Agenda legislativa 2021-2024: rezagos y prioridades

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 913. 26.08.2021)

 

 

Esta semana el Instituto Nacional Electoral (INE) asignó las 200 diputaciones de representación proporcional a las siete principales fuerzas políticas. Si el Tribunal Electoral las ratifica, se sumarán a las 300 de mayoría relativa, con lo cual quedará definida la composición total de la Cámara de Diputados para el periodo 2021-2024. 

 

Las 500 curules, según informó el INE, se distribuirán de la siguiente forma: Acción Nacional 114; Revolucionario Institucional 70; de la Revolución Democrática 15; del Trabajo 37; Verde Ecologista 43; Movimiento Ciudadano 23; y Morena 198. Este último partido será la primera minoría en la Cámara, aunque, comparado con lo que tenía, la reducción es significativa. Pasará de tener el 50.4 por ciento al 39.6 por ciento.

 

Si Morena añade los asientos del Partido del Trabajo y del Verde, lo cual parecería obvio, porque son partidos que integraron la alianza Juntos Hacemos Historia en las pasadas elecciones, entonces sumarán el 55.6 por ciento del total. O sea que tendrán mayoría simple (la mitad más uno), pero no mayoría calificada (dos terceras partes), como la que logró en el periodo que está por concluir.

 

Una mayoría simple es mucho, porque es suficiente para resolver casi todos los asuntos en el Congreso, desde las formas de trabajo y organización hasta la aprobación de leyes secundarias, como el presupuesto de egresos de la federación que está por discutirse o las leyes secundarias. La mayoría calificada, sin embargo, es necesaria no solamente para aprobar las complicadas reformas constitucionales, también entra en operación cuando ya transcurrió el plazo para dictaminar una iniciativa y el dictamen correspondiente no se presenta.

 

No es sencillo anticipar el comportamiento del conjunto y menos las alianzas que se tejen o las que se desintegran en el Congreso. Todo está sujeto a negociación e intercambio, al cobro de afrentas, a las compensaciones, a los atisbos del futuro personal y del grupo de referencia. Por eso, a la hora de las votaciones, algunos votos no encajan en lo que se había previsto. 

 

La composición de la Cámara de Diputados para el periodo 2021-2024, según difundió en redes sociales Adriana Favela Herrera, consejera del INE, sumó siete mujeres más, respecto del que ahora concluye. Y sí, las mujeres representarán 49.6 por ciento y los hombres el 50.4 por ciento de las diputaciones. El PRD y Morena serán los partidos con mayor diferencia a favor de mujeres en el número de sus escaños.

 

Los pendientes de la legislatura que concluye son muy variados. El balance que presentó Dulce María Sauri, presidenta la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, muestra que quedan 46 pendientes, de los cuales solamente cinco están en tiempo, los 41 restantes están vencidos, algunos desde 2014 (Boletín No. 6817 10.08.2021).

 

Los asuntos que seguramente estarán a la cabeza de la agenda: a) ley reglamentaria de revocación de mandato; b) las leyes generales de: Personas Jóvenes, Movilidad y Seguridad vial; Organización y Funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros Municipales; y Ciencia, Tecnología e Innovación; y c) la Ley del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, misma que está pendiente desde 2014.

 

Seguramente están otros temas, como las polémicas reformas electorales que podrían impulsarse, las adecuaciones normativas en materia de seguridad y justicia, el Código Único en materia Familiar y Civil, o bien, la revisión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Además, deben añadirse los temas que tienen comprometidos y de mayor interés para cada grupo parlamentario. Sí, sobran los asuntos a legislar.

 

El gran pendiente en el ámbito de la ciencia y la tecnología, desde diciembre del 2020, es la ley general del sector. Seguramente no es el tema que más preocupa en el Congreso, pero su ausencia de casi un año está causando estragos en la interpretación y aplicación de ordenamientos secundarios del sector por la discrecionalidad que ha propiciado. Ni se observa la todavía ley vigente ni está lista la nueva norma. Ahora, al menos, esperemos que el diseño sea satisfactorio.

 

Otro tema de la agenda del sector es la explicación pública de algunas decisiones y compromisos del Conacyt. Las comisiones en el Congreso están facultadas para solicitar información o documentación a las dependencias de la administración pública federal sobre los asuntos de su competencia y éstas deben proporcionarla.

 

De hecho, el senador José Alberto Galarza solicitó la comparecencia de la titular del Conacyt para que explicara por qué no hubo becas al extranjero en este año en áreas prioritarias. También está el dictamen de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente, del mes pasado, para que el Conacyt informe detalladamente sobre los protocolos de investigación y resultados de la vacuna Patria. A la fecha no hay información oficial y no solamente en estos temas.

