¿QUÉ CARTERAS IMPORTAN?

Un nuevo ajuste en el gabinete de esta administración tuvo lugar la semana anterior. No solamente se trata de la falta de consolidación y continuidad en el equipo de trabajo gubernamental, a pesar de que está por entrar en el último tercio de su ejercicio, sino también de la subordinación de la gestión a una eventual agenda política que no parece reparar en sus propias promesas ni en el crecimiento y competitividad del país.

En términos constitucionales, el presidente de la República tiene la facultad de “nombrar y remover libremente a los secretarios de despacho” (fracción II del artículo 89). Por tanto, no se pueden objetar los cambios en la titularidad de las secretarías y menos por ciertas características del anterior o nuevo funcionario. Es una facultad del ejecutivo federal y punto.

El problema, sin embargo, es que en esta administración, generalmente, los nombramientos o los cambios en las carteras han sido comandados por el posicionamiento y la dinámica política, no por un horizonte de crecimiento económico de la nación o por las capacidades y resultados de los funcionarios.

Desde el comienzo de la actual administración se hicieron notar los nombramientos que ilustraban la distribución de posiciones, según los grupos afines, y acaso uno de los más emblemáticos, en el sector educativo, fue la cesión de la conducción de la educación básica a la dirigencia del sindicato de maestros.

El cambio en la Secretaría de Educación Pública, en abril del año pasado, ratificó que lo más relevante no era elevar el nivel escolar de la población o la calidad educativa, sino el intercambio político, haya sido motivado por la presión del mismo sindicato magisterial para la remoción de la titular o por un cálculo de mayor rendimiento político en la posición que actualmente ocupa en la Cámara la ex secretaria de educación Josefina Vázquez Mota. En cualquiera de los casos, la cartera de educación no mereció mayor importancia y el activismo político de su actual titular, así como los cambios posteriores en los subsecretarios lo corroboraron.

Lo mismo ocurrió con el escándalo mediático en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en marzo del año pasado. El enfrentamiento público entre el titular del despacho, Luis Téllez, y una de sus subsecretarias, Purificación Carpinteyro, culminó con la separación de ambos de sus funciones y una agenda de pendientes en el sector que persiste a la fecha. Nuevamente, la disputa política se impuso sobre los imperativos sectoriales; las decisiones sobre múltiples y variados temas en el ramo de las comunicaciones dio paso a la especulación.

Sin embargo, tal vez los cambios más sorprendentes del gabinete fueron los del pasado mes de diciembre. El ejecutivo federal propuso a Agustín Carstens, quién se desempeñaba como su secretario de Hacienda, como nuevo gobernador del Banco de México para el periodo 2010-2015, un cargo para el que se necesitaba la ratificación del senado, así que los legisladores también comparten la responsabilidad en el nombramiento, y pasó a su entonces secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, a ocupar la cartera de Hacienda. Los movimientos fueron sorprendentes porque se trataba del delicado sector financiero y, especialmente, por el periodo crítico de recesión que estaba por quedar atrás. Una vez más, los cambios estaban animados por el cálculo político no por las calificaciones técnicas de quienes ocupaban sus respectivos puestos.

En la modificación del gabinete del pasado miércoles 14, la atención pública se ha centrado principalmente en el nuevo titular en la Secretaría de Gobernación y en la sustitución del director de comunicación social de la presidencia. Por el contrario, el cambio en la Secretaría de Economía ha pasado relativamente desapercibido, a no ser por algunas de las credenciales de su ahora titular.

El asunto es que la Secretaría de Economía registra a su tercer secretario. El primero en encabezar la dependencia fue Eduardo Sojo, quien ocupó el puesto al iniciar funciones la actual administración y hasta agosto de 2008, cuando pasó a la presidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía --poco después de que el organismo se declaró autónomo y su nombramiento también debió ser ratificado por el senado. Luego vino como secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien ocupó el puesto hasta la semana pasada. El nuevo titular de la cartera es Bruno Ferrari García de Alba.

