EL PROYECTO DE SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA… EN CHILE

En las dos semanas anteriores, la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado chileno se reunió con diferentes representantes de la comunidad académica de ese país. Uno de sus acuerdos ha sido solicitar al presidente de Chile, Sebastián Piñera, la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo.

Al igual que en el caso de México, la idea no es reciente y proviene principalmente de organizaciones académicas. La propuesta de crear una nueva institucionalidad para impulsar el desarrollo científico y tecnológico en Chile tiene antecedentes en el año 2000, cuando la Academia Chilena de Ciencias (ACC) en uno de sus estudios (Ciencia, Tecnología e Innovación Programas y Políticas en Chile) ya consideraba inoperante la institucionalidad del sector y proponía su renovación para diseñar estrategias y políticas nacionales para conducir su sistema.

A mediados de la década pasada, en otro estudio (“Análisis y Proyecciones de la Ciencia Chilena-2005”) y particularmente por la creación de un proyecto de ley que creaba un fondo competitivo (Fondo de Innovación), para el cual no le solicitaron parecer a la ACC, manifestó su inconformidad y preocupación porque en su opinión era el principio para crear políticas de largo plazo. La organización de académicos fijó su posición al destacar que la ciencia no se agotaba en la innovación y planteó que “la institucionalidad debe también hacerse cargo del indispensable desarrollo de la ciencia básica y de la formación de investigadores en las universidades e institutos de investigación (p. 413).

Una de las recomendaciones del documento de la ACC del 2005 fue la modernización de las instituciones o mecanismos del Estado de apoyo a la investigación. Aunque, en realidad, no planteó la creación de un nuevo Ministerio para el sector. Básicamente proponía que la renovación de la institucionalidad debía cumplir con asesorar al Presidente de la República y a los poderes del Estado en materia de ciencia y tecnología, así como asegurar la representatividad de los actores, la cual también era deseable “para un Consejo de CONICYT, que debiera ser restituido para el gobierno de esa institución” (p.415).

Las siglas CONICYT se refieren a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del gobierno chileno, un organismo equivalente al CONACYT de México y casi fundado al mismo tiempo. La Comisión fue creada al final de los años sesenta, como organismo asesor en la materia del Presidente y dependiente del Ministerio de Educación –Conacyt se creó en diciembre de 1970 e inicialmente estuvo sectorizado a la ya desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, después a la de Educación y ahora, aunque tiene un ramo de gasto propio, conserva sus mayores vínculos con el sector educativo.

Los antecedentes de la ACC sobre la necesidad de una nueva institucionalidad fueron la base para la actual propuesta de crear un nuevo Ministerio. De hecho, en la reunión del pasado 16 de abril, la que sostuvieron los representantes de la Academia con la comisión de Senadores, presentaron casi los mismos argumentos que en su documento del 2005, sólo que en esta ocasión expresaron claramente la idea de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo.

En la declaración pública de la ACC sobre su propuesta (se puede consultar en la página electrónica del Senado chileno) señalan, casi como en el caso de México, que la institucionalidad del sector es “extremadamente frágil, dispersa y en gran medida está obsoleta”. Tal situación, argumentan, han impedido el diseño de políticas nacionales y la existencia de una verdadera política de Estado en el sector, como la que han logrado otros países.

En la perspectiva de la organización académica, una política de Estado solamente se podrá lograr si se crea la figura de Ministro para ciencia y tecnología, como el que existe para Cultura, Educación, Medio Ambiente y otros sectores.

El Senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, respalda la idea de los académicos y acordaron hacer llegar la solicitud al presidente de Chile. Tal vez la propuesta ha sido animada por la creación el año pasado del Ministerio de Desarrollo Social y la actual coyuntura en la que está por aprobarse un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. El nuevo Ministerio no es un hecho y seguramente no lo será en el corto plazo.


(Publicado en Campus Milenio. No. 459. Abril 26, 2012)

¿NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA?