 

La agenda está recargada, algunos pendientes ya suman años y los legisladores tendrán que trabajar a marchas forzadas para equilibrar rezagos y prioridades. Aunque también está el incentivo de la reelección y, desde luego, un mayor escrutinio social sobre su actuación.

 

Pie de página: Las negociaciones para un Contrato Colectivo de Trabajo entre el Conacyt y los trabajadores del programa Cátedras se están tensando y pronto veremos en acción los recursos estratégicos.

Tristísima y lamentable inestabilidad

 Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus 912. Agosto 18, 2021. Pág. 4)

 

El testimonio de Daniela Guzmán (@Kerrigan21) en Twitter es elocuente y exhibe los preocupantes rasgos en la gestión del sistema científico y tecnológico: improvisación, enojo e inestabilidad. Ella es integrante del programa Cátedras Conacyt y el pasado 12 de agosto anotó en esa red social:

 

-Hace unos días, me enviaron un fragmento de los "nuevos estatutos académicos" donde decía algo muy fuerte, pero pensé, no, debo ir a la fuente oficial, escribí un correo de cátedras... solicitando dichos documentos, y me acaban de responder, con los estatutos académicos y ¿Cuál es mi enojo?, que los cambiaron abismalmente, ahora te exigen estar en cierto nivel del SNI.

 

El documento al que se refiere Daniela es el nuevo Estatuto del Personal Académico del Conacyt. Una norma que fue actualizada y aprobada por el Comité Directivo del programa Cátedras en su sesión del pasado 29 de junio, según se aclara en el mismo estatuto. Sin embargo, la existencia de ese documento permanecía en el anonimato. ¿Quién integra el Comité Directivo? Un órgano interno del organismo, lo preside la dirección del Conacyt y cuatro titulares que le siguen en el organigrama (dos direcciones adjuntas, la Unidad de Articulación Sectorial y Regional, así como la Coordinación de Apoyo a Becarios e Investigadores).

 

La queja de Guzmán era porque, cuando se integró como catedrática, el estatuto indicaba que debía participar al menos a nivel de candidato al SNI, máximo dos años después de ingresar a la Cátedra, y después tendría que permanecer de forma continua en el Sistema. Ahora, sin embargo, el estatuto no solamente solicita ingresar y permanecer, también subir de nivel cada determinado tiempo: nivel I después de seis años y nivel II después de una década.

 

En fin, el enojo y la tristeza, dijo Guzmán, no era por un asunto de capacidades personales, sino por “sentir que estás en un lugar donde sientes que no quieren que estés, entonces cada vez te la ponen más difícil. Tristísimo”. La manifestación pública sobre lo que estaba ocurriendo generó múltiples adhesiones y comentarios en redes sociales.

 

Al día siguiente de su inconformidad, según volvió a expresar Daniela en Twitter, fue convocada por el maestro Carlos Martínez, subdirector de Evaluación y Seguimiento de Cátedras, a una reunión en la que le explicó que los nuevos estatutos no aplicarán para las personas que ya están activas, solamente serán para las nuevas plazas de las Cátedras. Fin de la historia.

 

El problema, sin embargo, no está resuelto, porque no hay ninguna certeza de que así serán las cosas. Para empezar, la directora de Conacyt había dicho, al comienzo de su gestión, que suprimiría el programa de Cátedras, luego de las protestas dio marcha atrás, pero también advirtió que no crecería más el programa. Y sí, en lo que va del periodo, no se han emitido nuevas convocatorias. Entonces, ¿para qué los nuevos estatutos si no habrá incorporaciones nuevas? Además, a la par está en marcha la negociación de un Contrato Colectivo de Trabajo.

 

En segundo lugar, una y otra vez, las declaraciones van por un lado y los hechos en sentido opuesto. ¿Usted recuerda las acusaciones del inicio del periodo? ¿La enorme suma de transferencias de recursos públicos a entidades privadas del sector que serían motivo de denuncias y responsabilidades? ¿Conservar el presupuesto a la par o por arriba de la inflación? A la fecha no hay nada.

 

Tampoco están, más de un año después, las aclaraciones sobre corrupción y manejo opaco de los fideicomisos en el sector. Lo mismo con el sí, pero después no, para preservar los fideicomisos imprescindibles que habían acordado Hacienda, Función Pública y el Conacyt. Ni siquiera salvar de afectaciones a instituciones, proyectos y becarios, como lo han expresado los Centros Públicos de Investigación, los becarios del fondo Sener-Conacyt o los proyectos de fondos sectoriales y mixtos.