Al igual que lo ocurrido con otros ajustes previos en el gabinete, el acicate principal para los movimientos se ha localizado en el terreno político, más que en el técnico o en la eficiencia y eficacia de la administración. Difícilmente podremos esperar en lo que resta del periodo el cumplimiento de las promesas de mayores empleos, una economía más fuerte y competitiva o una mejor calidad educativa, si esas carteras carecen de importancia o son fácilmente intercambiables para la actual gestión.

(Publicado en Campus Milenio. No. 377. Julio 22, 2010)

UN VERANO PARA DEFINIR LA VOCACIÓN CIENTÍFICA O TECNOLÓGICA

En este verano, como ocurre cada año, algunos jóvenes en edad de cursar estudios superiores estarán por iniciar o continuar su formación a nivel licenciatura, otros por avanzar a nivel de posgrado y otros más, con o sin grados escolares, enfrentarán un reluctante mercado laboral. Pero un grupo de alrededor de dos millares de jóvenes que están por concluir o ya concluyeron sus estudios de licenciatura, ingresarán en dos programas de estancias breves que tal vez serán decisivos para orientar su futuro profesional: “El verano de la investigación científica” y “Veranos por la innovación en la empresa”.

Las noticias en el terreno laboral están lejos de ser alentadoras. En el país cada año se crean, en promedio, apenas una cuarta parte de los puestos de trabajo formales que se requieren para satisfacer a los nuevos demandantes. Un dato revelador para una administración gubernamental que se autoimpuso la creación de empleos como una prioridad. Tal vez por esta razón, una porción importante de jóvenes que tuvieron oportunidad de llegar a los estudios superiores, más que buscar una vacante cuando concluyen la licenciatura, intentan aprovechar las opciones para alcanzar una formación especializada.

El incentivo para continuar con estudios avanzados no solamente se debe a las dificultades laborales, también interviene la familia, la trayectoria educativa del estudiante, el ambiente escolar o el nivel de ingresos familiar, por ejemplo. Sin embargo, quizás uno de los factores de mayor relevancia radica en los instrumentos y programas institucionalmente organizados para motivar e impulsar las vocaciones.

El programa de becas para estudios de posgrado de Conacyt, a pesar de sus problemas y altibajos en sus ya cuatro décadas de operación, como lo hemos repetido en múltiples ocasiones en este espacio, ha sido de suma importancia para la formación avanzada de recursos humanos en el país y especialmente benevolente con los beneficiarios.

Las becas, sin embargo, no han sido un acicate suficiente para que los jóvenes se decidan a incursionar en una carrera científica o tecnológica, también ha sido necesario instaurar programas especialmente diseñados para llevarlos al terreno propiamente de la investigación y despertar su interés por tal actividad.

Uno de las iniciativas más destacadas en la definición de vocaciones es el Verano de la investigación científica. El programa está a cargo de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y cuenta con el apoyo de Conacyt y de SEP; ya cumplió dos décadas de estar en funcionamiento y cada verano encauza a un importante número de jóvenes.

El objetivo principal del programa es despertar la curiosidad de los estudiantes de licenciatura y fomentar su interés en la actividad científica. Básicamente consiste en una estancia de dos meses en alguna institución de investigación del país, bajo la guía de investigadores en activo, sea en el área de las ciencias naturales y exactas o en las sociales y humanidades.

Según los datos de la AMC, el año pasado participaron poco más de un millar de estudiantes (58 por ciento mujeres y 42 por ciento hombres). Sinaloa con 147 y Tabasco con 120 son dos de las entidades con el mayor número de jóvenes participantes en el programa, luego le siguen con un menor número Veracruz, Sonora, Estado de México y Distrito Federal.

La iniciativa de la AMC se concentra en la investigación científica, pero desde el año pasado se impulsó un nuevo programa orientado a la investigación tecnológica: Veranos por la innovación en la empresa. Este último está bajo la responsabilidad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y cuenta con el apoyo de Conacyt y una decena de organizaciones empresariales, gremiales e instituciones educativas.

