Bajan a los fideicomisos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus MilenioNo. 937. Febrero 24, 2022. Pág. 4)

 

Hace un año, al publicar su programa anual de trabajo de la cuenta pública del 2020, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) tenía previsto realizar un estudio sobre los “Fideicomisos Públicos sin Estructura Orgánica” (DOF. 08.02.2021). Nada menos. El órgano fiscalizador examinaría esos instrumentos que operaban distintas dependencias de la administración pública y cuya eliminación quedó justificada por manejos corruptos, discrecionales y opacos. Eso dijo la autoridad.

 

Seguramente por la controversia que desató la desaparición de los fideicomisos, el trabajo de la ASF fue visto como una oportunidad para esclarecer, con información relativamente consolidada y confiable, cómo se había procedido y qué había ocurrido con los recursos financieros. Sin embargo, como recientemente lo anotó Nayeli Roldán, la ASF canceló el estudio correspondiente (Pájaro Político 17.02.2022).

 

¿Es inusual que la ASF omita algunas auditorias? No, no lo es. La Auditoria es un órgano técnico de la cámara de diputados y su función básica es fiscalizar el uso de recursos públicos federales en los tres poderes y también en cualquier entidad o persona que haya recibido ese tipo de recursos.

 

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación le otorga facultades a la ASF para realizar las modificaciones que estime pertinentes a su programa anual de auditorias (Artículo 17). De hecho, cada año, al menos en tres o cuatro ocasiones, a través del Diario Oficial de la Federación, difunde cuántas añadió, cuáles otras dio de baja y qué otras modificó. Anualmente suman alrededor de un millar y medio de fiscalizaciones.

 

El pasado 11 de febrero, la ASF simplemente anunció que daba de baja el estudio sobre los fideicomisos públicos, otro más sobre el “Panorama del Agua en México” y una auditoria sobre la “Gestión financiera de Mex Gas Interancional” (DOF. 11.02.2022). También dio de baja una evaluación de la “Política educativa en el desarrollo económico de México”, especificó que ésta se recalendarizaba, o sea, la hará en otro momento. En cambio, sobre los fideicomisos, el agua y el gas, ni una palabra; solamente los dio de baja.

 

El asunto es relevante porque alrededor de una semana después de aquel anuncio, el 20 de febrero según la ley correspondiente, vencia el plazo para que la ASF entregara el informe general. Es decir, literalmente, al cuarto para las doce, ocurrieron las bajas. Todavía más sorprendente en el caso de los fideicomisos, dado que los informes preliminares de octubre del 2021 de la misma Auditoria, habían adelantado algunas dificultades del Conacyt a ese respecto (ASF. Segunda entrega) .

 

Por ejemplo, uno de los dictámenes hacia notar los problemas para concentrar los recursos financieros de los fideicomisos y canalizarlos a la Tesorería de la Federación, lo mismo que alteraciones en la operación de los fondos, especialmente en el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt-Pronaces) y en la continuidad de los proyectos derivados de los fondos sectoriales y mixtos (Campus No. 923).

 

La entrega de octubre del año pasado era preliminar y todavía restaba la definitiva, la del pasado 20 de febrero, cabía suponer que ahí estaría la información completa sobre los fideicomisos. Ahora resulta que no habrá tal estudio ni informe. ¿O sí existe? Solamente la ASF lo conoce. Lo que sí sabemos todos es la necesidad de indagar qué ocurrió con los fideicomisos.

 

No es un asunto irrelevante, todavía este mes, en su conferencia de prensa del 4 de febrero, el presidente López Obrador dijo que al eliminar los fideicomisos, incluidos los del Conacyt, su gobierno se ahorró 70 mil millones –aunque luego dijo que fueron 60 mil millones. Lo más importante es que insistió en el mismo diagnóstico: “era una robadera grande, en grande” y preguntó: con la eliminación de los fideicomisos “¿en qué se perjudicó al pueblo?” y el presidente mismo respondió: “en nada, porque son aparatos burocráticos, onerosos, costosísimos, y son como otros gobiernos” (04.02.2022)

 

Seguramente son otras las preguntas y otras las respuestas que tienen los que dependían de los fideicomisos, especialmente la comunidad del sector científico, deportivo y artístico, los responsables de las rutinas institucionales y los que tenían su cargo la operación de algunos proyectos de investigación.

