Variable Covid-19. ¿Y la educación qué?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 843. Marzo 26, 2020. Pág. 4)

Intentar sortear de la mejor forma la propagación del Covid-19 es lo que hoy ocupa a todas las naciones. Al final se advertirá lo que salió bien y los errores cometidos. Sin embargo, como también es claro, el impacto no solamente es ni será en vidas humanas, ni únicamente en el área de la salud física o mental; tampoco está circunscrito al farragoso y preocupante terreno económico.

El otro ámbito importantísimo es el educativo. Según el monitoreo que realiza la Unesco, al 22 de marzo, casi un centenar y medio de países en todas las regiones han cerrado escuelas de forma parcial o total a nivel nacional, desde la educación básica hasta el posgrado. El volumen alcanza a poco más del 80 por ciento del total de estudiantes matriculados en el mundo.

A nivel internacional, en cifras redondas, son un mil 379 millones de estudiantes que han suspendido su proceso de aprendizaje. En América, solamente Belice, Nicaragua, los países del Caribe y las Guayanas permanecen con sus escuelas abiertas; Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Brasil han cerrado escuelas en zonas localizadas; y el resto de países del continente han cerrado todos sus planteles.

En México, desde la semana anterior algunas entidades federativas, por decisión de sus respectivos gobiernos, suspendieron las clases de nivel básico. Otras instituciones de educación superior --especialmente particulares y otras de carácter autónomo-- también decidieron cerrar sus aulas. La heterogeneidad de iniciativas muestra las tensiones del federalismo y las distintas apreciaciones sobre la gravedad del coronavirus.

A su vez, la SEP anunció que para contener las afectaciones del Covid-19 y en atención a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el receso escolar” en todos los planteles escolares sería del lunes 23 de marzo al lunes 20 de abril (14.03.2020). En realidad lo que hizo fue adelantar y añadir dos semanas más a las dos semanas de vacaciones de Semana Santa. Aunque el comunicado indicaba “receso escolar”, este último término el propio calendario de la SEP lo reserva solamente para el verano, para referirse al periodo entre ciclos escolares.

Tal vez por la posible confusión entre receso escolar y vacaciones, dos días después la misma SEP aclaró que en las primeras dos semanas se “suspendieron actividades escolares”, pero no son vacaciones. Seguramente para enfatizar que el personal académico y administrativo debe permanecer en aislamiento voluntario en su domicilio e inhibir su posible desplazamiento territorial.

¿Qué ocurrirá con el contenido escolar que quedó pendiente de las dos semanas de suspensión? La dependencia federal dijo que se recuperarían para cumplir con los planes y programas establecidos. ¿Cómo? Pues básicamente a través de un sistema de educación a distancia electrónica y digital. Eso.

¿Y qué ocurrió? El primer día de suspensión de actividades escolares un comunicado de la misma SEP indicaba que a través del “programa Aprende en Casa, las y los estudiantes de educación básica podrán acceder por televisión e Internet, a una variada oferta educativa para continuar con sus aprendizajes” (23.03.2020).

El problema es que, como el propio titular de la SEP, Esteban Moctezuma, lo reconoció, las condiciones de infraestructura y acceso a las tecnologías informáticas son muy dispares en el territorio nacional y en todo el sistema educativo nacional, así que las actividades a distancia para los docentes y personal directivo solamente estarán en función de sus posibilidades. El secretario añadió que para las personas que no tengan acceso a Internet contarán con programación por televisión. Pero ¿quién o cómo las llevará a efecto?

Al final, como casi siempre, quedará solucionado de forma diferenciada: los segmentos minoritarios con mayores y mejores condiciones tal vez podrán continuar su proceso de aprendizaje sin mayores complicaciones; otro amplio segmento resolverá como tarea el cúmulo de lecciones pendientes que le dejó sin más el personal docente; y un último segmento, seguramente también de volumen considerable, no hará nada, simplemente pasará el tiempo.

