Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 789.
Febrero 7, 2019. Pág. 5)
Tal vez sea
ruido innecesario en la ya complicada tarea de gobierno, notoriedad de registro
en las actas del Congreso de la Ciudad de México o una nueva escaramuza política
que podría tener repercusiones importantes. En cualquiera de los casos, públicamente,
no carece de importancia un reciente exhorto a la Secretaría de la Función
Pública para que investigue, por transferencias ilícitas, a exfuncionarios
federales de la administración anterior.
El caso es el
mismo que registramos en estas mismas páginas desde hace unas semanas. Todo
empezó el 17 de enero, cuando la actual directora de Conacyt, María Elena Álvarez
Buylla, dijo públicamente que en la administración anterior, del raquítico
presupuesto de ciencia y tecnología, se habían realizado transferencias, muchas
de ellas líquidas, por alrededor de 50 mil millones de pesos a empresas
privadas y varias de ellas eran transnacionales.
El diputado
José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador del partido Morena en el
Congreso de la Ciudad de México, presentó ante el pleno un punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución “por el que se exhorta a la Titular de la
Secretaría de la Función Pública, para que inicie los procesos de investigación
e inspección en contra de los exfuncionarios federales del sexenio pasado, que
del presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hayan realizado
transferencias de recursos públicos a distintas empresas de manera ilícita” (Gaceta Parlamentaria. No. 58.
23.01.2019).
Después de
todo, no solamente se trata de un exhorto del poder legislativo local, proviene
del vicecoordinador de la fracción mayoritaria del Congreso local y
perteneciente al mismo partido gobernante. Además, se dirige a una secretaría
federal y por una presunta irregularidad cometida en otro organismo federal,
así que también es un asunto de relación entre poderes y niveles de competencia.
¿Qué es un punto
de acuerdo? La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dice que es “una
proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o
declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente” (Artículo 4,
fracción XXXVIII). En este caso, la presentada por el diputado Rodríguez,
dirigida a la Secretaría de la Función Pública. La misma norma establece un
plazo máximo de 60 días naturales para que la solicitud sea respondida o bien
justificar por escrito la omisión. Sin embargo, el plazo perentorio se refiere
a los poderes, órganos o entidades locales. Si es así ¿qué aplica para las
dependencias federales?
La misma norma
local prevé la sana convivencia y comunicación con los poderes locales y
federales, la cual que puede ser a través de la Mesa Directiva del Congreso, la
Junta o sus órganos internos de trabajo (Artículo 13, fracción XV). Así que el
exhorto realizado a la Secretaría de la Función Pública podría entenderse en
este sentido y bien podría ser atendido o ignorado.
No obstante,
es relativamente sorprendente la argumentación del punto de acuerdo. El diputado
Rodríguez Díaz dice que el gobierno de Peña Nieto dio continuidad a tres
objetivos estratégicos del programa sectorial de 2001-2016 (sí, así dice). En
correspondencia con esos objetivos, añade el diputado: “realizar de manera
directa transferencias por cerca de 50 mil millones de pesos a empresas, no es parte de las
políticas públicas del Gobierno Federal en la promoción del desarrollo de la
investigación científica y tecnológica, la innovación y la modernización
tecnológica del país, no tiene relación alguna en convertir a la ciencia y la
tecnología como un elemento fundamental de la cultura general de la sociedad”.
A diferencia de lo que dice el diputado, todavía
no se sabe qué cantidad fue transferencia líquida, tampoco cuántas y cuáles
fueron las empresas beneficiadas. Lo que sí está claro, lo dijo en su momento
la titular de Conacyt, es que no toda la cantidad es de incentivos para
empresas, no todo fueron transferencias líquidas y tampoco si fueron ilícitas o
no.
Por otro lado, podrán ser buenos o pésimos los
programas de incentivo para empresas, tanto los directos como los indirectos.
Sin embargo, el Estado mexicano debe tener iniciativas y una política clara
para el desarrollo tecnológico, no hay duda de que eso también es fundamental para
la sociedad. Por eso, en la función pública, es necesario contar con
información oficial precisa y confiable sobre el volumen de recursos utilizados
y los resultados que se obtienen.
Ahora queda por conocer si habrá una
respuesta de la Secretaría de la Función Pública. Esta secretaría tiene
encomendada la vigilancia de las actividades de los servidores públicos
federales, la coordinación de los órganos internos de control e investiga los
casos de corrupción en las estructuras administrativas del gobierno federal.
Veremos qué dice.
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