El programa del Foro también está dirigido a estudiantes de licenciatura, quienes reciben un apoyo económico, aunque la estancia la realizan en alguna empresa del territorio nacional es de seis semanas --un poco más breve que en el otro programa. Las empresas participantes registran un proyecto de innovación y es la base en la que trabajan los estudiantes que recibe.

La información que reporta el FCCyT señala que el año pasado participaron 599 estudiantes, provenientes de 165 universidades públicas, y realizaron estancias en 93 empresas. Un volumen importante de jóvenes, instituciones educativas y empresas, a pesar de la relativa novedad del programa.

Al parecer, el programa ha tenido una buena recepción entre los jóvenes y las empresas, puesto que solamente aceptó la mitad del total de jóvenes aspirantes. Las entidades federativas con el mayor número de estudiantes fueron Jalisco (Universidad de Guadalajara con 81 alumnos), el Estado de México y el Distrito Federal (UAM con 54 alumnos y UNAM con 32 alumnos).

En conjunto, realmente, los dos programas reúnen a un pequeño número de estudiantes, pero sin duda sus alcances son mayores, están muy bien localizados y tienen un efecto positivo para inclinar las vocaciones de los jóvenes.

(Publicado en Campus Milenio No. 376. Julio 8, 2010)

CIENCIAS SOCIALES: LA BRECHA DEL CONOCIMEINTO

Una de las principales conclusiones del reciente informe sobre las ciencias sociales en el mundo es que, a pesar de los innegables aspectos positivos que han registrado estas disciplinas en la última década, existen grandes brechas que han limitado su capacidad para ofrecer respuestas a los retos actuales y para analizar las tendencias que afectan a la sociedad.

A menudo, como lo indica la directora general de la UNESCO en las palabras introductorias del informe, Irina Bokova, el conocimiento científico de la sociedad está menos desarrollado en las partes del mundo donde es más necesario. Tal vez podemos estar edificando una ‘sociedad del conocimiento’, añade la directora, pero luce muy diferente dependiendo de la perspectiva regional que se trate. Efectivamente.

La semana anterior, la UNESCO dio a conocer el informe: 2010 World Social Science Report. Knowledge Divides (disponible en la página web del organismo internacional). Es una actualización del informe que publicó en 1999 sobre el mismo tema. El documento actual estuvo a cargo del Consejo Internacional de Ciencias Sociales (CICS) y a lo largo de una decena de capítulos, ofrece un panorama global de las ciencias sociales.

En el informe se advierte la rápida expansión de las ciencias sociales, expresado por el mayor incremento de estudiantes de licenciatura y de posgrado en el total de la matrícula universitaria. También por la multiplicación de las publicaciones que circulan y por la demanda creciente de las habilidades y el conocimiento de las ciencias sociales, particularmente en los problemas clave del mundo contemporáneo, como las inequidades en el ingreso, las tendencias demográficas, la pobreza, el cambio climático, la violencia, el problema del agua, la seguridad pública o el desarrollo sustentable, entre muchos otros. Problemas que han propiciado la realización de cierto tipo de investigación y un trabajo más interdisciplinario.

La influencia creciente de las teorías y de los conceptos de las ciencias sociales se ha diseminado en la sociedad, en buena medida debido al contexto globalizado en el que hoy nos encontramos y a la internacionalización de la educación superior y de la investigación. Pero también debida a los avances en las tecnologías de la información que permiten una mayor circulación de los conocimientos y formas de colaboración.

Sin embargo, como se destaca en la parte introductoria del reporte, no todo es miel sobre hojuelas. A la par de la influencia y del crecimiento de las ciencias sociales, ha aparecido la crítica sobre su desempeño. Por ejemplo, a los economistas se les culpa de perder de vista la realidad social, al embelesarse con modelos abstractos y sofisticados, lo mismo que al confiar en el valor del mercado y no prever ni anticipar las crisis económicas o financieras. A los politólogos se les reprocha su escasa capacidad de anticipación de los cambios profundos en la opinión de la sociedad o los equivocos en los escenarios electorales que trazan. O bien, se advierte las fallas de los sociólogos para identificar las grandes tendencias sociales.