El mayor brete, sin embargo, no son las dos semanas de suspensión de actividades escolares, las cuales podrán recuperarse en mayor o menor medida. La principal dificultad es la incertidumbre de lo que ocurrirá con la actual emergencia, tanto como la fragilidad e inestabilidad del sistema educativo. ¿Qué ocurrirá si el mes de inactividad en las aulas no es suficiente para superar la contingencia del Covid-19 y el aislamiento en casa se prolonga? ¿Y si se presenta otra emergencia? ¿Cómo solucionamos el problema de infraestructura, acceso y manejo de tecnologías educativas por parte del personal docente? Regresaremos con algunas cifras.

La variable Covid-19, como tantas otras, exhibe la desigualdad en el país y las dificultades del Sistema Educativo Nacional.

Pie de página: Y mientras en la vida real se despliega la pandemia, en la vida normativa está en marcha la integración de las comisiones dictaminadoras del SNI. La pregunta es si se hará conforme a la ley vigente o no. Atentos.

La variable Covid-19

Alejandro Canales

UNAM–IISUE /PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 842. Marzo 19, 2020. Pág. 4)

Las situaciones críticas nacionales muestran la fortaleza o languidez de líderes e instituciones. En esas circunstancias son inocultables sus rasgos y la capacidad de respuesta, porque inevitablemente habrá consecuencias y estarán expuestas al escrutinio público.

Desde hace más de un mes, en este Acelerador de Partículas, cuando el actual coronavirus todavía no era nombrado como Covid-19 pero ya había causado alarma en China y especialmente en Wuhan, destacamos la relevancia de los organismos especializados, el papel del conocimiento científico y el apocamiento de algunas entidades (Campus Milenio No. 836).

A partir del 7 de marzo, cuando el número de casos confirmados de Covid-19 en todo el mundo superó la cifra de los 100 mil, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado a todas las naciones para controlar y frenar la propagación del virus.

La OMS también hizo notar que ningún gobierno debía permitir una propagación incontrolada, no solamente por el grave daño que le causaría a su población, sino también por el inevitable efecto que tendría en otros países (Declaración OMS. 07.03.2020).

En el caso de México, lo registramos desde hace más de un mes, el gobierno federal lanzó una campaña de información sobre el virus y emitió un Comunicado Técnico Diario sobre el brote infeccioso. Todavía el pasado 12 de marzo, el gobierno mexicano decía que permanecía en la fase uno del protocolo de la OMS porque solamente se habían confirmado 12 casos de Covid-19 y todos eran de importación.

Sin embargo, la infección comenzó a expandirse rápidamente. El Comunicado Técnico Diario de la Secretaría de Salud del 15 de marzo publicó que ya eran 53 los casos y el comunicado del día siguiente mencionó que ya se habían confirmado 82 casos de Covid-19. Además, para el 16 de marzo, las personas infectadas ya se distribuían en buena parte del territorio nacional, solamente tres entidades federativas no tenían reportada a ninguna persona, otras trece entidades tenían 171 casos sospechosos y las 82 personas confirmadas ya estaban en el resto de estados.

Lo ocurrido en China, Italia y España habían mostrado que el Covid-19 era y es un virus altamente contagioso. Más o menos el número de personas contagiadas se duplica entre 2 y 3.5 días; el virus tiene un periodo de incubación de entre 5 y 14 días.

Un muy breve y altamente recomendable texto de Moisés Santillan urge a la acción sobre el coronavirus. Apareció este lunes 16 de marzo en la página electrónica de la revista “Avance y Perspectiva”, medio de divulgación del Cinvestav, en el cual explica que si se considera el desfase de alrededor de diez días entre que una persona es contagiosa y el momento en el que se le diagnóstica, “en realidad refleja el número de personas contagiosas que había 10 días atrás”. En su opinión, desde el comienzo de esta semana ya deberíamos estar en la fase 3 del protocolo de la OMS, lo cual implica permanecer en cuarentena.

En las actuales circunstancias, ha circulado información altamente confiable, pero también se ha diseminado profusamente otra que es contradictoria y falsa. Son varias las lecciones que podríamos aprovechar. En primer lugar, la importancia de los datos validados, duros y oportunos, tanto como su manejo escrupuloso y de máxima publicidad para ofrecer confianza y certeza a la población.

