LGCTI: Ni ambigüedad ni retroceso en materia de financiamiento

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en CampusMilenio No. 893. Marzo 25, 2021. Pág. 4) 

 

Un punto insoslayable de lo que será la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (LGCTI) es el financiamiento. No es el único, pero sí es uno de los más importantes, porque sin recursos financieros lo demás será lo de menos. O peor, podríamos retroceder en lo que ya tenemos en la ley.

 

¿Qué dice la norma vigente en materia de financiamiento? Básicamente que el monto anual que se destine “a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto” (artículo 9 Bis).

 

Los términos siempre son importantes y su precisión en una ley hacen toda la diferencia. La norma vigente, como se puede advertir, primero se refiere explícitamente a investigación científica y desarrollo tecnológico, luego establece que el 1 por ciento es de “gasto nacional” en la materia. Si consideramos esta última denominación, como algunos lo hacen, se trata de Gasto Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (GNCTI) y los datos del 2017 mostrarían que en ese año se cumplió lo que dice la ley (212 mil millones de pesos, una proporción de 1.05 del PIB.

 

Paréntesis: si usted intenta conocer la cifra actual del gasto nacional en el sector, no la encontrará en los documentos oficiales. No está en ninguno de los dos informes de gobierno más recientes, aunque ahí tendría que aparecer la cifra. Tampoco encontrará el dato en el informe general acerca del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México, simplemente porque a partir del 2018 no se emite ese informe, a pesar de que Conacyt tiene que hacerlo anualmente.

 

Si ya se alcanzó el 1 por ciento del PIB ¿por qué se habla de incumplimiento de la norma y se insiste en llegar a ese indicador? Por una ambigüedad. Porque no es lo mismo el GNCTI que el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE). El primero incluye el total de presupuesto (público, privado, externo y de las IES) que se destina a las actividades del sector. Un indicador relevante para destacar el esfuerzo, pero no expresa el logro en la generación de conocimiento ni es el que se utiliza internacionalmente.

 

Por el contrario, el GIDE refleja la inversión que se destina solamente a la generación de nuevo conocimiento y excluye el gasto en otras actividades que están relacionadas, pero no directamente, como sería el caso de los servicios y la educación científica y tecnológica. Las estadísticas comparativas a nivel internacional siempre se refieren al GIDE, aunque en algunas ocasiones genéricamente la mencionan como gasto en investigación científica  y desarrollo o I+D, o bien, gasto en ciencia y tecnología. Por eso la ambigüedad en la norma nacional vigente.

 

Si consideramos el GIDE, la información gubernamental más reciente precisa que en el 2019 su proporción respecto al PIB era de 0.21 por ciento. Bastante alejado del 1 por ciento que plantea la ley. Así que, como se podrá suponer, hay sobrada razón para preocuparse con el nivel de financiamiento que tenemos. No solamente es muy menor al que destinan los países de la OCDE (2.5 por ciento en promedio), también es tres veces menos que el promedio de la región latinoamericana (0.65 por ciento respecto al PIB).

 

En esta situación, resulta inquietante que el anteproyecto de ley general, aprobado el pasado mes de diciembre por el Consejo General, la máxima autoridad del sector, sugiera una redacción todavía más laxa y ambigua en materia de financiamiento. Por ejemplo, dispone que el Estado “proveerá de recursos y estímulos suficientes, oportunos y adecuados, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezca esta Ley” (artículo 21). Y previene que será “con sujeción a las disposiciones de ingreso y gasto público que correspondan”.  No hay forma.

 

No es una necedad de privilegiados. Solamente recordemos el promedio regional o incluso la reciente ley que aprobó el Congreso argentino. Se trata de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 27614) y básicamente propone un incremento progresivo durante una década en el presupuesto dirigido a ciencia y tecnología, mismo que deberá pasar de su actual 0.28 a 1.0 respecto al PIB para el año 2032 (t.ly/RoZ4). Un reconocimiento explícito de que sin financiamiento no hay forma.

 

Seguramente los legisladores mexicanos conocen la existencia de esa ley. La diputada Maribel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, tuitió el 18 de marzo, desde su cuenta personal, una reunión de trabajo con José Luis Riccardo, su homólogo argentino, posiblemente ese fue uno de los asuntos tratados.