 

El presidente prometió en octubre del 2020 que habría auditorias para exhibir la corrupción en los fideicomisos eliminados, a cargo del entonces consejero jurídico de la presidencia. Además, dijo López Obrador, se fincarán las responsabilidades penales del caso y toda la información estará “a más tardar en tres meses” (21.10.2020). No, ni unas ni otras.

 

Lo grave es que, a la fecha, después de casi dos años, no conocemos, en definitiva, cuál es el estatus de los fideicomisos eliminados, cuántos siguen en operación y qué ocurrió  con las actividades respectivas. Ni siquiera sabemos el volumen, destino y retorno de los recursos financieros de los fideicomisos.

 

Ahora el estudio prometido de la ASF solamente está dado de baja y ya. Pero la indagación y  fiscalización siguen haciendo falta.

 

Pie de página: La selección de excátedras y Pronaces sigue incompleta y sin transparencia. Pendientes.

Las reglas de las universidades para el bienestar

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 936. Febrero 17, 2022)

 

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) aprobó sin más un nuevo estatuto orgánico del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) y dice que lo hace “sin prejuzgar sobre cuestiones de legalidad, competencia y demás aspectos” previstos en la ley general de mejora regulatoria (27.01.2022).

 

¿Qué tiene de relevante el nuevo estatuto? En realidad, respecto del anterior, no tiene grandes novedades, salvo que en lugar de contar con cuatro direcciones generales como lo estableció el ordenamiento del año 2020, ahora solamente contará con tres, seguramente por austeridad e insuficiencia de presupuesto. 

 

También incluye que el Consejo Académico solamente será órgano de deliberación, ya no es el “máximo órgano” para esos efectos, su composición de seis miembros externos y cuatro internos también desaparece y se integrará según decida la directora general de las UBBJG. Sin embargo, aparte de esos cambios relativamente menores, vale la pena notar el mecanismo de aprobación de las nuevas normas y la reiterada modificación que ocurre. 

 

La Conamer es una entidad gubernamental, dependiente de la Secretaría de Economía, dedicada a simplificar trámites, mejorar la regulación y transparencia de ese tipo de procesos, su principal finalidad es vigilar que las normas tengan más beneficios que costos para los ciudadanos. 

 

Al iniciar funciones, hace dos décadas, el organismo se denominaba Comisión Federal y a partir del 2018 se le conoce con su nombre actual. Todas las dependencias (sujetos obligados) tienen que remitirle su agenda y propuestas de regulación y, a su vez, la Comisión se pronuncia al respecto.

 

Las propuestas que recibe la Comisión deben incluir un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). O sea, un cálculo de los efectos de la norma a instaurar. Ahí debe precisar si sus beneficios son mayores que sus costos, tales como las cargas administrativas que supone, trámites más o menos severos, restricción o ampliación de derechos, por ejemplo. 

 

Sin embargo, las dependencias también pueden presentar una propuesta de regulación y solicitar una exención de AIR, porque estiman que no tiene ningún costo para los particulares. La Conamer, en tales casos, tiene máximo cinco días para decidir si quedan o no exentas. Eso fue lo que ocurrió con la modificación del Estatuto General de la UBBJG que ingresó el 25 de enero y el 27 de enero quedó exento y aprobado (expediente Conamer).

 

El dictamen consideró que no tenía costos, porque las modificaciones solamente buscaron precisar la organización y funcionamiento del organismo coordinador, tanto como determinar facultades y atribuciones de sus direcciones generales. Sin embargo, sí tiene un efecto en la conducción y prestación del servicio, al restringir y concentrar actividades, como lo muestra la demanda en curso de un centenar de profesores del programa. 

 

La dificultad es que la Conamer solamente juzga el impacto regulatorio, incluso cuando las propuestas incluyen un cálculo de costos y deben permanecer en consulta pública al menos por 20 días; nada dice si es legal o competente esa norma. Además, buena parte de las propuestas solicitan exención y la Conamer solamente se limita a darle cauce, pero al final pasa el trámite. 

 

El problema es que ahora tenemos múltiples ordenamientos secundarios que están en contradicción con normas superiores pero que al aprobarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) adquieren estatus legal. Solamente recuérdese las modificaciones al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), los cambios en el estatuto orgánico de Conacyt o la que acaba de ocurrir con el reglamento de posgrado. Este último, por la visible polémica desatada sobre género no quedó aprobado, pero lo más probable es que hubiera pasado el AIR sin despeinarse, como lo hicieron normas previas, a pesar de los comentarios críticos recibidos en el periodo de consulta pública. 