En segundo lugar, las recientes experiencias de China y Europa, indicaron claramente cómo no proceder, como subestimar su velocidad de contagio. No obstante, parece que nos empeñamos en replicar los errores. La globalización permite el flujo de personas, la inmediatez de la información y, más importante, también propicia la cooperación. ¿Por qué ignorarlas?

En tercer lugar, muestra que en situaciones críticas, los tomadores de decisión no pueden prescindir del conocimiento técnico y científico, tampoco subestimar el funcionamiento de sus instituciones. El mismo presidente López Obrador (AMLO) coincidió en que “todos debemos ajustarnos a la opinión científica” (13.03.2020). Tal vez a la hora de distribuir el presupuesto público para las universidades, los centros e institutos nacionales se vean como una piedra atada a la bolsa de los recursos financieros, pero ahora consta que más costoso resultará asfixiarlos presupuestalmente o de plano eliminarlos.

Finalmente, una variable como el Covid-19 es la oportunidad de ver en movimiento la colaboración de la sociedad, tanto como la organización y funcionamiento de un gobierno. En este sentido, ha sido revelador que el manejo del Covid-19 ha sido centralizado casi exclusivamente en una persona: Hugo López Gattel, subsecretario del sector. Sí, el mismo que dijo que el contacto físico del presidente con la población es una fuerza moral, no de contagio.

No aparece y tal vez no aparecerá, ya no digamos Conacyt o un gabinete intersectorial de primer nivel, ni siquiera el Consejo de Salubridad General, el cual depende del ejecutivo federal y debe estar encabezado por el secretario del ramo, vocales titulares y vocales auxiliares (secretarios de Estado, entidades federativas, institutos de salud, academia y sector privado). Tal vez ahí está la explicación del caos en las medidas y desorganización entre las entidades federativas y sectores de la administración pública. Muy notable

Informe: ¿se lo llevó el Tren?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 841. Marzo 12, 2020. Pág. 5)

A la memoria de Rafaela, mujer ejemplar.

La nota de Carlos Carabaña dice que el “Conacyt ocultó informe crítico con el Tren Maya” (El Universal 09.03.2020). La construcción de la obra fue una promesa del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es un magno proyecto de alrededor de 8 mil millones de dólares para impulsar el desarrollo del sur-sureste mexicano y también es una de las obras polémicas de la actual administración.

El mismo día que apareció la nota, Conacyt emitió un comunicado para señalar que el organismo “no ha ocultado nada”, porque tal informe comenzó a distribuirse “a partir del 28 de febrero” en más de una docena de dependencias gubernamentales. (147/20).

Según lo descrito por Carabaña, el organismo rector de la política científica y tecnológica invitó en septiembre del año pasado a una treintena de investigadores para que analizaran las afectaciones que tendría la construcción del Tren Maya en las diferentes comunidades y ciudades, puesto que se extenderá territorialmente.

La idea fue elaborar un reporte con información sobre el impacto de la construcción, para difundirlo de forma anticipada a la consulta que iniciaría en noviembre y culminaría a mediados de diciembre del año pasado. El informe está fechado en diciembre de 2019. Sin embargo, dice la nota de Carabaña, “el informe, en lugar de ser distribuido a secretarías y público en general, fue detenido”.

El supuesto reporte no incluye estudios de infraestructura ni tampoco de impacto ambiental y social. No obstante, ahí se adelanta que tendría afectaciones negativas sobre una decena de áreas naturales protegidas, entre ellas la recarga de mantos freáticos y su capacidad para capturar bióxido de carbono atmosférico. La construcción del Tren también implicaría la “destrucción irrecuperable” de más de un millar de sitios arqueológicos y vulneraría los derechos de casi dos centenares de comunidades indígenas.

La consulta sobre el Tren Maya concluyó el 15 de diciembre del año pasado y obtuvo un respaldo mayoritario de las comunidades indígenas convocadas (el 92 por ciento de más de un millar de comunidades). Sin embargo, posteriormente, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), invitada como observadora del proceso de consulta, emitió un comunicado para advertir que en el proceso no se habían “cumplido con todos los estándares internacionales en la materia” (19.12.2020).

El comunicado de ONU-DH precisó que: la Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada. 

El gobierno federal a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, externó su preocupación de lo que llamó “descalificaciones” que abonan a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la voluntad de las comunidades indígenas (23.12.2019).