Pero el mayor problema que se advierte en el reporte es la brecha del conocimiento. Según sostienen Yves Gingras y Sébastien Mosbah (capítulo 4), la globalización y la internacionalización de la investigación, esencialmente, ha favorecido a Europa Occidental y a América del Norte que concentran alrededor de tres cuartas partes de las revistas especializadas.

De acuerdo a los datos del reporte, Europa representa alrededor del 45 por ciento de la producción en las revistas y América del Norte el 37 por ciento, lo cual suma el 82 por ciento del total de la producción en revistas publicadas en todo el mundo.

Al desagregar la información por lugar de edición de las revistas, entre los primeros 20 países: nueve son europeos, cuatro asiáticos, dos de América Latina (Brasil y México), dos de Oceanía, dos de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y uno de Afríca (Sudáfrica). Además, en Estados Unidos se edita una cuarta parte del total de las revistas especializadas en ciencias sociales.

El asunto es que al publicarse la mayor parte de revistas en Europa o en América del Norte, el 85 por ciento del total de revistas son editadas total o parcialmente en inglés. Es decir, a la concentración de temas, a pesar de los contextos locales de los problemas, se agrega el fuerte dominio del inglés en las ciencias sociales.

Son muy variados e interesantes los temas que se describen y analizan en los diferentes capítulos del informe. Al final, además de resaltar las principales conclusiones que se derivan de la información acumulada, se presentan una serie de recomendaciones para cerrar las brechas del conocimiento en las ciencias sociales. Por ejemplo, se sugiere la disponibilidad de financiamiento para producir resultados, así como formas de colaboración e integración de redes en las ciencias sociales o el reforzamiento del multilinguismo entre los científicos sociales.

(Publicado en Campus Milenio. No. 375. Julio 1, 2010)

EL NUEVO ESTATUTO DE CONACYT

La semana anterior, estimado lector, comentamos las vicisitudes del marco normativo de las actividades científicas y tecnológicas. El avance en este terreno ha sido gradual y con ritmos que no siempre se corresponden con el diagnóstico, papel y demandas que se le formulan a las actividades que intenta regular.

Sin embargo, la ley sectorial es solamente el primer ordenamiento, le siguen múltiples normas secundarias. En conjunto, la serie de ordenamientos forman un entramado que tendría que guardar convergencia y armonía entre sí. Aunque, como ejemplo, ya hacíamos notar la discordancia en torno de los recursos financieros para la ciencia y la tecnología, entre lo que señala el artículo 25 de la ley general de educación y lo que dice el artículo 9 Bis de la ley de ciencia y tecnología.

La reforma a la ley de ciencia y tecnología de junio del año pasado incorporó el concepto de “innovación” en el cuerpo de la ley. (Otro cambio a la ley se registró en febrero de este año para precisar la organización y composición de la mesa directiva del foro consultivo científico y tecnológico, pero fue una modificación menor). Además, amplió la representación en el máximo órgano de gobierno del sector, el consejo general de investigación científica, desarrollo Tecnológico e Innovación, creó el comité intersectorial para la innovación y, nada menos, facultó a las instituciones de educación superior, incluidas las universidades, para crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, entre otros cambios.

El asunto es que tras la reforma del 2009, poco a poco se han tratado de poner en marcha las instancias que estipuló, como el comité intersectorial para la innovación, o bien, se ha buscado armonizar los ordenamientos secundarios. En este último caso está el estatuto orgánico de Conacyt, que constituye el conjunto de reglas que regulan su organización y funciones.

Obviamente, el nuevo estatuto está en correspondencia con lo que marca la ley, particularmente en lo que concierne al tema de la innovación, pero también incluye algunos cambios importantes en la organización de Conacyt.

En comparación con el estatuto anterior --el cual fue emitido en el 2005--, el vigente renombra algunas de las direcciones adjuntas, suprime algunos órganos colegiados y compacta la estructura administrativa.