 

Adicionalmente, también debemos considerar la reiterada modificación de un mismo ordenamiento. Esta es la tercera reforma del Estatuto General de las UBBJG y algunos cambios han sido para regresar a lo que decía su primera versión de 2019, como el número de direcciones generales que debe tener o para concentrar funciones del organismo coordinador. 

 

Algo similar hemos presenciado en las propuestas de reforma, una y otra vez, a una única norma del Conacyt. Incluso en un mismo año han aparecido modificaciones y aclaraciones en el DOF sobre su estatuto y también sobre el reglamento del SNI. Las reglas avanzan, retornan y vuelven a cambiar. A este paso el DOF y los recursos para publicar serán insuficientes. 

 

El cambio continuo de reglas, y en tiempos tan cortos, solamente puede ser indicativo de inexperiencia, arbitrariedad e improvisación en el diseño de las reglas. Y pues sí, un marco normativo inestable y cambiante no es lo mejor para participar y desarrollar las actividades. 

 

Pie de página: A propósito de normas movedizas, en tanto no se modifique el reglamento, una jueza de distrito amparó a tres investigadores de instituciones particulares para que continúen recibiendo el incentivo del SNI. El litigio y los amparos apenas inician y seguramente van para largo. Atentos.

¿Quién es quién en las verdades?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 935. Febrero 10, 2022)

 

El presidente López Obrador, el miércoles de la semana pasada, ante un creciente cuestionamiento del ejercicio y atribuciones de la sección dedicada a exhibir las notas periodísticas falsas o “exageradas”, subrayó sobre la responsable de la sección: “le tenemos toda la confianza, a quien apoyamos y tiene como encargo el revisar sobre Quién es quién en las mentiras de la semana. Son muchos, pero se hace una selección”.

 

García Vilchis tomó la palabra y dijo en primer lugar: “El Universal miente en primera plana para golpear a Conacyt. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha sido una de las instituciones más atacadas desde el inicio de este gobierno. Esto se debe en gran medida a que, en los gobiernos anteriores, el dinero de la investigación científica era para premiar a amigos y empresas con dinero público”.

 

Las palabras corresponden a la narrativa que la autoridad del sector ha sostenido desde el inicio de su gestión. Lo fue cuando disminuyó el presupuesto, también para la aplicación de la política de austeridad, para el recorte en el gasto de operación y para la desaparición de los fideicomisos públicos; lo mismo fue para suprimir organismos o para los cambios en la normatividad, la sustitución de titulares de entidades y otras muchas iniciativas.

 

Sin embargo, salvo la denuncia en tribunales del año pasado sobre científicos y exfuncionarios del Conacyt que fue desestimada en definitiva por un juez federal, no se han aportado pruebas o evidencias que permitan sostener y castigar el desvío de recursos públicos o la corrupción en el organismo rector de la política científica y tecnológica.

 

En fin, García Vilchis continuó con la lectura de su primera nota y añadió que el periódico de referencia había publicado a ocho columnas: ‘Conacyt suspenderá becas por participar en protestas; también por embarazarse’. Y añadió: “Todo eso es falso”.  

 

¿Qué elementos había para tal afirmación? Según lo que destacó la titular de la sección, el periódico no aclaró que las medidas venían de un reglamento de becas anterior, de febrero de 2008, “cuando gobernaba Calderón Hinojosa”. Aunque, en realidad, la fecha correcta es de septiembre de 2008. Además, añadió García Vilchis, el actual reglamento de becas está a discusión abierta en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el Conacyt atenderá todos los comentarios que se han expresado.

 

El problema es que se combinan hechos ciertos con otros que no lo son. Efectivamente, una parte venía del reglamento del 2008, la referente a que los becarios mexicanos en el extranjero o becarios extranjeros estudiando en México, debían abstenerse de participar en manifestaciones o eventos de carácter político (articulo 19 del reglamento. DOF. 10.09.2008). En cambio, la suspensión de beca por embarazo, fue incluida por primera vez en el reglamento de la actual administración, como lo hizo notar en redes sociales la doctora Brenda Valderrama.

