viernes, 28 de julio de 2017

Evaluación científica: la vida académica en un formato


Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
(Publicado en Campus Milenio. No. 715. Julio 27, 2017. Pág. 5)

Investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), uno de los centros públicos de investigación del área del área de las ciencias sociales y las humanidades, encabezan una protesta pública por la manera en la que se quiere evaluar su trabajo. Dicen que es una “forma rígida y excluyente a la que nos quieren obligar a presentar la información sobre nuestras actividades académicas”.

En una carta dirigida a Enrique Cabrero, titular del Conacyt, y a Víctor Gerardo Carreón, director de planeación y evaluación del mismo organismo, casi un centenar de investigadores del CIESAS, se inconforman por el reciente cambio en la plataforma digital del Conacyt. El rechazo no es a la modificación informática es, más bien, al formato en el que deben “capturar” la información relevante de su trayectoria académica: el Currículum Vitae Único (CVU).

El CVU es la fuente de información primaria para todo trámite académico ante el Conacyt. Ahí quedan trazadas las coordenadas de la vida académica del investigador, el becario o el aspirante a serlo; sirve tanto para valorar la permanencia, ascenso o salida como investigador, como la asignación de financiamiento para un proyecto o el merecimiento de una beca de posgrado.

La importancia del CVU ha sido paulatina y es relativamente reciente su formato completamente digitalizado. Hasta hace muy poco los investigadores llegaban a las puertas del Conacyt con cajas de cartón apiladas con toda la documentación probatoria para su evaluación; incluso las instituciones contrataban transporte de carga. A la par, a mediados de los años 2000, el Conacyt comenzó a tratar de homogeneizar la información de todos sus investigadores.

También, a medida que los trámites gubernamentales (y de todo tipo) se extendieron electrónicamente a diferentes áreas, la digitalización de la información y el servicio “en línea” se han convertido en la forma más fácil de atención a las demandas. El Conacyt, sin embargo, apenas hace un par de años inició con su modernización tecnológica y a prescindir de la documentación física.

Ahora, el paso más reciente ha sido la actualización de su portal electrónico y la utilización de diferentes plataformas para los distintos servicios que brinda el organismo. Una de ellas es la del CVU, en la cual aparece el nuevo formato de captura y ahí, todos los usuarios, deben migrar sus datos curriculares de su CVU anterior. Eso también esa es parte de la queja.

El asunto del CVU no solamente tiene una dificultad técnica, especialmente para los investigadores de muy bajo perfil tecnológico, pero de alta categoría en el Sistema, que han tenido que aprender a utilizar las herramientas informáticas o buscar apoyo para esas tareas. Lo más importante es que, ahora, el nuevo formato de CVU será el principal instrumento para evaluar el desempeño individual.  El problema, señalan los investigadores del CIESAS, es que el formato “deja fuera actividades sustantivas de nuestro quehacer como científicos sociales”.

Por ejemplo, dicen en su carta los investigadores, excluye actividades realizadas en importantes universidades, lo mismo que publicaciones de determinadas editoriales y revistas. También se inconforman con la solicitud de incluir los códigos numéricos internacionales de las publicaciones (ISBN o ISSN), el registro de inscripción en los posgrados o la presentación de la cédula profesional.

La carta de los 100 investigadores del CIESAS fue acompañada de otras 174 firmas de académicos procedentes de casi medio centenar de instituciones y publicada el pasado 15 de julio en la plataforma “Change.org”. Esta última es un sitio electrónico para movilizar el respaldo a una causa y la lista de firmantes alcanzó más de dos mil adhesiones en los días siguientes (No-a-un-cvu-cerrado).

La inconformidad con las formas y tiempos de la evaluación del desempeño individual ha sido permanente. El SNI, a mediados de los años ochenta, fue uno de los precursores de la política que se extendió en la vida académica. Sin embargo, en estas más de tres décadas, a pesar de que se han modificado componentes, herramientas y mecanismos de evaluación, persiste la idea de que han sido mayores su efectos negativos (distorsión, parcialidad, cantidad sin calidad) que el mejoramiento de la actividad.

