Cátedras: ¿“in dubio pro operario”?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 904. 24.06.2021)

 

Los encuentros van por un lado y los hechos por otro. Parecía que estaba en marcha un acuerdo para solucionar las condiciones laborales del personal del programa Cátedras Conacyt, pero ahora resulta que las cosas no son lo que aparentaban.

 

El 9 de junio la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, convocó a una precipitada reunión al personal de Cátedras Conacyt para anunciarles que habría cambios en los lineamientos del programa (Comunicado 221/2021). Una auténtica novedad, después de notables discrepancias en los espacios públicos, principalmente porque Álvarez Buylla les había dicho que estaban colgados de la nómina del organismo y una posibilidad era suprimir el programa. No ocurrió así.

 

En fin, el nuevo Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracátedras), dado que un día antes de la reunión había comenzado las gestiones para negociar un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), celebró el llamado, consideró que sería la oportunidad para revisar las condiciones de las Cátedras y el comienzo de los acuerdos.

 

La directora del Conacyt, en la mencionada reunión, en realidad solamente expuso lo que a su juicio constituían las bondades de nuevas reglas para las Cátedras. Una normatividad que, dijo, sería “más humana y sensible ante las excepciones e incidencias personales que puedan surgir a lo largo de su desempeño en el programa”. También añadió que garantizaría la equidad de género, la eliminación de la discriminación y el respeto a los derechos humanos y laborales. Nada sobre un posible CCT.

 

El Siintracátedras, ese mismo día, en comunicado público, estimó que las propuestas del organismo “no se dirigen a mejorar las condiciones estructurales negativas de la relación laboral” e insistió en avanzar en las negociaciones de un CCT. Una siguiente reunión de sindicato y autoridades en la Secretaría del Trabajo estaba prevista para el 16 de junio.

 

Sin embargo, la autoridad dio a conocer nuevos lineamientos para el programa y, al mismo tiempo, sostuvo las causales de rescisión de contrato para el personal de las Cátedras. Las reglas estuvieron disponibles públicamente el día 18, días después el Siintracátedras informó que algunos miembros del personal de Cátedras fueron notificados por correo electrónico que su contrato quedaba rescindido a partir del 15 de junio, por incumplimiento en su ingreso o permanencia en la convocatoria del 2020 del SNI.

 

Una verdadera sorpresa porque en el mismo documento de las nuevas reglas, aprobado por la Junta de Gobierno del Conacyt, se sostiene que las mismas representan un giro y un punto de partida distinto, se entiende que respecto del origen y bases del programa. En especial, en la primera página, quedó asentado que reconocen el principio “in dubio pro operario”. Esto es, un principio general del derecho laboral, el cual establece que en caso de duda o conflicto normativo, la ley debe interpretarse a favor del trabajador.

 

Los nuevos lineamientos establecen que la evaluación del personal de las Cátedras será con base en su mérito y trayectoria (Artículo 43). Añade que se considerarán las aportaciones del personal de las Cátedras, sea en el avance del conocimiento, el desarrollo de tecnologías o en la atención a problemas nacionales, lo mismo que su intervención en el fortalecimiento y consolidación de la comunidad académica o tecnológica, así como en el acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales. Nada mal.

 

Sin embargo, lo cierto es que conserva los criterios anteriores. Porque en el mismo artículo 43, en el último párrafo, claramente se anota: “La evaluación del Personal de Cátedra Conacyt, con independencia de la modalidad en la que se encuentre la Institución Receptora, se llevará conforme al procedimiento que se establezca en el Estatuto del Personal Académico del Conacyt”.

 

¿Y qué dice el estatuto correspondiente? Que habrá dos tipos de criterios de evaluación: administrativos y científicos. Los primeros indican que el catedrático debe impartir al menos una clase y máximo dos por periodo lectivo, también, como mínimo, ser candidato al SNI máximo dos años después de que obtuvo la Cátedra y permanecer en el SNI una vez que ingresó. A su vez, los criterios científicos especifican que debe cumplir con los plazos y productos de su programa de trabajo y que la investigación o desarrollo tecnológico generado tenga un impacto positivo en la sociedad.

 

El asunto es que, como lo ha enfatizado el Siintracátedras, vincular la rescisión del contrato de trabajo a la no permanencia en el SNI es violatorio de los derechos laborales fundamentales, porque los sistemas de incentivo no constituyen un mecanismo que esté considerado en las causales de despido de los trabajadores del Estado. Nada menos.

