Seguro Social: éramos muchos y... le recortarán todavía más

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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"El Instituto Mexicano del Seguro Social está obligado y comprometido a tener una capacidad hospitalaria y de infraestructura para atender potencialmente a esos siete millones de estudiantes", dijo el presidente de la República, Peña Nieto, el pasado 18 de abril.

Es el anunció más reciente sobre la afiliación de estudiantes de niveles medio superior y superior al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Y sí, más o menos desde hace treinta años, está la misma idea.

En junio de 1987, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid y cuando casi estábamos por descender de la cresta de aquella crisis económica, fue el primer acuerdo para incorporar al seguro facultativo (acceso al servicio médico solamente para enfermedades y maternidad) del IMSS a todos los jóvenes de educación media superior y superior de todos los planteles “públicos oficiales” del sistema educativo nacional (Diario Oficial de la Federación 10.06.1987)

Sin embargo, debido a las modificaciones a la ley del seguro social de mediados de los años noventa, se emitió un nuevo acuerdo para incorporar al régimen obligatorio del seguro social, ahora a todas “las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y superior en instituciones educativas del Estado” (DOF 14.09.1998). Es decir, se intercambió la anterior denominación de “planteles públicos oficiales”, por instituciones del Estado. Recordemos que la reforma de esos años, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, modificó el esquema de pensiones y estableció las cuentas individualizadas para el retiro, pero no incluyó el seguro facultativo, por ello se emitió el entonces nuevo acuerdo.

Lo sorprendente es que ni la administración de Zedillo ni las subsecuentes han precisado con claridad el volumen de estudiantes que atienden en esta modalidad. Seguramente, como ocurre con una buena parte de los datos estadísticos nacionales, probablemente la información existe, pero está dispersa en los expedientes de los alumnos en las instituciones educativas y en los inescrutables registros del Seguro Social. Ni para qué tomarse la molestia de difundirlos, si lo importante es decir que ya tienen el servicio.

En términos relativamente vagos, los datos oficiales, solamente han incluido el volumen de gasto por concepto de cuotas y aportaciones, pero ahí también están contabilizados los gasto médicos de pensionados, el seguro para la familia y, claro, el seguro médico para estudiantes.

En el anuncio más reciente, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, indicó que actualmente están afiliados alrededor de tres millones de jóvenes en la modalidad del seguro para estudiantes de nivel medio superior y superior y la meta es “alcanzar los 7 millones de jóvenes en estos niveles educativos”. (El total de jóvenes en los dos niveles suman alrededor de 8 millones 680 mil).

Avanzar en la universalización de los servicios de salud es una acción no solamente importante, también es justa y muy necesaria. El problema es que el Seguro Social tiene lo mejor y lo peor en atención a la salud. En la población, especialmente en la más vulnerable, ha quedado relativamente claro el calvario, lo insufrible y los malos tratos de los niveles primario y secundario de atención a la salud en las clínicas familiares.

Una sobredosis de paciencia y tolerancia en los niveles previos es lo mejor para aguardar la alta capacidad y profesionalización de la atención de tercer nivel en hospitales del Seguro Social. Sin embargo, todo parece indicar que la fatalidad también alcanzó a este último nivel y ya adoptó las mismas prácticas. Las quejas sobre la demencial burocratización y los casos de negligencia medica se multiplican exponencialmente. Unos dicen que son acciones deliberadas del personal para resistir la universalización del servicio.

Lo cierto es que se trata de un sistema de seguridad social sobresaturado que se recargará todavía más y provocará un mayor deterioro en el servicio. Seguramente las recientes movilizaciones de personal médico y de enfermeras lo saben o lo intuyen. La experiencia podría ser similar a lo ocurrido con el sistema educativo: La expansión de la matrícula de los años 80 y 90 se realizó a costa de los salarios de los profesores y sobre la base de la misma infraestructura. Hoy tenemos los resultados a la vista.

La alternativa no puede ser restringir el acceso a los servicios de salud a la población más vulnerable, pero tampoco integrar o profundizar circuitos diferenciados de atención a la salud. Y para colmo, el secretario de Hacienda anuncia un segundo recorte al sector salud por 6 mil 500 millones de pesos, precisamente en el rubro de actividad: “Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona”.

(Publicado en Campus Milenio No. 663, Junio 30, 2016, p.5)

Los cero rechazados y la inspección del RVOE en la CDMX

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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El gobierno de la Ciudad de México anuncia otro paso más para poner en marcha el otorgamiento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Estableció un convenio con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para que sea la entidad encargada de vigilar y sancionar a las instituciones educativas particulares locales.