Al inicio de este mes, casi una decena de académicos de la UNAM y la UAM, publicaron un documento en el “Blog de educación de Nexos” para invitar a debatir ampliamente el problema de la evaluación académica y presentan una propuesta de evaluación diagnóstica y formativa (“Queríamos evaluar y terminamos contando: alternativas para la evaluación del trabajo académico”). Afirman que las actuales evaluaciones del desempeño individual no cumplen con los requisitos académicos elementales: promover el desarrollo y no castigar; recibir recomendaciones para mejorar; criterios de evaluación justos; reglas claras y transparentes
 
La incógnita es si estamos llegando a un punto de inflexión en la sostenida política de evaluación del desempeño individual o, una vez más, ésta conservará sus principios y se reinventará bajo nuevos mecanismos

jueves, 20 de julio de 2017

Ciencia y tecnología. Conversemos sobre lo que tienen que decir

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES

(Publicado en Campus Milenio No. 714. Julio 20, 2017. Pág. 5)

Lo denominaron “Primer conversatorio. El otro lado de la moneda: desafíos del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación desde la mirada de los estudiantes de posgrado” y fue realizado en las instalaciones del Senado de la República. La iniciativa, apoyada por la Cámara alta, fue de los jóvenes y sí, fue un encuentro entre hacedores de políticas y los destinatarios de esas mismas políticas.

El encuentro es uno de los primeros intentos por zanjar el conflicto que se suscitó desde el primer trimestre de este año. Usted lo debe recordar, cuando varios estudiantes de posgrado, y muchos otros, no habían tomado nota de que en este año entraría en vigor una nueva unidad de referencia (la UMA) para todas las normas que tenían el salario mínimo como base de cálculo para otorgar incentivos. Una medida positiva que permitirá mejorar el salario sin implicar el cúmulo de leyes que estaban atadas, pero que los estudiantes piensan no les favorece. Las autoridades tampoco se ocuparon de explicarlo.

Después, el problema mayor fue que los jóvenes, cuando se inscribieron a un programa de posgrado, estaban en el supuesto de que recibirían una beca. Resultó que no, no habría becas para todos. Así que ni UMA ni nada.  Las autoridades de Conacyt dijeron que les comunicaron con anticipación a los coordinadores de los programas que no habría beca para todos los estudiantes; los coordinadores lo negaron. Ahí se agravaron las dificultades.

En realidad, como había ocurrido en los años previos, la mayoría de los estudiantes que eran admitidos en programas de posgrado pertenecientes al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) podían contar con una beca. Claro, los números finales estaban un tanto en función de los perfiles académicos y socioeconómicos de los jóvenes, otro tanto dependientes del número de becas recibido en cada institución el año anterior y, lo más importante, en virtud del presupuesto anual de Conacyt.

Las instituciones aceptaron, respecto del año anterior, a un mayor número de estudiantes y resultó que no todos alcanzaban una beca. Aquí lo comentamos en su oportunidad: en este año, un recorte de seis mil millones de pesos en el presupuesto que ejerce centralmente Conacyt tendría consecuencias.

El asunto es que lo estudiantes se inconformaron con el recorte de becas y con la nueva base de cálculo, Conacyt permaneció impasible y solamente intervino hasta que las protestas se hicieron públicas y crecientes.

No se modificó la unidad de medida pero sí se otorgó un mayor número de becas y al parecer hasta ahí había quedado el asunto. Pero no, un grupo de jóvenes persistieron en una incipiente organización, en su demanda de mayor presupuesto para el sector y en lograr becas para todos los estudiantes de posgrado.

El martes de la semana pasada tuvo lugar el conversatorio que organizaron los estudiantes. Los temas a conversar: la incertidumbre presupuestaria del sector; las vicisitudes de ser un estudiante de posgrado en México; infraestructura científica y tecnológica; la mancuerna academia – sector productivo – gobierno; y la participación de las y los estudiantes de posgrado en la planeación de la política científica, tecnológica y de innovación.

Desafortunadamente no pude atender la amable invitación para participar, pero en cada tema estuvieron estudiantes, autoridades del sector, legisladores y especialistas. Y como lo celebró el senador Juan Carlos Romero Hicks, fue muy importante que las comisiones de Educación y de Ciencia y Tecnología de las Cámaras, “hayan logrado el propósito de hacer visible a los alumnos provenientes de 30 instituciones y 13 casas de estudios, dedicadas a las artes, humanidades, ciencias exactas y naturales, con lo cual se logró pasar de las quejas a propuestas claras” (Boletín 1681).