 

En fin, el punto ofrece otro ángulo para discutir la importancia y problemática del programa Cátedras Conacyt, lo mismo que el papel del SNI como patrón de referencia en el sistema científico y tecnológico. Allá iremos. Por lo pronto, está claro que el principio in dubio pro operario, solamente se queda en un deseo de presentación. Los nuevos lineamientos no son más sensibles ni son a favor del personal de las Cátedras.

 

Pie de página: Hoy concluye la consulta en línea para elegir a miembros de las comisiones dictaminadoras del SNI. Si la simple consulta ha tenido tantas enmiendas, tropiezos y errores, imaginémonos lo que ocurrirá con el cierre de la convocatoria de este año para ingreso y reingreso al SNI.

Conacyt en su laberinto normativo

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus No. 904. Junio 17, 2021. Pág. 4)

 

Los litigios no son nada del otro mundo en el terreno de la ciencia y la tecnología. No lo han sido en el pasado y tampoco lo son en el presente. Sin embargo, actualmente aparecen un día, al siguiente se multiplican y cada vez alcanzan mayor resonancia nacional. El caso reciente del fiscal Alejandro Gertz Manero y su nombramiento como investigador nacional nivel III del SNI es emblemático, pero no es el único. Los diferentes ejemplos exhiben un dudoso respeto normativo y un reiterado patrón de enredo jurídico

 

Si los pleitos en los tribunales son la cara más visible del aparato científico y tecnológico, nada bueno asoma en la superficie y mucho menos en el interior. El ánimo rijoso comenzó desde antes de iniciar el actual periodo de gobierno. ¿Usted lo recuerda? Fue en la etapa de transición, a propósito de la filtración de una solicitud de la ahora directora del Conacyt,  en donde pedía la suspensión de las convocatorias en marcha. Después vino la aclaración de las autoridades de entonces, la invocación de normas y lo intercambios en los medios.

 

Las diferencias de aquellos meses de la transición quedaron zanjadas para la entrega-recepción de la administración y comenzó el periodo de gobierno. La solución, sin embargo, fue aparente porque retornó meses después, con los mismos protagonistas, sobre el tema de los fideicomisos y las acusaciones de asignaciones indebidas. Nada se aclaró posteriormente.

 

El primer año de gobierno registró el siguiente episodio jurídico que todavía está en vilo: la disputa sobre la legalidad y legitimidad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. A la fecha, coexisten dos Foros, uno que es una asociación civil que viene de la ley sectorial todavía vigente y otro más reciente que fue creado al modificar el estatuto orgánico del Conacyt. También sigue en marcha el pleito en los tribunales, con amparos y demandas de uno y otro lado.

 

Algo similar ocurrió en 2019 con la integración de las comisiones dictaminadoras del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y la destitución de Antonio Lazcano de una de ellas. Otra vez las diferencias fueron a parar a los tribunales. Por cierto, queda por resolverse la integración de esas comisiones en el actual proceso de evaluación y qué ocurrirá con los amparos.

 

Otra serie de amparos fueron promovidos en contra del nuevo reglamento del SNI que excluye del otorgamiento de incentivos a los investigadores de las instituciones particulares. Los amparos han sido admitidos a trámite y algunos han conseguido una suspensión provisional de la medida de exclusión. Todavía no hay nada definitivo y seguramente el altercado continuará.

 

En el cúmulo de litigios, sin embargo, los pleitos por causas laborales son lo más numerosos. Al menos existe un centenar y medio de juicios abiertos por despidos injustificados, especialmente se trata de integrantes del programa Cátedras Conacyt. Un reporte de los casos indica que al menos 68 de ese total de demandas laborales se originaron en la actual administración y que ahora son atendidas por personal del propio organismo, a diferencia de administraciones anteriores en los que participaba un despacho privado (Reporte Índigo 24.02.2021).

 

Por último, el muy polémico ingreso del fiscal Gertz Manero al SNI y su cuestionada obtención del nivel III en ese programa, después de más de una década de rechazo y cuando, ni en tiempo ni en forma, parece cumplir los requisitos para recibir la distinción. Los antecedentes del caso han sido ampliamente comentados en los medios y también las reacciones que ha provocado.

 

La autoridad del sector en su comunicado oficial dice que existen alrededor de 40 juicios relacionados con el SNI y cinco de ellos son por actos presuntamente discriminatorios de las comisiones evaluadoras del programa (Comunicado. 12.06.2021). O sea, ¿la idea es indicar que el fiscal no es caso único y habría que esperar las resoluciones del resto o cómo? También añade que el caso de Gertz Manero es en acatamiento a una orden de la Conapred. Sin embargo, esta última, precisó que  “en ningún sentido ordenó” el ingreso del funcionario al SNI y que la valoración “correspondió estrictamente al Conacyt”.

