CPI: Normas en el naufragio

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 889. Febrero 25, 2021. Pág. 4) 

 

Hace ya casi dos años, poco mas de tres mil integrantes de los Centros Públicos de Investigación (CPI) solicitaban públicamente que no se les aplicara la normatividad como si fueran una entidad más de la Administración Pública Federal, “cuando la naturaleza de sus funciones es muy distinta” (15.05.2019).

 

La solicitud no solamente fue ignorada, tampoco fue tuvo eco la propuesta de diseñarles un marco jurídico propicio para el desarrollo de sus actividades. Ahora, una revisión de jurisprudencia podría modificar el régimen laboral del personal de los CPI y añadir otro elemento más a la inestabilidad de esos mismos centros.

 

Al comienzo, en mayo del 2019, los CPI buscaban que el memorándum presidencial de austeridad republicana no los incluyera. El documento del ejecutivo federal no era un decreto de ley –esa vendría después--, pero tenía la capacidad de instaurar obligatoriamente en todos los organismos descentralizados y paraestatales una serie de restricciones sobre el presupuesto asignado.

 

Los CPI no forman parte de la administración pública centralizada, como las diferentes secretarías de Estado, pero sí los incluye porque normativamente están definidos como entidades paraestatales que apoyan al ejecutivo federal (Campus No. 806). En este caso el objetivo estratégico de los centros es realizar actividades de investigación científica y tecnológica.

 

Por la misma razón, el personal de los CPI no estaba de acuerdo en una reducción, respecto a los montos aprobados para 2019, del 30 por ciento en el gasto de operación o de 50 por ciento en partidas destinadas a congresos, pasajes y viáticos al extranjero, entre otros aspectos. Sin embargo, no escaparon a los recortes.

 

Al año siguiente, otra vez en mayo, pero del 2020, vino de nuevo un clima de incertidumbre por la iniciativa de ley para eliminar los fideicomisos públicos. Estos últimos representaban uno de los principales instrumentos de financiamiento y operación en el terreno de las instituciones científicas y tecnológicas.

 

Lo más perturbador fue que la primera iniciativa de ley eliminó diversos fideicomisos pero dejó a salvo poco más de un centenar. Ahí quedaron preservados los fondos que ejercía centralmente el Conacyt, también los 26 fideicomisos de los CPI y otros más de destinados a migrantes, cine, deporte y periodismo, entre otros.

 

Poco duró la tranquilidad porque meses después, en octubre del 2020, el Senado, en una ríspida sesión, ratificó la eliminación de todos los fideicomisos públicos, incluyendo los que operaban los CPI y que habían causado tantas protestas meses antes.

 

Según la más reciente relación de entidades paraestatales de la administración pública (DOF. 14.08.2020), los CPI suman 27 entidades: 25 centros y dos fideicomisos. Aunque estos dos últimos (Infotec y Fondo de Desarrollo de Recursos Humanos) ya no debiéramos contabilizarlos porque seguramente quedaron eliminados.

 

La creación de los CPI comienza principalmente en los años de 1970 (el Inaoe primero y luego siguieron el Ciesas, el Cicese, el Cide, entre otros) y el último es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, establecido en el año 2000. Todos son entidades paraestatales pero tienen diferentes figuras jurídicas, como asociaciones y sociedades civiles, organismos descentralizados e incluso una sociedad anónima (Corporación Mexicana de Investigación en Materiales).

 

Actualmente, alguna sede o subsede de los centros está presente en casi todo el territorio nacional, la excepción son los estados de Morelos y Colima. En general, han representado un respaldo al desarrollo regional y algunas veces la única presencia de investigación (“Sistema de CPI Conacyt”).

 

El sistema de CPI ha sido altamente competitivo y dinámico. Realizan una importante labor en investigación: publican más de tres mil artículos anuales, llevan a efecto una cantidad similar de proyectos y tienen casi dos mil integrantes del SNI. Por eso se dice que representan la segunda fuerza nacional en investigación y desarrollo tecnológico. También atienden a cerca de diez mil alumnos de posgrado y la mayor parte de sus programas están acreditados en el Padrón de Posgrados.

 

Los CPI son un sistema consolidado; edificado paulatinamente en los últimos 50 años. No obstante, las restricciones presupuestales que se le han impuesto, la pérdida de su principal instrumento de operación y la persistente ambigüedad normativa de su conducción, minarán la base de su institucionalización.