Por ejemplo, Conacyt conserva las ocho direcciones adjuntas que tenía, pero ahora, en lugar de la anterior dirección adjunta que se llamaba “de información, evaluación y normatividad”, aparece una de “planeación y cooperación internacional”, y en lugar de la anterior que se llamaba de “formación y desarrollo de científicos y tecnólogos”, ahora simplemente se llama de “posgrado y becas”. Las otras seis direcciones adjuntas solamente abreviaron sus nombres: desarrollo científico; desarrollo tecnológico e innovación; centros de investigación; desarrollo regional; asuntos jurídicos; y administración y finanzas.

El asunto con las nuevas denominaciones en las direcciones adjuntas, particularmente con las dos que cambiaron de nombre, es si se trata solamente de un renombramiento o es una redistribución de funciones entre direcciones, sobre todo porque la anterior dirección de información, evaluación y normatividad, tenía bajo su responsabilidad el manejo de los datos, la rendición de cuentas, la publicación de los indicadores y el seguimiento del programa sectorial. Por cierto, después de un largo periodo esa dirección cambió de titular en abril de 2008, cuando fue susitituido Gerardo Villalobos por Luis Mier y Terán. Ahora, tal parece que la nueva dirección asumirá no sólo esas funciones sino también las de la unidad de cooperación internacional que estaba adscrita a la dirección general.

Otro cambio importante es que el anterior estatuto consideraba una decena de órganos colegiados, entre los que estaban el foro consultivo científico y tecnológico, el comité de control y auditoría, el consejo directivo del sistema integrado de información sobre investigación científica y desarrollo tecnológico o la comisión interna de evaluación del Reniecyt, entre otros. El actual solamente considera dos: el foro consultivo y la comisión asesora. No se especifica qué ocurrirá con los otros órganos y tampoco si la comisión asesora lo es de la junta de gobierno o del director.

Una modificación más en la estructura orgánica de Conacyt es la supresión de las unidades administrativas adscritas a la dirección general. Anteriormente, las direcciones de política y cooperación internacional, la de divulgación y difusión, así como la unidad de proyectos e información estratégica, le reportaban directamente al director. En el actual estatuto, ya no aparecen las dos direcciones y solamente está la “unidad técnica de de proyectos, comunicación e información estratégica”.

Entonces: ¿los cambios serán en beneficio de una gestión más eficaz y eficiente del organismo rector de las políticas sectoriales? Ya lo veremos.

(Publicado en Campus Milenio. No. 374. Junio 24, 2010)

CyT: UNA VUELTA DE TUERCA MÁS A LA NORMATIVIDAD

El marco normativo de las actividades científicas y tecnológicas parece ir a una velocidad que no se corresponde con las actividades mismas. A ratos parece remolcarlas y en otros más bien va a la zaga; uno y otras avanzan gradualmente pero no se aprecia un trabajo coordinado ni convergente.

Al comienzo de los años setenta se discutía la conveniencia de una ley en la materia, pero más bien se creó Conacyt como el organismo rector de la política científica y tecnológica y como una entidad que podría coordinar las actividades que se encontraban dispersas en múltiples entidades. Sin embargo, pasaron 15 años para que se advirtiera la insuficiencia jurídica del organismo para realizar esa labor y se reconociera la necesidad de una norma general, por lo que en 1985 se emitió la primera “ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico”, precisamente para tratar de definir, integrar y coordinar el sistema científico y tecnológico.

Tras otros 15 años de estar en vigencia la primera ley, persistía el problema de la coordinación sectorial, así como el escaso desarrollo y capacidades del sistema. La comisión para la planeación del desarrollo científico y tecnológico presidida por la SEP, instancia que se había previsto en esa primera ley, no había funcionado del todo, principalmente por la periodicidad de sus reuniones. Tampoco estaba resuelto el problema de coordinación de los múltiples centros de investigación, en ese entonces centros SEP-Conacyt. De modo que para 1999 se emitió una nueva norma: la ley para el fomento de la ciencia y la tecnología.

Tal vez la reforma de 1999 ha sido el ajuste normativo más importante al sector. No solamente volvió a insistir en el asunto de la coordinación sino que realizó algunas redefiniciones importantes, elevó a rango de ley algunos instrumentos para reorientar las actividades científicas y tecnológicas, y propuso la creación de nuevas instancias de conducción y participación.