 

Lo evidente es un patrón reiterado de cuestionamiento a las decisiones de la autoridad del sector y una necesaria intervención del sistema jurídico. Lo grave es que el origen parece estar, por un lado, en una observación muy laxa de las normas, cuado no en ignorar su existencia o en interpretaciones muy cuestionables. Por otro lado, en diversas modificaciones a las normas secundarias, como el estatuto orgánico del organismo rector o en reglas de operación o de programas, sin que a la fecha exista un Programa Especial ni una nueva ley para el sector. Por cierto, la ley general debió estar lista en diciembre del año pasado, pero hoy ni proyecto acordado existe.

 

Así, no es de extrañar la cantidad de juicios y querellas en el sistema científico y tecnológico. Tampoco el escurridizo, inestable y enredado marco normativo que se ha configurado. ¿Las cosas podrían cambiar con una nueva ley general? No, no hay nada a la vista que lo indique. Ni siquiera acuerdos mínimos para elaborar esa norma.

 

Pie de página: Sobre la reunión con la directora Álvarez Buylla, el sindicato del programa dice que: “Si bien el posicionamiento de Conacyt expresa sensibilidad frente a las condiciones laborales del personal de Cátedras y una preocupación por transformarlas, sus propuestas no se dirigen a mejorar las condiciones estructurales negativas de la relación laboral”.

Informe General del Conacyt: ¿Recalculando las cifras?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 903. 10.06.2021)

 

El principal informe sobre las actividades científicas y tecnológicas en México ya se puede consultar. Una de las novedades es que recalcula el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), el principal indicador de comparación internacional para valorar esfuerzos en la materia. El documento, sin embargo, también revela apresuramiento y errores. Además, la mala noticia es que no está actualizado, los datos apenas llegan a 2018, el último año de la administración anterior.

 

Según la norma vigente, el Conacyt debe rendir anualmente un informe general del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México. A pesar de lo que dice la ley, la periodicidad anual del informe no se ha respetado, no lo ha hecho la actual administración y tampoco administraciones anteriores, aunque en este periodo el retraso ha sido particularmente acentuado.

 

El caso es que esta semana, finalmente, el Conacyt publicó en su sitio electrónico el “Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, México 2018” (IGECTI). Un reporte que primero debe ser presentado ante la máxima autoridad del sector, el Consejo General que encabeza el presidente López Obrador. Seguramente no ocurrió de esa forma, porque el Consejo solamente se ha reunido una sola vez, en diciembre de 2019, aunque la norma dice que debe sesionar de forma ordinaria por lo menos dos veces al año.

 

Según información de la cuenta personal de Twitter de la directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, presentó el Informe durante la primera sesión ordinaria de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el nuevo organismo que no es el que dice la ley todavía vigente y que no es el que debe autorizar el reporte.

 

En fin, uno de los aspectos novedosos del reporte recientemente publicado es la cifra del GIDE, uno de los indicadores más consistente y estable para medir la inversión de los gobiernos nacionales en Investigación y Desarrollo Experimental.

 

El Manual de Frascati, documento técnico y un estándar para la recopilación de estadísticas a nivel mundial, en su edición más reciente, correspondiente al año 2015, define a la IDE como “el trabajo creativo y sistemático efectuado para incrementar el volumen de conocimientos --incluyendo el conocimiento del ser humano, la cultura y la sociedad--, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones (pág. 44).

 

Así que el GIDE incluye todos los gastos en ese rubro ejecutados por una economía nacional en un periodo determinado. El reciente Informe de Conacyt apunta que la administración anterior decidió “incorporar en el cálculo del GIDE de gobierno, el pago completo de las becas otorgadas por el Conacyt; de especialización, maestría y doctorado; nacionales y al extranjero” (pág. 28).

 

Adicionalmente, añade el mismo reporte, “se transfirió una proporción del gasto realizado en posgrado por el sector empresarial, IES e IPnL [Instituciones privadas no lucrativas] como parte del gasto en IDE, esta forma del cálculo del GIDE de gobierno, se aplicó para el periodo 2007-2018”. Por lo tanto, resume el documento de Conacyt, contradice la definición del propio Manual de Frascati sobre la contabilización del gasto en actividades de IDE.

 

En su oportunidad nos ocupamos del tema (Campus No. 701). La edición del 2015 del Manual de Frascati, a diferencia de sus ediciones anteriores, propuso incluir el trabajo realizado por estudiantes de maestría y doctorado, becados o asalariados, para un mejor recuento de personal y recursos financieros en IDE.

 

Sin embargo, el mismo Manual también advirtió que, para incluirlos, debían contribuir efectivamente a la IDE de sus instituciones, o sea que se pudiera identificar y separar claramente su formación y aportación en investigación en esas instituciones, y también advirtió que no debía hacerse una doble contabilización, esto es, no contarlos como recursos financieros para investigación y también como dinero para enseñanza.