 

La polémica sobre el reglamento de becas lo comentamos aquí mismo la semana pasada (Campus No. 934). El punto sobre el que llamamos la atención no fue sobre la falsedad o veracidad de los hechos, sino las fallas en el cambio, aplicación e interpretación de las normas. El reglamento de becas podrá estar a discusión abierta y en el portal de la Conamer, pero eso, en normas anteriores, no ha marcado ninguna diferencia, los proyectos han recibido cientos de comentarios críticos y nada cambiaron, fueron aprobados sin más.

 

Sin embargo, ya no solamente se trata de la incertidumbre e inestabilidad de las normas, la confusión sobre lo que es falso y lo que es verdadero va en aumento. Lo más inquietante es que ya no son los puntos de vista de una persona, titular o no de un medio, oficina u organismo, están implicadas instituciones clave de la sociedad.

 

La carta abierta que envió a la comunidad del sector la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, fechada el 4 de febrero y difundida masivamente tres días después, es perturbadora. El ejemplo que pone como información falsa y manipulada es una carta oficial “que se compartió desde la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM”, sobre los apoyos para posdoctorantes y miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

 

Vale la pena examinar en detalle la carta, tanto como la política de comunicación que lleva a cabo el Conacyt y el gobierno federal todo, lo haremos en una entrega posterior, pero por ahora conviene notar lo obvio: la atribución de manipulación y falsedades está tocando a la puerta del organismo rector de la política científica y tecnológica, la presidencia de la República y la Universidad Nacional.

 

Las universidades están a la cabeza de instituciones más confiables para los ciudadanos --aunque en la medición del 2020 fueron desplazadas por el ejército-- y el Conacyt tiene el acervo de recursos humanos más talentosos y coordina a los centros de investigación científica y tecnológica más importantes. La pluralidad, la divergencia y la crítica son la constante en el ámbito académico, pero la falsedad, el fraude o la manipulación de la información es otra cosa.

 

Sería muy lamentable que las instituciones fundadas en el conocimiento y el saber no se apegan a la verdad o francamente falsean la información.

 

Pie de página: el presidente López Obrador dice que en el movimiento de los normalistas de Ayotzinapa “hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltrada” y que a la mejor ellos ni lo saben. Pendientes. // El nombramiento de funcionarios en el CIDE sigue levantando ámpula.

Conacyt, la maraña normativa

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 934. Febrero 3, 2022. Pág. 4)

 

El órgano rector de la política científica y tecnológica en México, el Conacyt, sumó más desencuentros en el sector, ahora sobre las becas de posgrado y los posdoctorantes. El asunto tuvo amplia resonancia mediática y la polémica se concentró sobre la veracidad o falsedad de lo que intenta poner en marcha la autoridad. Lo preocupante, sin embargo, es que, otra vez, se trata de fallas en la modificación, procedimientos e interpretación de las normas.

 

El tema fue desencadenado por una nota del periódico El Universal sobre el nuevo proyecto de reglamento de becas del Conacyt, básicamente sobre su artículo 20, referido a la suspensión de beca para las embarazadas, en parto o puerperio (27.01.2022: A4). Y ahí comenzó la escaramuza.

 

Algunas posiciones destacaron que era una nota periodística dolosa porque, en realidad, la “suspensión” referida en el proyecto de reglamento intentaba respaldar a las becarias en esas condiciones. O sea, el periodo de suspensión no estaría contabilizado en los estudios, la beca se reanudaría posteriormente y las becarias tendrían mayor y mejor oportunidad de cumplir con todos sus compromisos.

 

Por el contrario, otras posiciones hicieron notar la arbitrariedad de los cambios normativos de la administración y que la palabra suspensión en un reglamento no era la mejor, porque implicaba más bien un castigo. En su lugar, han dicho, bien se pudo utilizar el término “extensión”,  así no habría lugar a equívocos y le otorgaría a las mujeres verdaderas facilidades para continuar o concluir sus estudios.

 

¿Y para qué o por qué cambiar el reglamento de becas de posgrado? Lo hemos dicho aquí en diferentes oportunidades: cada administración gubernamental modifica las normas según sus lineamientos de política sectorial y frecuentemente siguiendo su Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti).

 

El Peciti de este periodo, lo anotamos en este Acelerador de Partículas hace dos semanas, nada dice de un cambio en la política de becas, tampoco sobre una reforma a los estudios de posgrado. ¿Entonces? La directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, desde el año pasado anunció su intención de sustituir el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y, más específicamente, el mes pasado, dijo que habría becas para todo estudiante de posgrado inscrito en una institución pública de educacion superior.