 

Además, ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una revisión de jurisprudencia podría modificar el régimen laboral del personal de los centros: trasladarlos del Apartado A al Apartado B del artículo 123 constitucional. Así, en adelante, serían  considerados como personal de confianza y expuestos a una mayor vulnerabilidad laboral.

 

El fallo todavía está pendiente, pero la incertidumbre e inestabilidad institucional son ingredientes perfectos para naufragar en la tormenta.

 

Pie de página: Pendientes de las aclaraciones del Conacyt a las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación.

SNI: estrechez e improvisación

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 888. 18.02.2021--)

 

El reciente episodio sobre la posible reforma del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ratifica una accidentada planeación que rige cuando más para el día siguiente y un horizonte limitado para proponer cambios en el terreno científico y tecnológico.

 

En realidad, no hay ninguna certeza sobre las modificaciones que proponen las autoridades del sector para el  SNI. Y estamos hablando de uno de los programas clave del Conacyt y de todo el sistema de investigación del país.

 

La directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, escribió en su cuenta personal de Twitter hace casi un mes: “En los próximos meses veremos una refundación del #SNI, para cambiarlo de un sistema individualista, meritocrático y competitivo a un sistema que realmente estimule el trabajo colaborativo y el trabajo científico de muy alto rigor, y también incida en los grandes problemas de la nación” (22.01.2021).

 

La palabra “refundación” sonó fuerte, pero como se trataba de un tuit, no mereció mayor atención pública. Por cierto, cada vez es más frecuente que las decisiones o declaraciones de los funcionarios públicos solamente aparezcan en las redes sociales y es difícil encontrar esas mismas declaraciones ratificadas en boletines o comunicados oficiales. Añadamos que también se ha vuelto una tarea insufrible encontrar información básica en las páginas electrónicas gubernamentales.

 

En fin, el asunto es que después de aquel tuit, vino la filtración de un documento la semana pasada, otra vez el medio fueron las redes sociales, a partir de lo cual se han desatado múltiples especulaciones sobre el destino del programa. El texto que ha circulado no es propiamente un proyecto de reforma, son una docena de láminas de una presentación en “Power Point” en formato “pdf”, así que su contenido es sintético y sumamente limitado, pero sí tiene por título “Refundación del SNI”.

 

Al parecer las láminas corresponden a una exposición realizada por Mario de Leo, actual director del SNI, a personalidades que han obtenido el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Estas personalidades, hasta hace poco, integraban de forma voluntaria y honorífica lo que se conocía como el Consejo Consultivo de Ciencias (CCC), un órgano que al instaurarse en 1989 asesoraba al ejecutivo federal, luego perdió relevancia y quedó como instancia de consulta del Conacyt sobre las políticas y prioridades para el sector.

 

Actualmente no se sabe qué lugar ocupa el CCC en el funcionamiento institucional del Conacyt, porque a pesar de que no se ha aprobado una nueva ley general –debió estar lista el pasado mes de diciembre, pero todavía ni siquiera se discute el anteproyecto—, múltiples organismos intermedios o de apoyo han sido modificados o han quedado relegados.

 

Total, una de las suposiciones es que el texto filtrado lo presentó De Leo a investigadores distinguidos al final del mes de enero. Sin embargo, lo sorprendente es que ninguna autoridad del Conacyt, a pregunta expresa, ni el día de la filtración ni después, ha confirmado o desmentido las propuestas que ahí se expresan.

 

¿Tiene sentido discutir esas posibles modificaciones al SNI? No. Definitivamente no hay forma de argumentar sobre propuestas incompletas y de las que nadie se responsabiliza. Tal vez lo más lamentable es que la improvisación se ha vuelto el mecanismo recurrente para buscar cambios relevantes.

 

Seguramente usted recuerda lo ocurrido con la idea inicial de instaurar un modelo de evaluación cualitativa en el SNI o los cambios en la organización de sus comisiones dictaminadoras, la modificación de su Consejo de Aprobación, la rectificación de suprimir el SNI para las instituciones particulares e incluso la propuesta de donar un mes de incentivos del SNI que luego fue retirada. Las propuestas no parecen conducidas por una reforma coherente, mucho menos discutida y acordada colectivamente. Todo se asemeja a una improvisación para resolver el momento.

 

Lo más perturbador es que no solamente se trata de un mecanismo utilizado en un área o en un programa, el sector mismo parece regirse por la inmediatez y un horizonte estrecho. Así fue con el financiamiento para Conacyt, la relación con el sector privado, los fideicomisos, el anteproyecto de ley general, el inexistente programa especial, los modelos matemáticos o los ventiladores mecánicos.