 

Vale la pena hacer notar que las actividades científicas y tecnológicas, con fines estadísticos y comparativos, se clasifican en tres diferentes componentes: IDE; enseñanza y formación científica y técnica; y servicios científicos. Cada uno tiene sus definiciones y es erróneo combinar la inversión de unos y otros.

 

Por lo tanto, hace saber el Informe de Conacyt, recalculó el GIDE para el periodo 2007 – 2018. Esto es, solamente incluyó las becas nacionales a estudiantes inscritos en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de Conacyt, el pago a los jóvenes del Programa de Cátedras y una distribución proporcional del financiamiento por sector de ejecución e instituciones de educación superior. O sea, excluyó becas que no estaban en el PNPC y las del extranjero, pero sí incorporó el presupuesto de las Cátedras.

 

En consecuencia, “en términos reales, los últimos tres años los recursos destinados al financiamiento de la IDE han disminuido año con año” y la aportación gubernamental es la que más disminuyó (pág. 29).

 

Así que el GIDE, en términos del PIB, bajó diez o más centésimas. Por ejemplo, para 2018, en el cálculo anterior, era de 0.48 por ciento y en la estimación de ahora es de 0.33 por ciento. Los datos invitan a una revisión más pormenorizada de los estándares del Manual de Frascati, pero también del contenido del Informe del Conacyt. Porque, este último tiene errores muy notorios.

 

Por ejemplo, el cuadro de los programas del PNPC de su página 128, dice que compara, con un mes de diferencia, los años 2017 y 2018, luego dice que la diferencia porcentual es entre 2018 y 2019, cuando se supone que el año 2019 no debe formar parte de los datos y, para colmo, la forma de calcular las cifras relativas es errónea. Y todavía falta actualizar el Informe para los dos años anteriores y el actual.

 

Pie de página: Los criterios de evaluación de la nueva convocatoria del SNI son otra fisura más entre las autoridades y la comunidad del sector.// La nueva organización sindical del programa de Cátedras Conacyt ya está rindiendo frutos. Veremos.

Cátedras Conacyt. La evaluación punitiva

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus No. 902. Junio 03, 2021. Pág. 4)

 

La aparición pública del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracátedras) es reciente, su registro tiene apenas poco más de dos meses. Sin embargo, ya ondea una bandera que difícilmente se le puede cuestionar: una oposición a la evaluación punitiva.

 

El nuevo sindicato, como la han expresado públicamente, tiene como lema “Derechos laborales para una ciencia con pertinencia social” y su propósito, según lo manifestaron sus propios integrantes, es la negociación de un contrato colectivo de trabajo para los participantes en el programa Cátedras Conacyt.

 

Las Cátedras están en operación desde el 2014 y representaron una opción laboral para jóvenes recién graduados, una pequeña ventana en las muy limitadas oportunidades que ofrece el mercado académico. Tampoco son la maravilla que cabría esperar, por su limitada cobertura –alrededor de 1,500 plazas en su mejor momento--, por las condiciones laborales tan variadas y por la incertidumbre sobre su futuro.

 

El caso es que, desde el inicio de la actual administración, el programa fue puesto en la lista negra de los programas a desaparecer. Ni hablar de ampliar su cobertura y menos de nuevas convocatorias. La mejor promesa, después de intercambios epistolares y escaramuzas en la prensa, fue la de respetar los contratos que estaban vigentes hasta el vencimiento del contrato. Al término de diez años, plazo que duran los contratos y que se habían planteado como prorrogables, ya se verá qué ocurre.  

 

Por cierto, el primer medio millar de plazas del programa tendrán su fecha vencimiento precisamente el año que concluye la actual administración. En fin, la inestabilidad de condiciones y las posiciones de las plazas del programa de las Cátedras, pero sobre todo la incertidumbre sobre lo qué será su destino laboral, seguramente fue uno de los principales acicates para la formación de un sindicato para la defensa de sus derechos laborales.

 

Un comunicado reciente de la organización gremial informa que se rescindieron lo contratos de medio centenar de catedráticos entre el 2015 y 2020. De acuerdo a los datos que expresan: siete fueron por una evaluación anual, nueve por una evaluación trianual, otros 20 por “incumplimiento del SNI” y el resto por otras causas. Es decir, señalan, más de la mitad han sido despedidos por una evaluación.