 

En tercer lugar, la inestabilidad y laxitud de las normas. La nueva ley general del sector debió aprobarse, a más tardar, en diciembre del año pasado, pero todavía ni siquiera proyecto existe. Sin embargo, eso no ha impedido que se modifiquen y apliquen ordenamientos secundarios del sector.  

 

Nada menos, cambios en el estatuto orgánico del Conacyt han implicado modificaciones importantes en la composición de los órganos de dirección y consulta. ¿No tienen importancia? O bien, la modificación al reglamento del SNI con efectos retroactivos porque un día establece que los cambios en los criterios de evaluación entrarán en vigor después de un año, luego emite la convocatoria de ingreso, al día siguiente del cierre, deroga el artículo y avisa que los cambios tendrán vigencia inmediata. ¿Tampoco tiene importancia?

 

Ni hablar de las oscilaciones para entregar incentivos económicos a los investigadores de instituciones particulares, con independencia de lo que dice el ordenamiento. En fin, para acabar pronto, a la fecha, el Peciti no existe, es el programa que por normatividad debe guiar desde el comienzo las acciones y la planeación del sector. Total, no parece un asunto relevante.

 

Pues sí, no solamente es un tema de comunicación, hay motivos para la tristeza, el enojo y la frustración.

 

Pie de página: Profesores de las nuevas Universidades para el Bienestar Benito Juárez se manifiestan públicamente por despidos injustificados. ¿Las primeras grandes grietas del proyecto? Veremos. 

"Caminito de la escuela": ¿es esencial?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 911. 12.08.2021)

 

Una vez más, como país, no sabemos qué hacer con los servicios educativos en medio de la contingencia sanitaria en curso. La agenda gubernamental para el sector quedó agotada con la reforma del artículo 3° constitucional de mayo de 2019. Desafortunadamente, la realidad ha terminado por imponerse, las autoridades no pueden seguir improvisando, ignorar información elemental y esperar que, sin más, sus postulados se conviertan en hechos.

 

La disyuntiva sobre qué fórmula es mejor para el funcionamiento de los sistemas educativos, cuando la pandemia sigue en ascenso, no ha sido sencilla para ningún país en el mundo. Sin embargo, no todos cruzan por las mismas condiciones y ciertamente, América Latina no ha sido un ejemplo y México todavía menos.

 

Desde marzo del 2020 hasta febrero de 2021, el primer año de despliegue del coronavirus a nivel mundial, Panamá sumó 211 días con sus planteles educativos cerrados (de educación básica a media superior), a la cabeza de la lista del total de naciones de las que se disponía información (Unicef. COVID-19 and School Closures: One year of education disruption, 2021). No estaba solo, en orden descendente, otros países lo seguían: El Salvador (205); Bangladesh (198); (Bolivia (192); Brasil (191); Costa Rica (189); Kuwait (181); y México (181). Seguían en la lista otras naciones, principalmente centroamericanas.

 

Según mostró el reporte de Unicef, de los 14 países que mantuvieron mayormente cerradas sus escuelas de los niveles indicados, dos terceras partes eran de la región latinoamericana. Tal parece que la región no solamente es una de las más desiguales en el mundo, también comparte una misma posición sobre el tema educativo.

 

En México, en efecto, a partir del 24 de marzo del 2020 se decretó “suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020” (DOF. 24.03.2020). También por decreto quedaron enlistadas las cinco actividades que estarían consideradas como esenciales: las relacionadas con la emergencia sanitaria; seguridad pública; sectores fundamentales de la economía; los programas sociales del gobierno; y las de infraestructura crítica (DOF. 31.03.2020). No, la educación no fue esencial.

 

Llegó abril del 2020, la pandemia no cedía, se extendió el cierre de actividades no esenciales un mes más y al término, cuando uno de los picos de la contingencia parecía descender, vino la estrategia para la reapertura de algunas actividades conforme el establecimiento de colores del semáforo epidemiológico por regiones. Las escuelas, se indicó en el Acuerdo correspondiente, solamente podrían operar cuando el semáforo estuviera en color verde (DOF. 14.05.2020).

 

Sin embargo, las semanas fueron meses, de junio del 2020 a junio de este año, no hubo clases presenciales, a pesar de las varias entidades que permanecieron en semáforo con luz verde y de las voces de especialistas, organizaciones y grupos de padres de familia que clamaban por un retorno escalonado y seguro.