Ahora, cuando se da a conocer que existía un informe sobre el Tren Maya y no se dio a conocer públicamente, sino meses después, se advierte la relevancia y obligación gubernamental de contar con información precisa, oportuna y confiable. No es un asunto a discreción o voluntad de los servidores públicos.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece el principio de máxima publicidad para los sujetos obligados. Es decir, toda la información que posean deberá ser pública, completa, oportuna y accesible. La todavía vigente Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde mayo de 2014, adicionó el capítulo X para precisar las características del acceso abierto a la información.

Incluso, la actual administración del Conacyt, en el mes de noviembre del año pasado, anunció que era partidaria de una política de datos abiertos para “facilitar a la población su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin” (Comunicado 106/19). Por la misma razón no se entiende el retraso en su difusión.

En diferentes oportunidades, hemos llamado la atención sobre la importancia de contar con información precisa y actualizada. La administración anterior se marchó sin publicar el último Informe General del Estado del sector, a pesar de la obligación normativa que mandata publicarlo anualmente. Las cosas no parecen mejor en la presente administración, porque no actualiza la información y está pendiente de aclaración el tema del financiamiento para ciencia como proporción del PIB y la participación del sector privado en el mismo, por ejemplo. Los datos más recientes del sistema son de 2017.

Ojalá que el Tren no arrase con la información o la demore.

Pie de página: El doctor Ranulfo Romo Trujillo del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM solicitó su separación laboral de la institución y también del Colegio Nacional. La marea expansiva de las mujeres es incontenible.

¿Otro 8 de marzo?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 840. Marzo 5, 2020. Pág. 5)

Tal vez, en esta ocasión, el día internacional de la mujer no será como lo ha sido en años anteriores. Generalmente había sido un día para sensibilizar a la ciudadanía sobre los persistentes problemas de la igualdad de género, un motivo para actualizar las cifras gubernamentales en la materia o para renovar lo más florido del repertorio de discursos ensayados sobre el papel de la mujer. No, ahora probablemente comenzará el tiempo de las acciones y los resultados.

El clamor más fuerte por una igualdad de género no es del último año y ni siquiera de la década reciente. Desde luego tiene raíces históricas que se remontan a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, cuando se realiza la primera convención nacional por los derechos de las mujeres, luego la paulatina conquista de derechos civiles y el legado de diferentes y prolongados movimientos feministas en diferentes partes del mundo a lo largo del siglo XX.

No obstante, la variable género ha retumbado con particular intensidad desde el comienzo de los años 2000, en especial por el acoso sexual y la violencia hacia las mujeres. El movimiento “Me too” (yo también) surgió en esos años en los Estados Unidos, acotado a comunidades marginales para ayudar a mujeres víctimas de violencia sexual, pero unos años después adquirió notoriedad porque muchas mujeres con diferentes ocupaciones y distintas posiciones en la escala social se identificaron con el “yo también” e hicieron público que también viven o vivieron un acontecimiento similar.

Algo parecido ocurrió con el trabajo de “Las tesis”, el colectivo feminista chileno creador al final del año pasado del proyecto “Un violador en tu camino”. Una ejecución que se ha convertido en un himno sensible en diferentes lenguas y en distintas partes del orbe. No es fortuito. Nuevamente, porque las mujeres que han sufrido acoso no son ninguna excepción; la violencia era y es una realidad compartida.

Sin embargo, la problemática tiene distintas magnitudes en las diferentes regiones. El caso de violencia extrema es el feminicidio, esto es, privar de la vida a una mujer por razones de género, como lo identifica el Código Penal Federal en México. Las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en los últimos cinco años es un delito que sigue al alza: en 2015 se contabilizaron 411 presuntos feminicidios y el año pasado sumaron 980. La cifra más reciente muestra que en el mes de enero alcanzaron 72; poco más de dos mujeres muertas diariamente.

Aunque las cifras pudieran estar subestimadas por los procedimientos para la tipificación del delito, de cualquier forma son una desgracia y son indignantes. Ahí se localiza una de las razones de la magnitud de la ira social, las perturbadoras muestras de inconformidad y los reclamos airados sobre la insuficiente atención de las autoridades. En estas circunstancias, lo elemental serán las acciones para garantizar la seguridad de las mujeres.