 

La organización gremial reconoce la importancia de la evaluación para incentivar la productividad y la investigación. No obstante, expresa su rechazo “como medio punitivo en detrimento de los derechos laborales, contradiciendo con ello las normas establecidas para la protección de los trabajadores del Estado en la Ley Federal del Trabajo; mismas que en ningún momento indican como causal posible de despido las evaluaciones de este tipo” (Comunicado 21.05.2021).

 

Según el informe de gobierno del año pasado, actualmente suman 1,304 plazas activas de catedráticos. En términos relativos, la veintena o treintena de personas despedidas tal vez no represente una proporción altamente significativa, pero aunque solamente se tratara de una persona, si el mecanismo de despido contraviene las disposiciones normativas tendría que rectificarse.

 

Uno de los principales argumentos para impulsar la reforma educativa de 2019, como lo indicó en su oportunidad Esteban Moctezuma, exsecretario de Educación Pública, fue terminar con la evaluación punitiva, o sea, la evaluación no estaría más ligada a lo laboral. En cambio, habría una evaluación vinculada a la capacitación y mejora del magisterio. Por la misma razón, la autoridad educativa sostuvo que ya no sería un mecanismo punitivo y permitiría la reinstalación de los profesores cesados por esa causa.

 

El magisterio del sistema educativo y los catedráticos Conacyt constituyen perfiles y ámbitos de trabajo diferentes. Sin embargo, es claro que en ambos casos debiera respetarse la legislación laboral y establecer reglas claras sobre la responsabilidad que tienen en el desarrollo de las actividades.

 

La ambigüedad de la posición laboral ha sido uno de los rasgos característicos del programa Cátedras Conacyt. A ello se le ha sumado el ingreso o permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores como condición para conservar el nombramiento laboral, lo mismo que el azaroso marco institucional que corresponda para su desarrollo laboral. En conjunto es la configuración de un horizonte de inestabilidad e incertidumbre total.  

 

Si bien la autoridad ha reiterado que no piensa ampliar ni continuar el programa, existe más de un millar de catedráticos que se desempeñan en el sistema, tal vez sería momento de regularizar laboralmente su nombramiento y no dejar que se consuman los plazos y las plazas.

 

Pie de página: A diferencia de años anteriores, cuando la convocatoria para ingreso y permanencia en el SNI aparecía con meses de anticipación --al menos cuatro o seis--, ahora apenas se publicó el último día de mayo y el plazo máximo de recepción de solicitudes es el 25 de junio. O sea, una veintena de días para que preparen su expediente. Y, para variar, los criterios de evaluación traen sorpresas y no olvidemos el artículo 34 del reglamento vigente. ¡Suerte, mucha suerte con su solicitud!

Sector privado: ¿efectos colaterales o punto de inflexión?

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 901. 27.05.2021)

 

La semana pasada planteamos la interrogante de si la escasez de recursos financieros es el motor principal para acotar y desdeñar la participación del sector privado en el terreno científico y tecnológico o, más bien, la razón de la hostilidad habría que encontrarla en una impronta ideológica que busca separar lo público y limitar lo privado.

 

Algunas evidencias muestran que se trata principalmente de lo primero, porque fundamentalmente es el impacto de una política de austeridad que lleva al límite, mínimo, los recursos públicos en toda la administración, sacrificando lo que haya que sacrificar y, a contrapelo, los canaliza a los 30 programas y proyectos que tiene marcados como prioritarios. Los recursos quiebran su cauce por lo no prioritario.

 

Sin embargo, también es probable que la restricción de recursos financieros encuentre un punto de convergencia con las motivaciones ideológicas. El asunto es que, sea una o ambas, las medidas podrían alterar el funcionamiento del sistema en su conjunto y tener efectos colaterales más relevantes.

 

Tal vez lo que ocurrió con el programa de becas de Conacyt sea una buena ilustración del caso. El programa, entre fines de los años 80 e inicio de los 2000, se denominó becas-crédito porque, en realidad, era un crédito. O sea, los estudiantes firmaban un pagaré por el apoyo recibido, al finalizar sus estudios obtenían un porcentaje de condonación dependiendo de si obtuvieron o no el grado y del tiempo que se demoraban para obtenerlo.

 

La posibilidad de una bonificación parcial o total del crédito también dependía de si el joven maestro o doctor ingresaba a laborar como profesor o investigador en una institución pública nacional, al menos un tiempo equivalente al periodo en el que estuvo becado. Una especie de tasa de retorno y también para asegurar su incorporación en las instituciones públicas.

 

Posteriormente, las autoridades reconocieron que había una gran desorden en la base de datos de los becarios, en la devolución de créditos y en la efectividad para hacer válidos los pagarés. Al final, se argumentó, resultaba más costoso la cobranza del crédito que no hacerlo.