 

En fin, en México, estamos ante el diseño de una nueva ley para el sector que debió ser aprobada en diciembre pasado, ya vamos tarde, por lo menos procuremos tener una mejor norma que la vigente. No retrocedamos y sin ambigüedades pongamos un monto mínimo de presupuesto.

 

Pie de página: Conacyt enredado en las sucesivas reformas al reglamento del SNI y, no conforme, ahí vienen las protestas con la convocatoria del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

Cátedras CONACYT. “¿Dónde quedó la confianza?”

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 892. 18.03.2021)

 

Tienen una formación académica de alto nivel, sobradas habilidades para manejar herramientas de información y comunicación y, sobre todo, tienen una legítima preocupación por su futuro laboral. Son jóvenes de las Cátedras Conacyt y recientemente anunciaron que se han organizado en un sindicato y ya cuentan con el registro correspondiente.

 

El programa Cátedras Conacyt, probablemente usted lo tiene presente, comenzó en los primeros años de la pasada administración. Un mecanismo para dar respuesta a la creciente presión de jóvenes recién egresados del doctorado o posdoctorado que demandan oportunidades laborales. Desde ese entonces, también comenzó una nueva forma de ingresar en el territorio del trabajo académico.

 

La operación del programa preveía que si alguna institución pública (universidades, CPI o institutos nacionales) quería beneficiarse con la incorporación de jóvenes investigadores, necesitaba elaborar un proyecto para una cátedra individual o una cátedra grupal (entre tres y cinco jóvenes).

 

A su vez, los aspirantes a catedráticos debían inscribirse en un padrón de elegibles y cumplir con tres requisitos: ser mexicanos o extranjeros residentes legales en el país; un máximo de 40 años los hombres y 43 las mujeres; y poseer el grado de doctorado o todavía mejor si contaban con un posdoctorado. Después, quedaba en manos de un comité del Conacyt empatar proyectos y candidatos.

 

El estatus laboral de los participantes en las Cátedras es de personal académico del Conacyt y, según los lineamientos del programa, son comisionados durante un periodo de diez años (renovable tantas veces como sea necesario) a las institución de adscripción, pero son regidos por las normas del organismo rector de la política científica y tecnológica. Por la misma razón, son personal de confianza.

 

La primera convocatoria de las Cátedras Conacyt fue lanzada en febrero de 2014 y en esa emisión fueron aceptados 574 jóvenes. Sin embargo, al año siguiente comenzaron los problemas, algunos por las precarias condiciones institucionales que ofrecían a los nuevos investigadores, otros por la vulnerabilidad laboral de ser personal de confianza y otros más por la ambigüedad entre las normas de la institución de adscripción y el resto del personal.

 

El mayor obstáculo, sin embargo, radicó en los recursos financieros para renovar el programa año con año, porque estaba sujeto al financiamiento autorizado anualmente por los diputados. El presupuesto autorizado en el 2015 solamente alcanzó para 225 nuevas plazas, menos de la mitad de lo alcanzado en el año previo.

 

En fin, con dificultades y tropiezos, el programa continuó en los años siguientes y para 2018, al cierre de la administración anterior, se reportaron 1,511 catedráticos en 988 proyectos en todas las entidades federativas.

 

Tal vez las Cátedras Conacyt no alcanzaban la proporción deseable ni eran la mejor oferta laboral para los jóvenes doctores, pero sí constituían una opción ante la clausura del mercado académico. No obstante, al poco tiempo de asumir funciones el nuevo gobierno, el 5 de febrero de 2019, en la primera conferencia de prensa de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla --esa que anunció sería la primera de la serie que celebraría cada mes, pero que concluyeron a la segunda o tercera ocasión--, ahí expresó que no habría más Cátedras.

 

Dijo la directora: “Hoy tenemos colgados de la nómina a 1,500 catedráticos, eso tiene que cambiar... vamos a hacer honor a los compromisos, vamos a revisar con mucho cuidado que se cumplan, pero no se van a abrir nuevas plazas de Cátedras, sino que vamos a tratar de hacer propuestas mucho más sustantivas y sustentables a futuro” (t.ly/vy79).

 

No se emitieron más convocatorias ni se abrieron más plazas; tampoco se han presentado propuestas más sustantivas, sustentables o no. Seguramente ahí comenzó la preocupación de los jóvenes que ya estaban en el programa, tanto como el germen de su organización para la defensa de sus derechos laborales.