 

Una auténtica paradoja, porque la pandemia, si algún efecto ha tenido en las decisiones de gobierno de mediano y largo plazo en la mayoría de naciones en el mundo, es traer a la cabeza de prioridades la ciencia y la tecnología. Incluso, en México, antes de la contingencia sanitaria, en el inicio del actual periodo gubernamental parecía que había llegado la hora de las transformaciones ambiciosas y de gran alcance en el terreno de la ciencia y la tecnología.

 

Después de todo, María Elena Álvarez Buylla, la directora del Conacyt, hablaba de una reestructuración estratégica del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas. Ella misma era reconocida públicamente porque recibió el Premio Nacional en Ciencias 2017 en el Campo de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales.

 

No obstante, sea el SNI o cualquier otra iniciativa, lejos de proyectar a un plano nacional la coordinación del sistema científico y tecnológico, cada vez estrecha más su campo de acción e improvisa en mayor medida.

 

Pie de página: Ahí viene otra fuerte sacudida para los Centros Públicos de Investigación, primero quedaron eliminados los fideicomisos (uno de sus principales instrumentos de financiamiento) y ahora está la iniciativa de modificar la regulación laboral de sus trabajadores (pasarlos del Apartado A al Apartado B).// La Alcaldía Iztapalapa de la CDMX, como una “forma más de apoyar a la población durante la contingencia sanitaria”, entrega un paquete con tres medicamentos homeopáticos “para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades  respiratorias” (12.02.2021).

Médicos: ¿qué profesionales necesitamos?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 887. Febrero 11, 2021. Pág. 4) 

 

La reciente atención pública sobre los médicos, su formación, condiciones laborales, becas e imprescindible labor, no llegó con la crisis de salud desatada por la pandemia en curso. El tema ya estaba en la arena pública desde la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Si acaso, el coronavirus atrajo reflectores más potentes sobre nuestro sistema de salud, eso sí.

 

Los médicos son uno de los engranes de mayor precisión en el complejo mecanismo de funcionamiento del sistema de salud. Un sistema en el que ejecutan el papel más relevante, pero cuyo desempeño dependerá de sus capacidades técnicas, la gestión correcta, la infraestructura hospitalaria, el personal de apoyo o los medicamentos necesarios. Lo sorprendente es que en menos de dos años pasamos de un énfasis en la necesidad de médicos generales a una imperiosa necesidad de médicos especialistas. ¿Qué profesionales de la medicina necesitamos?

 

Las crisis, como la  pandemia que hoy padecemos, son relativamente inciertas en su evolución, pero también son ventanas de oportunidad para tomar decisiones y poner en marcha iniciativas que de otro modo no tendrían lugar. El problema es si las decisiones que se toman son las correctas o no, sobre todo en escenarios inestables, con recursos escasos y horizontes temporales limitados.

 

Ningún político en su sano juicio prescinde de los datos más elementales del caso, aunque pueden no ser el criterio fundamental para decidir qué rumbo seguir, porque se suman en un amasijo en el cual pueden ser ponderados otros aspectos, como un ensayo anterior, prioridades de su agenda, compromisos por cumplir o intereses de grupo. No obstante, la información básica es uno de los principales insumos para decidir.

 

Tal vez por esa razón, antes de que apareciera la pandemia, despertó una alta expectativa la idea del presidente López Obrador de realizar un censo sobre el sistema de salud. ¿Usted lo recuerda? Fue en julio de 2019, cuando el entonces diputado Mario Delgado presentó la iniciativa de ley para cancelar el Seguro Popular y crear el Insabi. Por esas mismas fechas, López Obrador anunció que se haría un inventario del personal médico en el sistema de salud. “un censo sobre los médicos generales, especialistas que existen en el país, los médicos que tenemos en México y dónde están laborando” (13.07.2019).

 

Sin embargo, ni entonces ni después se conoció públicamente la información de ese censo, aunque rápidamente se extendió la conclusión de una escasez de médicos. Otras opiniones indicaban que más bien hacían falta plazas. Y se aventuraron cifras, no siempre coincidentes en las declaraciones de funcionarios, porque hablaban de un faltante de poco más de100 mil médicos, luego hablaron del doble y otro tanto de enfermeras.

 

Uno de los puntos sobresalientes es que antes de la pandemia, desde la parte gubernamental, se enfatizó la necesidad de médicos generales porque se requería un modelo de atención comunitaria. La misma jefa de gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la Universidad de la Salud al inicio del año pasado, pero cuyo proceso de admisión fue trastocado por la pandemia.