 

El programa cambió de ser beca-crédito a simplemente programa de becas y se modificó todo el reglamento. Sin embargo, aparte de las dificultades administrativas, seguramente una de las principales razones para la reforma del reglamento fue la posibilidad de que los jóvenes posgraduados de alto nivel también se pudieran incorporar a laborar en las instituciones particulares, no solamente en las de carácter público, ya fuera porque estas últimas no podían absorberlos o por alentar la participación del sector privado.

 

Las relaciones entre los sectores público y privado tiene raíces hondas y múltiples componentes. Desde luego, corresponde a una esfera más amplia de cambios en la intervención del Estado, en la política económica y en la planeación del desarrollo. Pero tiene una clara expresión en las diferentes áreas de la administración pública.

 

Tal vez sea suficiente recordar la fuerte crítica que se desató hacia la calidad de la educación pública en los años ochenta --cuyos ecos todavía hoy resuenan—y su contención, lo mismo que el crecimiento exponencial de las instituciones de educación superior particulares que se produjo a pesar de la crisis de aquellos años.

 

En fin, no son nada irrelevantes las modificaciones a las normas, por pequeñas que sean, porque no solamente tienen un efecto evidente, directo, también tienen otros impactos colaterales y expresan tendencias.

 

Por la misma razón, algunas de las universidades privadas más destacadas a nivel nacional, como el Itam, la Ibero, la Salle, las Américas, la Panamericana, Anáhuac, el Tec, la del Valle de México, entre otras, la semana pasada, en desplegado público en diferentes medios, incluido Campus, llamaron a reconocer el “carácter público del conocimiento e innovación que se genera en las instituciones de educación superior privada por su personal académico adscrito al Sistema Nacional de Investigadores” (19.05.2021).

 

Las 29 universidades que se pronunciaron públicamente están agrupadas en el Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines (Cupria). Este Consejo es el órgano colegiado de la ANUIES, responsable de coordinar el trabajo de las instituciones particulares asociadas.

 

Y sí, la principal la principal demanda de las instituciones firmantes es que se garantice la “inclusión e igualdad de trato a todos los investigadores de las instituciones públicas y privadas en todos los programas de Conacyt, incluyendo la restitución de los estímulos económicos a los investigadores de las instituciones particulares”.

 

El actual reglamento del SNI, el que se publicó el mes pasado, suprime el apoyo económico a investigadores de instituciones privadas, aunque les conserva el nombramiento correspondiente (Diario Oficial de la Federación 20.04.2021).

 

Actualmente, después de amagos y retractaciones, todavía están vigentes los convenios de colaboración entre instituciones particulares y el Conacyt, pero si el reglamento no cambia, la eliminación del apoyo será efectivo a partir del año próximo. Pronto veremos si la hostilidad es un efecto colateral o estamos ante un punto de inflexión de las relaciones público - privado.

 

Pie de página: La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó el 25 de mayo: “A nivel nacional, precisamente tenemos un 81.5 por ciento de los 3.1 millones de precisamente personal que trabaja en las instituciones, llevamos un promedio de dos millones 564 mil 406 personal precisamente vacunado”. Eso dijo.

Ciencia y Tecnología. Fisura entre lo público y privado

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en CampusNo. 900. Mayo 201, 2021. Pág. 14)

 

Todavía no transcurre del todo la primera mitad del periodo de la actual administración, pero está relativamente próxima. Al inicio, en el territorio de la actividad científica y tecnológica, parecía que todo sería mejor, pero hoy los saldos no son positivos y lo peor es que los trazos del futuro no son mejores, porque las actuales decisiones, espoleadas por la austeridad, se extenderán sin ver el conjunto ni el horizonte.

 

Una de estas decisiones ha sido la concerniente a la participación del sector privado en las actividades científicas y tecnológicas. Las implicaciones de las medidas seguramente se profundizarán en lo que resta del periodo y podrían cambiar la estructura de incentivos de todo el sistema.

 

Las relaciones entre el sector público y privado, desde el comienzo del periodo de gobierno, se anticipaba que podrían ser tirantes, cuando no de franca confrontación. Seguramente usted recuerda las declaraciones sobre transferencias de recursos líquidos a las empresas privadas que denunció la directora de Conacyt. Fue en enero de 2019 y en ese entonces mencionó que en la administración previa había realizado transferencias por alrededor de 50 mil millones de pesos. La misma directora del organismo dijo que estaba por consolidar las cifras con precisión, porque había un error de más menos 15 mil millones de pesos.