Hasta ahora, en el tiempo de las peticiones y las campañas electorales, la propuesta con mayores pronunciamientos es la de crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Una iniciativa que todavía permanece en el terreno de las especulaciones, aunque le sobran partidarios y le faltan definiciones. No está claro si podría incluir a la educación superior. Tampoco si reemplazará al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y menos si tenderá sus vínculos administrativos con el sector educativo o el económico.

El dato inequívoco es que la conducción del sector científico y tecnológico requiere de un nuevo arreglo institucional. Uno en el cual se deben repensar los acuerdos y lineamientos que han conducido la actividad, así como la orientación y mecanismos de financiamiento.

La preocupación por las formas y mecanismos de regulación de la actividad científica y tecnológica ha sido una constante relativa y uno de los principales dilemas de la política del sector. El principal razonamiento que ha estado a la base de los cambios en las últimas dos décadas es que Conacyt, el órgano rector de las políticas, no ha contando con los instrumentos para regular el sistema ni tampoco ha gozado de las capacidades que le permitan decidir sobre la orientación del mismo.

En buena medida, las limitaciones padecidas por Conacyt se atribuyen a la dispersión de la actividad científica y tecnológica en múltiples secretarías e instituciones, las cuales han escapado al control del organismo. Otro tanto se refiere a las dificultades para articular un verdadero sistema y coordinar la actividad en las entidades federativas.

Los intentos por mejorar la situación del organismo encargado de la política científica y tecnológica han llevado a sectorizarlo a una u otra secretaría y a múltiples modificaciones de la normatividad correspondiente. Los cambios más significativos fueron las reformas a la ley de 1999 y 2002, las cuales le otorgaron un mayor control sobre los recursos financieros y la creación de algunas instancias altamente ineficientes.

Una de las novedades fue la instauración de los llamados fondos competitivos a partir del 2002, mixtos y sectoriales, con los cuales Conacyt pudo orientar las líneas y temas de investigación conforme la demanda. Igualmente, canalizó una porción cada vez más creciente de recursos por este medio.

El otro aspecto fue la creación de un ramo de gasto propio para la ciencia y la tecnología (ramo 38). A pesar de que estaba previsto en la ley desde el 2002, apenas en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2003 se incluyó un artículo transitorio que especificó que se haría efectivo en el presupuesto del año siguiente. A partir de entonces Conacyt, ya con ramo propio, quedó desectorizado de SEP. La autonomía relativa de Conacyt le permitió un control de los recursos financieros y una mayor fiscalización de los mismos.

No obstante, la separación resultó contraproducente, porque desde ese año, sistemáticamente, en comparación con lo que recibía previamente, el proyecto de presupuesto que remite el ejecutivo federal al Congreso contiene menores recursos para el rubro. Aunque los diputados se han encargado de incrementar las cifras propuestas gubernamentales.

Aquí mismo nos hemos referido a la creación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, una instancia de alto nivel encabezada por el presidente de la República y secretarios de Estado, responsable de la política sectorial,   pero que desde su instalación en el 2002 ha sesionado en contadas ocasiones y ha sido más bien sumamente ineficiente.

Entonces, a pesar de que los cambios efectuados han permitido a Conacyt controlar directamente la palanca del financiamiento e instaurar diversos órganos de contacto entre la administración y los destinatarios de las iniciativas, tal parece que no han sido suficientes para impulsar y orientar el sistema.

¿Una nueva estructura administrativa con rango de secretaría de Estado será capaz de sobreponerse a las adversidades y desempeñar un mejor papel para consolidar el sistema científico y tecnológico? Probablemente no. Sobre todo porque no solamente se trata de crear una nueva estructura, lo más importante es definir un arreglo institucional que incluya a los diferentes actores del campo y establecer acuerdos sobre el rumbo que deberá seguir el sistema y su financiamiento.


(Publicado en Campus Milenio No. 458. Abril 19, 2012)

¿CÓMO Y QUIÉN INTEGRARÁ LAS PROPUESTAS?

Las propuestas de los candidatos presidenciales no terminan de aparecer en el debate público, al menos no las que corresponden a educación y a ciencia y tecnología. En cambio, se han pronunciado fuerte y reiteradamente las formuladas por otros sectores. Es posible que se comience a esbozar un escenario diferente de disputa y triunfo electoral.