El conversatorio es un formato que ha impulsado Naciones Unidas con el fin acercar a ciudadanos, especialistas y autoridades en discusiones que permitan registrar aportes y construir agendas nacionales en temas muy variados. Lo característico es que son participaciones informadas pero que son relativamente informales, relajadas y que no requieren de mucha preparación.

El formato no es desconocido para Conacyt ni tampoco para el Senado, aunque sí es relativamente reciente y sí lo es para acercar posiciones encontradas. Conacyt apenas lo utilizó el mes pasado para exponer diferentes puntos de vista sobre las evaluaciones de la política científica y tecnológica que realiza, pero todas las participaciones fueron de especialistas. El Senado lo ha utilizado desde hace un par de años, con diferentes propósitos, para ventilar o intercambiar información, entre ellas la concerniente a Naciones Unidas.

Lo positivo del reciente conversatorio es que quedó instalada la posición de los jóvenes sobre la política científica y tecnológica nacional. Todavía más porque ahora, con el inicio de los cursos universitarios, regresará el tema de las becas. Lo difícil de un conversatorio, sin embargo, es llegar a un consenso y conclusiones compartidas con efectos prácticos. El otro asunto que vale la pena tener presente es qué papel desempeñan los organismos intermedios del sector. 

Educación superior. Reconocimiento mundial de cualificaciones

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 713. Julio 13, 2017. Pág. 5)

Un convenio mundial de reconocimiento de títulos, grados y diplomas de la educación superior todavía no es una realidad. Sin embargo, es posible que para el final de este año o el siguiente lo sea. No será fácil. El comité encargado de la redacción de un posible convenio, después de más de un año de trabajo, celebró su última sesión al final del mes pasado y ha dicho que ya está el anteproyecto, el cual será presentado al comité ejecutivo de Unesco el próximo mes de noviembre (unesco.org 05.07.2017).

La elaboración de un documento marco en la materia se ha vuelto cada vez más apremiante y es, quizás, la expresión inequívoca de que hoy estamos ante un notable incremento en el flujo internacional de personas con altos niveles de calificación. Por ejemplo, de 1990 a 2010, en los países de la OCDE, el número de migrantes altamente calificados (al menos con un grado de estudios superiores) se incrementó 130 por ciento, mientras que los de baja calificación (educación primaria) solamente creció en 40 por ciento (Kerr, S. P. et al. 2016. “Global Talent Flows”. Journal of Economic Perspectives, 30(4), 83–106).

En el caso de los Estados Unidos, según las cifras de su censo, reveló que casi la mitad de los inmigrantes que llegaron a ese país entre 2011 y 2015 eran personas con estudios superiores, mientras que entre 1985 y 1990 representaron solamente el 27 por ciento. A pesar de que las personas provenientes de Asia han contribuido de forma significativa a elevar ese porcentaje de alta calificación, los que llegan de América Latina representan alrededor de una cuarta parte (Batalova, J., & Fix, M. 2017. New Brain Gain: Rising Human Capital among Recent Immigrants to the United States. Washington, D.C.).

Una movilidad que seguramente continuará en ascenso con nuevos desafíos por delante pero que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy sigue rutas muy variadas. Ya no es solamente desde un punto, en una sola dirección o concentrada en una región. Ciertamente, la búsqueda de acuerdos internacionales sobre niveles de calificación no es un asunto reciente. De hecho, como lo dice la propia Unesco (2015), desde mediados del siglo pasado se ha discutido el tema y en los años setenta e inicios de los ochenta se produjo una primera generación de convenios regionales.

Uno de los primeros acuerdos en ratificarse fue el “Convenio regional de convalidación de estudios, títulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe”. Por cierto, el convenio fue firmado en México en julio de 1974, hace casi medio siglo. Ahí, en una veintena de artículos, quedaron las definiciones, los objetivos, los compromisos y las condiciones del reconocimiento de estudios.

Por ejemplo, quedó establecido que se entendería por reconocimiento de un diploma, título o grado extranjero, “su aceptación por las autoridades competentes de un Estado contratante y el otorgamiento a los titulares de dichos diplomas, títulos o grados de derechos concedidos a quienes posean” uno nacional similar.