 

La excepción fueron el centenar de escuelas primarias abiertas en Campeche en abril de este año, más por razones políticas que educativas, pero fue un breve episodio. Luego en junio, casi al final del pasado ciclo escolar, vino el intento oficial por el retorno a las clases presenciales. Un regreso relativamente accidentado e improvisado. La Sep informó que, casi en la mitad de las entidades federativas, abrieron 24 mil escuelas (menos del 10 por ciento del total de planteles) y asistieron alrededor de 1.6 millones de estudiantes (menos del 5 por ciento del total) (Boletín113. 07.06.2021).

 

Una de las principales razones para continuar con el cierre de escuelas ha sido la seguridad sanitaria. También de ahí la proviene la anticipada vacunación del personal docente y administrativo. No es nada insignificante la cantidad de maestros y alumnos del sistema educativo nacional; suman alrededor de un tercio del total de la población.

 

Sin embargo, salvo las vacunas para el personal, la educación no ha sido prioridad en la contingencia sanitaria, ni siquiera los niños y jóvenes en condiciones desfavorables que carecen de dispositivos tecnológicos o de conexión a internet para acercarse a la educación a distancia. Nada. Las iniciativas se limitaron al programa “Aprende en casa” y las escuelas quedaron supeditadas a un irrelevante semáforo epidemiológico.

 

Los modelos únicos para el retorno a la escuela, la improvisación o las órdenes a rajatabla no funcionan en el sector educativo. Hace falta una estrategia nacional que logre diferenciar entre niveles educativos, régimen de sectores, zonas geográficas, condiciones sanitarias del personal e infraestructura de los planteles. Una estrategia que recupere los elementos que la experiencia nacional e internacional han consolidado: la vacunación, el uso de cubrebocas, la distancia entre personas, la ventilación de los espacios, el porcentaje de los aforos, las pruebas y seguimiento de contagios, entre otros.

 

En fin, la reforma del artículo 3° constitucional estableció como prioridad el “interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”, tanto como la gratuidad y obligatoriedad del servicio. Menos fácil es allanar ese camino para que los enunciados se hagan realidad.

 

Pie de página: El sindicato del programa Cátedras Conacyt comenzó esta semana la negociación de su contrato colectivo de trabajo con el organismo. Pendientes.

¿Partidos políticos financiarán al Conacyt?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus No. 910. Agosto 5, 2021. Pág. 4)

 

El monto podría ser menor y tal vez no llegará pronto, pero 1,200 millones de pesos es una cantidad de dinero bastante respetable, sobre todo ahora que los recursos públicos, a pesar de que son estirados al máximo, alcanzan para muy poco. La cifra proviene de las sanciones a los partidos políticos en este año y, por norma, debe ser entregada al Conacyt.

 

La iniciativa de canalizar el dinero de las multas al Conacyt surgió de un partido político hace más de 15 años, bajo el razonamiento de que, si los institutos políticos torcían las normas, por lo menos que el dinero recaudado de las sanciones sirviera a un noble fin. Los primeros años hubo complicaciones normativas, por el concepto mismo de sanción o multa, luego vinieron las protestas de los partidos.

 

Siempre hay que aguardar la resolución de las inconformidades de los partidos para tener certeza sobre el monto definitivo, los fondos no pasan directamente al Conacyt, deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación y, posteriormente, a trancas y barrancas, llegan al organismo. Por cierto, como cada año lo indica el Presupuesto de Egresos de la Federación, el organismo de ninguna manera debe destinar esos recursos a gastos de operación, como al comienzo intentó hacerlo, tiene que canalizarlos actividades sustantivas, como proyectos o becas.

 

Al inicio, las sanciones sumaban unos cuántos millones, pero la cantidad se ha incrementado de forma notable. El monto es mayor en año de elecciones federales o intermedias: en el 2018, por ejemplo, las sanciones alcanzaron un volumen de 872 millones de pesos; en el 2019 de 582 millones; y el año pasado de 563 millones. El Instituto Nacional Electoral informó que en este año, en cifras redondas, la cantidad es de 1,204 millones de pesos (INE.361/23.07.2020).

 

Todos los partidos políticos tienen sanciones, en números cerrados: Morena 373 millones de pesos; Fuerza por México 103 millones; Redes Sociales Progresistas 101 millones; PRI 94 millones; PAN 88 millones; PT 86 millones; Verde Ecologista 85 millones; MC 73 millones; Encuentro Solidario 55 millones; PRD 43 millones. O sea, en total: 1,101 millones de pesos de partidos nacionales y otros 103 millones de partidos locales.

 

La distinción entre partidos nacionales y locales tiene importancia porque la “Ley general de instituciones y procedimientos electorales” (Legipe) desde el 2014 estableció que los recursos derivados de las infracciones serían destinados al Conacyt cuando la sanción fuera impuesta por autoridades federales y para los organismos estatales de ciencia cuando fuera por autoridades locales.