 

Así que un cambio en el reglamento de becas seguramente corresponde a esas intencionalidades. El problema, otra vez, es el quiebre de normas, el diseño improvisado, los procedimientos atropellados y la escasa articulación con el resto de los programas e instrumentos de política.

 

Si el tema de género no fuera tan relevante y la protesta no se hubiera generalizado, seguramente, la norma habría sido aprobada sin más por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Después publicada en el Diario Oficial de la Federación y finalmente aplicada según interpretación de la autoridad.

 

No es ninguna exageración. El portal electrónico de la Conamer tiene el registro de las múltiples y variadas críticas a diversas modificaciones normativas propuestas por el organismo rector en la actual administración. No necesitamos ir muy lejos, ahí están, en la Conamer, centenares de opiniones sobre las modificaciones al estatuto orgánico del Conacyt o a las distintas reformas del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Los proyectos no cambiaron ni una coma.

 

¿Por qué la Conamer desestima las críticas o sugerencias? Fundamentalmente porque solamente analiza el impacto regulatorio de la norma (AIR), no juzga ni se pronuncia sobre la legalidad, contradicción o competencia de la misma, únicamente considera si sus beneficios son superiores a sus costos.

 

Algo parecido ocurrió con los posdoctorantes. La reforma al reglamento del SNI, en su artículo 62, referida a los requisitos para recibir el incentivo, señala que debe “ser personal activo, remunerado y vigente” en alguna Institución de Educación Superior. El asunto es que muchos posdoc no cumplen con ese requisito y, además, no recibieron el incentivo de enero en la fecha prevista. Ahí comenzó la organización de la protesta de los posdoc en las redes sociales.

 

Nuevamente. la autoridad tuvo que aclarar que los apoyos del SNI no serían cancelados o suspendidos y que si no llegaron cuando debían, serían regularizados de forma retroactiva en la primera semana de este mes (Comunicado 31.01.2022). Otra vez, dependiendo de la interpretación de la norma

 

Tal vez si las modificaciones normativas se hicieran considerando la participación de comunidades y órganos colegiados --válido tanto para un reglamento como para una ley general--, seguramente tendríamos mejores resultados. Si la autoridad se empeña en ignorar las circunstancias, terminaremos con una inservible maraña de normas, salidas improvisadas y la repetición de fallas y arbitrariedades.

 

Pie de página: ¿Cómo resolverá el Conacyt las sugerencias para cambiar su reglamento de becas? Pendientes. Por cierto, ¿la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt sigue en suspensión o qué hace?

CIDE: crispación y encono

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 933. Enero 27, 2022)

 

Todavía la semana anterior, luego de posponer la reunión de la Asamblea General de Asociados, máximo órgano del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), parecía que el prolongado conflicto en esa institución podría tener arreglo.

 

Sin embargo, el lunes de esta semana sesionó la Asamblea y quedó claro que las autoridades no estaban dispuestas a moverse un milímetro de su posición inicial: los nombramientos de director y secretario académico van porque van y sí o sí las facultades del órgano interno de la institución quedan acotadas.

 

La Asamblea General está integrada por ocho asociados: la persona titular del Conacyt (preside la asamblea y es considerada como representante del gobierno federal); las secretarías de Educación Pública, Hacienda, Energía y Economía; el Colegio de México; el Fondo de Cultura Económica, y el Banco de México.

 

El acta de la reunión no está públicamente disponible, seguramente en algún punto habrá de conocerse, pero el sentido de los votos rápidamente se conocieron. A favor cinco: Conacyt, Educación, Hacienda, Energía y Fondo de Cultura Económica;  dos en contra: Economía y el Colmex; y una abstención: Banco de México.

 

Sin embargo, la solución probablemente se quedará en el papel, porque seguramente no será nada fácil recuperar la normalidad en la institución, tampoco será sencillo contener la inconformidad en la arena de los Centros Públicos de Investigación (CPI) y su repercusión en el campo académico.

 

Los cambios que se aprobaron, lo anotamos aquí hace un par de semanas (Campus No. 931), con formas y tiempos de operación política debidos, si acaso solamente habrían levantado cejas, porque se refieren a aquellos artículos de procedimiento para la designación del titular del Cide, también sobre los requisitos a cumplir por la persona que aspire a la secretaría académica de la institución y aquellos que otros que regulan las funciones del órgano colegiado interno del CIDE.