Tales derechos serían válidos tanto para continuar estudios como para el ejercicio de una profesión. En el primer caso suponía establecer requisitos relativamente equivalentes de admisión y de evaluación en las instituciones de la región; en el segundo, aceptar la capacidad técnica del profesionista sin eximirlo de la regulación normativa nacional del ejercicio de la profesión.

Convenios similares se establecieron para las diferentes regiones del mundo: Mediterráneo (1976); Estados Árabes (1978); Europa (1979); África (1981); y Asia y el Pacífico (1983). Sin embargo, estos convenios se perfilaron y respondieron para un mundo que no es el de hoy. Así que, como dice Unesco, vino una segunda generación de convenios al final de los años noventa, espoleados por nuevas alianzas regionales, como el de la Unión Europea y su estrategia de Lisboa, la de América del Norte o la de Asia – Pacífico.

Según la Unesco, actualmente sería posible un convenio global, derivado de las tendencias regionales y globales de la educación superior. Tendencias que se podrían sintetizar en la palabra “diversificación”, tanto de proveedores como de suministros, alumnos, orientación institucional, etcétera. Una diversificación animada por la masificación de la educación superior y las tecnologías que la han hecho posible.

El asunto es que el volumen de la movilidad académica también se ha incrementado de forma importante. En los últimos 15 años el número de estudiantes móviles se duplicó y se estima que se volverá a duplicar para el final de la década actual. Entonces, el tema del reconocimiento de títulos y diplomas se volverá más relevante.

La Unesco ha dicho que el futuro Convenio no implicará un reconocimiento automático o mutuo de títulos y diplomas por sus Estados Partes. Más bien será un instrumento normativo que permita elaborar un marco internacional “para armonizar los procesos de reconocimiento de cualificaciones relativas a la enseñanza superior emitidas en todas las regiones del mundo”.

No, no será nada fácil lograr un acuerdo. No lo es a nivel nacional, como lo documenta Roberto Rodríguez en la columna vecina, y menos a nivel internacional. Todavía menos si se consideran los ajustes recientes en la geopolítica. Tampoco será imposible.

viernes, 30 de junio de 2017

Posible reforma a la Ley. ¿Compras Públicas Innovadoras?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 711. Junio 29, 2017. Pág. 5)

Es posible que la iniciativa no sea aprobada en esta legislatura, su efecto en las cuentas finales de esta administración tampoco sería mayormente notable y quizás su puesta en marcha se demore más de lo previsto. Sin embargo, cuando sea el caso, tal vez su impacto será decisivo en el gasto nacional en actividades científicas y desarrollo tecnológico.

La propuesta es del senador priista Patricio Martínez, presidente de la comisión de ciencia y tecnología del Senado. El proyecto es modificar algunos artículos de la “ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público” para regular las compras públicas, orientarlas e incentivar la innovación desde el lado de la demanda.

La iniciativa del senador Martínez, mencionando un estudio del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, dice que diferentes países de la OCDE, para estimular la innovación, utilizan las contrataciones públicas, la regulación, las iniciativas dirigidas por el mercado y las políticas de consumo, entre otras. El mismo Foro cita la propuesta del legislador en su boletín (No. 313. 20.06.2017).

En general, como ocurre en diferentes países, se asume que las compras públicas, principalmente si son de cierta naturaleza y de un volumen importante, tendrán un efecto en la inversión científica y fomentarán la innovación. La Comisión Europea define las Compras Públicas Innovadoras (CPI o Public Procurement of Innovative solutions, PPI), como aquellas que ocurren cuando el sector público utiliza su poder de compra para actuar como primer contratante (early adopter) de soluciones innovadoras que todavía no están disponibles a gran escala sobre bases comerciales (ec.europa.eu).

Además, dice la misma Comisión, las CPI pueden ser complementarias a la compra precomercial, puesto que permite un despliegue a gran escala de soluciones que se desarrollaron en escala reducida en una compra precomercial previa. Por tanto, es también una aproximación a la contratación pública de servicios de investigación y desarrollo experimental.