 

El pasado 10 de marzo, mediante comunicado público, anunciaron que ya estaban organizados en el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (SIINTRACATEDRAS) y contaban con registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El primer objetivo que se proponen es abrir un diálogo para negociar un contrato colectivo de trabajo.

 

Tal vez uno de los efectos más visibles que han propiciado las medidas en marcha de la actual administración es la reacción y organización de diversos sectores de la comunidad académica y científica. Ocurrió primero con las asociaciones y sociedades del sector, luego con becarios de posgrado, tecnólogos, miembros del SNI, instituciones particulares, segmentos de la biotecnología, salud, centros públicos de investigación, responsables técnicos de proyectos de investigación, entre otros.

 

También provocó la reactivación de la vida sindical de los centros públicos de investigación. Y ahora un sindicato de nuevo tipo en la arena académica. Uno de jóvenes talentosos que no tuvo nada de confianza en su estatus laboral y que probablemente marcará la diferencia en organización sindical y comunicación política. Pronto lo veremos.

 

Pie de página: La ley debió ser aprobada en diciembre del 2020, pero apenas esta semana comenzaron dos foros regionales de consulta sobre la Ley General de Ciencia, tecnología e Innovación. ¿Foros en su versión 2.0? Atentos.

Becas: ¿mejores resultados con menos dinero?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 891. Marzo 11, 2021. Pág. 4) 

 

Las becas para estudios de posgrado es uno de los programas más emblemático y benevolente del Conacyt y del Estado mexicano. Quedó instaurado junto con la fundación del organismo rector de las políticas científicas y, después de medio siglo de estar en operación, se puede decir que también ha sido una de las iniciativas más reconocidas y estables.

 

El volumen de financiamiento del programa de becas es significativo en el presupuesto total del Conacyt: poco más de un tercio del total de sus recursos. ¿El programa también será modificado en el actual periodo de gobierno? Las intenciones de la administración federal indican que así será. Lo que está por resolverse es si es algo transitorio, impulsado por la emergencia sanitaria y la austeridad, o bien, es un cambio de mayores proporciones.

 

Al comienzo del periodo, a escasos dos meses de entrar en funciones y cuando todo eran planes, María Elena Álvarez Buylla, directora del Conacyt, en una entrevista con la periodista Ana Francisca Vega, declaró estar convencida de que muchos jóvenes podrían formarse mejor en México en lugar de estudiar en el extranjero e incluso reveló que estaban evaluando si habría o no convocatoria para becas en el extranjero (t.ly/ngXG).

 

Las redes sociales registraron inmediatamente la intención y dieron cuenta de una inconformidad creciente. Sin duda es un tema muy sensible, porque muchos jóvenes talentosos tienen la aspiración de estudiar fuera del país y una beca es el único camino para alcanzarla. La protesta iba en aumento, tanto que un par de horas después la autoridad tuvo que dar marcha atrás en su declaración de intenciones y puntualizar que la convocatoria seguiría, pero advirtió: “se va a revisar a detalle”.

 

La convocatoria salió en el 2019 y también al año siguiente. No obstante, la correspondiente al 2020 nuevamente generó cierta inquietud, porque no había certeza sobre las becas para movilidad ni tampoco sobre la cantidad de becas nacionales. De hecho, algunas instituciones –por ejemplo, la UNAM y algunos centros públicos de investigación-- hicieron público que recibirían menos becas, tanto respecto del año previo como del número de alumnos aceptados en sus programas incluidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. El volumen de becas fue menor.

 

Los planes del Conacyt, sin embargo, ya tenían más firmeza. A pesar de que no hubo –y sigue sin existir -- un Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación que marcara, entre otros temas, cuáles serían los lineamientos en materia de becas, sí fue publicado el Programa Institucional 2020–2024 del Conacyt (DOF. 23.06.2020).

 

El diagnóstico que se traza en el programa institucional anota: “el neoliberalismo fue excluyente de oportunidades de formación de especialistas en ciencias, humanidades y tecnologías” (p. 17). Y precisó algunas cifras: “Durante el periodo 2012-2018 se destinaron 43 mil 954 millones de pesos para el financiamiento de becas nacionales de posgrado, con mayor número de beneficiarios concentrados en entidades federativas con mejores índices de bienestar social como la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León”.

 

En el mismo periodo, dice el programa institucional, se gastaron otros 11 mil 374 millones de pesos para becas de posgrados al extranjero. Además, señala que el otorgamiento de becas y los programas de posgrado pertenecientes al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) se aglutinan en mayor proporción en el centro del país, respecto de la región sur.