 

En fin, los más 1 mil millones de pesos ¿qué tanto representan en un organismo como el Conacyt? Tómese en cuenta que este año, a pesar de que recibió poco más de 26 mil millones de pesos, la eliminación de fideicomisos, la austeridad y la escasez de fondos han sido el argumento principal para disminuir becas, proyectos o la membresía en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

 

Por ejemplo, aunque hace casi un año, en el segundo informe de gobierno, se reportaba que Conacyt había entregado 1,709 becas a mujeres madres jefas de familia, todavía el mes anterior no entregaba nada. El apoyo es de tres mil pesos mensuales durante tres años (más otros dos mil pesos para cada inicio de ciclo escolar), pero la demora para entregar la beca ya alcanzaba más de medio año. Entonces, ya podremos tener una idea de lo que podrían representar los fondos derivados de las sanciones para este programa.

 

O bien, según los propios cálculos de la autoridad del sector, los incentivos que otorga el Conacyt a investigadores de instituciones particulares suman alrededor de 125 millones de pesos anuales. No obstante, como seguramente usted lo recuerda, el organismo notificó que ya no otorgaría más esos estímulos a partir del año próximo, modificó el reglamento del SNI y los investigadores del sector privado quedaron excluidos. Si los recursos adicionales se dirigieran a ese programa lo podrían financiar durante casi una década.

 

Un cálculo más: los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), esa nueva iniciativa de la actual administración para financiar proyectos de investigación, tiene un techo presupuestal de alrededor de 224 millones de pesos e incluye poco más de 300 propuestas de proyectos. El monto de las sanciones podría quintuplicar el presupuesto y las propuestas.

 

En fin, unos recursos financieros extra parece que pueden hacer toda la diferencia en el sostenimiento de los programas del Conacyt. Lo paradójico es que los recursos provengan de comportamientos ilegales de los partidos políticos. Tal parece que, mientras más irregularidades cometan, tanto mejor sería para el Conacyt y para la estabilidad de sus iniciativas. Mal por el lado que se le vea.

 

Pie de página: La Conamer aprobó la derogación del artículo 34 del reglamento del SNI. No tenía argumentos para justificar una mejora regulatoria, ni siquiera mayor transparencia, tampoco mejores costos o grandes beneficios. Y, sin embargo, lo derogó. // El periodo de turbulencia sigue en los centros públicos de investigación: Sergio López Aylllón renunció a la dirección del CIDE, precisamente a la mitad de su segundo periodo en el cargo.

Becas al extranjero en caída libre

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 909. 22.07.2021)

 

Las cifras del segundo informe de gobierno, desde septiembre del año pasado, mostraban una ligera disminución en el número de becas de posgrado del Conacyt. Hoy, si se miran los números desagregados y otras fuentes de información más recientes, la caída de becas para estudiar en el extranjero es muy pronunciada y alarmante.

 

Los anexos estadísticos del informe de gobierno señalan que el número de becas del Conacyt en 2018 sumaban 55 mil 962. De ese total, 52 mil 649 eran nacionales (94 por ciento) y 3 mil 313 para estudiar en el extranjero (6 por ciento).  A su vez, en 2020, en total se otorgaron 55 mil 117 becas, de las cuales 52 mil 393 (95 por ciento) nacionales y 2 mil 724 (5 por ciento) para el extranjero.  

 

O sea, la información oficial dice que entre 2018 y el año pasado, en números absolutos, la cifra de becas disminuyó en 845. En el año 2020, el descenso, aparentemente, no era tan significativo ni preocupante (la baja en las becas nacionales fue de 256 y para el extranjero de 589).

 

No obstante, en este año los medios han dado cuenta de la inconformidad de los jóvenes que buscan cursar estudios de posgrado en el extranjero. Primero, por el retraso para que Conacyt emitiera la convocatoria correspondiente, luego porque se dijo que solamente habría para cursar especialidades médicas fuera del país y, finalmente, porque los apoyos para esas especialidades se concentrarían en Cuba.

 

A la fecha, otro tanto ocurre con el retraso en la convocatoria de Becas Regionales al Extranjero de este año y también con los jóvenes becarios del Fondo Sener-Conacyt en el Reino Unido. En particular, el apoyo para estos últimos, dependía de uno de los fideicomisos que fueron eliminados, así que han permanecido en la incertidumbre todo este tiempo.