 

O sea, en realidad, se trata de modificaciones que corresponden al funcionamiento y gobierno de la institución, usualmente sólo serían de interés para su propia comunidad. No obstante, la reforma cobró otra dimensión porque cambia las reglas de juego para que cuadren con hechos consumados, así que los acontecimientos rebasaron el perímetro institucional, encresparon a estudiantes y profesores y la protesta estuvo al día siguiente de la aprobación en las primeras planas de los periódicos de circulación nacional.

 

El conflicto institucional ya forma parte de la agenda política nacional, porque no solamente incluye cerrar unas instalaciones académicas o bloquear una carretera, también se debe a que las decisiones en marcha parecen tocar el límite. Las medidas y el recorte presupuestal indiscriminado a los CPI del memorando de austeridad de mayo de 2019 están registrados y desde luego el Cide no fue la excepción. A pesar de que es una institución académica tampoco escapó a un injusto tratamiento como entidad paraestatal y menos a la eliminación de los fideicomisos que dejó en la incertidumbre la operación de múltiples proyectos.

 

O bien, la reciente oferta de becas para todos los alumnos de posgrado, incluyendo a los matriculados en los CPI. Ni hablar de la renuncia del anterior director del Cide en agosto del año pasado, el interinato que le siguió y lo que ocurrió en los meses siguientes hasta hoy. Pues sí, el tema está claramente en los pendientes del campo académico y en la lista de agravios.

 

Además, la problemática ha mostrado una amplia resonancia internacional. Probablemente, el respaldo de organizaciones y personalidades de diferentes partes del mundo a la comunidad cideíta se debe al pujante trabajo y vínculos que ha realizado más allá de las fronteras nacionales, pero también porque la arbitrariedad de las decisiones son inocultables.

 

El acta de la reunión extraordinaria de la Asamblea de Asociados del Cide no se conoce, pero la doctora Silvia Giorguli, presidenta del Colmex, una de las instituciones asociadas, dio a conocer la posición que sostuvo en esa reunión (t.ly/6ySX). Los dos primeros puntos son impecables y suficientes para entender la injusticia del caso.

 

Por ejemplo sostuvo que no se podía aprobar una reforma al estatuto orgánico “dado que el procedimiento en sí mismo no cumple con lo que dicho Estatuto señala”. Lo hemos repetido en innumerables ocasiones: se ha configurado un patrón de cambio de reglas en el sector que quiebra o no respeta la jerarquía normativa.

 

La presidenta del Colmex también sostuvo que: “cualquier cambio a la normatividad requiere de la participación previa de los órganos colegiados, tal como está en el Estatuto actual”.  Un principio elemental de cualquier organización académica.

 

En fin, tal parece que era completamente innecesario tanto desatino, crispación y encono, solamente hacia falta algo de sensibilidad académica y política, así como respeto a reglas elementales de juego. El conflicto no está zanjado.

 

Pie de página: ¿La sección “Quién es Quién en las Mentiras”, dependiente de la presidencia de la República utiliza un correo de Gmail y fue hackeada? ¿Por qué no tiene una cuenta institucional? Todavía hace un año el presidente López Obrador, a propósito de la censura en redes sociales decía que solicitaría al Conacyt diseñar una red propia. Pero...

Viraje en el posgrado. ¿Para qué sirve un Programa?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en CampusMilenio No. 932. Enero 20, 2022. Pág. 4)

 

Una propuesta articulada de cambio en el posgrado nacional no existe. Al menos no hay ningún proyecto públicamente disponible. Otra vez, lo que tenemos son intenciones, algunas cifras deshilvanadas y muchos adjetivos para modificar las cosas. Sin embargo, desafortunadamente, eso no es suficiente.

 

Los estudios de posgrado son el componente energético imprescindible para arrancar la investigación a nivel nacional, también son un insumo fundamental para fortalecer la planta académica del sistema educativo y, desde luego, para consolidar un robusto aparato científico y tecnológico. El flujo de los posgrados, en cierta medida, nos anticipa el sistema académico que nos aguarda.