 

El diagnóstico del programa institucional concluyó que es necesaria una redistribución en el otorgamiento de becas y propuso como acciones puntuales una mayor inversión de los gobiernos estatales, del sector privado y de las instituciones de educación superior. También planeó apoyar la incorporación de madres de familia, mujeres indígenas y personas con discapacidad en los posgrados del PNPC, así como una mejor vinculación de exbecarios Conacyt en temas prioritarios del país.

 

El problema es que el año anterior también se cruzó la pandemia y, como aquí mismo lo hemos comentado, mostró que no tenemos certeza de la dimensión que alcanza nuestro rezago en personal de atención a la salud. De cualquier forma, el presidente López Obrador anunció que habría alrededor de 20 mil o 30 mil becas para cursar especialidades médicas en el extranjero (Campus No. 887). O sea, más o menos triplicar el número anual de médicos especialistas.

 

Así que en este año las intenciones cambiaron, como se puede advertir en la página electrónica del Conacyt y como lo han expresado públicamente aspirantes a una beca, las becas al extranjero solamente serán para cursar especialidades relacionadas con la salud y solamente para un país. Seguramente en dimensiones muy modestas

 

En fin, es un excelente propósito tratar de reducir las graves desigualdades regionales en materia de formación de recursos humanos, lo que no parece coherente es pensar que se puede improvisar la reasignación de becas en posgrado; mucho menos que habrá mejores resultados con menor cantidad de becas y una reducción del financiamiento. Imposible.

 

Los números los veremos en la próxima entrega.

 

Pie de página: Habemus Ley General de Educación Superior, este martes 9 de marzo los diputados la aprobaron con una votación de 389 votos a favor, 54 en contra y ocho abstenciones. ¿Y la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pendientes.

Ciencia y Tecnología: ¿iniciar en el punto de llegada?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 890. 04.03.2021--)

 

Hace dos semanas, salvo declaraciones improvisadas y un documento filtrado sin sellos oficiales, no había ninguna certeza sobre una eventual iniciativa en marcha para modificar el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

 

En su momento destacamos que no tenía ningún sentido discutir modificaciones que no estaban nada claras, ni en su origen ni en su propósito. Ahora, una nueva filtración de documentación que contiene la propuesta de cambios en el reglamento del SNI, en circulación desde el reciente fin de semana, vuelve a poner en el centro de la discusión tanto el programa como las formas y tiempos para tomar decisiones sobre los principales programas del Conacyt.

 

Al parecer, la propuesta de modificación del SNI es genuina, por lo menos tiene la tipografía, sellos y leyenda de la documentación oficial. Sin embargo, una vez más, las autoridades del Conacyt simplemente eluden su responsabilidad; ni confirman ni desmienten la veracidad del proyecto.

 

Según la documentación, la propuesta de nuevo reglamento estaba en la agenda a discutir por la Junta de Gobierno del Conacyt, esta última presumiblemente sesionó este miércoles 3 de marzo. El presente texto fue escrito previo a esa fecha y no había posibilidad de constatar su realización.

 

No obstante, a reserva de confirmar y analizar los cambios en el reglamento, tal vez lo más lamentable, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, es que la improvisación se ha vuelto la forma usual para decidir cambios relevantes en el sector científico y tecnológico (Campus No. 888). Efectivamente, esa ha sido la salida del organismo rector de la política científica y tecnológica.

 

La improvisación es la marca en la conducción del sector, en la aplicación de recortes en los recursos financieros, en la elaboración del marco normativo, en la retórica que anima los planes para el área, en el diseño de programas o en la solución a problemas urgentes, como ocurrió con la fabricación de los ventiladores mecánicos.

 

Por ejemplo: ¿tiene sentido alterar gravemente la normatividad interna y reglamentos particulares cuando está pendiente de discusión y aprobación la ley que debiera enmarcarlos? Un mínimo de coherencia y sensatez indicaría que no. Porque habría que aguardar las precisiones del marco normativo general y después adecuar estatutos, reglamentos y demás ordenamientos.

 

Todavía no hay una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que establezca atribuciones y responsabilidades del Conacyt, tanto como la regulación y competencia del sector, como lo dispuso la reforma del artículo 3º constitucional de mayo del 2019, sin embargo, las autoridades del sector ya modificaron el estatuto orgánico del Conacyt en tres oportunidades en el último año.