La ausencia de ideas por parte de los candidatos, probablemente, se debe a que las campañas están en su fase inicial. Pero también podría ser que el desencanto llegó muy pronto a los eventuales electores, a la falta de credibilidad de los políticos o acaso a los insufribles spots que rápidamente han saturado a las audiencias. Las propuestas específicas de los contendientes de las elecciones federales de julio próximo no han ingresado claramente en la arena pública; tampoco parece generar mucho interés su exploración.

En los electores solamente han quedado referencias vagas sobre la ampliación de oportunidades educativas para niños y jóvenes, la búsqueda de  un México más educado y productivo, alcanzar lo que dice la ley en apoyo financiero a la educación y a la ciencia y la tecnología. Pero todavía no ha sido pronunciada ninguna propuesta que haya generado polémica o grandes expectativas en los electores. O bien, llanamente ha sido ignorada por los supuestos destinatarios.

La contribución de los equipos de campaña no ha sido menor. En su mayor parte han procurado (unos más que otros) cuidar los escenarios ante los que se presentan los candidatos. Unos ambientes de invernadero que evitan en lo posible la confrontación, que tienen cronometrado el tiempo de exposición y las propuestas que se pueden pronunciar. Las lecciones de los tropiezos –propios y ajenos; recientes y viejos--, ha cerrado más el círculo interno y avispado.

Desde luego, por ley, las fuerzas políticas y coaliciones tienen registrado ante el IFE su correspondiente plataforma electoral y programa de gobierno (Artículo 27 del COFIPE). En esos documentos aparecen claramente anotadas sus propuestas y los candidatos están obligados a sostenerlas y difundirlas a lo largo de la campaña.

Sin embargo, hasta ahora, lo que dicen las plataformas electorales no han ocupado centralmente el espacio de los medios ni el debate público. Más bien han sido otros los actores que han colocado sus temas en la agenda de discusión y que al parecer ocuparán un lugar importante cuando se definan las elecciones federales.

Por ejemplo, la proyección del documental DePanzazo si bien dejó instaurada la idea de que el sistema educativo funciona pésimamente, lo que permanece y sobre lo que ha insistido el grupo que respalda el documental, es que se debe dar paso a la evaluación universal de los profesores –entre otros tipos de evaluación-- y de que los resultados se deben hacer públicos. La propuesta ya ha obligado a tomar posición a la autoridades educativas, a especialistas y algunos de los candidatos.

Otro caso es la reciente entrada en vigor de la obligatoriedad de la educación media superior, sancionada por la actual legislatura, la cual deberá lograrse plenamente para el ciclo escolar 2021-2022 y que aparece como punta de lanza para implementar los presupuestos plurianuales. Una propuesta que también podría formar parte de un eventual programa de gobierno.

También está la serie de preguntas, sobre 14 temas, que formularon mediante desplegado público diferentes personas de la vida pública, con las cuales buscan definiciones puntuales de los actuales aspirantes a la presidencia. El asunto es decisivo porque la autoridad electoral tomará las preguntas para un primer debate. Por cierto, en la serie de temas aparece educación, pero lamentablemente también a los preguntones se les olvidó la ciencia y la tecnología.

Igualmente está la posición expresada por ANUIES sobre los plazos y requerimientos financieros para ampliar la cobertura a 50 por ciento del grupo en edad de cursar estudios superiores. Una idea que inevitablemente estará en discusión en cualquier programa de gobierno. Lo mismo que, como lo señalamos aquí hace un par de semanas, el relativo consenso que se ha generado sobe la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología propuesto por múltiples actores.

Entonces, es posible que en los meses próximos aparezca otras voces fuertes y que también sea mayor el retraimiento de los candidatos y sus equipos de campaña. En tal escenario faltaría resolver cómo se podrían integrar las propuestas.