El gobierno local habilitó su facultad de otorgar RVOE en diciembre del año pasado, precisamente cuando modificó su código fiscal para incluir el cobro por ese servicio y así quedó vigente la posibilidad de hacerlo efectivo a través de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Una facultad que no había ejercido.

Sin embargo, en los primeros meses de este año, a pesar de que se estableció la norma y se promocionaron los cursos de inducción, la iniciativa parecía más dirigida a los medios que a las instituciones educativas. En buena medida porque, casi al mismo tiempo, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), principal fuerza política opositora local, anunció la creación de cinco universidades en las delegaciones políticas que gobierna.

Ahora, en el inicio de este verano, el tema del RVOE vuelve a cobrar notoriedad. Por una parte, tal vez por los preparativos que deben realizar los planteles educativos para el siguiente ciclo escolar. Por otra parte, porque hace dos meses el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y los gobernadores de la zona centro se comprometieron a poner en marcha la “estrategia de cero rechazados en la educación superior”.

El pasado mes de abril, cuando todavía no se realizaban las elecciones, en la Segunda Reunión del Grupo de Coordinación Regional Zona Centro, en la que participaron, además de Aurelio Nuño, los mandatarios locales de Hidalgo, Ciudad de México, el estado de México y Morelos, se dijo que se garantizaría un lugar para todos los egresados de educación media superior.

Incluso el secretario de Educación Pública, a pregunta expresa, afirmó que ningún joven con la educación media superior concluida en la zona metropolitana de la Ciudad de México se quedaría “sin un lugar en una institución de calidad de Educación Superior, cosa que es perfectamente lograble y es lo que vamos a estar trabajando y estaremos presentando próximamente” (SEP. 28.04.2016).

El asunto no es tan sencillo como parece. No son fortuitas las preferencias vocacionales e institucionales de los jóvenes que los llevan a concentrarse y a demandar un lugar en unas cuantas instituciones universitarias, debido a que están convencidos de que ahí sus posibilidades de formación serán mejores y mayores. Y no les falta razón.

El subsistema de educación superior, y el sistema educativo en su conjunto, ha formado auténticos circuitos escolares segmentados. En donde el origen social o el lugar de residencia determina el tipo de escuela o carrera a la que se dirigen los jóvenes. Por supuesto, la calidad y el servicio no son iguales en los distintos circuitos: la mayoría de los jóvenes de familias más desfavorecidas son canalizados a los opciones de menor calidad y el caso inverso ocurre con los de mejores recursos. La desigualdad se amplia y profundiza. 

Uno de los controles para regular la calidad de los estudios que ofrecen las instituciones particulares es precisamente el RVOE. Porque se supone que previo cumplimiento de ciertos requisitos, la autoridad educativa reconoce e incorpora un plan y programas de estudios de los particulares. Por la misma razón, estas instituciones están obligadas a la mención expresa de si los estudios que ofrecen son reconocidos oficialmente o no.

El problema, como en estas mismas páginas se ha comentado en variadas oportunidades, es que el otorgamiento del RVOE ha respondido a coyunturas y no siempre se ha guiado por criterios técnicos. Además, una de las principales fallas, una vez otorgado el reconocimiento, es la labor de supervisión y los mecanismos de sanción.

En el caso de la Ciudad de México, con el reciente convenio, se deposita esa labor de supervisión en el Invea. Este último es un órgano descentralizado, facultado por ley para realizar verificaciones administrativas en alrededor de media docena de materias, entre las cuales se encuentra la protección ecológica, los anuncios, el desarrollo urbano, el transporte público, entre otros (artículo 7). Ahora se añade el de la verificación en instituciones edcuativas.

En fin, el verano comienza y se abren las ventanillas del RVOE. Pronto veremos cuál será la tendencia de las solicitudes.

Posdata: Lamentable, muy lamentable, por donde se le vea, lo ocurrido en Nochixtlán, Oaxaca. ¿Por qué es tan difícil atender los problemas educativos sin pensar en el 2018?

