la eliminación de “los límites a al inversión extranjera y a la propiedad de la infraestructura de telecomunicaciones por línea fija en el sector de servicios”.

Las recomendaciones no son nuevas. De hecho, en la presentación del informe “Going for Growth” (OCDE, 2012), realizado la semana pasada en el marco del foro del G20, se da cuenta de qué han hecho los países –México incluido-- respecto a las sugerencias sobre reformas estructurales en los cinco años anteriores.

Lo interesante vendrá en los próximos meses, al constatar cuántas y cuáles recomendaciones formarán parte del programa de gobierno de la siguiente administración.

(Publicado en Campus Milenio No. 452. Marzo 1, 2012)

AUDITAR AL CONSEJO GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

El Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, máximo órgano de política y conducción sectorial, ha incumplido sus funciones y responsabilidades prácticamente desde que se creó en el 2002.

El Consejo fue una instancia prevista por una de las últimas reformas importantes de la normatividad científica. En ese entonces se pensaba que si se instituía un órgano de alto nivel, en el que intervinieran el ejecutivo federal y secretarios de Estado, se definiría con claridad el rumbo sectorial y se aseguraría el flujo de los recursos financieros. Ni una cosa ni la otra.

Según el reciente y voluminoso Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, realizado por la Auditoría Superior de la Federación: las obligaciones del titular del CONACYT, como secretario ejecutivo del Consejo General, se vieron afectadas por la falta de acuerdo entre los integrantes para sesionar y para reunirse conforme lo establece la ley.

No es ninguna novedad constatar la escasa funcionalidad y nula articulación del órgano de política y conducción del sistema científico y tecnológico. En esta columna, en diferentes oportunidades, hemos llamado la atención sobre la irregularidad en su operación y las contadas sesiones que ha efectuado.

La ley señala que el Consejo General se integra por 21 personas con derecho a voz y voto. Lo encabeza el Presidente de la República y funge como secretario ejecutivo el director de CONACYT. Pero también son miembros permanentes: 10 secretarios de Estado (los que tienen que ver mayormente con la ciencia y la tecnología); el Coordinador del Foro Consultivo; el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología; tres representantes del sector productivo; un reresentante de los Centros Públicos de Investigación; el secretario de ANUIES; y dos representantes de la comunidad científica o tecnológica. Y, todavía más, el ejecutivo federal puede invitar a personalidades a algunas sesiones.

Además, como principales facultades, la ley le reserva la responsabilidad de establecer las correspondientes políticas nacionales en el programa sectorial, así como la aprobación y actualización de este último. En materia de recursos financieros tiene la capacidad de definir prioridades y criterios de asignación presupuestal; también debe sancionar el proyecto de presupuesto sectorial que será incluido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, lo mismo que rendir un informe anual del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

No sonaba mal. Los verdaderos decisores y los auténticos representantes del mundo científico y tecnológico sentados a la mesa para definir e informar sobre el rumbo de la política científica y tecnológica, y con la palanca de los recursos financieros para timonearla. Pero lo que parecía una buena idea en el papel, en el laberinto cotidiano de la administración fue todo lo contrario.

A pesar de que la misma ley establece que el Consejo debe reunirse ordinariamente por lo menos dos veces al año, tal precepto no se ha cumplido. En la administración de Vicente Fox, periodo en el que se creó el organismo, solamente sesionó un par de veces en cuatro años. En lo que va de la actual gestión, solamente se reunió en el 2008.

Por tal motivo, no extraña que en el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación se anote que en el 2010 no se presentó ante el Consejo General el anteproyecto de presupuesto, tampoco el informe general del estado que guarda la ciencia y la tecnología, y menos el informe anual de evaluación del programa especial (Grupo Funcional de Desarrollo Económico. p.4). Tal parece que la idea de reunir a un grupo de alto nivel simplemente ha sido infructuosa.

De hecho, como tal vez se recuerde y como también se anota en la auditoria, la última vez que se reunió el Consejo General fue en septiembre de 2008. En ese entonces el imperativo era la aprobación del programa sectorial para darlo a conocer públicamente. Por supuesto, otras responsabilidades del organismo simplemente han sido ignoradas.