(Publicado en Campus Milenio. No. 457. Abril 12, 2012)

ADIAT: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Un relativo consenso se ha construido en torno a la idea de crear una nueva estructura administrativa para la ciencia y la tecnología. Los tecnólogos-empresarios, con ciertos matices, ahora también se han sumado a la propuesta. No obstante, el círculo no termina de cerrarse completamente.

La propuesta de una nueva secretaría para el sector lleva tiempo en los escritorios de algunos actores y cada tanto es desempolvada, casi siempre buscando la oportunidad de colocarse a la cabeza de la agenda pública.

Sin embargo, la idea no ha logrado una adhesión generalizada. En las vísperas de las elecciones federales anteriores, la sugerencia fue formulada principalmente por organizaciones del sector, como la Academia Mexicana de Ciencias o el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Posteriormente, la OCDE en su revisión de la política de innovación en México en el 2007-2008, destacó que era una posibilidad para el país la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología (o de Educación Superior, Ciencia y Tecnología). Aunque, aclaró que la recomendación era “poco realista” para ese momento, pero que valía la pena conservarla como una opción para el futuro. Tal parece que a la vuelta de unos pocos años, ese futuro ya llegó.

Recientemente, en la actual coyuntura electoral, la propuesta volvió a reiterarse por anteriores y nuevos actores. Además de las organizaciones científicas que siempre se han mostrado proclives, senadores del PRD ingresaron una iniciativa en el Congreso desde septiembre del año pasado para crear un nuevo despacho. Es decir, al menos una fracción de legisladores simpatizan con la idea.

La ANUIES, otra de las organizaciones importantes del campo, pero que no siempre asume una postura clara sobre las líneas de política científica y tecnológica, también recomienda la instauración de una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Al menos es parte de las propuestas que presentará a los candidatos a la presidencia de la República y seguramente con altas probabilidades de influir en la agenda y en un eventual programa de gobierno.

El pasado fin de semana se sumó otro actor relevante: la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (Adiat). Una organización que adquirió mayor notoriedad en la administración de Vicente Fox, cuando nombró a uno de sus fundadores como director de Conacyt, al ingeniero Jaime Parada Ávila.

Adiat concentra a un número importante de ingenieros y representantes institucionales. Es una voz con un peso relevante, puesto que tiene reservado un lugar en el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el máximo órgano de política y coordinación sectorial, y en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

En el congreso más reciente de Adiat, se presentó la llamada “Declaración de Monterrey”, un documento con 11 propuestas localizadas principalmente en el terreno de la política científica y educativa.

La primera y más sobresaliente propuesta es la de un “nuevo marco normativo para el impulso a la educación superior, ciencia, tecnología e innovación”. En la cual recomienda tres acciones específicas: creación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; mantener a Conacyt como su órgano sectorizado y encargado de la operación de fondos, programas y proyectos estratégicos; y creación de un Gabinete Especial de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

En la propuesta de Adiat, resulta sorprendente la iniciativa de conservar a Conacyt y también la de crear un gabinete especializado, cuyas características son relativamente similares al existente Consejo General. Lo más notable es que en el marco del congreso, el pasado 23 de marzo, la Declaración de Monterrey y el conjunto de propuestas fueron presentadas a los tres principales contendientes a la presidencia de la República.

Según lo que reporta oficialmente Adiat, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota suscribieron la Declaración. En el caso de Enrique Peña Nieto solamente indica que: “felicitó a la ADIAT por el documento de la Declaración de Monterrey y mostró su apoyo para el contenido del mismo”.

Un nuevo marco institucional para el sector científico y tecnológico y su coexistencia con la educación superior no está decidido, como se puede advertir, pero seguramente su reforma será inevitable en la próxima administración.

(Publicado en Campus Milenio No. 456. Marzo 29, 2012)

EL RANKING DEL FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) intenta precisar el desempeño de las entidades federativas, así como el nivel de productividad científica alcanzado por algunas instituciones. Una labor deseable, meritoria e importante. Sin embargo, no es lo más afortunado llamarle “ranking” al trabajo que realiza, aunque resulte mediáticamente tentador.