Otro elemento es que en México la visibilización pública del problema no fue por el renombre de personalidades del espectáculo, el deporte o los medios. A diferencia de otros países, la caja de mayor resonancia sobre el acoso y la violencia hacia las mujeres ha sido en las instituciones educativas y especialmente en las de nivel superior, tanto públicas como privadas.

Una situación que ha obligado a las universidades a revisar protocolos, normas, organización y funcionamiento, lo mismo que a buscar soluciones satisfactorias. El problema ha paralizado las actividades en diferentes instituciones y en la UNAM, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras permanece cerrada desde noviembre del año pasado. Recientemente, la máxima casa de estudios anunció la creación de una Coordinación para la Igualdad de Género. El conflicto, sin embargo, trasciende los muros escolares y las fronteras.

Tal vez, por la misma razón, Naciones Unidas ha indicado que este año representa una oportunidad para movilizar la acción mundial a favor de la igualdad de género y la plena realización de los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas. Porque, en efecto, existe un relativo consenso en que el avance ha sido extremadamente lento para las mujeres y en México ni siquiera está garantizada la seguridad de la vida de las mujeres.

Naciones Unidas señala: Al día de hoy, ningún país puede pretender que ha alcanzado la igualdad de género. Hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios. Las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas; trabajan más, ganan menos y tienen menos opciones; y sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en espacios públicos. Además, existe una amenaza significativa de reversión de los logros feministas que tanto esfuerzo costó conseguir.

Así es, llegó la hora de las acciones y los resultados.

Pie de página: ¿Cambiaron las formas de la comunicación de las acciones de gobierno? Tal parece que ya no serán boletines o comunicados, numerados y fechados. Lo de hoy son las redes sociales y los encuentros directos. O si no, ¿cómo se enteró usted de la consulta del Conacyt para la elaboración de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación? Cierto.

El funcionario Alfonso Romo y la anticipación presupuestal

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 839. Febrero 27, 2020. Pág. 4)

Todo muestra que Alfonso Romo, el jefe de la oficina presidencial, actualmente concentra mayores capacidades y atribuciones. La semana pasada, el jueves 20, en su intervención en el Foro de Fondos de Inversión 2020, claramente volvió a anunciar que por restricciones presupuestarias no habrá incremento en la inversión para investigación científica y desarrollo tecnológico.

La afirmación es notable por varias razones. El anuncio no fue realizado por el Conacyt, el organismo cabeza de sector que tiene la responsabilidad de promover las actividades correspondientes. Tampoco fue la Secretaría de Hacienda, cuyos proyectos de presupuesto limitan o desahogan al resto de dependencias. Así que queda claro quién toma o anuncia las decisiones.

Si lo dice el que será coordinador de un gabinete encargado del crecimiento economico, entonces la actual administración no espera ningún respaldo, contribución o vínculo con la actividad científica y el desarrollo tecnológico. Por lo menos no en el terreno económico.

También confirma la continuidad de un horizonte presupuestal restrictivo para el 2021, porque el de este año ya está más que claro y el del próximo está por elaborarse, lo cual significa que, cuando menos, las limitaciones alcanzaran la mitad del periodo de gobierno. Adicionalmente, exhibe que la planeación puede prescindir totalmente de las directrices de un Plan Nacional de Desarrollo y de un programa sectorial. Notable, por donde se le mire.

En agosto de 2018, antes del actual sexenio, Alfonso Romo ya era el hombre fuerte de los negocios de la actual administración gubernamental. Todavía no tomaba posesión como Jefe de Oficina de la Presidencia de la República, pero ya tenía su lugar en el virtual gabinete y conducía las reuniones con el sector empresarial.

Alfonso Romo lo anticipó claramente en una de las reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial: “La parte de incentivos fiscales no va a haber, por lo pronto vamos a ahorrar, vamos a crear condiciones de confianza para que la inversión venga” (Forbes México. 10.08.2018). Y añadió: tampoco habrá mayor inversión en ciencia y tecnología; lo que sí un plan de austeridad.