 

El volumen de posgraduados ha venido creciendo en las últimas tres décadas, pero todavía tenemos pendientes en este terreno y, si no meditamos bien los cambios a realizar, corremos el riesgo de retroceder. En 1990 contábamos con una matrícula total en educación superior de un millón 243 mil alumnos y de esa cifra poco más de 42 mil estudiantes estaban en el posgrado (ocho de cada diez en instituciones públicas). O sea, la matrícula del posgrado representaba alrededor de 3.4 por ciento del total de estudios superiores.

 

Las cifras del ciclo escolar 2020-2021, en el más reciente informe de gobierno, dice que la matrícula de educación superior suma cuatro millones 31 mil estudiantes. Por cierto, dos breves notas. Primera, la cifra anterior solamente se refiere a la modalidad escolarizada, si le añadiéramos la no escolarizada, cada vez más numerosa, la matrícula total casi llegaría a los cinco millones. Segunda nota: por primera vez, en décadas, tuvimos menos alumnos que en el ciclo escolar anterior, 32 mil alumnos menos; seguramente refleja parcialmente los estragos de la pandemia en las instituciones escolares. La tendencia largamente ascendente tuvo un punto de inflexión y veremos qué sigue en el ciclo 2021-2022.

 

En fin, seguimos, del total de la matrícula actual de educación superior escolarizada, los estudiantes de posgrado suman 239 mil 100 (59 por ciento en instituciones públicas y 49 por ciento en particulares). En términos porcentuales, el total del posgrado representa el 6 por ciento de los estudios superiores.

 

Así, los estudios superiores, en los 30 años anteriores, se expandieron de forma notable: la matrícula se triplicó; pero la del posgrado creció todavía más, se multiplicó por un factor de seis. Un esfuerzo importante.

 

La participación relativa de alumnos de posgrado del sector privado, en términos comparativos con el público, creció más: al inicio del periodo tenía 20 por ciento (ocho mil 400 alumnos) y ahora tiene 49 por ciento (117 mil 400 alumnos). O sea, creció a un ritmo mayor, aunque la base de la que partió era muy reducida.

 

¿Las tendencias anteriores llevarían a tratar de limitar los posgrados particulares e impulsar los públicos? La intención de las autoridades parece concentrarse en esa idea porque, a su juicio, en el periodo ocurrió un desmantelamiento del sistema público de posgrado. La situación en el posgrado es más compleja y depende de un sistema de evaluación. El problema es que, a la fecha, no existe un diagnóstico preciso ni un proyecto para el posgrado que anticipe el porvenir.

 

Desde julio del año pasado, la directora del Conacyt, ya había dicho que sustituiría el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) por otro programa, uno sistémico, el cual permitiría “transitar hacia un modelo de formación e investigación en posgrados con mayor solidez epistemológica, rigor científico e incidencia social, acorde con la transformación que vive el país” (Comunicado No. 226/2021). Nada hubo.

 

Luego, medio año después, en diciembre pasado, en la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), la directora del Conacyt, reiteró que se había abandonado el posgrado público y había que fortalecerlo. Ahí mismo anunció que se entregarían becas para todos los alumnos de posgrado de instituciones públicas. Una buena noticia, pero tampoco es suficiente.

 

Días después, el 28 de diciembre para ser precisos, apareció el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024 (Peciti) y tampoco tiene ningún planteamiento para la reforma del posgrado. Lo único que se menciona es que existe el PNPC pero poca capacidad para absorber a sus egresados (pág. 447) y su estrategia prioritaria es incrementar el presupuesto para becas para alcanzar “al menos 1.5  de investigadores por cada 1000 habitantes” (pág. 457). Ningún lineamiento para el posgrado.

 

En fin, si el documento rector de la política en la materia, el Peciti, mismo que apareció dos años después de cuando debió estar listo, no considera lo que podría ser una de las iniciativas con mayor repercusión para el futuro del sistema científico y tecnológico, podemos comprender que los programas sirven para muy poco. Seguiremos bajo ensayo y error.

 

Pie de página: La reunión para modificar los estatutos del CIDE no se llevó a cabo y los estudiantes entregaron las instalaciones. Las posiciones en el tablero de los CPI se siguen moviendo y la partida todavía no se define.

Cide: una raya más

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 931. Enero 13, 2022)

 

Un cambio en las reglas de juego para imponerse en un conflicto en ascenso parece un mal camino para buscar una solución. Sin embargo, eso es lo que intentarán las autoridades del Conacyt para contender con el paro de actividades del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide). Los resultados los conoceremos en breve y seguramente no serán los esperados por la autoridad. ¿O sí?