 

Tampoco es que se descubra el hilo negro de la información cada vez que se intenta un solución, generalmente existen estudios y datos más o menos sistemáticos sobre cualquiera de los grandes problemas y el sistema de salud no es la excepción. No obstante, la pandemia puso al descubierto que otro de nuestros faltantes eran los médicos especialistas, así que cambió la instrucción presidencial y ahora se trataba de becar a residentes para una especialización en el extranjero.

 

En mayo del año pasado, el mismo ejecutivo federal anunció que habría becas para 20 mil o 30 mil estudiantes de especialidades y podrían ser en el extranjero. Tómese en consideración que, en el sistema de formación médica, significaba triplicar el volumen de médicos especialistas. Por cierto, nadie llamó la atención sobre ingeniería biotecnológica.

 

Al final del año pasado el Conacyt publicó la convocatoria, pero aunque se habían mencionado nueve países, las becas solamente fueron para Cuba, para seis especialidades y con una duración de tres y cuatro años. El proceso está en marcha, todavía no se conocen los números finales, pero seguramente por el tipo de especialidades y el país receptor la cantidad de becas será modesta.

 

No es la primera vez que se plantea la formación de profesionales en respuesta a planes contingentes. Nada menos, en el sexenio anterior, derivado de la reforma energética de “gran calado”, se propuso un “Programa Estratégico para la formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos”. Por supuesto, incluía becas para posgrado, pregrado y técnicos. Incluso distintas instituciones adecuaron programas, ofrecieron diplomados y especialidades. Todo fueron intenciones.

 

En fin, no es nada fácil orientar las preferencias de la matrícula ni articular el sistema de formación profesional a los requerimientos de la sociedad. Pero tal vez con menos improvisación, mayores elementos técnicos y un horizonte temporal de mediano plazo, podríamos planear más y mejores profesionales de la salud.

 

Pie de página: Todavía no está en la agenda legislativa la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero la vigente sigue reformándose. Pendientes.

“El virus de la desigualdad” y la educación

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No.886. 04.02.2021--)

 

Una de las primeras alarmas que sonó en todo el mundo, en el primer trimestre del año pasado, fue la pandemia como amenaza global. También desde entonces se temía la profundización de la desigualdad que provocaría en todo el orbe. Un año después tenemos mayor certeza, pero todavía información incompleta.

 

Si el 2020 fue calificado como el año de la ciencia por el retorno del conocimiento a la primera línea para contender con un problema de escala mundial y por la celeridad mostrada en las fases de elaboración de una vacuna para el coronavirus, la desigualdad fue la contra cara del mismo año de la pandemia. La tragedia y la esperanza han sido exhibidas y viralizadas en tiempo real.

 

El discurso de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, en el homenaje a Nelson Mandela en julio del año pasado, cuando los estragos de la pandemia en la población más vulnerable ya eran inocultables, ilustró la contundencia de la desigualdad y calificó de mito que todos somos pasajeros del mismo barco. Y añadió: “Pues si bien todos flotamos en el mismo mar, está claro que algunos navegan en súper yates mientras otros se aferran a desechos flotantes” (t.ly/NoLz).

 

La proporción de los efectos de la pandemia se han desdoblado al mismo tiempo que tratamos de precisar su magnitud, porque no solamente se trata de desigualdades de clase social o de ingresos monetarios. La literatura académica desde los años setenta y ochenta del siglo pasado ha hecho notar la intervención de otras variables clave de la desigualdad, como el género, la etnia, la discapacidad, el grupo de edad o el lugar de residencia.

 

Al nivel de ingresos se le añade el ámbito en el que naces y creces (urbano, rural o urbano marginal,  por ejemplo) para perfilar una trayectoria. Lo mismo si eres hombre, mujer, joven, de la tercera edad, indígena o no indígena. Una serie de rasgos de desigualdad que se refuerzan unos a otros y generacionalmente es difícil evadirlos.

 

La organización OXFAM publicó la semana pasada su informe: “El virus de la desigualdad. Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible” (t.ly/ylps). Un informe que sintetiza algunos de los indicadores que diferentes organismos y estudios han acumulado en torno a los efectos de la pandemia a lo largo del año pasado. El conjunto de datos y una encuesta realizada a economistas alerta que, por primera vez desde que hay registros, la desigualdad prácticamente se incrementará en todos los países del mundo.

 

En el informe se organizan y plantean en conjunto los diferentes indicadores y resalta la desproporción entre las personas que han concentrado todavía más riqueza en medio de la pandemia y un incremento mayoritario de la desigualdad en mujeres, poblaciones vulnerables y pueblos indígenas.