(Publicado en Campus Milenio No. 662, Junio 23, 2016, p.5)

Ciencia y Tecnología: ¿otra vuelta a los estímulos fiscales?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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“Estoy seguro de que, trabajando juntos, podremos identificar y, sobre todo, derribar las barreras que todavía dificultan una mayor participación del sector privado en Investigación y Desarrollo”, espetó el presidente Enrique Peña Nieto en la más reciente ceremonia de entrega de premios de investigación y ante los integrantes de la cuarta reunión del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

Luego, el mandatario, enumeró cuatro medidas para el fortalecimiento de las actividades científicas y tecnológicas. La primera fue precisamente sobre la participación del sector privado, donde instruyó para que el Conacyt y las secretarías de Hacienda y Economía inicien un proceso de diálogo con el Consejo Coordinador Empresarial, para “diseñar un posible programa de estímulos fiscales que incentive la inversión privada en investigación y desarrollo experimental” (Blog Presidencia 27.05.2016).

Los incentivos fiscales son uno de los principales instrumentos para alentar la inversión de las empresas del sector productivo. La medida tiene sus apologistas y detractores. Los primeros dicen que son muy necesarios para alentar la inversión en cierto tipo de áreas que no son particularmente atractivas para el empresariado –como la investigación científica y el desarrollo tecnológico—, así que son partidarios de todo tipo concesiones, aunque ello signifique una menor tasa de recaudación fiscal.

Por el contrario, los que rechazan los incentivos fiscales destacan que no resolverán el problema del desarrollo y la inversión, más bien lo complican, al multiplicar las excepciones y los tratamientos fiscales especiales que disminuyen la recaudación. En realidad, indican, se debiera atender a las dinámicas de cambio e incrementar la base fiscal y asegurar mayores recursos públicos.

La puesta en marcha de incentivos fiscales es un camino que ya se experimentó al final de los años noventa y especialmente en el periodo de Vicente Fox. Incluso, antes de ese periodo, la normatividad tenía prevista una deducción del Impuesto Sobre la Renta si se destinaba un gasto a capacitación y a investigación y a desarrollo, así como un 20 por ciento de crédito fiscal. Aunque, en ese entonces, la queja del empresariado era lo abigarrado y tortuoso que resultaba el proceso.

En los años 2000 se modificó la normatividad para agilizar los procesos, así que se integró un comité interinstitucional que se encargaría de aplicar los incentivos (DOF. 21.12.2001). El comité estaba formado por Conacyt y los secretarios de Economía, Hacienda y Educación Pública. Así, como el que ahora sugiere el presidente. Bueno, casi, porque en ese entonces no figuró el Consejo Coordinador Empresarial y ahora no incluyó al secretario de Educación Pública. Seguramente este último ya tiene suficiente con la reforma educativa.

Las reglas generales para la aplicación de los estímulos fiscales se fueron ajustando periódicamente, intentando precisar excepciones, rubros y condiciones para hacerlos efectivos. También se incrementó el crédito fiscal (pasó de 20 a 30 por ciento) e igualmente ocurrió con el monto para estímulos fiscales (paso de 500 a 3 mil millones).

Sin embargo, al final de los años 2000 las críticas al programa de incentivos fiscales se intensificaron, destacando principalmente la escasa transparencia en los mecanismos de operación para la asignación de los fondos y, sobre todo, su alta concentración y beneficios para empresas transnacionales. Adicionalmente, el reporte de la OCDE sobre la política de innovación en México sugirió que se necesitaba modificar el sistema de incentivos fiscales indirectos y, por el contrario, incrementar el volumen de apoyo directo a las empresas.

Luego, vino la reforma fiscal del 2010 y la incompatibilidad de aplicar lo que se indicaba en la Ley de Impuesto Sobre la Renta (artículo 219) como crédito fiscal en proyectos de investigación o desarrollo de tecnología y lo que indicaba el paquete económico como apoyo directo a través del presupuesto de egresos.

En resumidas cuentas, a partir del 2009, el programa de estímulos fiscales a la investigación y el desarrollo tecnológico fue sustituido por el Programa de Estímulos a la Investigación (PEI). Este último está dirigido a las empresas para impulsar la innovación y propiciar su relación con los Centros Públicos de Investigación y las Instituciones de Educación Superior.

El PEI también está basado en los presupuestos anuales e incluye tres diferentes programas: InnovaPyme dirigido precisamente a las Pyme; Innovatec para las grandes empresas; y Proinnova, para ambos tipos de empresa, pero que tienen proyectos en los que destinan una cuarta parte del costo total del mismo a una universidad o centro público de investigación.

En fin, todavía no está a la vista ningún diseño de nuevo programa de incentivos fiscales ni siquiera el diálogo entre los nombrados. Pero la experiencia sí. ¿Se repetirá?