 

Las cantidades eran y sonaron muy fuerte. El asunto es que, además de la ambigüedad de los números, no estaba nada claro si habían sido indebidas o ilegales. La expectativa era que se aclararán los montos y de ser el caso que se procediera legalmente. Sin embargo, a la fecha no se conoce que haya denuncia oficial al respecto, pero lo que sí hay es una fisura entre la participación pública – privada para las actividades científicas y tecnológicas. Una fisura que parece ensancharse cada vez más.

 

El primer informe de gobierno del presidente López Obrador reportó como hallazgo que en la administración de Enrique Peña Nieto, el sector privado contribuyó con alrededor del 19 por ciento en el gasto en investigación científica y desarrollo tecnológico (GIDE) y, no obstante, “cerca del 50 por ciento de los recursos de los fideicomisos del Conacyt (es decir, 35 mil 175 millones de pesos) fueron transferidos al sector privado” (pág. 300). Y a esa cantidad también le añadía otros 3 mil 600 millones en transferencias indirectas.

 

O sea, según los datos del informe, además de que el sector privado exhibía una contribución sumamente modesta en el financiamiento, encima recibió casi 39 mil millones de pesos a través de transferencias directas e indirectas. Aunque los informes de gobierno generalmente se concentran en el estado de la administración pública, no lo que se planea hacer, en el mismo documento quedó anotado que si el periodo 2013-2018 se había “caracterizado por un evidente abandono de la ciencia básica en favor de transferencias privadas”, la actual enfatizaría la ciencia básica.

 

Después del primer informe de gobierno llegó el Programa Institucional 2020-2024 del Conacyt. Porque, como lo hemos reiterado aquí mismo, no hubo y no habrá un programa para todo el sistema, como debía ser el Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación (Peciti) que india la normatividad vigente.

 

El Programa Institucional abundó en el diagnóstico que se había adelantado en el primer informe de gobierno. Por ejemplo, reiteró que el gobierno neoliberal descuido a la ciencia de frontera o ciencia básica. Apuntó: “Del total de los recursos asignados a los fideicomisos del Conacyt en el periodo de 2013 a 2018, el 48 por ciento fue transferido al sector privado a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), los cuales anteponen las ganancias económicas al interés del conocimiento, sin beneficio social y ambiental” (Diario ficial de la Federación. 23/06/2020, pág. 19).

 

Entonces, ¿la administración prescindirá de la participación del sector privado? En el mismo programa se anotó que el tradicional modelo de triple hélice (academia, gobierno e industria) evolucionaría hacia uno de pentahélice porque se le añadirían la sociedad y el ambiente. “Se implementarán estrategias para apoyar a entidades públicas o privadas que desarrollen proyectos de innovación abierta con impacto social en el país” (pág. 28).

 

No se conoce el detalle de cómo se pondrán o están en marcha esas estrategias y menos todavía los resultados que arrojarán. No obstante, a la par de la fisura formal entre los sectores público y privado, lo evidente ha sido la aplicación de amplias y profundas medidas de austeridad que han comprometido la operación y funciones de diferentes entidades y programas del sector, como ha sido el caso de los Centros Públicos de Investigación, el desarrollo tecnológico, el programa de Cátedras o los becarios en el extranjero.

 

Una restricción de recursos financieros que ha puesto en entredicho el mismo compromiso del presidente López Obrador formulado en el periodo de transición. En agosto de 2018 anticipó que el financiamiento para el sector crecería y, en el peor de los casos, se mantendría en términos reales, o sea, nunca habría un presupuesto por abajo de la inflación para las actividades científicas y tecnológicas. Pero no, no ocurrió en esta primera mitad del periodo.

 

¿El contexto de recursos escasos es el principal acicate para acotar la participación del sector privado o, más bien, la distancia está activada por resortes ideológicos? Tal vez es una mezcla, pero el peso relativo de lo primero parece mayor, porque comenzó con la eliminación de los fideicomisos, luego con el programa de innovación y, más recientemente, suprimiendo el incentivo económico a los investigadores del sector privado.

 

El problema es que la fisura entre lo público y lo privado puede convertirse en una grieta insalvable del sistema científico y tecnológico. Sin duda se puede y debe discutir el papel del sector privado en el desarrollo científico nacional, lo que no se puede hacer es ignorar o soslayar su intervención.

15 de mayo: el maestro fuera de las aulas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en CampusNo. 899. Mayo 13, 2021. Pág. 4)

 

Seguramente, como tantas otras fechas de aniversario que han caído en el periodo de la pandemia, la celebración por el día del maestro no será nada similar a lo que eran. Las instalaciones de todas las escuelas de todos los niveles han permanecido cerradas por más de un año. Así que, ahora, el largo periodo de contingencia sanitaria y el 15 de mayo tal vez son la mejor ocasión para recordar lo que ha ocurrido con la labor del profesorado.