En el periodo de transición sonaba cada vez con mayor insistencia la idea de que vendrían restricciones presupuestarias fuertes, porque el presidente electo, López Obrador, ya había anunciado desde julio de 2018 los “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana en el gobierno”.

Sin embargo, tanto los lineamientos como el anuncio de Romo fueron tomados con distancia en el sector de ciencia y tecnología, después de todo había confianza en que ocuparía un lugar estratégico y central para impulsar el desarrollo nacional. Además, en la reunión que el presidente electo tuvo con integrantes de la comunidad académica y cientifica, en el mismo mes de agosto de 2018, prometió aumentar el presupuesto y que, en el peor de los casos, nunca habría “un presupuesto por abajo de la inflación”.

En el primer año de gobierno, respecto de 2018, el presupuesto para las actividades científicas y tecnológicas mostró que el monto global no estuvo por abajo de la inflación e incluso el gasto corriente de Conacyt disminuyó diez puntos porcentuales. De hecho, el presupuesto nominal del organismo en este año sigue abajo seis puntos porcentuales de lo que tenía en 2018.

Lo que anticipó Alfonso Romo, a pesar de múltiples declaraciones en sentido contrario, sí ocurrió. No hubo incentivos fiscales y tampoco mayor inversión en el sector científico. El capítulo IX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente a las condiciones para el otorgamiento de estímulos, sigue vigente pero no se aplica. El último reporte de estímulos fiscales para investigación y desarrollo de tecnología correspondió al ejercicio fiscal 2018 y distribuyó poco más de 319 millones de pesos (DOF. 26.02.2019).

Ahora, el tema vuelve a cobrar relevancia porque Alfonso Romo no solamente es el Jefe de Oficina de la Presidencia, el presidente López Obrador también lo nombró como virtual coordinador de un “gabinete para el fomento de inversiones y crecimiento económico” (Comunicado. 29.01.2020).

La figura de coordinador de gabinete todavía no está definida en el reglamento de la Oficina de la Presidencia, tampoco está mencionada en ningún documento oficial. No obstante, coordinará y tomará decisiones sobre algunas actividades de las secretarías de Estado, cabría suponer que las más relacionadas con el fomento económico, aunque ya se ve que alcanzará a otras.

Si Alfonso Romo, antes de comenzar el ejercicio gubernamental, adelantó que no habría mayor inversión en ciencia y tecnología, ahora, en el papel de coordinador de gabinete, vuelve a anticipar que las restricciones en el sector continuarán. Sorpresa, lo que se llama sorpresa, no será el presupuesto para 2021.

Pie de página: El hilo sobre Héctor Alejandro Cabrera Fuentes se enreda, es el científico oaxaqueño, especializado en microbiología, detenido en Estados Unidos y acusado de espiar para el gobierno ruso.

Ciencia y Tecnología. Frágil e inestable normatividad

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 838. Febrero 20, 2020. Pág. 5)

La normatividad en el terreno científico y tecnológico es incierta y quebradiza. Tal vez todo se debe a una de dos posibilidades. Puede ser que la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación ya está lista y concluida, a pesar de que no ha ingresado en el Congreso, públicamente nadie la conoce y claramente no es vigente. O bien, puede ocurrir que la elaboración del actual marco normativo sigue bajo el esquema de ensayo y error. Ninguna de las dos posibilidades ofrece mayor certidumbre ni son el camino para sumar esfuerzos.

El pasado 11 de diciembre Conacyt publicó, en el Diario Oficial de la Federación, algunas modificaciones a su estatuto orgánico y parecía que los lineamientos quedaban firmes para la operación del organismo. En estas mismas páginas dimos cuenta de las modificaciones e implicaciones de esos cambios (Campus Milenio No. 831).

Ahora, dos meses después de aquellos cambios, de nueva cuenta, el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas presenta otra reforma más a esos mismos estatutos (DOF. 17.02.2020). Los ajustes no son nada menores y es muy poco tiempo para tanta inestabilidad reglamentaria. ¿Por qué?