 

Por ejemplo, destaca que entre marzo y noviembre del año pasado, las mil mayores fortunas en el mundo recuperaron el nivel de riqueza que tenían previo a la pandemia. Una rapidísima y boyante recuperación en nueve meses. Por el contrario, a las personas en situación de pobreza les podría llevar 14 veces más de tiempo llegar al punto que tenían anterior a la pandemia. O sea, alrededor de una década. Una intervención gubernamental oportuna, se añade en el reporte, podría disminuir el plazo a tres años.

 

También expone que las mujeres tienen una mayor participación en los sectores económicos afectados por la pandemia y por tanto han estado más expuestas a perder el empleo o los ingresos. En el caso de México: “una de las pocas economías emergentes que aún no ha puesto en marcha programas adicionales específicos para apoyar a las personas en situación de pobreza frente a la pandemia, el 21 por ciento de las mujeres que trabajaban en el sector informal había perdido su empleo en mayo de 2020, frente al 15 por ciento de los hombres en el mismo sector” (p. 28)

 

La educación es otro de los sectores dañados por el cierre de los planteles escolares. El informe de OXFAM, citando estimaciones de UNESCO, destaca que para cerca de 33 millones de niños, niñas y jóvenes de países pobres, tal vez el ciclo escolar anterior fue la última ocasión que estuvieron en la escuela. Una dimensión de abandono escolar que, en el territorio nacional, estamos por conocer. Tal vez lo más grave es que “la pandemia revertirá los avances realizados durante los últimos veinte años en cuanto a la educación de las niñas” (p. 40).

 

Ciertamente, en el mundo, desde que inició el cierre de las instituciones escolares y se planteó como alternativa la educación virtual a través de medios digitales se hicieron notar las desventajas que enfrentarían los estudiantes de familias en condiciones desfavorables. Las limitaciones de acceso a Internet y un dispositivo tecnológico podrían hacer la diferencia entre continuar o no en la escuela.

 

No está en el reporte, pero los resultados recientes del Censo de Población yVivienda muestran que solamente el 38 por ciento del total de los hogares en México cuenta con computadora o laptop y el 52 por ciento tiene acceso a Internet, pero el 87 por ciento tiene teléfono celular y el 91 por ciento televisor. Sin embargo, salvo las clases por televisión e iniciativas institucionales aisladas, no hubo ningún programa nacional para facilitar el acceso a las tecnologías de la información de los estudiantes.

 

En fin, el informe también sugiere una serie de medidas que deberían ponerse en marcha para revertir el efecto de la pandemia en curso. Sin embargo, lo cierto es que apenas nos estamos acercando a sus dimensiones más gruesas, en buena medida porque todavía sigue entre nosotros y porque algunos de sus efectos no terminamos de medirlos.

 

Pie de página: Desde la república de Twitter el senador Ricardo Monreal dice que las redes sociales sí requieren “un marco jurídico claro”. // También desde la misma república la directora de Conacyt, Álvarez Buylla anuncia que: “En los próximos meses veremos una refundación del #SNI”. Sí, eso escribió.

Benditas redes sociales: ¿Otra misión para Conacyt?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 885. Enero 28, 2021. Pág. 4) 

¿Se ha planteado o se podría plantear una convocatoria desde el gobierno federal a los creativos que diseñan aplicaciones, que diseñan plataformas para que se vaya teniendo lo propio en nuestro país y se pueda tener acceso, digo, en un proceso, por supuesto, de una convocatoria clara ya sea por Conacyt, por Secretaría de Comunicaciones, etcétera, para poder ir teniendo alternativas?

 

La pregunta anterior, en esos términos, le fue formulada a López Obrador en su conferencia de prensa del pasado 13 de enero, a propósito del rechazo público que expresó sobre la  “censura” a las cuentas de las redes sociales del expresidente Trump en el caótico final de su mandato.

 

Y la misma persona que hizo la pregunta anticipaba la posible solución, al finalizar su intervención añadió: “Me parece que esta pudiera ser también [una alternativa] y no dejarlo todo a las grandes empresas, porque si nos censuran a través de eso prácticamente nos censuran a todos, presidente”.

 

El presidente lo miró y respondió pausadamente que su gobierno no dejará de reflexionar y analizar todo lo relacionado con las redes sociales. Y más directamente afirmó: “Por eso, sí es un tema que va a ser tratado por nosotros y no descartamos el que Conacyt, como lo planteas, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, todos, Comunicaciones, se busquen opciones, alternativas”.