 

Lo mismo ocurrió con el Programa Institucional 2020 – 2024 del Conacyt, apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio del año pasado, pero no está –y todo indica que no estará-- el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) que normativamente es un marco más amplio y debió estar listo antes. Una grave ausencia.

 

Nada menos, el mismo reglamento del SNI apenas fue reformado en septiembre del año pasado, también sin que existiera una nueva ley superior. Después, en diciembre, las autoridades oficialmente anunciaron la suspensión del programa para todos los investigadores pertenecientes a instituciones particulares, luego dieron marcha atrás a la medida y después volvieron a confirmar que se haría efectiva a partir del 2022.

 

Ahora, nuevamente, en un corto plazo, las autoridades se disponen a repetir el episodio de modificar la norma. Ciertamente, el reglamento, en la última década, ha sido modificado casi año con año, pero han sido cambios relativamente menores y cuando se han intentado mayores alteraciones, han sido precedidas por grandes foros de discusión y acuerdos.

 

En fin, lo que se advierte es que no solamente se trata de normas improvisadas y elaboradas sobre las rodillas. Consúltense en el Diario Oficial de la Federación la serie de rectificaciones y aclaraciones que le siguieron a la publicación del estatuto orgánico del Conacyt, a su programa institucional y al reglamento del SNI. También es el camino inverso en la conducción del sistema: primero se declara el logro de resultados y después se intentan los pasos que llevarían a alcanzarlos.

 

Desafortunadamente, iniciar en el punto de llegada, solamente crea la falsa ilusión de haberse saltado el trayecto.

 

Pie de página: La Gaceta del Senado publicó este 2 de marzo la iniciativa de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentada por el senador José Alberto Galarza Villaseñor del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Un proyecto que recupera la propuesta de ProCienciaMX y las aportaciones de la Rednacecyt. Pendientes, muy pendientes.

CPI: Normas en el naufragio

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 889. Febrero 25, 2021. Pág. 4) 

 

Hace ya casi dos años, poco mas de tres mil integrantes de los Centros Públicos de Investigación (CPI) solicitaban públicamente que no se les aplicara la normatividad como si fueran una entidad más de la Administración Pública Federal, “cuando la naturaleza de sus funciones es muy distinta” (15.05.2019).

 

La solicitud no solamente fue ignorada, tampoco fue tuvo eco la propuesta de diseñarles un marco jurídico propicio para el desarrollo de sus actividades. Ahora, una revisión de jurisprudencia podría modificar el régimen laboral del personal de los CPI y añadir otro elemento más a la inestabilidad de esos mismos centros.

 

Al comienzo, en mayo del 2019, los CPI buscaban que el memorándum presidencial de austeridad republicana no los incluyera. El documento del ejecutivo federal no era un decreto de ley –esa vendría después--, pero tenía la capacidad de instaurar obligatoriamente en todos los organismos descentralizados y paraestatales una serie de restricciones sobre el presupuesto asignado.

 

Los CPI no forman parte de la administración pública centralizada, como las diferentes secretarías de Estado, pero sí los incluye porque normativamente están definidos como entidades paraestatales que apoyan al ejecutivo federal (Campus No. 806). En este caso el objetivo estratégico de los centros es realizar actividades de investigación científica y tecnológica.

 

Por la misma razón, el personal de los CPI no estaba de acuerdo en una reducción, respecto a los montos aprobados para 2019, del 30 por ciento en el gasto de operación o de 50 por ciento en partidas destinadas a congresos, pasajes y viáticos al extranjero, entre otros aspectos. Sin embargo, no escaparon a los recortes.

 

Al año siguiente, otra vez en mayo, pero del 2020, vino de nuevo un clima de incertidumbre por la iniciativa de ley para eliminar los fideicomisos públicos. Estos últimos representaban uno de los principales instrumentos de financiamiento y operación en el terreno de las instituciones científicas y tecnológicas.

 

Lo más perturbador fue que la primera iniciativa de ley eliminó diversos fideicomisos pero dejó a salvo poco más de un centenar. Ahí quedaron preservados los fondos que ejercía centralmente el Conacyt, también los 26 fideicomisos de los CPI y otros más de destinados a migrantes, cine, deporte y periodismo, entre otros.