En primer lugar, aunque los reglamentos y estatutos cambian continuamente, siempre lo hacen bajo el marco de la ley que los ampara y lo más frecuentemente es que las modificaciones respondan precisamente a cambios en esa norma; no a la inversa. También conviene tener presente que los reglamentos internos, los estatutos y acuerdos, están subordinados a leyes superiores, sean éstas de carácter federal, estatal o local; tampoco pueden contradecirlas. Un principio básico.

A raíz de la reforma del artículo 3º constitucional de mayo del año pasado, como se trata de la norma suprema, el Congreso mandató que a más tardar en este año se expidiera una nueva normatividad secundaria, como son las leyes generales para Educación Superior y para Ciencia, Tecnología e Innovación.

A la fecha, ninguna de ellas está aprobada y la de Ciencia, a diferencia de la de Educación Superior, ni siquiera el anteproyecto de ley se conoce públicamente. Cabría suponer que, siguiendo la jerarquía normativa, una vez que estén listas y aprobadas, vendrá la adecuación de toda la serie de normas que le dan cuerpo y sustento a esas leyes.

En segundo lugar, todo indica que en el ámbito científico y tecnológico estamos ante el camino inverso: primero se cambia y expide una norma inferior y luego se producirá el ajuste en la ley superior. Al menos eso es lo que ahora ocurre. No se trata de cualquier norma subordinada, es el estatuto del organismo cabeza del sector

Entonces: ¿quiere decir que un estatuto le indicará a la ley general cuáles serán las coordenadas de su diseño y orientación? Es relativamente asombroso, pero eso es lo que podría ocurrir. Desde luego, siempre y cuando el punto de partida fuera cero y el anteproyecto de ley estuviera por elaborarse.

Sin embargo, es probable que ya esté concluida una ley general por parte de las autoridades federales, la cual conduce los cambios en el estatuto orgánico del Conacyt, aunque la misma no sea del dominio público ni haya comenzado su proceso legislativo. Eso conservaría el principio de jerarquía normativa y explicaría la improvisación e inestabilidad de reformas. Lo contradictorio es que apenas la semana pasada, el Conacyt informaba que sesionaba por primera vez el Comité Intersectorial para revisar y proponer lineamientos que darán pie al anteproyecto de ley.

En tercer lugar, y este es el principal problema, las modificaciones realizadas al estatuto del Conacyt nos pueden parecer de lo mejor o de lo más lamentable (los examinaremos en una entrega posterior), lo que no debería ocurrir es su contraposición con la ley vigente. Esta última es la que se aprobó en 2002 y reformó por última vez en diciembre del 2015. Una idea de anteproyecto o un proyecto de norma ya elaborado o por hacerse, mientras no escalen a ley en vigor, no pueden ni deben regir las acciones presentes del organismo.

Las dificultades que ha experimentado Conacyt con la operación de diferentes programas, así como el largo conflicto que ha sostenido con diferentes organizaciones y especialmente con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, tienen su origen en la alteración de las reglas de juego sin aguardar el establecimiento de un nuevo marco normativo para el sector.

Lo mismo ha ocurrido con la reciente queja de los tres representantes de investigadores en el Consejo de Aprobación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), los cuales no han sido convocados a las reuniones correspondientes y, en consecuencia, no han participado de los acuerdos.

En fin, si todavía no hay ninguna ley, es igualmente grave la improvisación desmedida en la elaboración del nuevo marco normativo, espoleada por los conflictos.

Pie de página: Al igual que todos lo programas sectoriales, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación sigue sin aparecer. El retraso ya suma más de un mes

Educación superior y Ciencia. ¿Cuáles anteproyectos de ley?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter:

@canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 837. Febrero 13, 2020. Pág.5)

La reforma del artículo 3° constitucional de mayo del año pasado es el norte de la serie de cambios en marcha para el cuerpo normativo de la educación superior y de la actividad científica y tecnológica. Sin embargo, el punto no solamente es conjuntar y robustecer los esfuerzos de ambas áreas para cumplir lo que dice la ley, también importa sumar las diferentes perspectivas de los distintos actores que se desempeñan en cada ámbito y convencerlos. ¿Cómo se añaden?