 

Todavía el pasado 13 de julio, el propio exsecretario Arturo Herrara dijo en un tuit que el problema de los becarios del Fondo Sener-Conacyt debería resolverse pronto porque Hacienda “autorizó los recursos a Conacyt a inicios de julio para manutención y colegiaturas de los estudiantes”. No obstante, parece que no será así, porque una nota de Nayeli Roldán informó que un funcionario del Conacyt reiteró que: “que el pago por sus extensiones son considerados gastos adicionales que no estaban autorizados originalmente” (Pájaro Político 19.07.2021).

 

El caso es que, salvo los informes de gobierno que tiene información agregada, los datos oficiales sobre las becas ha sido parcial y a cuenta gotas. Pero la semana pasada apareció el “Anuario de Migración y Remesas México 2021”, un reporte conjunto del Consejo Nacional de Población (Conapo), la Fundación BBVA y BBVA Research.

 

La publicación trae un apartado sobre “estudiantes internacionales” y los datos de esos estudiantes en Estados Unidos y de población mexicana. Por ejemplo, señala que la UNESCO calcula que suman 5.1 millones los estudiantes internacionales y, de ese total, más de la mitad (53 por ciento) tienen como destino seis países: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania, Rusia y Francia, en ese orden.

 

De hecho, Estados Unidos sigue siendo el mayor polo de atracción de los estudiantes internacionales, concentra alrededor de un millón y el Reino Unido casi otro medio millón. Los estudiantes mexicanos en el extranjero también siguen esa misma pauta, porque casi la mitad del total se distribuye entre esos dos países.

 

Uno de los datos más preocupantes que muestra el Anuario es que las visas de estudiante emitidas por Estados Unidos y Reino Unido para estudiantes mexicanos ha disminuido notablemente. El primero, para el año 2020 entregó 3 mil 300 visas, mientras que en 2018 fueron 7 mil 200; el Reino Unido emitió 700 y dos años antes eran el doble.

 

Además, como indica la publicación: “La población mexicana becaria de Conacyt para posgrado en el extranjero registró una disminución de 59.2 por ciento en nuevas asignaciones a nivel maestría en 2020 respecto de 2019”. El descenso para el doctorado, en el mismo periodo y también de nuevas becas, fue de 49.9 por ciento.

 

Así que la caída en las becas ya no es tan insignificante como parecía. Es una verdadera lástima que los informes anuales del estado de la ciencia y la tecnología que por norma debe rendir el Conacyt no se publiquen con oportunidad (el más reciente es de 2018), para tener mayor certeza sobre la distribución de becas y otros factores. Volveremos con otros datos.

 

Sin duda la pandemia en curso ha sido una variable interviniente en el flujo de estudiantes internacionales. No obstante, en México, tanto por las muestras de inconformidad de los jóvenes como por las declaraciones y acciones de los funcionarios gubernamentales, resulta evidente que la restricción de becas para estudios en el extranjero es una decisión deliberada todavía no suficientemente explicada y mucho menos discutida. ¿Hacemos de cuenta que nada está ocurriendo?

 

Pie de página: Ya están los resultados de la primera convocatoria de “Apoyos a la ciencia” y traen novedades. Los veremos. // La resolución de la semana pasada del juez federal de Texas, Estados Unidos, puede marcar un siguiente capítulo del programa DACA y los dreamers. Atentos.

SNI: ¿quién sobre la ilegalidad?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus No. 908. Julio 15, 2021. Pág. 4)

 

El Conacyt hizo llegar a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) una nueva solicitud para modificar el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Todavía sigue pendiente la resolución y es clave para el proceso en marcha de ingreso y reingreso a ese programa. ¿Será aprobada? Probablemente. Lo grave del caso es que las modificaciones van escalando en frecuencia y arbitrariedad. Y sí, legalmente son cada vez más incomprensibles.

 

La petición del Conacyt es relativamente sencilla: derogación del artículo 34 del reglamento del SNI. El problema es que ahí, en ese precepto que ahora quiere anular, se enuncia con toda claridad: “Al publicarse nuevos criterios específicos de evaluación en el portal del Conacyt, los mismos entrarán en vigor en la convocatoria del año subsecuente”.

 

O sea, el organismo emitió la convocatoria para ingreso y reingreso de este año, señaló las fechas para aplicar en línea (prácticamente el mes de junio), enlistó nuevos criterios en su sitio web y, ahora, una vez transcurrido todo el proceso, seguramente se percató de lo que decía el artículo 34 y quiere vigencia inmediata.

