Alejandro
Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter:
@canalesa99
(Publicado
en Campus Milenio No. 797. Abril 4, 2019. Pág. 5)
La
reforma de los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales sigue en vilo, por lo
menos así era hasta el lunes de esta semana. A pesar de que las comisiones de
Educación y Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen correspondiente el pasado
27 de marzo, el proyecto no se discute en el pleno porque se oponen rotundamente
profesores de la CNTE.
En
realidad, el rechazo no es generalizado a todos los componentes de la reforma. De
hecho, la mayoría son más bien subestimados o aparecen de forma marginal en el
debate público. Ahí no tiene relevancia el enfoque de derechos humanos e igualdad
sustantiva que se plantea la reforma, tampoco el principio de inclusión, la
interculturalidad, el mejoramiento de la educación, el desarrollo sostenible o
el derecho a la ciencia y a gozar de los beneficios del desarrollo científico y
sus aplicaciones. Sí, esto último como propone la fracción V del artículo 3º
constitucional en el proyecto de dictamen.
La
disputa se centra básicamente en dos aspectos: las características y funciones
del organismo que estaría encargado de la coordinación del nuevo Sistema
Nacional de Mejora Continua de la Educación y, muy especialmente, el dominio de
las plazas docentes. Eso parece ser lo importante; lo demás es lo menos y
ocuparan un lugar como quiera que sea.
Los
profesores exigen eliminar cualquier mención a lo laboral en la reforma del
artículo 3º, ser regulados solamente por el apartado B del artículo 123
constitucional y la correspondiente ley reglamentaria (capítulo II), para que
siga operando el sistema de control y asignación de plazas previo a la reforma
del 2013. El dictamen, por su parte, establece en el artículo 3º constitucional
que la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente será a través
de procesos de selección.
Sin
duda los aspectos en disputa son asuntos críticos por el efecto que pueden
tener en el funcionamiento del sistema educativo nacional y en el control de
las plazas. Una diferencia notable si el Estado es quien decide la asignación
de las plazas o si comparte esa responsabilidad con el sindicato. Por ahora es
difícil anticipar cómo se resolverá el problema y cuánto tiempo podría llevar.
El
legislador Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la
Cámara de Diputados y coordinador de la fracción mayoritaria de Morena, ha
dicho que el dictamen se llevará al pleno “hasta que se agote el diálogo con la
CNTE y los grupos parlamentarios, y se llegue a un acuerdo con amplio consenso”
(Boletín 1777. 01.04.2019). Así que no hay fecha.
Lo
paradójico es que los asuntos en disputa eclipsaron el resto de componentes de
la reforma en curso. Después de todo, el artículo 3° es el marco que regula lo
correspondiente a la educación en México; ahí están los principios y las bases,
es el precepto en donde se establecen los mecanismos y políticas que orientan
la educación.
Por
la misma razón, conviene no subestimar o soslayar los diferentes contenidos en
la propuesta de reforma. El proyecto de decreto del artículo 3º incluye una
modificación relevante a la actual fracción V, la cual podría significar un
renovado impulso al desarrollo científico y tecnológico nacional.
La
Constitución vigente, en el último renglón de la fracción V del artículo 3º, solamente
menciona que el Estado “apoyará la
investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y
difusión de nuestra cultura”. A su vez, la fracción XXV del artículo 73 también
señala la facultad del Congreso para legislar sobre las instituciones de
investigación científica. Eso es todo.
Por
su parte, en el proyecto de reforma que está por discutirse, se propone en la
fracción V: “Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios
del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que
derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y
participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.
Una modificación que, plantea el dictamen, retoma diferentes
propuestas que se han formulado en el Congreso, ofrece un marco para la ley
secundaria y actualiza el marco jurídico mexicano conforme lo que establecen
tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 1966.
Todo importa en la
reforma en marcha, no solamente los grandes temas en disputa que generan
controversia y acaparan la atención mediática.
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