 

Según la información que circula en redes sociales, se cita a reunión extraordinaria a la Asamblea General de Asociados del Cide para este viernes 14 de enero a las 9 hrs. El oficio tiene los sellos oficiales y la firma correspondiente, así que todo indica que el documento es auténtico. No será una reunión presencial, se llevará a efecto a través de videoconferencia.

 

La Asamblea General es el órgano supremo de la institución, la preside la titular del Conacyt (representante del gobierno federal) y están otras siete instituciones asociadas: las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Energía; también el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y el Banco de México.

 

El punto a tratar serán cambios en el Estatuto General del Cide, o sea, precisamente, la modificación al instrumento jurídico de creación de la institución. De hecho, uno de los motivos previstos para citar a reuniones extraordinarias. La intención es modificar aquellos artículos que hoy se contraponen a los hechos consumados.

 

Uno de los cambios a realizar es la forma de designación del titular del Cide. La norma vigente establece que el Consejo Directivo, órgano de gobierno de la institución, debe formalizar el nombramiento y también, llegado el caso, ratificarlo para un segundo periodo (fracción IV del artículo 29). La instancia está integrada por 14 personas, entre ellas seis representantes del gobierno federal, dos instituciones autónomas y cuatro consejeros.

 

Sin embargo, como seguramente usted lo recuerda, el nombramiento del actual director, José Antonio Romero Tellaeche, no observó del todo esa norma, su designación fue impugnada y hoy es la fuente del conflicto. La modificación propone que el Consejo Directivo solamente debe “tomar conocimiento” del nombramiento. Es decir, la designación será enteramente prerrogativa de la autoridad del Conacyt.

 

Otro cambio son los requisitos que debe cubrir la persona para ocupar la Secretaría Académica del Cide. Actualmente está como restricción que debe ser personal académico activo de la institución, al menos durante los dos años anteriores al nombramiento. La modificación propone una equivalencia: “haber sido miembro activo de otra institución de amplio reconocimiento”.

 

Un asunto de gestión interna carece de relevancia, pero la propuesta de cambio se debe principalmente a que la persona que actualmente ocupa esa posición es personal de la Universidad Autónoma Metropolitana, así que tampoco cumple la norma vigente. Así que si se aprobara la reforma, su nombramiento ya no estaría fuera del marco normativo.

 

Finalmente, un último cambio y tal vez el más espinoso, es el recorte de facultades al Consejo Académico del CIDE. Este último es el “órgano colegiado interno de análisis y consulta en lo referente a las actividades académicas”; instancia clave de operación y gobierno de la institución.

 

Básicamente, la propuesta es suprimir la facultad de aprobación que tiene el Consejo en lo referente al programa de trabajo del director general, sobre los programas docentes o unidades académicas e incluso del cambio de estatutos. Así que, de inicio, la presente reforma de los estatutos primero tendrían que pasar por el órgano interno. Seguramente, por la misma razón, la modificación propone eliminar sus facultades aprobatorias y que ahora el Consejo solamente opine al respecto.

 

Lo grave del caso es que los cambios propuestos están a la base de un conflicto en curso, lo que equivale a decir que un juego inicia con unas reglas y a la mitad del cotejo, una de las partes las cambia y exige aplicarlas como si nada. La no retroactividad y el principio de certeza jurídica quedan hechos añicos.

 

Todavía más grave es que, a estas alturas del periodo de gestión en el sector, ya configura un patrón de quiebre de normas al menor asomo de conflicto. Así ocurrió con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la ley del sector, entidades paraestatales de investigación, los fideicomisos públicos, el estatuto del personal Cátedras Conacyt, el estatuto orgánico de Conacyt o el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo.

 

Lo que ocurre en el Cide, lo dijimos en su momento, pudo ser atendido sin mayor complicación. No obstante, la autoridad parece especializarse en sumar un conflicto tras otro, crea problemas donde no los había y rápidamente escala aquellos que se presentan. Pronto no quedará espacio para más rayas.

 

Pie de página: Por fin salieron los resultados del SNI, felicidades si ingresó o fue ratificado. Pero, a propósito de cambio arbitrario de reglas, ni lo dude, ahora vendrá un cúmulo de impugnaciones de los que quedaron fuera, porque el reglamento del SNI cambió después de emitida la convocatoria correspondiente. Ni cómo ayudar.