 

Anualmente, alrededor de tres mil aspirantes buscan ingresar por primera vez al SNI:  ¿cuántos siguieron los nuevos criterios y cuantos otros optaron por los anteriores? ¿Y qué ocurrió con los cerca de 10 mil investigadores que intentaron renovar su nombramiento? Difícil saberlo. Solamente por descuido o indolencia en algo tan elemental como una comunicación clara de lineamientos de evaluación y coincidencia con una norma precisa.

 

Tal vez usted recuerda que un primer cambio en el reglamento se registró en septiembre del año pasado. Lo perturbador es que la reforma se aplicó sin observar la ley sectorial todavía vigente. Todo como si nada. Luego, en febrero de este año, cinco meses después, se percataron que al modificar la numeración de artículos y fracciones se alteró la secuencia de la estructura del reglamento, por lo que algunas autorreferencias del articulado ya no correspondían a lo que se indicaba. Así que va una nota aclaratoria al Diario Oficial de la Federación para corregir errores (24.02.2021).

 

Unas semanas más tarde, el 5 de marzo, cuando la convocatoria del SNI seguía sin aparecer y los tiempos para emitirla ya estaban quemados, Conacyt decide que lo mejor es hacerle otro ajuste más al reglamento y envía una nueva solicitud a la Conamer. Ahora, entre otras modificaciones, para suprimir la entrega del incentivo económico a investigadores de instituciones particulares y, por el contrario, para que lo recibieran los investigadores que se desempeñan en la administración pública.

 

El portal de la Conamer registró alrededor de dos centenares de comentarios críticos a las modificaciones que se proponían. El reglamento, sin embargo, fue aprobado. Lo notable del caso es que el dictamen final señalaba: “Cabe señalar que esta Comisión se pronuncia sobre el anteproyecto y AIR [Análisis de Impacto Regulatorio], en los términos que fue presentado a la Conamer sin prejuzgar sobre aspectos de legalidad, competencia y demás aspectos distintos a los referidos en el artículo 8 de la LGMR [Ley General de Mejora Regulatoria].

 

El artículo citado precisa los quince objetivos de la política de mejora regulatoria, como promover la eficacia y eficiencia de la regulación o procurar que las nuevas regulaciones generen beneficios superiores a los costos y produzcan el máximo bienestar a la sociedad. Porque, efectivamente, la Conamer, como ente administrativo dependiente de la Secretaría de Economía, tiene como tarea la mejora, transparencia y simplificación de trámites y servicios, pero no pronunciarse sobre el carácter contradictorio o legal de las normas.

 

No obstante, en aquella ocasión, una vez publicado oficialmente el reglamento (DOF.20.04.2021), quedó pendiente el problema de su legalidad y competencia. Tanto que un amparo promovido por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior recibió la semana pasada una respuesta favorable, el litigio todavía no concluye en definitiva, pero es una muestra de los problemas legales.

 

Ahora, cuando todavía no transcurren ni tres meses después de la última modificación al reglamento, estamos otra vez ante una solicitud más de cambio y, además, es una derogación que tendría efectos retroactivos. El mayor obstáculo es que no hay espacio para que la Conamer justifique una mejora regulatoria, un beneficio superior a los costos, tampoco más transparencia y ni será un trámite más simple para todos aquellos que respondieron a la convocatoria del SNI.

 

En fin, la Conamer no debería aprobar la derogación y, en el marco de la legalidad, se debería buscar otra solución, una que incluya todos las dificultades que viene arrastrando. Sí, no solamente son los remiendos al reglamento, también está la integración de las comisiones, los amparos y el cuestionado nombramiento del fiscal general Gertz Manero como miembro nivel III del SNI y, peor, la calificación sobre si su obra incluye plagio o no. 

 

Pie de página: La próxima comparecencia a comisiones del Senado de la titular del Conacyt podría ser la  ocasión  para perfilar las dimensiones de los problemas del sector. Atentos.

 

Posgrados: ¿ni calidad ni excelencia?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 907. 08.07.2021)

 

Un comunicado público del Conacyt informa que la titular del organismo, María Elena Álvarez Buylla, presentó el Sistema Nacional de Posgrados (SNP), en sustitución del anterior Programa Nacional de Posgrados de Calidad (Comunicado No. 226/2021). Todavía no se conocen los detalles de la sustitución, tal vez solamente se conocerán una vez que estén en marcha o quizás, para variar, con posterioridad venga una nueva rectificación.

 

Sin embargo, probablemente estamos ante otro punto de quiebre: la orientación de los posgrados en México. El comunicado del pasado 4 de julio, un día después de finalizado el 3er Foro Nacional de Posgrados, informa que ahora que cumple 30 años el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) será sustituido para “transitar hacia un modelo de formación e investigación en posgrados con mayor solidez epistemológica, rigor científico e incidencia social, acorde con la transformación que vive el país”.