 

Poco duró la tranquilidad porque meses después, en octubre del 2020, el Senado, en una ríspida sesión, ratificó la eliminación de todos los fideicomisos públicos, incluyendo los que operaban los CPI y que habían causado tantas protestas meses antes.

 

Según la más reciente relación de entidades paraestatales de la administración pública (DOF. 14.08.2020), los CPI suman 27 entidades: 25 centros y dos fideicomisos. Aunque estos dos últimos (Infotec y Fondo de Desarrollo de Recursos Humanos) ya no debiéramos contabilizarlos porque seguramente quedaron eliminados.

 

La creación de los CPI comienza principalmente en los años de 1970 (el Inaoe primero y luego siguieron el Ciesas, el Cicese, el Cide, entre otros) y el último es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, establecido en el año 2000. Todos son entidades paraestatales pero tienen diferentes figuras jurídicas, como asociaciones y sociedades civiles, organismos descentralizados e incluso una sociedad anónima (Corporación Mexicana de Investigación en Materiales).

 

Actualmente, alguna sede o subsede de los centros está presente en casi todo el territorio nacional, la excepción son los estados de Morelos y Colima. En general, han representado un respaldo al desarrollo regional y algunas veces la única presencia de investigación (“Sistema de CPI Conacyt”).

 

El sistema de CPI ha sido altamente competitivo y dinámico. Realizan una importante labor en investigación: publican más de tres mil artículos anuales, llevan a efecto una cantidad similar de proyectos y tienen casi dos mil integrantes del SNI. Por eso se dice que representan la segunda fuerza nacional en investigación y desarrollo tecnológico. También atienden a cerca de diez mil alumnos de posgrado y la mayor parte de sus programas están acreditados en el Padrón de Posgrados.

 

Los CPI son un sistema consolidado; edificado paulatinamente en los últimos 50 años. No obstante, las restricciones presupuestales que se le han impuesto, la pérdida de su principal instrumento de operación y la persistente ambigüedad normativa de su conducción, minarán la base de su institucionalización.

 

Además, ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una revisión de jurisprudencia podría modificar el régimen laboral del personal de los centros: trasladarlos del Apartado A al Apartado B del artículo 123 constitucional. Así, en adelante, serían  considerados como personal de confianza y expuestos a una mayor vulnerabilidad laboral.

 

El fallo todavía está pendiente, pero la incertidumbre e inestabilidad institucional son ingredientes perfectos para naufragar en la tormenta.

 

Pie de página: Pendientes de las aclaraciones del Conacyt a las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación.

SNI: estrechez e improvisación

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 888. 18.02.2021--)

 

El reciente episodio sobre la posible reforma del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ratifica una accidentada planeación que rige cuando más para el día siguiente y un horizonte limitado para proponer cambios en el terreno científico y tecnológico.

 

En realidad, no hay ninguna certeza sobre las modificaciones que proponen las autoridades del sector para el  SNI. Y estamos hablando de uno de los programas clave del Conacyt y de todo el sistema de investigación del país.

 

La directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, escribió en su cuenta personal de Twitter hace casi un mes: “En los próximos meses veremos una refundación del #SNI, para cambiarlo de un sistema individualista, meritocrático y competitivo a un sistema que realmente estimule el trabajo colaborativo y el trabajo científico de muy alto rigor, y también incida en los grandes problemas de la nación” (22.01.2021).

 

La palabra “refundación” sonó fuerte, pero como se trataba de un tuit, no mereció mayor atención pública. Por cierto, cada vez es más frecuente que las decisiones o declaraciones de los funcionarios públicos solamente aparezcan en las redes sociales y es difícil encontrar esas mismas declaraciones ratificadas en boletines o comunicados oficiales. Añadamos que también se ha vuelto una tarea insufrible encontrar información básica en las páginas electrónicas gubernamentales.

 

En fin, el asunto es que después de aquel tuit, vino la filtración de un documento la semana pasada, otra vez el medio fueron las redes sociales, a partir de lo cual se han desatado múltiples especulaciones sobre el destino del programa. El texto que ha circulado no es propiamente un proyecto de reforma, son una docena de láminas de una presentación en “Power Point” en formato “pdf”, así que su contenido es sintético y sumamente limitado, pero sí tiene por título “Refundación del SNI”.