 

A la semana siguiente, el tema siguió resonando. En la conferencia del pasado 20 de enero, López Obrador articulaba una respuesta sobre el espionaje ocurrido en gobiernos anteriores, hizo un alto y dijo: “Aquí quiero aprovechar: el director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano a PAN, el que actualmente maneja Twitter, fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN”.

 

El mismo presidente pidió que se proyectara en pantalla la información pública que aparece en Internet sobre Hugo Rodríguez Nicolat, director de Twitter México. El ejecutivo federal leyó parte del contenido y precisó: “Porque me encontré eso y como mi pecho no es bodega… Sin embargo, sólo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots”.

 

Al día siguiente, la cuenta oficial de Twitter México, replicó que: “Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa”.

 

El ruido en la red del pájaro azul siguió porque también hubo quejas sobre una inexplicable cancelación de tres cuentas de Twitter de simpatizantes de López Obrador. En fin, el tema pasó a segundo plano porque apareció el inesperado contagio de Covid-19 del presidente, la cuestionada estrategia de vacunación y la llamada con Vladimir Putin para acordar la llegada de la vacuna rusa.

 

Sin embargo, la polémica con las redes sociales no está zanjada. Por el contrario, con el próximo arranque de las campañas electorales la disputa pública será más ríspida, así que vale la pena tener presente los posibles cursos de acción.

 

Una primer aspecto es si el gobierno federal propondrá la creación de una red social como sustitución a las grandes plataformas de redes en el mercado que ahora existen (fb, tw, ig, ms, por ejemplo). O bien, como un canal de información propio y alternativo a esas mismas plataformas. Si es esto último, no parecería tener mayor problema, algunos países tienen aplicaciones de redes sociales para propósitos muy variados (turismo, información, administración, etcétera). En el caso de México sería como las conferencias de prensa diarias del presidente, frente a las noticieros matutinos.

 

Una acción muy distinta es si se trata de sustituir a las grandes redes sociales y ahí no parece haber mucho futuro. Hay varios países que lo han intentado, el caso exitoso y emblemático es China con una plataforma que controla el acceso a Internet y tiene aplicaciones alternativas para todas las redes sociales conocidas en occidente. Otros países han abandonado sus intenciones a los pocos meses de iniciar y solamente han limitado el acceso a Internet.

 

Otra línea más es si deben regularse o no las grandes redes sociales. ¿Cómo se haría? Tal vez esto sería lo más relevante, es una discusión internacionalmente compartida y es muy espinosa. Lo ocurrido en Estados Unidos con el asalto al Capitolio alentado por Trump a través de Twitter y episodios similares en otras naciones, pero de naturaleza política opuesta, muestran lo complicado que puede ser.

 

Finalmente, y no menos importante, está el problema de qué instancia gubernamental comandaría los esfuerzos para elaborar un verdadero diagnóstico y proponer alternativas. Por supuesto, podría ser el Conacyt. Sin embargo, su actuación en la fabricación de los ventiladores mecánicos, lo mismo que en el modelo matemático de pronósticos de presión hospitalaria o la búsqueda de alternativas al uso del glifosato, no han sido de lo más afortunado.

 

Pie de página: Ya viene el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y no, no avanzó por ningún lado la consulta de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Joe Biden, fe pública en la ciencia y foro bilateral

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 884. 21.01.2021--)

 

Joe Biden ya es el nuevo presidente de los Estados Unidos y las relaciones con México, después del inescrutable recorrido que tuvieron en el mandato de Donald Trump, ingresarán en una nueva fase. El contexto y los recientes desencuentros en materia de seguridad y energía entre ambos países presagian que el entendimiento no será nada terso. ¿Las cosas serán distintas en el terreno de la educación superior y en la ciencia y la tecnología? Tal vez sí y podría ser para bien.

 

El presidente Joe Biden tiene una larga carrera política, una trayectoria de 50 años que comenzó como consejero de condado, un par de años después arribó a un escaño en el Congreso --en su momento uno de los senadores más jóvenes--, reelecto en el Senado estadounidense en media docena de ocasiones, posición que ocupó hasta antes de pasar a la vicepresidencia en el periodo de Barack Obama. O sea que es un político profesional, altamente experimentado y conoce el ejercicio de la administración pública.

 

La diferencia con la improvisada y caótica incursión en la política del empresario Trump es más que evidente. ¿Eso sería suficiente para señalar que las cosas con él serán distintas en los sectores académico y científico? Sí, aunque no permite advertir cómo y en qué sentido lo sería.

