CSP: los dineros y las prioridades

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1063. Octubre 10, 2024)

 

El próximo 15 de noviembre, según la norma constitucional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) deberá enviar al Congreso el paquete económico para el año próximo. Ahí se podrá calibrar cómo distribuirá el presupuesto y cuáles políticas públicas tendrán prioridad en su gobierno.

 

Los programas que se anticiparon como prioritarios desde el pasado mes de abril suman casi medio centenar y están distribuidos en una docena de secretarías. En el sector científico y tecnológico, los programas clave son las becas de posgrado y el Sistema Nacional de Investigadores; el presupuesto previsto para ambos es de poco más de 23 mil millones de pesos. En general, estos programas han representado alrededor de dos tercios del presupuesto del organismo rector de la política científica y tecnológica.

 

En el caso de educación son siete programas prioritarios, entre ellos las becas para educación básica y las becas universales para media superior, el programa Jóvenes escribiendo el Futuro o las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. La cantidad proyectada es de casi 144 mil millones de pesos.

 

Sin embargo, los programas prioritarios mencionados fueron planteados por la administración anterior, una previsión presupuestal que por ley debe enviar el gobierno federal al Congreso el primer día de abril de cada año, plazo que le correspondía a la gestión previa. La previsión se conoce como el documento de “Pre-criterios Generales de Política Económica” y destaca el posible escenario del marco macroeconómico y las finanzas públicas al cierre de ejercicio fiscal, así como el probable comportamiento para el año siguiente.

 

La presidenta ya ha anunciado la continuidad de varios programas que están en marcha, además de nuevas iniciativas. Por esa razón es importante conocer el volumen de recursos que ya están comprometidos y cómo piensa distribuir el resto de presupuesto para las nuevas propuestas.

 

Por ejemplo, aunque no es el único sector que cambiará de estatus, ya se ha anunciado que el actual Conahcyt será elevado al rango de secretaría. Sin embargo, normativamente, no se ha registrado la nueva dependencia gubernamental y, por lo tanto, el presupuesto con el que contará. Tampoco se ha detallado el tipo de vínculo que sostendrá la nueva secretaría con el proyecto de expansión de los dos modelos de universidad que actualmente operan en la Ciudad de México.

 

La presidenta CSP, en su discurso de toma de protesta, prometió que convertiría a México en “una potencia científica y de innovación” mediante el apoyo a “las ciencias básicas, naturales, sociales y las humanidades” y a través de la vinculación con áreas prioritarias para el desarrollo nacional (01.10.2024).

 

La promesa fue ratificada horas más tarde en el discurso de la mandataria en el Zócalo de la Ciudad de México y formó parte del centenar de compromisos anunciados. El Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), es uno de los indicadores más aceptado a nivel internacional para comparar los esfuerzos de las naciones en este terreno. Actualmente, en México, este indicador representa el 0.26 por ciento del PIB. En comparación, un país como Brasil destina una cantidad cuatro veces mayor (1.15 por ciento), sin ser considerado una potencia en ciencia y tecnología; el promedio de GIDE en América latina y el Caribe es de 0.56 por ciento.

 

El nivel de GIDE en México sugiere que no será tarea sencilla convertir a México en una potencia científica. La promesa de la presidenta no es nueva, ella se reconoce como científica y ya la había planteado previamente en su documento de campaña “100 pasos para la Transformación”. La diferencia es que ahora la pronunció como mandataria, no como académica ni como candidata.

 

Otro compromiso anunciado en el Congreso fue la presentación de un Plan Nacional de Energía, con nuevas inversiones en transmisión y generación, así como  un “programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables de energía que contribuyan a disminuir los gases de efecto invernadero”.

 

Un plan energético es necesario y de gran importancia. La presidenta aclaró que no todo el financiamiento será público, ya que espera que la inversión privada cubra alrededor del 46 por ciento de la generación de energía. Aunque es probable que el proyecto no se materialice el año próximo, sin duda requerirá una cantidad signficativa de recursos fiscales.

 

En fin, llegó el momento de gobernar y está por comprobarse qué de lo que estaba en marcha continuará y qué no. Por ahora, solamente tenemos anuncios y planes; queda por ver si las intenciones se convierten en hechos. Una de las fechas clave será el mes próximo, cuando el gobierno federal entregue al Congreso su paquete económico. Pronto lo sabremos.

 

Pie de página: Siguen pendientes de resolución numerosos expedientes en la Suprema Corte de Justicia, entre ellos las acciones de inconstitucionalidad sobre la ley general de ciencia. Pero, seguramente, ese es el menor de los pendientes en la controvertida y polémica reforma al poder judicial que está en marcha.