Por ejemplo, estableció diferentes principios orientadores de las actividades, tales como la evaluación de resultados como mecanismo para otorgar los apoyos correspondientes, la descentralización como finalidad de los instrumentos de apoyo, la concurrencia de los recursos públicos y privados, o bien, la inversión creciente del sector privado mediante incentivos fiscales.

Igualmente, en el caso de los instrumentos, destacó el papel del programa sectorial, al que llamó especial y bajo la responsabilidad de Conacyt. Aunque más importante fue el asunto de los recursos financieros y particularmente la institucionalización de los fondos competitivos. En la ley quedaron reconocidos los fondos sectoriales (convenios con las secretarías de Estado para investigaciones que requiriese el sector correspondiente) y los fondos mixtos (integrados con aportaciones de Conacyt y los gobiernos estatales y municipales para el fomento de la investigación científica y tecnológica).

También fue de suma importancia el cambio en los centros de investigación, los cuales dejaron de ser SEP-Conacyt y fueron nombrados centros públicos de investigación, sujetos a convenios de desempeño. Lo mismo que la propuesta de crear un foro permanente de ciencia y tecnología, con el objetivo de permitir y alentar la expresión en torno de las políticas y programas del sector.

Sin embargo, una vez más, los cambios a la norma fueron insuficientes. En el 2002 se emitió una nueva ley, en buena medida bajo intercambios entre legisladores y gobierno federal, en el que se profundizaron algunos de los principios ya establecidos en la ley previa e introducir otras instancia más. Esto es, en la nueva ley quedó de forma explícita el término política de Estado para el sector y los atributos que debería tener, lo mismo que la idea de crear un ramo de gasto para el sector en el presupuesto de egresos de la federación –de ahí viene el ramo 38--, así como la creación de consejo general o los ajustes a las instancias de participación como el foro o la conferencia nacional, entre otros aspectos.

A partir de la ley del 2002 Conacyt incrementó sus capacidades en al conducción y el diseño de las políticas del sector. Aunque la desectorización efectiva –la creación de un ramo de gasto propio—fue hasta el 2004 y en ese mismo se añadió el artículo 9 bis de la ley para establecer que el monto de recursos del gasto nacional para ciencia y tecnología debía ser por lo menos del uno por ciento del PIB. Obviamente, es un artículo que no se ha cumplido. Por cierto, como ya lo hemos comentado en su oportunidad en este espacio, es un ordenamiento que no se corresponde con lo que dice el artículo 25 de la ley general de la educación.

Todavía el año pasado vino otro cambio más, ahora para incorporar el término innovación a lo largo de toda la ley. El punto es que después vienen las adecuaciones a todos los normas secundarias y tal parece que apenas se está ajustando todo el entramado cuando el punto de discusión ya se movió nuevamente entre legisladores y gobierno federal.

(Publicado en Campus Milenio No. 373. Junio 17, 2010)

LA EXPANSIÓN DE LA POLÍTICA DE INNOVACIÓN

La actual administración ha colocado el tema de la innovación como uno de los componentes imprescindibles para el crecimiento y desarrollo económico del país, en buena medida siguiendo las pautas de la OCDE en este terreno. Aunque el avance ha sido gradual, hoy ya se propone extender lazos de cooperación en esta materia a nivel regional.

El tema de la innovación fue reconocido desde el final de la administración anterior, lo mismo que la idea de solicitar a la OCDE un examen nacional al respecto. Sin embargo, cuando inició funciones la actual administración, a pesar de que ya se daba por sentado que su programa sectorial debía incorporar a la innovación como uno de los ejes principales y como referente en el título del mismo, por ley estaba impedida de cambiar el nombre del programa, así que oficialmente el programa se tituló de la misma forma que el anterior: Programa Especial de Ciencia y Tecnología. Lo anterior no fue obstáculo para que incorporara metas precisas sobre innovación.