La ley de ciencia y tecnología establece que el FCCyT es un “órgano autónomo y permanente de consulta” del gobierno federal y del poder legislativo. El Foro se creó en 1999, con la idea de abrir un espacio de expresión a los investigadores. Aunque, en realidad, la actual denominación y composición del Foro se deben a la reforma normativa del 2002.

El Foro, además, puede sugerir acciones prioritarias, cierta orientación del gasto o expresarse en torno a las disposiciones normativas e incluso valorar la eficacia e impacto del programa sectorial. De hecho, buena parte del trabajo del organismo, una treintena de publicaciones, se ha concentrado en realizar el análisis de diferentes materias, así como diagnósticos y propuestas para su posible integración en los programas sectoriales.

Sin embargo, a pesar de que la ley, estrictamente, no le reserva al Foro funciones sobre estudios cuantitativos del sector, pareciera que el propio organismo considera que son necesarios para cumplir su labor de consulta. Al menos, desde el 2008 se ocupa de los datos del sistema científico y tecnológico. En el 2009 publicó lo que denominó “Estadísticas de los sistemas estatales de innovación”, en donde se incluyeron algunos de los principales datos de las 32 entidades federativas. Una publicación relativamente similar a la que Conacyt difundió en 2006, denominada “Estado del arte de los sistemas estatales de ciencia y tecnología”.

Al final del año anterior, el Foro dio un paso más en el tratamiento de los datos y publicó lo que denominó: “Ranking nacional de ciencia, tecnología e innovación. Ranking de la producción científica”. Un documento con un diseño peculiar: una mitad invertida, con un color y tratamiento diferente, para diferenciar los dos tipos de ranking que reúne en sus páginas.

Un ranking, como se sabe, es básicamente una tabla de posiciones. Usualmente un ordenamiento o clasificación de mayor o menor y que generalmente permite establecer criterios de valoración. El furor por este tipo de ordenamientos persiste en la mayoría de las naciones y ha sido comandado por la alta competitividad de las universidades de investigación, en la búsqueda de establecer referentes y diferenciar prestigios en el conjunto de instituciones.

Toda una historia el tipo de ordenamiento, los indicadores, la competencia entre universidades, el ingreso, el cambio de posición o la salida de los ranking internacionales o nacionales, como en estas mismas páginas de Campus lo ha documentado Roberto Rodríguez.

Sin embargo, en el caso de un sistema nacional de ciencia y tecnología y de la actividad que desempeña ¿tiene sentido hablar de ranking? No parece apropiado, sobre todo por el relativamente reciente dispositivo institucional en las entidades, las asimetrías y contrastes socioeconómicos que caracterizan a México y porque el nivel comparativo se remite a las entidades federativas.

Quizás por la misma razón, no es de extrañar que en el ranking nacional de ciencia, tecnología e innovación del Foro, las primeras cuatro posiciones correspondan, en ese orden, al: Distrito Federal; Nuevo León; Morelos; y Jalisco. Por la misma razón, tampoco sorprende que las últimas cuatro posiciones de las 32 entidades federativas las ocupen: Tabasco; Chiapas; Oaxaca; y Guerrero.

A pesar de que el movimiento descentralizador comenzó hace décadas, persiste la concentración regional e institucional. Hoy los indicadores nos muestran el avance de las entidades más rezagadas y una menor distancia respecto al Distrito Federal, pero los contrastes todavía son notorios.

Tampoco es sorprendente que en el ranking por componentes (como inversión en capital humano, infraestructura para investigación o entorno económico y social, por ejemplo) el Distrito Federal, Nuevo León y Querétaro aparezcan como las entidades con las mejores condiciones para desarrollar actividades científicas y tecnológicas.

Sin duda es importante contar con números precisos sobre los principales avances y desafíos que enfrenta el sistema y las entidades federativas, pero distorsiona y es innecesario denominarlo ranking.

(Publicado en Campus Milenio No. 454. Marzo 16, 2012)

EL 8 DE MARZO Y LOS ESTUDIOS DE ALTO NIVEL

Durante más de un siglo las mujeres han estado a la búsqueda de una igualdad que se resiste. En las últimas cuatro décadas los avances han sido innegables. La celebración de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es la ocasión para actualizar los pendientes en este terreno y especialmente para advertir las brechas de género que todavía persisten en el ámbito académico.