 

Al parecer las láminas corresponden a una exposición realizada por Mario de Leo, actual director del SNI, a personalidades que han obtenido el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Estas personalidades, hasta hace poco, integraban de forma voluntaria y honorífica lo que se conocía como el Consejo Consultivo de Ciencias (CCC), un órgano que al instaurarse en 1989 asesoraba al ejecutivo federal, luego perdió relevancia y quedó como instancia de consulta del Conacyt sobre las políticas y prioridades para el sector.

 

Actualmente no se sabe qué lugar ocupa el CCC en el funcionamiento institucional del Conacyt, porque a pesar de que no se ha aprobado una nueva ley general –debió estar lista el pasado mes de diciembre, pero todavía ni siquiera se discute el anteproyecto—, múltiples organismos intermedios o de apoyo han sido modificados o han quedado relegados.

 

Total, una de las suposiciones es que el texto filtrado lo presentó De Leo a investigadores distinguidos al final del mes de enero. Sin embargo, lo sorprendente es que ninguna autoridad del Conacyt, a pregunta expresa, ni el día de la filtración ni después, ha confirmado o desmentido las propuestas que ahí se expresan.

 

¿Tiene sentido discutir esas posibles modificaciones al SNI? No. Definitivamente no hay forma de argumentar sobre propuestas incompletas y de las que nadie se responsabiliza. Tal vez lo más lamentable es que la improvisación se ha vuelto el mecanismo recurrente para buscar cambios relevantes.

 

Seguramente usted recuerda lo ocurrido con la idea inicial de instaurar un modelo de evaluación cualitativa en el SNI o los cambios en la organización de sus comisiones dictaminadoras, la modificación de su Consejo de Aprobación, la rectificación de suprimir el SNI para las instituciones particulares e incluso la propuesta de donar un mes de incentivos del SNI que luego fue retirada. Las propuestas no parecen conducidas por una reforma coherente, mucho menos discutida y acordada colectivamente. Todo se asemeja a una improvisación para resolver el momento.

 

Lo más perturbador es que no solamente se trata de un mecanismo utilizado en un área o en un programa, el sector mismo parece regirse por la inmediatez y un horizonte estrecho. Así fue con el financiamiento para Conacyt, la relación con el sector privado, los fideicomisos, el anteproyecto de ley general, el inexistente programa especial, los modelos matemáticos o los ventiladores mecánicos.

 

Una auténtica paradoja, porque la pandemia, si algún efecto ha tenido en las decisiones de gobierno de mediano y largo plazo en la mayoría de naciones en el mundo, es traer a la cabeza de prioridades la ciencia y la tecnología. Incluso, en México, antes de la contingencia sanitaria, en el inicio del actual periodo gubernamental parecía que había llegado la hora de las transformaciones ambiciosas y de gran alcance en el terreno de la ciencia y la tecnología.

 

Después de todo, María Elena Álvarez Buylla, la directora del Conacyt, hablaba de una reestructuración estratégica del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas. Ella misma era reconocida públicamente porque recibió el Premio Nacional en Ciencias 2017 en el Campo de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales.

 

No obstante, sea el SNI o cualquier otra iniciativa, lejos de proyectar a un plano nacional la coordinación del sistema científico y tecnológico, cada vez estrecha más su campo de acción e improvisa en mayor medida.

 

Pie de página: Ahí viene otra fuerte sacudida para los Centros Públicos de Investigación, primero quedaron eliminados los fideicomisos (uno de sus principales instrumentos de financiamiento) y ahora está la iniciativa de modificar la regulación laboral de sus trabajadores (pasarlos del Apartado A al Apartado B).// La Alcaldía Iztapalapa de la CDMX, como una “forma más de apoyar a la población durante la contingencia sanitaria”, entrega un paquete con tres medicamentos homeopáticos “para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades  respiratorias” (12.02.2021).

Médicos: ¿qué profesionales necesitamos?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 887. Febrero 11, 2021. Pág. 4) 

 

La reciente atención pública sobre los médicos, su formación, condiciones laborales, becas e imprescindible labor, no llegó con la crisis de salud desatada por la pandemia en curso. El tema ya estaba en la arena pública desde la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Si acaso, el coronavirus atrajo reflectores más potentes sobre nuestro sistema de salud, eso sí.