 

En realidad, no son exactamente tres décadas del PNPC, sí lo son desde que ingresó a los recintos universitarios la evaluación y acreditación de programas de licenciatura y posgrado. Un esquema para diferenciar la calidad de los estudios que cursan los jóvenes, ante una oferta que desde esos años crecía exponencialmente. De hecho, en 1991, al primer padrón de posgrado, se le llamó “Padrón de Excelencia”, un programa que estuvo vigente hasta el 2001.

 

Por cierto, el término de “excelencia”, quién lo dijera, retornó al primer plano de la norma educativa con la reciente reforma del artículo 3º constitucional, la de mayo de 2019. ¿Usted lo recuerda? Según aclaró el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, a solicitud de los profesores de la Coordinadora, la palabra calidad quedó proscrita del texto constitucional y, en su lugar, quedó “excelencia”. En fin, esa es otra historia. O no, esa y ésta son episodios de la misma serie.

 

Total, en aquel entonces, el Padrón de Excelencia estaba centrado en los posgrados orientados a la investigación, pero la mayoría de instituciones quedaban fuera de ese padrón porque sus programas tenían otras finalidades (profesionalizantes, por ejemplo) o las condiciones de sus posgrados eran sumamente precarias. Así que en 2001 sobrevino una rebelión institucional y ahí se amplió el programa; primero se habló de un Programa Nacional de Fortalecimiento del Posgrado y después quedó instaurado el PNPC.

 

El año pasado, todavía en el último proceso de evaluación, el PNPC clasificaba los programas de posgrado como: de reciente creación; en desarrollo; consolidados; y de competencia internacional. Igualmente, dividía el conjunto de programas entre los de nuevo ingreso, renovación y reingreso. Pertenecer al padrón significa, o significaba, que el programa tenía respaldo institucional diferenciado para varios propósitos (infraestructura, por ejemplo) y, muy importante, una beca para todos los estudiantes matriculados en el programa correspondiente.

 

¿De qué volumen estamos hablando? Las cifras oficiales del año pasado muestran que pertenecen al PNPC casi 2 mil 500 programas. De ese total, casi la mitad (43 por ciento) está en la categoría “en desarrollo”, un 29 por ciento está considerado como “consolidado”, el 16 por ciento son de “reciente creación” y solamente el 11 por ciento califica como de “competencia internacional”.

 

Además, del total de programas del PNPC, poco más de la mitad (54 por ciento) son programas de maestría, un 29 por ciento de doctorado y el resto de especialidades. Y casi la totalidad de los programas del padrón pertenecen a instituciones públicas, lo mismo que la matrícula (alrededor del 95 por ciento).

 

O sea, la mayoría de programas requieren un respaldo institucional, son muy contados los posgrados nacionales altamente competentes y todavía muy pocos los programas de doctorado. Añadamos que en el país, en total, existen casi diez mil programas de posgrado, menos de una cuarta parte pertenece al padrón; de estos últimos, alrededor del 60 por ciento son de instituciones particulares y el resto de instituciones públicas.

 

El PNPC, con sus sesgos y problemas, instaruró un mecanismo para diferenciar la calidad de los estudios de posgrado, bajo el supuesto de que era muy importante consolidar los programas nacionales en el maremágnum de una dudosa oferta. Como se podrá advertir, el tema tiene múltiples ángulos y cualquier modificación alterará todas las partes. Tampoco olvidemos el sensible asunto de las becas asociadas al padrón.

 

El comunicado de la autoridad precisa que el PNPC, como otras medidas del periodo neoliberal, “priorizó la visión productivista y la competencia; el centralismo y la evaluación cuantitativa de los programas, además de que se desvincularon los posgrados de las prioridades de investigación en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que necesita el país”. En consecuencia, sostiene que ahora se dará prioridad a la pertinencia científica y social, equidad de género, no discriminación, equilibrio regional y distribución institucional equitativa.

 

O sea, ¿será un cambio profundo? Al menos eso expresan las intenciones, pero ya sabemos que de buenas intenciones está empedrado el camino al precipicio. Lo más grave sería que nos quedáramos sin un esquema de posgrados; ni de calidad, tampoco de excelencia y ni siquiera un sistema como tal. Todavía peor: alentado por la instauración del principio de austeridad. Pendientes.

 

Pie de página: Y 12 días después de emitir los lineamientos del Programa Cátedras Conacyt, dice la autoridad que se equivocaron, que cambian uno de sus artículos y mejor sí van a considerar la opinión del Personal del programa para expedir el Estatuto de Personal Académico.