Hace casi dos meses (Campus No. 446) comentamos en este mismo espacio que prácticamente se había alcanzado el índice de paridad de género en el acceso escolar. Incluso señalamos que en algunos niveles educativos y países, el índice de paridad se inclinaba hacia las mujeres. Obviamente, es una realidad para una parte del mundo, pero el panorama no es homogéneo y los promedios esconden las diferencias.

En el caso de América Latina, en educación primaria, la paridad de género en el acceso ya se alcanzó y en los países donde existen diferencias de matriculación ahora son a favor de las mujeres. Sin embargo, la excepción, como casi siempre ocurre, es con los grupos vulnerables. La paridad de género todavía no es una realidad para las poblaciones indígenas de Belice, Bolivia y Guatemala (Banco Mundial “Mujeres de América Latina y el Caribe en busca de un nuevo equilibrio”).

En educación secundaria, los niños frecuentemente tienen ventajas en el acceso escolar respecto a las niñas, al menos en la mitad de los países de la región y con brechas de hasta seis puntos porcentuales como serían los casos de Guatemala y Bolivia, o en menor medida en Nicaragua y Honduras.

Los obstáculos para el ingreso escolar de las niñas se localizan principalmente en las responsabilidades domésticas que se les asignan, incluyendo el cuidado de los hermanos más pequeños, las presiones culturales y familiares para un matrimonio temprano, o prácticas de acoso que las alejan de la escuela. Sin embargo, en general, lo que cabe subrayar es que una vez que las mujeres llegan a las aulas, tienden a mostrar un mejor desempeño y mayores logros educativos que los varones.

La educación superior ha experimentado la expansión más importante en las últimas cuatro décadas en el mundo. El nivel superior se ha quintuplicado: pasó de 32 millones de estudiantes en 1970 a alrededor de 165 millones para el final de la década pasada. Tómese como referencia que, para el mismo periodo, la primaria casi se duplicó y la secundaria se triplicó (UNESCO. “World Atlas of Gender Equality in Education”).

No obstante, también cabe advertir que el crecimiento del nivel superior resalta más porque su línea base era muy reducida para una buena parte de los países en desarrollo y, de hecho, pese al incremento relativamente reciente de la matrícula, el volumen sigue siendo reducido.

El reporte de UNESCO señala que las mujeres han sido las principales beneficiarias del crecimiento de la educación superior. Por ejemplo, señala que el número de mujeres que se matricularon en instituciones de este nivel fue el doble de rápido respecto de los hombres para el periodo de referencia. Aunque la tendencia está asociada al nivel de ingresos del país.

Lo sorprendente es que si bien el índice de paridad de género se sostiene en la media superior e incluso, en algunas regiones y países, las mujeres pueden sobrepasar a los hombres en el acceso a la maestría, la situación inversa se presenta en los estudios de doctorado. En este nivel los hombres tienen la ventaja en casi todas las regiones del mundo. Aunque, dice el Atlas de UNESCO, América Latina y el Caribe es una región interesante porque es la “única donde las mujeres participan en una tasa superior en estudios de doctorado en comparación con los de maestría” (p. 80).

Las diferencias pueden estar en las elecciones vocacionales que han presionado por alcanzar estudios de doctorado. La proporción de mujeres es mayoritaria en el campo de las ciencias sociales, administración, leyes, finanzas, psicología o educación, pero es una tendencia relativamente reciente. El caso inverso podría ser el de las ciencias naturales y exactas.

En general, las diferencias a favor de los hombres también se sostienen en las carreras de investigador (70 a 30 por ciento). Las mujeres enfrentan mayores dificultades para desempeñar tal carrera, sea por los estereotipos de género, los criterios de desempeño o el equilibrio con sus otras actividades.

Sin duda ha mejorado la situación de las mujeres, pero parece necesario ahondar en el tema.

(Publicado en Campus Milenio No. 453. Marzo 8, 2012)

¿QUÉ RECOMIENDA LA OCDE A MÉXICO?