La propuesta de decreto del senador Martínez plantea que las dependencias y entidades del sector público en México debieran contar con una adecuada “planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas y en especial de aquellas que representan una innovación o que cuentan con avances tecnológicos que representen una eficiente, eficaz, transparente y económica forma de ejercer el gasto público” (Gaceta LXIII/2SPR-15/72240. 21.06.2017).

En particular, el proyecto implica modificar los artículos 20, 22 y 41 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Por ejemplo, en el segundo párrafo de la primera fracción del artículo 20 propone identificar las necesidades a satisfacer a través de bienes y servicios con avances tecnológicos e innovadores, así como destinar “al menos diez por ciento del total de recursos a erogar durante el ejercicio fiscal”.

Los recursos, dice la iniciativa, los determinaría “el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, considerando también las propuestas que le haga llegar cualquier persona física o moral”. Además, en el artículo 22, primera fracción, establece que tales comités verificarán que, anualmente, el programa incorpore las contrataciones innovadoras, en el porcentaje que corresponda.

Finalmente, conforme las modificaciones al artículo 41, se precisan las contrataciones, arrendamientos o servicios que no estarán sujetos a licitación pública, como en el caso de que sean innovadores, cuando cuenten con avances tecnológicos incorporados, o bien, cuando el comité correspondiente determine que se requieren realizar pruebas o pasar a la contratación directamente, si no son necesarias las pruebas.

En realidad las Compras Públicas Innovadoras no serían estrictamente una novedad. Desde fines del 2014, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, ha expresado su intención de probarlas como proyecto piloto. Primero lo hizo en el sector energético, con la CFE y Pemex. Aunque, si lo hizo, no se saben cuáles fueron los resultados.

Más recientemente, en abril de este año, la propia Secretaría de Economía, junto con la  Profeco y la Semarnat, anunciaron que lanzarían el mismo proyeto piloto a nivel nacional. El propósito, dijeron en ese momento, era conocer las necesidades de compra pública y “alinear a los jugadores más importantes del Gobierno de la República en el contexto de innovación” (Comunicado SE. 058 / 2017).

En fin, si se modifica la ley, lo cual seguramente no sería en esta legislatura, la novedad estará en el porcentaje de recursos financieros que serían canalizados por este mecanismo, el papel de los comités de adquisiciones y, al final, su probable efecto en el gasto científico y tecnológico.

No obstante, nada indica que la reforma del senador Martínez se convierta en un hecho en el corto plazo y menos que se aplique como está previsto. De regulaciones está empedrado el camino de nuestras instituciones... y no funcionan.

Claro, después de casi una década de haberle añadido la palabra “innovacion” a la ley sectorial, sería una de las acciones más visibles del Comité Intersectorial de Innovación. Eso sí.

viernes, 23 de junio de 2017

Inmigrantes en EE. UU. El DACA se queda… en suspenso




Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 710. Junio 22, 2017. pág. 5)



Los comunicados oficiales de la administración Trump son el tipo de noticias que pueden ir de malas a peores. Lo mismo para precisar políticas migratorias, negociaciones comerciales, posiciones diplomáticas o la revocación de programas. Quizás, por la misma razón, cuando no anuncian lo peor, ya se toman como una buena noticia.

Por ejemplo, el pasado 15 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional publicó el memorando en el que anuncia la revocación del programa Acción Diferida para los Padres de Americanos (DAPA, por sus siglas en inglés),  y aclara que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) “seguirá vigente” (https://www.dhs.gov).

En los medios que recuperaron la noticia, el énfasis que prevaleció fue la permanencia del programa DACA, muchos ni siquiera mencionaron el DAPA. Ciertamente, conservar el primero fue una buena noticia, un respiro, momentáneo, para los cientos de miles de jóvenes que están inscritos en el programa y vivían en la zozobra de una deportación masiva.

El DACA es el programa que puso en marcha la administración de Obama en junio de 2012, dirigido a aquellos niños y jóvenes que habían llegado sin documentos a los EE. UU., los llamados dreamers, para protegerlos temporalmente de una deportación. Inscribirse en el programa les permitía obtener un permiso de empleo, un número de seguro social y tramitar una licencia de conducir. La renovación de estatus es cada dos años.