El primer objetivo del programa sectorial, el que se refiere al establecimiento de políticas de Estado en el sector, planteó algunas de las principales metas que se propone lograr. Por ejemplo, en materia de competitividad busca pasar de la posición número 58 que tenía México en el 2006, según el índice global del Foro Económico Mundial, a la posición número 30 para el 2012 en el mismo índice. El logro tal vez estará más complicado de lo previsto, porque en el 2009 México más bien había descendido al lugar número 60. Otras metas incluyen incrementar el porcentaje de cooperación para la innovación entre empresas e institutos de investigación, al igual que con las universidades. O bien, incrementar el número de solicitudes de patentes en México por mexicanos entre el 2006 y el 2012 (pasar de 574 a 796 solicitudes).

Una de las iniciativas que se pusieron en marcha, fue la instauración de un fondo para la innovación. Además, de forma paralela, se propuso reformar la ley para incorporar el término innovación en los diferentes artículos de la ley, toda vez que en la normatividad anterior solamente se refería a ciencia y tecnología. También se acordó que el programa sectorial se llamaría Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Lo más importante es que en la reforma se incluyó la creación un comité intersectorial, dependiente del consejo general, encargado de aprobar el programa de innovación, lo mismo que de decidir sobre los recursos aprobados al programa de innovación en el presupuesto de egresos de la federación y establecer las reglas de operación de los fondos sectoriales de innovación. El comité, según quedó establecido en la ley, lo debe presidir el secretario de economía, el director de Conacyt como vicepresidente y como otro integrante el secretario de educación.

Sin embargo, tanto los fondos como los cambios a la ley son relativamente recientes. La reforma a la ley fue publicada en junio del 2009, pero las reglas de operación del comité intersectorial apenas estuvieron listas en marzo pasado. Los tres nuevos fondos de apoyo para la innovación se pusieron en marcha apenas en febrero del 2009, principalmente a raíz de las críticas y problemas que hubo con el programa de incentivos fiscales; los recursos de los nuevos fondos sumaron el año pasado 2,500 millones de pesos.

Los resultados del examen realizado por la OCDE a la política de innovación, oficialmente se conocieron apenas el año pasado e incluyeron una serie de recomendaciones, tales como la necesidad de fortalecer las capacidades regionales en la materia, fomentar la movilidad de los recursos humanos altamente calificados, así como encontrar una mejor combinación de instrumentos de política en apoyo a la investigación, desarrollo e innovación empresarial, entre otras sugerencias.

Además, la misma OCDE es quien impulsa el reciente proyecto: “Pilar de innovación de la iniciativa para America Latina”. La iniciativa, según reporta la propia organización económica, fue desarrollada de forma conjunta con México y España y con el apoyo de Chile.

La iniciativa comprende, fundamentalmente, trabajo conjunto en torno de los cuatro componentes básicos de la actividad: innovación, política fiscal, accesos a los servicios públicos e inversión. El gobierno mexicano, según reporta la OCDE, ha decidido promover el fortalecimiento de vínculos entre los países de la región sobre los programas sectoriales, profundizar la capacidad regional de evaluación por pares y promover un mayor intercambio de conocimiento. Además, el proyecto incluye la realización de una conferencia de alto nivel en México hacia el final del año, en donde se podría presentar la “Red de innovación de América Latina y el Caribe” y cuya labor será complementaria a la actividad que ya realizan redes como la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT).

Al nivel de diseño, parece que la iniciativa avanza rápidamente, veremos si también en el de las acciones.

(Publicado en Campus Milenio No. 372. Junio 10, 2010)

EL ICYTDF

La semana anterior fue nombrado Julio Mendoza Álvarez como nuevo director del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICYTDF), en sustitución de Esther Orozco quien ahora se ocupa de la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El instituto seguramente entrará en un nuevo ciclo, no solamente por el cambio de titular, sino también por los planes que ha formulado el actual responsable.

El ICYTDF es una institución relativamente joven. A pesar de que normativamente fue aprobado por los legisladores locales desde hace más de una década, fue hasta febrero del 2007 cuando se reconoce formalmente al instituto. Los recursos financieros habían sido el impedimento inicial para ponerlo en marcha.