Lo ocurrido con el Consejo debiera llamar la atención para pensar con más detenimiento el sentido de las reformas a la ley que frecuentemente se practican y, desde luego, también la propuesta de crear una secretaría de ciencia y tecnología.

(Publicado en Campus Milenio No. 451. Febrero 23, 2012)

LA MODIFICACIÓN DE KAHWAGI A LA LEY DE CIENCIA

El diputado Jorge Kahwagi es un personaje controvertido. La arena pública y el escándalo mediático parecen ser lo suyo. Igual ha lanzado jabs en imaginarias peleas de box que retado a golpes a cualquiera; administra bienes, publicita su labor social o abandona su curul para participar en un reality show. Tal vez no se le pueda tomar realmente en serio, pero no cabe duda de que su papel como legislador tiene efectos

En la última década se ha desempeñado sobre todo como diputado, en un partido político o en otro, casi siempre en puestos directivos, y todo parece indicar que su influencia también se extenderá al campo de la ciencia y la tecnología.

En octubre del año pasado el diputado por el Partido Nueva Alianza (Panal), Jorge Kahwagi, otra vez fue noticia en los medios. Se trataba de una de las reuniones más importantes de comisiones unidas (Puntos Constitucionales y Gobernación) para dictaminar sobre las reformas a la Constitución Política, entre ellas el tema de la reelección legislativa. El diputado, dijeron sus correligionarios y reportaron los medios, se presentó en “estado inconveniente” y balbuceó en contra. La iniciativa de reelección no pasó.

Sin embargo, las inclinaciones pendencieras del diputado no le han impedido desempeñar una intensa actividad legislativa. Según los reportes de la consultora Integralia, en el periodo de febrero a abril del año pasado, Jorge Kahwagi presentó 17 iniciativas de ley, con lo que ocupó el tercer lugar. En el segundo periodo, de septiembre a diciembre, pasó a ocupar el primer lugar, junto con Jaime Cárdenas del PT, ambos con 23 iniciativas presentadas.

El asunto es que los reportes también señalan una situación contradictoria: el diputado de Nueva Alianza se encuentra entre los legisladores con un número destacado de proyectos de ley presentados, pero al mismo tiempo tiene el menor número de asistencia a las votaciones. En el primer periodo con un porcentaje de 15 por ciento y en el segundo con 14.3 por ciento. Así que el trabajo legislativo no es consecuente.

Integralia atribuye el alto volumen de iniciativas presentadas a la Cámara y el bajo número que se resuelven (poco menos del 10 por ciento) a que “muchos legisladores las presentan con fines testimoniales y de promoción personal sin perseguir su aprobación” (p. 7). Lo mismo que a la carencia de relevancia e incluso de viabilidad jurídica del proyecto, por lo que no se atienden con oportunidad.

No obstante, algunas de las iniciativas del diputado Kahwagi han logrado pasar al pleno. Es el caso de la más reciente modificación a la ley de ciencia y tecnología que aprobaron los diputados en su sesión del pasado 9 de febrero.

El proyecto de ley fue presentado por el represntante de Nueva Alianza el 10 de agosto del año pasado y se planteó modificar los artículos primero, 39 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT). Los artículos se refieren a disposiciones generales, a la vinculación con el sector productivo y a la relación entre educación e investigación; el cambio elemental que propone es añadirles el término “educación media superior”, en donde también aparece educación superior.

De acuerdo con la iniciativa, la idea es establecer espacios institucionales para coordinar e impulsar el vínculo entre instituciones educativas y las empresas, principalmente en el caso de la educación media superior y específicamente en los bachilleratos tecnológicos. Lo mismo que instancias de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal.

La comisión de ciencia y tecnología de la Cámara emitió un dictamen favorable al proyecto y su argumentación se basa en la necesidad de fortalecer la formación científica y tecnológica de la educación media. El dictamen pasó al pleno y sin mayor trámite fue aprobado por 316 votos a favor y cero en contra. Ahora esperará la ratificación o rectificación del Senado y listo, será una reforma más.

El cambio previsto a la ley podrá parecer inocuo, pero en el contexto de la reforma de la educación media superior puede no serlo. El tema de la vinculación fue motivo de una reforma importante del capítulo VII de la LCyT en el 2009 y tiene fuerte implicaciones organizacionales. Ahora, una iniciativa del diputado Kahwagi que parecía destinada a sumarse a la congeladora del 90 por ciento, pondrá a girar al bachillerato tecnológico. Sí, la dinámica de comisiones en el Congreso es insondable.