Tal vez la negociación y la búsqueda de consensos no es el camino más corto para diseñar nuevas leyes, pero permiten que el rechazo no se incube desde su misma instauración. La experiencia ha mostrado que la imposición de una ley garantiza rapidez y efectividad, aunque generalmente queda condenada a una vida breve y azarosa.

El artículo sexto transitorio de la reforma constitucional del año pasado estableció que el Congreso de la Unión debe expedir las leyes generales de “Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020”. Han transcurrido nueve meses desde entonces y todavía resta un tanto similar para alcanzar el tiempo límite.

Pero ¿hasta ahora se han discutido y sumado diferentes perspectivas en cada uno de los anteproyectos de ley y de éstos entre sí? Demos por supuesto que una línea base de cada ley está fincado en los componentes que ahora prevé el 3º constitucional (los hemos reiterado en este mismo espacio).

Sin embargo, cada diseño de ley ha seguido una dinámica diferente. En el caso de la Ley General de Educación Superior, según informó la subsecretaría federal del sector, se realizaron 32 foros estatales de consulta del anteproyeto de ley. Un foro en cada entidad federativa y participaron 1 mil 633 de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas; sumaron casi 12 mil asistentes (Foros Estatales de Consulta del Anteproyeto de Ley General de Educación Superior. Diciembre, 2019).

Según advirieron las autoridades, la idea era asegurar que el proyecto de ley “incluya las aspiraciones, necesidades y propuestas de los actores involucrados en la educación superior”. Los temas sobresalientes de los foros fueron amplios y diversos (la perspectiva de género, el arte, el deporte, la gratuidad, la acreditación, la equidad laboral, las normales y muchos otros). Al parecer el anteproyecto ya está listo, faltaría averiguar cómo quedaron integrados.

Por su parte, el diseño de una nueva ley para el sector científico y tecnológico ha transcurrido por una vía diferente y relativamente accidentada. El ruido comenzó meses antes de la aprobación de la reforma del 3º constitucional. Seguramente usted recuerda el proyecto de ley que ingresó la senadora Ana Lilia Rivera Rivera en febrero de 2019, denominado “Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías”, en el que resaltaba la incorporación de la “H” en la nomenclatura, la centralización de las decisiones en el Conacyt y la omisión de organismos como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

A pesar de que el proyecto de la senadora Rivera recuperaba algunos de los propósitos e ideas que flotaban en las discusiones, nadie lo apoyó públicamente, ni siquiera en su propia bancada. Más tarde, un mes después de aprobada la reforma del artículo 3º constitucional, un nuevo proyecto de ley apareció en las redes sociales (“Proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación”). Sin embargo, tampoco nadie lo respaldó y menos se responsabilizó del documento.

Después, el Conacyt informó de algunas reuniones, conversatorios, foros y convenios de colaboración con objetivos muy diversos, en los que también aparecía el propósito de elaborar una nueva ley. Nada de forma organizada ni sistemática.

Ahora, en esta semana, un comunicado del Conacyt informa que se reunieron por primera vez 13 integrantes, representantes de secretarías de Estado, en el Comité Intersectorial de CTI, con el fin de “analizar y realizar observaciones al proceso de elaboración del Anteproyecto de la primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación” (Comunicado 138/20). Por cierto, el nombre de la ley difiere de lo que está indicado en la Constitución y es similar a la iniciativa de febrero de 2019.

El comunicado menciona que se propusieron y analizaron diversos ejes temáticos que darán pie al anteproyecto de ley. Sin embargo, los números de participación que precisa son simplemente sorprendentes. Por ejemplo, informa que los ejes propuestos son el resultado de 277 foros (multiplican por un factor de 8 a los de educación superior), en el que participaron más de 24 mil personas (duplican a las de educación superior) e incluyen 23 iniciativas de ley presentadas por diferentes partidos políticos en el Congreso.

Las cifras son una verdadera revelación. Lo notable es que, a diferencia de lo que ocurre en el terreno de la educación superior, en el campo científico y tecnológico, no está a la vista un anteproyecto, se han expresado posiciones encontradas y presentado diversas iniciativas. ¿Cómo se sumarán? Ese es el reto y no se puede soslayar. Además, faltan los puntos fuertes de articulación con la norma de educación superior y lo que digan los legisladores. Lo veremos.