Una vez creado el ICYTDF los recursos han sido autorizados sin mayor problema. En el primer año de operación el instituto ejerció poco más de 100 millones de pesos –aunque se había previsto un monto menor—, para el 2008 casi cuadruplicó su presupuesto al obtener 378 millones de pesos, en cifras redondas y el año pasado ejerció 495.6 millones de pesos. Un presupuesto, como se puede apreciar, creciente.

La creación del insituto se inscribe en el amplio movimiento de federalización de las actividades científicas y tecnológicas que impulsó la instauración de consejos estatales y la normatividad correspondiente en todos los estados de la República. Un movimiento que comenzó en los años ochenta, con Puebla como primera entidad en contar con un consejo estatal en 1983 y que apenas cuminó hace un par de años, cuando Sonora y Oaxaca instaruraron su respectivo consejo.

De acuerdo a la legislación vigente, el ICYTDF se considera un organismo descentralizado de la administración pública del DF, de carácter no sectorizado, con personalidad jurídica y patriminio propio. Además, se le reconoce autonomía técnica y de gestión.

La principal función del instituto, como la mayoría de consejos estatales y del mismo Conacyt, es apoyar al ejecutivo local, así como a los titulares de las diferentes áreas de la administración del DF en “la determinación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política local para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación e impulsar, coordinar y coadyuvar al desarrollo de las acciones públicas y privadas en la materia” (artículo 6).

También tiene una estructura y organización similar a la de Conacyt. El director es designado por el ejecutivo local y cuenta con una junta directiva como máximo órgano de consulta y supervisión. La junta es presidida por el jefe de gobierno e incluye a los titulares de cuatro secretarías (medio ambiente, salud, educación y desarrollo económico), siete personalidades de instituciones de investigación del DF, como los rectores de la UNAM, la UAM, la Autónoma de la Ciudad de México, o los directores del Colmex, y el IPN, y como invitado un representante de Conacyt, quien tiene derecho a voz pero no a voto.

Cuenta con un consejo consultivo, cuya función es un tanto ambigua puesto que se le reserva la tarea de “impulsar y retroalimentar el sistema local de ciencia, tecnología e innovación” e igualmente es presidido por el jefe de gobierno e integra a representantes de SEP, Concayt y a 15 integrantes de la comunidad científica y empresarial.

En los tres años anteriores, la directora fundadora impulsó cinco programas que llamó sustantivos: ciudad saludable; ciudad sostenible; ciudad con conectividad y tecnología; ciudad con industria competitiva; y ciudad educada en ciencia y tecnología. Según el reporte de avances, cada uno de los programas estaban dirigidos a tratar de enfrentar los problemas detectados en sus respectivas áreas de competencia y, a su vez, contenían otros tantos subprogramas y otros cinco programas que llamó transversales. Los principales resultados han sido en el terreno académico: proyectos, tesis, becas y posibles patentes.

Sin embargo, las iniciativas de mayor visibilidad pública han sido los encuentros anuales con personalidades académicas nacionales e internacionales a propósito del programa “semana de la ciencia y la innovación” y la entrega de los “Premios Ciudad Capital: Heberto Castillo Martínez” para reconocer la trayectoria de personalidades del ámbito científico y tecnológico.

El actual director, Julio Mendoza, según su discurso de toma de posesión, se propone más bien dirigirse al terreno tecnológico. Plantea impulsar: la creación de incubadoras de empresas; un fondo de inversión en innovación para las empresas de base tecnológica; un programa de innovadores para buscar el desarrollo de patentes; y continuidad con el programa de la semana de la ciencia y la innovación. Así que probablemente se advierta un giro en las actividades del instituto. Por ahora es una declaración de intenciones, pero ya se verá con claridad cuando presente su programa de actividades y, especialmente, cuando lo lleve a efecto.

Posdata
Gilberto, muy merecido el Honoris Causa ¡Felicitaciones!

(Publicado en Campus Milenio No. 371. Junio 3, 2010)