 

El compromiso del presidente demócrata de presentar inmediatamente una iniciativa de ley en materia migratoria y las filtraciones sobre las características que tendría, anticipan que la reforma será “amplia y radical”. O sea, incluye opciones para la ciudadanización de inmigrantes sin documentos --lo cual beneficiaría directamente a los “Dreamers” del programa DACA--, cambio en el estatus de refugio y una política más flexible en la admisión de sus fronteras. Así que el cambio también será benéfico para la internacionalización de la educación.

 

Los intercambios académicos entre naciones y el tema de la internacionalización quedaron en pausa, cuando no en franco retroceso, en la administración trumpista. La rudeza en el otorgamiento de visas para personal calificado y los obstáculos migratorios desalentaron a muchos de los mejores cuadros calificados que querían visitar, estudiar o trabajar en los Estados Unidos. Eso seguramente se modificará en este periodo.

 

Otro elemento es el cambio en las instancias administrativas de las políticas científicas estadounidenses. Biden elevó la Oficina de Ciencia y Tecnología a rango del gabinete. Esto es: “el puesto de asesor de ciencia al nivel del gabinete, algo que sucede por primera vez en la Casa Blanca” (Los Angeles Times. 18.01.2021). Porque, en marcado contraste con la administración previa que alentó el fanatismo y subestimó las verdades científicas, el demócrata anunció que pondrá por delante la actividad científica para “reforzar la fe pública en la ciencia”.

 

Al frente de la Oficina nombró a Eric Lander, un científico reconocido en el campo de la genómica, líder del Proyecto Genoma Humano, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y también fue asesor de ciencia y tecnología del presidente Barack Obama.

 

La carta que dirigió Joe Biden a Lander es elocuente de lo que espera de él (is.gd/VqEHGi). En el primer párrafo evoca la solicitud que le hizo Roosevelt en 1944 al científico Vannevar Bush para impulsar el desarrollo nacional a través de la ciencia y la tecnología. Bush, el célebre ingeniero y científico que comandó el Proyecto Manhattan, precursor de la informática y de la Red e igualmente director de la Oficina de Ciencia y Tecnología, dio respuesta a través del influyente informe “Science The Endless Frontier” que luego daría paso a la creación de la National Science Foundation.

 

Ahora Biden le solicita a Lander un hacer un esfuerzo similar y le pide recomendaciones para cinco grandes desafíos: los aprendizajes de la pandemia para atender las necesidades de salud pública; qué se podría hacer para abordar el cambio climático sin limitar el desarrollo; cómo liderar las tecnologías e industrias del futuro; cómo beneficiar a todos con los avances científicos y tecnológicos; y cómo garantizar la preservación de la ciencia y la tecnología a largo plazo en los Estados Unidos y su condición de polo de atracción. Las respuestas tendrán mayor importancia para los estadounidenses pero sus repercusiones podrían ser para todo el mundo.

 

Por último, vale la pena recordar que en septiembre de 2013, al comienzo del segundo periodo de Obama y el inicio de la presidencia de Peña Nieto, el entonces vicepresidente Biden visitó México para la realización del “Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación” (FOBESII). Una iniciativa trunca para materializar la idea de incrementar la formación de jóvenes latinoamericanos en los Estados Unidos y de multiplicar por un factor de ocho a los becarios mexicanos en el país vecino del norte, entre otras propuestas. Hoy en la presidencia será más fácil concluir esa tarea.

 

La agenda de discusión y la cooperación entre México y Estados Unidos tiene temas espinosos a la cabeza, como la migración, los asuntos fronterizos, los tratados en seguridad, energía, las normas del T-Mec y muchos otros, antes que los académicos y científicos. No obstante, estos últimos podrían ser más susceptibles de resolverse de forma favorable para ambas naciones.

 

Pie de página: El presidente López Obrador encomendó al Conacyt, junto con otras dependencias gubernamentales, una tercera misión: buscar alternativas a las redes sociales conocidas para que no haya censura. Ya veremos en qué termina .

Conacyt: ¿nada para celebrar?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 883. Enero 14, 2021. Pág. 4)

 

Difícil, muy difícil saber cuáles fueron las razones, pero lo cierto es que el reciente aniversario del Conacyt pasó de largo para la actual administración. Los primeros 50 años del organismo no merecieron una conmemoración, ni siquiera un balance nacional de los avances científicos y tecnológicos que ha propiciado o lo que falta por hacer. Nada.