 

Los médicos son uno de los engranes de mayor precisión en el complejo mecanismo de funcionamiento del sistema de salud. Un sistema en el que ejecutan el papel más relevante, pero cuyo desempeño dependerá de sus capacidades técnicas, la gestión correcta, la infraestructura hospitalaria, el personal de apoyo o los medicamentos necesarios. Lo sorprendente es que en menos de dos años pasamos de un énfasis en la necesidad de médicos generales a una imperiosa necesidad de médicos especialistas. ¿Qué profesionales de la medicina necesitamos?

 

Las crisis, como la  pandemia que hoy padecemos, son relativamente inciertas en su evolución, pero también son ventanas de oportunidad para tomar decisiones y poner en marcha iniciativas que de otro modo no tendrían lugar. El problema es si las decisiones que se toman son las correctas o no, sobre todo en escenarios inestables, con recursos escasos y horizontes temporales limitados.

 

Ningún político en su sano juicio prescinde de los datos más elementales del caso, aunque pueden no ser el criterio fundamental para decidir qué rumbo seguir, porque se suman en un amasijo en el cual pueden ser ponderados otros aspectos, como un ensayo anterior, prioridades de su agenda, compromisos por cumplir o intereses de grupo. No obstante, la información básica es uno de los principales insumos para decidir.

 

Tal vez por esa razón, antes de que apareciera la pandemia, despertó una alta expectativa la idea del presidente López Obrador de realizar un censo sobre el sistema de salud. ¿Usted lo recuerda? Fue en julio de 2019, cuando el entonces diputado Mario Delgado presentó la iniciativa de ley para cancelar el Seguro Popular y crear el Insabi. Por esas mismas fechas, López Obrador anunció que se haría un inventario del personal médico en el sistema de salud. “un censo sobre los médicos generales, especialistas que existen en el país, los médicos que tenemos en México y dónde están laborando” (13.07.2019).

 

Sin embargo, ni entonces ni después se conoció públicamente la información de ese censo, aunque rápidamente se extendió la conclusión de una escasez de médicos. Otras opiniones indicaban que más bien hacían falta plazas. Y se aventuraron cifras, no siempre coincidentes en las declaraciones de funcionarios, porque hablaban de un faltante de poco más de100 mil médicos, luego hablaron del doble y otro tanto de enfermeras.

 

Uno de los puntos sobresalientes es que antes de la pandemia, desde la parte gubernamental, se enfatizó la necesidad de médicos generales porque se requería un modelo de atención comunitaria. La misma jefa de gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la Universidad de la Salud al inicio del año pasado, pero cuyo proceso de admisión fue trastocado por la pandemia.

 

Tampoco es que se descubra el hilo negro de la información cada vez que se intenta un solución, generalmente existen estudios y datos más o menos sistemáticos sobre cualquiera de los grandes problemas y el sistema de salud no es la excepción. No obstante, la pandemia puso al descubierto que otro de nuestros faltantes eran los médicos especialistas, así que cambió la instrucción presidencial y ahora se trataba de becar a residentes para una especialización en el extranjero.

 

En mayo del año pasado, el mismo ejecutivo federal anunció que habría becas para 20 mil o 30 mil estudiantes de especialidades y podrían ser en el extranjero. Tómese en consideración que, en el sistema de formación médica, significaba triplicar el volumen de médicos especialistas. Por cierto, nadie llamó la atención sobre ingeniería biotecnológica.

 

Al final del año pasado el Conacyt publicó la convocatoria, pero aunque se habían mencionado nueve países, las becas solamente fueron para Cuba, para seis especialidades y con una duración de tres y cuatro años. El proceso está en marcha, todavía no se conocen los números finales, pero seguramente por el tipo de especialidades y el país receptor la cantidad de becas será modesta.

 

No es la primera vez que se plantea la formación de profesionales en respuesta a planes contingentes. Nada menos, en el sexenio anterior, derivado de la reforma energética de “gran calado”, se propuso un “Programa Estratégico para la formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos”. Por supuesto, incluía becas para posgrado, pregrado y técnicos. Incluso distintas instituciones adecuaron programas, ofrecieron diplomados y especialidades. Todo fueron intenciones.

 

En fin, no es nada fácil orientar las preferencias de la matrícula ni articular el sistema de formación profesional a los requerimientos de la sociedad. Pero tal vez con menos improvisación, mayores elementos técnicos y un horizonte temporal de mediano plazo, podríamos planear más y mejores profesionales de la salud.

 

Pie de página: Todavía no está en la agenda legislativa la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero la vigente sigue reformándose. Pendientes.