(Publicado en Campus Milenio No. 661, Junio 16, 2016, p.5)

Ahí van las 100 mil becas... de inglés

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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El Foro Bilateral México-Estados Unidos sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) llegó a su tercer año en este mes de mayo. La tarea que le encomendaron al organismo fue desarrollar una “visión compartida sobre cooperación educativa” entre ambas naciones y la puesta en marcha de acciones concretas a corto y mediano plazo.

Una de las acciones más visibles de corto plazo que se propuso el Foro fue la de incrementar la movilidad estudiantil entre México y los Estados Unidos. La parte nacional, a través del Grupo de Consulta Mexicano, diseñó la ambiciosa iniciativa “Proyecta 100,000 Hacia una región del conocimiento. Propuesta del Grupo de Consulta Mexicano del FOBESII”.

La idea central que planteó el Grupo de Consulta fue multiplicar por un factor de siete, entre el 2013 y el 2018, el número de estudiantes mexicanos en Estados Unidos. Esto es, pasar de los casi 14 mil estudiantes mexicanos en Estados Unidos que existían al inicio del periodo (licenciatura y posgrado) a 100 mil para el término del mismo. A su vez, en el mismo lapso, los poco más de 4 mil estudiantes estadounidenses en México debían pasar a 50 mil. Nada menos.

Todo un reto y nada fácil de superar, sea cual sea el lado que se le mida. Tal vez por la misma razón, pero sopesando el inescrutable asunto de los recursos financieros, las autoridades del sector, plantearon que se podían impulsar las becas para apoyar estancias de un mes, tanto para los estudiantes de licenciatura como para los del posgrado.

Las cifras que se contabilizan en la cuenta de “Proyecta 100 mil” son relativamente dispersas e inciertas. Desde luego, se consideran las poco más de un mil nuevas becas para Estados Unidos que otorga anualmente Conacyt, las que otorga SEP y otras dependencias para estudios de licenciatura, así como algunas decenas de otras becas canalizadas a través de programas de cooperación con diversas agencias estadounidenses.

Sin embargo, el mayor volumen de becas que se le asocia al programa es el apoyo para estancias de un mes para el aprendizaje y dominio del idioma inglés. En noviembre de 2014, la subsecretaría de educación superior indicó que la primera generación de estudiantes con ese propósito estaba compuesta por más de 5 mil estudiantes (Comunicado SEP No. 348).

Lo sorprendente fue que, según sus cuentas, con esos poco más de 5 mil estudiantes, “más los apoyados por CONACYT, se alcanza la meta de 27 mil alumnos mexicanos en Estados Unidos” en el 2014. ¿Cómo? ¿O sea que en ese año Conacyt contabilizó 22 mil becarios en Estados Unidos? Ni de lejos, ni siquiera considerando todos los becarios de México hacia ese país en los últimos 15 años.

Tampoco parece ser compatible con lo reportado en el 3er Informe de Gobierno para el mismo programa. Ahí solamente se anotan lo correspondiente a instituciones tecnológicas y se dijo que para el ciclo escolar 2014-2015, se benefició a un mil 431 estudiantes y 483 profesores de Universidades Tecnológicas, así como 362 estudiantes y 207 profesores de Universidades Politécnicas. Sumando un total de 2 mil 483 (p. 271). Nada mal el apoyo para el sector tecnológico. Aunque quizás se olvidaron de los otros sectores de educación superior o tal vez no.

Por otra parte, en esta misma semana cerró la convocatoria de lo que podría ser la segunda generación de estudiantes becados para cursos intensivos de inglés en Estados Unidos. La información de la convocatoria dice que se entregarán 3 mil 115 becas (cada una de 91 mil pesos) a estudiantes de instituciones públicas de educación superior y la capacitación será en instituciones de nivel superior del país vecino, avaladas por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid); la duración será de 96 horas en cuatro semanas a impartirse entre octubre y noviembre de este año.

No es irrelevante el apoyo que se otorga a través de este programa y menos si tiene prioridad el sector tecnológico y los jóvenes con mayores desventajas. Sin embargo, por una parte, es necesario aclarar y precisar las cifras del programa; la simulación no es una vía perdurable. Por otra parte, vale la pena notar como se ha venido reduciendo la escala de tiempo durante la movilidad a medida que se incrementa la idea misma de movilidad: pasó de una beca para cursar todo un nivel educativo a respaldar solamente un año o un semestre escolar y parece que terminará en un apoyo para una estancia de un mes. Es el imperativo de los recursos financieros.

Posdata: El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental realiza una excelente labor de divulgación, como sus charlas nocturnas de observación astronómica.   

(Publicado en Campus Milenio No. 660, Junio 9, 2016, p.5)