Desde luego, para solicitar su registro en el DACA, los dreamers debían cubrir ciertos requisitos: haber ingresado a territorio estadounidense antes de cumplir 16 años; una edad mínima de 15 años y máxima de 31 años al 15 de junio de 2012; no haber sido declarado culpable por un delito grave, un delito menor significativo o tres delitos menores; y contar con un diploma de bachillerato (high school), equivalente o estar estudiando. Y sí, muchos de los jóvenes inscritos ya contaban con estudios universitarios y de posgrado.

A su vez, el DAPA, planteó un proceso similar, una especie de extensión del programa DACA, porque se dirigía a los padres. Anunciado también por la administración Obama en noviembre de 2014, tenía como destinatarios a las personas indocumentadas, pero que eran padres de ciudadanos estadounidenses o de un residente permanente legal. Podían inscribirse aquellos que, además, habían residido continuamente en los Estados Unidos desde enero de 2010.

Sin embargo, lo cierto es que el DAPA nunca se puso en operación, porque un juez federal de Texas bloqueó la orden ejecutiva de Obama, luego de que 26 estados establecieron una demanda, comandados por Texas, al argumentar que el expresidente se estaba extralimitando en su autoridad para proteger a inmigrantes ilegales. El caso se llevó a la Corte Suprema de Estados Unidos y quedó con una votación dividida en partes iguales (4-4) por lo que el bloqueo y litigio permaneció hasta ahora (The New Yor Times. 16.06.2016).

Hoy, con el memorándum firmado por Kelly, la administración Trump resuelve en definitiva. Ahí se asienta que el programa nunca ha estado en efecto, existen nuevas prioridades en materia de inmigración y después de consultar con el abogado general, el programa DAPA queda rescindido. Una orden ejecutiva lo diseñó y otra orden da marcha atrás.

En México, luego de que se diera a conocer el memorando estadounidense, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hizo público su beneplácito por la permanencia del programa DACA (SEP. Comunicado No. 240). Nada dijo sobre el DAPA. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió apenas hace unos meses, la SRE dio cifras precisas del volumen de dreamers.

Por ejemplo, anotó que, a marzo de 2017, 787 mil 580 jóvenes habían sido beneficarios del DACA y de ese total 618 mil 342 (78 por ciento) son mexicanos. Sí, es el grupo más favorecido por el programa y también el que estaba (¿o está?) en un mayor peligro de deportación. Ni la SRE ni la SEP han publicado los datos por nivel de escolaridad de estos jóvenes, pero por los requisitos de solicitud al programa, los testimonios de varios de ellos y la protección que les han ofrecido algunas universidades estadounidenses, en su mayoría son jóvenes talentosos que concluyeron su bachillerato, cursan la licenciatura o el posgrado.

Definitivamente, es mejor para los dreamers saber que, por ahora, el programa en el que están inscritos sigue vigente. Sin embargo, por un lado, seguramente, las medidas de deportación se endurecerán para la población que no está en el programa. Por otro lado, con la velidosa administración Trump, nada es seguro ni permanente.

En la década anterior, el flujo global de migrantes con alta escolaridad creció 130 por ciento y el de menor escolaridad solamente 40 por ciento. Salieron, cada vez más, de un mayor número de países y se concentraron en unos cuantos, principalmente en EE. UU., Reino Unido, Canadá y Australia (Sari Pekkala Kerr et al. “Global Talent Flows”. 2016). Seguramente, las mediciones posteriores reflejarán el impacto de las medidas que actualmente están en marcha, como picos o tendencias sostenidas. Ya lo veremos.

jueves, 15 de junio de 2017

Fortalezas y debilidades. La posición del gobierno francés y sus capacidades científicas



Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 709. Junio 15, 2017. Pág. 5)

Es comprensible el compromiso del gobierno francés con el Acuerdo de París sobre cambio climático: fue el país anfitrión de la cumbre en la que se aprobó en el 2015. Claro, también está la relevancia del acuerdo como plan universal para la reducción de los gases de efecto invernadero, la esperada mitigación del calentamiento global y la perspectiva de que entre en vigor en el 2020.

Quizás por la misma razón, cuando Donald Trump anunció el retiro de EE. UU del acuerdo, el pasado primero de junio, el presidente francés, Emmanuel Macron, a las pocas horas, fue uno de los primeros líderes en dirigir un mensaje público reprobando la decisión: “Considero que está cometiendo un error para los intereses de su país y de su pueblo y un error para el futuro de nuestro planeta. Acabo de hablar con el Presidente Trump y tuve la oportunidad de hacérselo saber”.