 

Precisamente ahora cuando la ciencia, después de ser acosada por la proliferación de hechos alternativos y noticias falsas, retornó, a escala mundial, como la tabla de salvación ante la pandemia. ¿El 2020 podría ser calificado como el año de la ciencia? Sí, definitivamente. Aquí no aplica.

 

En México, tal vez por el recelo con el pasado y porque se piensa que la historia comienza a partir de hoy, el tiempo no da para distraerse en celebraciones menores. O quizás debido a que el aniversario cayó precisamente en este fin de año atípico, cuando sigue la amenaza de un virus altamente contagioso, la responsabilidad pública está concentrada en atender la contingencia y no puede eludir su grave responsabilidad. O bien, en definitiva, no hay nada qué presumir ni celebrar. En todo caso, mal por el lado que se le vea.

 

El Conacyt no es una institución irrelevante. Es el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas en México, responsable de comandar las actividades en la materia y se le pueden atribuir tanto logros como deficiencias.

 

Por ejemplo, a pesar de los altibajos en el programa de becas, los errores en sus bases de datos o las fluctuaciones del respaldo financiero, es una iniciativa que ha sostenido consistentemente a lo largo del tiempo la formación de maestros y doctores en este país. El papel que ha desempeñado en la acumulación de recursos humanos de alto nivel en México, y en otras naciones de la región, ha sido fundamental e invaluable.  

 

También la instauración del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde 1984, aunque tiene una escasa movilidad entre sus niveles de reconocimiento, son inocultables los sesgos de sus evaluaciones e impide la posibilidad de un salario académico decoroso para todos, ha sido un programa clave para apoyar la actividad de investigación en la geografía nacional y la integración de circuitos y grupos de investigación altamente competitivos.

 

Otro tanto se puede decir de las acciones que ha puesto en marcha Conacyt para descentralizar, regional e institucionalmente, las actividades científicas y tecnológicas. Desde sus primeros años se propuso apoyar los esfuerzos de las entidades federativas y respaldar la creación de instituciones científicas. La cantidad de centros de investigación que hoy existen en el país, los equipos de trabajo y las tareas que realizan, no tiene punto de comparación con lo que había hace medio siglo.

 

El decreto de creación del organismo es del 29 de diciembre de 1970, en ese entonces quedó sectorizado a la SEP, era el periodo de Luis Echeverría Álvarez, los años posteriores a los trágicos acontecimientos del movimiento estudiantil de aquella época. También ahí arrancaban los grandes planes y las perspectivas de un mejor desarrollo nacional basado en la ciencia y la tecnología.

 

Desde entonces, el Conacyt asumió la función de asesoría del ejecutivo federal en la materia, lo mismo que ser un órgano de consulta obligado para las diferentes dependencias gubernamentales. Funciones que a la fecha persisten, junto con otra veintena más de tareas que se han añadido conforme su normatividad se ha modificado.

 

A lo largo del tiempo, el organismo fue fortaleciendo su autonomía y sus capacidades. Después de depender de SEP, estuvo sectorizado a otra secretaría --ahora ya inexistente--, luego regresó a SEP, consiguió su autonomía técnica, posteriormente se hizo de un renglón de gasto propio en el Presupuesto de Egresos de la Federación (el ramo 38), ya no dependió administrativamente de ninguna secretaría, planteó la conveniencia de contar con un Programa Especial (en lugar de uno sectorial) y múltiples instancias para respaldar y tomar decisiones.

 

El organismo no es el único responsable del estado que guarda el sistema científico y tecnológico, también está el Congreso, los diferentes órdenes de gobierno, las asociaciones académicas y científicas, becarios, investigadores, profesores, entre otros. Sin embargo, sí lo es de las políticas públicas en la materia, por ese motivo el aniversario debió aprovecharse para un corte de caja.

 

No obstante, salvo un pequeño aviso de celebración en la página web del Conacyt y media docena de tuits en la cuenta institucional, el aniversario pasó de noche. Ningún comunicado oficial. Si usted no tiene Twitter ni se enteró.

 

Hoy, sin un Programa Especial, con un presupuesto menguante y con una ley en ciernes que debió estar aprobada el mes pasado, pero cuyo proyecto ni siquiera se ha presentado oficialmente al Congreso, mucho menos discutido de forma colectiva, parece que hay poco que celebrar.

 

Pie de página: La Red Procienciamx ha fijado su posición sobre el anteproyecto de nueva ley general para el sector e indica una decena de puntos polémicos. No pueden ser soslayados.