 

La pandemia obligó el cierre de escuelas en todo el mundo. Según los datos de Unesco, al menos en donde hubo registro, el mes de abril del año 2020 fue cuando casi todas las escuelas a nivel global no abrieron sus puertas: fueron 168 cierres a nivel nacional, alrededor de 84 por ciento del total de estudiantes en el orbe fueron afectados. Esto es, casi  un mil 500 millones de estudiantes.

 

Sin embargo, la clausura de la educación presencial ha sido distinta en todo el orbe. En México, con excepción del estado de Campeche que retornó a las aulas el pasado 19 de abril, el resto de entidades sigue sin regresar a las instalaciones escolares. El periodo suma más de un año.

 

¿México ha sido la excepción? No. La situación ha sido muy variada en los distintos países. Algunas naciones decidieron sostener el cierre nacional solamente por un periodo breve. Para diciembre del año pasado, solamente una veintena de países conservaban el cierre total, los alumnos que sufrían las consecuencias alcanzaban a 18 por ciento del total y ya en marzo de 2021 sumaban el 10 por ciento. Ahí estaba México.

 

En América, a diferencia de Europa, la mayoría de naciones decidieron cerrar los planteles por un largo periodo. Según los mismos datos de Unesco, la mayoría de naciones del continente han sostenido el cierre de aulas por más de 41 semanas, incluyendo América del Norte, la excepción solamente ha sido Nicaragua con 15 semanas y algunos países del Caribe y Uruguay con alrededor de 30 semanas.

 

¿Prolongar el cierre escolar fue la mejor decisión? La respuesta no es sencilla, pero quizás lo incorrecto, en el caso de México, ha sido tomar medidas generalizadas para todas las entidades federativas y para todos los niveles educativos dependiendo de un semáforo de riesgo sanitario. Un mecanismo único alimentado por datos que no son plenamente confiables y que no discrimina condiciones distintas y contextos variables de una misma entidad.

 

El profesorado no interrumpió actividades en el lapso que ha durado la contingencia sanitaria. Por el contrario, como la mayoría de sectores, se adaptó a una nueva jornada laboral, el lugar de trabajo quedó instalado en su hogar, resolvió como pudo el problema de infraestructura e improvisó sobre la marcha el ajuste de los métodos pedagógicos a las condiciones imperantes. No solamente había que concluir un ciclo escolar, también debía iniciar el siguiente en las mismas circunstancias.

 

La presión alcanzó a la autoridad educativa para continuar el ciclo escolar, pero la responsabilidad de la operación cotidiana se distribuyó entre la familia y los profesores. Lo sorprendente es que el acento ha estado puesto en el programa que puso en marcha el gobierno federal, las iniciativas de las instituciones, la calidad de los aprendizajes logrados o la grave desigualdad de condiciones de niños y jóvenes.

 

Sin embargo, salvo algunos lineamientos o breves cursos de capacitación, poco o nada se hizo para regular y facilitar el trabajo del profesorado. Una buena parte de las medidas se dejaron al arbitrio de los titulares de plantel. Por cierto, durante la contingencia sanitaria, tampoco hubo ninguna iniciativa de alcance nacional que se ocupara de acercar dispositivos tecnológicos a las familias en condiciones desfavorables o de facilitarles el acceso a Internet.

 

Los lineamientos nacionales para regular las nuevas condiciones laborales llegaron casi un año después. En enero de este año, el gobierno federal publicó la reforma al artículo 311 y añadió el capítulo XII Bis a la Ley Federal del Trabajo. Modificaciones que precisaron el teletrabajo o home office, tanto como las obligaciones de empleadores y trabajadores (Diario Oficial de la Federación 11.01.2021).

 

El volumen de docentes en el sistema educativo nacional es considerable. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2019 que aplica el Inegi, se desempeñan en educación básica alrededor de un millón 200 mil personas. De este total, casi la mitad está en educación primaria, poco más de una cuarta parte en secundaria y la parte restante en preescolar. Y sí, siete de cada diez son mujeres. En el caso de media superior suman poco más de 412 mil plazas y en educación superior sobrepasan las 394 mil plazas.

 

En fin, el profesorado no solamente ha estado fuera de las aulas, tampoco ha tenido contacto con todos sus alumnos, en algunos casos porque abandonaron en definitiva sus estudios, en otros porque no hubo forma de contactarlos y en otros más porque solamente aparece un recuadro negro con nombre en la pantalla.  ¡Feliz día del maestro!

 

Pie de página: La inconformidad y quejas sobre los trámites administrativos y errores en el Sistema Nacional de Investigadores va en aumento.// Sigue la discusión sobre lo que será nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.