Lo notable es que, como ya lo hicimos notar en la entrega de la semana anterior, Macron también dijo que el Acuerdo no se renegociaría. Todavía más, se dirigió a los científicos, ingenieros, investigadores y empresarios estadounidenses que estuvieran decepcionados con la decision y los invitó a trabajar: “Encontrarán en Francia una segunda patria. Les hago un llamamiento: vengan a trabajar aquí, con nosotros, a trabajar sobre soluciones concretas para el clima. Esta noche, los Estados Unidos le han dado la espalda al mundo. Pero Francia no dará la espalda a los estadounidenses”.

La invitación entró en el terreno mediático, a la caza de un liderazgo global, en el ajuste de la geopolítica provocado por el declinante papel estadounidense, debido a las posiciones sumamente polémicas y las controvertidas decisiones de Donald Trump. Sin embargo, el asunto es en qué medida quedará minada la fuerza de atracción que ejerce EE. UU y si, en dado caso, efectivamente se reflejara en un cambio en las instituciones y en los flujos de personal altamente calificado.

Después de todo, es indiscutible la capacidad científica y tecnológica de los Estados Unidos (Science, Technology and Industry Scoreboard, 2015). En la década pasada, 22 de las 30 universidades con mayor impacto estaban localizadas en su territorio. También encabeza la lista de los países con las publicaciones de mayor impacto relativo en todas las disciplinas y, junto con el Reino Unido, Alemania y China, concentran entre el 50 y el 70% de esas publicaciones. Más de la mitad de las empresas con mayor actividad en investigación y desarrollo experimental están localizadas en Estados Unidos y Japón. Y sí, es el país clave en las redes científicas, en la atracción de estudiantes y en el origen y destino de la mayor parte de científicos.

Francia comienza un nuevo periodo. Todavía no se sabe exactamente qué planes pondrá en marcha la actual administración, pero su joven presidente ha levantado altas expectativas. En buena medida por la composición de su gabinete, en el que resalta la paridad de género y la pluralidad política. También porque los ministerios relacionados con la educación y la actividad científica estarán ocupados por personas reconocidas en sus respectivos campos.

Por ejemplo, en el nuevo ministerio de Transición Ecológica y Solidaria, designó a Nicolás Hulot, un popular y reconocido activista y defensor del medio ambiente que no había participado en el gobierno. Tal vez esa sea otra razón que explique las posiciones e invitación de Macron.

El ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación lo ocupará Frèdérique Vidal, anterior presidenta de la Universidad de Niza Sophia (2012-2017), especializada en bioquímica y genética molecular. Y en el ministerio de Solidaridad y Salud estará Agnès Buzyn, otra investigadora en hematología y quien ha desempeñado otros cargos de alto nivel en la política científica francesa.

No obstante, no es suficiente el perfil de una nueva administración para modificar rápidamente un sistema científico y tecnológico; tampoco para atraer de forma inmediata el flujo de recursos humanos. Sí, puede ayudar, pero se necesitan instrumentos y una estructura de incentivos, porque ni el desarrollo científico ni las instituciones se pueden improvisar.

El sistema de investigación francés tiene sus fortalezas y sus insoslayables retos (RIO Country Report 2016: France). Por ejemplo, el nivel de financiamiento de la investigación científica y desarrollo experimental, como proporción del PIB, es de 2.24 por ciento. Una proporción arriba de la media de la Unión Europea y del Reino Unido, pero abajo de la que destina Estados Unidos, Alemania o Japón.

Francia solamente tiene unas cuantas industrias de alta tecnología, como la aeronáutica o la aeroespacial, aunque también es reconocida su industria cosmética, de lujo y agroalimentaria. El reporte dice que ese país, en la última década, ha impulsado un número importante de reformas para mejorar su investigación, pero a nivel nacional sigue siendo promedio, tanto en calidad como en cantidad.

En fin, hace falta mayor detalle. Sin embargo, es posible que a  nivel regional, los cambios en los polos de atracción y el flujo de personas esté en marcha, aunque sean procesos sumamente lentos y graduales.