Es la primera ocasión que México ocupa la presidencia del G20. El compromiso es con la opción de las reformas estructurales, las que plantean organismos internacionales y, particularmente, las que sugiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La agenda no solamente incluye iniciativas en el orden económico y financiero, también están considerados los asuntos educativos, científicos y tecnológicos.

El G20 es un foro en el que se reúnen los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales de 19 países y la Unión europea. Son las principales economías a nivel global, tanto desarrolladas como emergentes. En conjunto, concentran alrededor del 90 por ciento del PIB global, aproximadamente el 80 por ciento del comercio en el mundo y dos terceras partes de la población en el planeta. En el caso de América Latina, participan de este grupo, Argentina, Brasil y México.

El surgimiento del G20 –-a partir del G7 en 1999-- se debió a las crisis financieras recurrentes, así como a la necesidad de establecer un mecanismo de diálogo y negociación entre las economías sistémicamente importantes y al reconocimiento de que no se podía soslayar la representación de las economías emergentes en la gobernanza económica internacional.

El foro de ministros se reúne anualmente (el más reciente fue el pasado 25 y 26 de febrero) y es deliberativo, más que decisorio, aunque genera consensos y ha jugado un papel relevante en situaciones crisis. En este último caso, los asistentes han sido más bien los líderes de las naciones, en las llamadas Cumbres de Líderes.

Previo a la celebración del reciente foro de ministros, la OCDE publicó algunas de sus principales recomendaciones para mejorar el desempeño económico de México (“Perspectivas OCDE: México. Reformas para el Cambio”) y también como parte de su apoyo a la presidencia de México del G20.

En el documento se plantearon recomendaciones en materia económica, mercado laboral, comercio, sistema fiscal, etc. En el apartado correspondiente a la educación, y específicamente para el nivel superior, se destaca que una eventual reforma financiera debería considerar tres aspectos: revisar si es sostenible la actual distribución de costos públicos, sobre todo para valorar si refleja adecuadamente los beneficios sociales de este nivel; mejorar la transparencia de la asignación; y ampliar significativamente los apoyos a los estudiantes de bajos recursos (p. 43). Particularmente, el primer aspecto, tal parece que se trata de una re-edición del principal planteamiento del Banco Mundial de 1995 con sus “Lecciones derivadas de la experiencia”.

Además, para el nivel superior, entre otros aspectos, la OCDE recomienda mejorar los programas de formación y capacitación del profesorado, así como el perfeccionamiento del sistema de evaluación que debiera estar centrado en los resultados del aprendizaje.

En materia científica y tecnológica, en el documento se llama la atención sobre el bajo nivel de inversión de México (casi cinco veces menos que el promedio de la OCDE), lo mismo que su marco normativo poco adecuado para la innovación o la baja calificación de sus recursos humanos.

En consecuencia, sugiere una mayor inversión en capital humano en todos los niveles y sectores de la economía. Pero también, para mejorar el sistema de innovación, propone “coordinar con mayor eficacia la relación entre secretarías de Estado y organismos, y evaluar sistemáticamente, así como descentralizar la política de innovación” (p. 47). Este planteamiento ha sido identificado como un eventual apoyo a la creación de una nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología.

Igualmente, recomienda apoyar la inversión en IyD con la colaboración público-privada, la promoción de la competencia para incrementar la innovación o la eliminación de “los límites a al inversión extranjera y a la propiedad de la infraestructura de telecomunicaciones por línea fija en el sector de servicios”.

Las recomendaciones no son nuevas. De hecho, en la presentación del informe “Going for Growth” (OCDE, 2012), realizado la semana pasada en el marco del foro del G20, se da cuenta de qué han hecho los países –México incluido-- respecto a las sugerencias sobre reformas estructurales en los cinco años anteriores.

Lo interesante vendrá en los próximos meses, al constatar cuántas y cuáles recomendaciones formarán parte del programa de gobierno de la siguiente administración.

(Publicado en Campus Milenio No. 452. Marzo 1, 2012)