(Publicado en Campus Milenio No. 450. Febrero 16, 2012)

LA SECRETARÍA DE CIENCIA EN LAS PLATAFORMAS ELECTORALES

La semana anterior, a propósito de la propuesta de crear una secretaría de ciencia y tecnología, pronunciada por el representante del Movimiento Progresista, comentamos que la idea podría adquirir una importancia creciente. El tema parece avanzar en las plataformas, pero tiene varias aristas.

Hoy todavía estamos en el periodo de precampaña, ese lapso donde los partidos políticos definen quienes serán sus candidatos. El 30 de marzo inician, formalmente, las campañas electorales y se prolongarán hasta el 27 de junio. No solamente habrá elecciones presidenciales, también renovación de las dos Cámaras, siete gobernadores y una docena de presidentes municipales y de diputados locales.

A la fecha ya están definidos los aspirantes a la Presidencia que se enfrentarán en julio próximo e incluso las plataformas y programas de gobierno de dos de los aspirantes. Por tanto, también están relativamente claras las propuestas que presentarán a la ciudadanía. ¿Dicen algo sobre una nueva secretaría de ciencia y tecnología?

La plataforma electoral del Movimiento Progresista (Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano), en una de sus casi 500 propuestas señala: “Transformar el CONACYT en un Consejo de Estado donde estén representados todos los sectores vinculados a la ciencia y a la tecnología, a fin de formular las políticas y lineamientos para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y crear mecanismos para fortalecer la investigación en las instituciones de educación superior”. Formula la misma propuesta en su programa de gobierno.

La idea que anunció AMLO, el aspirante por parte del Movimiento Progresista, y a la cual nos referimos aquí la semana pasada solamente indicaba: crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología. En la plataforma se anota que será un “Consejo de Estado”. En ambos casos se sigue el mismo principio: elevar el rango de la política sectorial. Sin embargo, no es irrelevante si se modifica la ley de administración pública para dar cabida a una nueva secretaría o si se trata de un decreto de creación de un organismo relativamente similar al ya existente Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia.

Las precisiones podrían ser mayores en el fragor de la campaña electoral del Movimiento Progresista y a la vista de los diferentes grupos. Por ejemplo, ¿el fortalecimiento de la investigación en las instituciones de educación superior que indica el documento programático incluye la coordinación de ese subsistema? Ya veremos.

Por su parte, la plataforma electoral de la coalición Compromiso por México (integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista e inicialmente por Nueva Alianza), en el documento registrado en noviembre, no refería explícitamente una propuesta de crear un nuevo organismo sectorial para atender los asuntos científicos y tecnológicos.

No obstante, en el apartado de vertientes estratégicas de política pública y particularmente en la dedicada a sociedad del conocimiento anota que: “Convocaremos a las universidades, los centros de investigación y las organizaciones representativas de los sectores privado y social, para el estableci­miento de un Acuerdo Nacional por la Ciencia y la Tecnología”.

Además, en lo concerniente al tema educativo, en el documento se destaca que: “Nos pronunciamos por una revisión de la estruc­tura orgánica y funcionamiento administrativo de la Secretaría de Educación Pública”. El pronunciamiento tiene relevancia por el vínculo entre el sector educativo y el científico y tecnológico.

La plataforma de la coalición Compromiso por México probablemente no se sostenga en todos sus términos. En primer lugar porque uno de los partidos, Nueva Alianza, ya no forma parte del acuerdo. El asunto es más decisivo porque ese partido, encabezado por Elba Esther Gordillo, literalmente, era el principal interesado en el tema educativo.

Resta por conocer la posición de Josefina Vázquez Mota, recientemente electa por el Partido Acción Nacional. En este último caso, se trata de alguien que, como exsecretaria de Educación Pública, conoce la operación, la coexistencia con el sector científico y tecnológico, y el desencuentro sindical. Pronto sabremos que postura adoptará.

Sin embargo, optar por una nueva estructura sectorial es apenas el comienzo de las definiciones en la gobernanza del campo. Volveremos al tema.

(Publicado en Campus Milenio No. 449. Febrero 9, 2012)