jueves, 28 de enero de 2016

¿Nuevo periodo para el Consejo Consultivo de Ciencias?
 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
 
El nombre del Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) es relativamente lejano y prácticamente ausente en la nomenclatura del sector científico y tecnológico. Otros fueron sus días a la cabeza de consultas y diseño de las políticas para la ciencia. Hoy, solamente se da a notar cuando cambia la titularidad de su coordinación  general --como ocurrió la semana pasada-- o cuando se entrega el Premio México de Ciencia y Tecnología que tiene a su cargo.


Fuente:www.solucionpolitica.net
Quizás, estimado lector, recordará que el CCC se creó en enero de 1989, un par de meses después de que comenzó el periodo de Carlos Salinas de Gortari. En sus memorias el ex presidente narra que por esos día invitó a Palacio Nacional a una treintena de destacados científicos, todos ellos ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes.
 
Dijo Salinas de Gortari: “Durante la comida los invité a formar parte de un nuevo Consejo Consultivo de Ciencias cuyo propósito sería asesorar al Presidente de la República en materia de ciencia y tecnología. Aceptaron y agradecí su entusiasta colaboración. Se abrió así un canal de comunicación entre la comunidad científica y el presidente” (México. Un paso difícil a la modernidad, p. 647)
 
Salinas de Gortari añade que al día siguiente de la comida publicó el acuerdo presidencial e invitó como primer coordinador del entonces nuevo organismo a Guillermo Soberón Acevedo, ex rector de la UNAM y también ex secretario de Salud.
 
Soslayando si el CCC, tras las cuestionadas elecciones de 1988, fue un canal de comunicación o un puente en busca de legitimidad, como sucedió con muchos otros grupos sociales, en realidad lo que apareció como acuerdo presidencial fue la creación de la “secretaría ejecutiva” del Consejo Consultivo de Ciencias. Esto es, la base operativa, a la cual se le adjudicó la función de “unidad de asesoría y apoyo técnico del Ejecutivo Federal”. Seguramente porque la designación del titular de la secretaría era y es responsabilidad del mismo presidente de la República, tanto como su respaldo presupuestal.
 
El CCC funciona a través de la secretaría ejecutiva que tiene el encargo de invitar a formar parte del organismo a todas las personas que reciban el Premio Nacional de Ciencias y Artes, lo mismo que llevar la agenda de las reuniones y también proponer a los integrantes del Consejo que, “de entre ellos, se designe a un Coordinador General que dure en su cargo tres años y pueda ser reelecto una sola vez” (fracción V del Artículo Quinto).
 
Fuente:www.ccc.gob.mx
La secretaría ejecutiva es la posición que apoya el funcionamiento y administra los recursos del organismo. Es una de las posiciones más permanentes, el actual secretario, Jaime de la Garza fue nombrado en el 2006. Los miembros del CCC y la coordinación general son nombramientos honorarios.
 
La primera y principal función que se le asignó al CCC fue la de opinar ante el titular del poder ejecutivo federal sobre las políticas de Ciencia y Tecnología, así como proponer acciones para el cumplimiento de las mismas. Una actividad que cumplió centralmente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero después perdió relevancia. Incluso, desde el comienzo utilizó las siglas CCCP, para indicar que era el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia. Después, ya no. Ahora prescinde de la “P”.
 
En el entramado institucional del sector tampoco conservó un lugar preponderante. A pesar de que la creación del Foro Permanente en 1999 consideró en su órgano directivo al CCC, cuando fue sustituido por el actual Foro Consultivo en el 2002, el representante del CCC ya no fue requerido. La capacidad de interlocución se trasladó principalmente al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT).
 
Todavía más. En la actual administración, en el 2013, se creó la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación (CCTI) como una subunidad de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, la que entonces encabezaba Aurelio Nuño, el actual secretario de Educación Pública. En esa posición fue nombrado Francisco Bolivar; ahí tampoco figuró el CCC o su entonces coordinador general.
 
Actualmente el CCC cuenta con 114 miembros y el martes 19 de enero fue electo Arturo Menchaca como nuevo coordinador general del CCC para el periodo 2016-2019, con 52 votos a favor y tres en contra. El nuevo coordinador dice que buscará un mayor vínculo con la Oficina de la Presidencia, con los tres órdenes de gobierno y un fuerte impulso a la relación internacional del Consejo. Ya veremos.
Fuente:www.dgcs.unam.mx
Lo cierto es que el diseño institucional del sector ha perseguido de forma contumaz acercarse al ejecutivo federal, como el camino más rápido hacia la toma de decisiones. Pero no. Ya suman tres diferentes instancias (el CCC, el FCCT y la CCTI) y mucha influencia no parecen tener.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 642 Enero 28, 2016, p.5)

viernes, 22 de enero de 2016

El eclipse de la reforma educativa
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
En el sector educativo parece que solamente existe un sólo tema: la reforma. Bueno, casi a la par, coexiste con los discursos mediáticos del titular de la dependencia. Ni siquiera. Si se juzgara por lo que tiene mayor visibilidad pública, únicamente aparece el complicado asunto de la evaluación docente y las imágenes del secretario de Educación, Aurelio Nuño, en sus visitas a diferentes escuelas primarias. ¿Ahí termina la agenda educativa? No debiera.
 
Fuente:www.gob.mx

 
La reforma educativa, no hay duda, es un asunto central de la actual administración. Desde el comienzo de su periodo, la declaración de intenciones fijó como primer punto de agenda el impulso a una reforma legal y administrativa para elevar la calidad de la educación básica y recuperar la rectoría en el sector. Una que estaría centrada en la puesta en marcha de un Servicio Profesional Docente, la creación de un Sistema Nacional de Evaluación, la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la creación de un Sistema de Información y Gestión, entre otras acciones.
Al comienzo, aunque no parecía sencillo, convertir las declaraciones en leyes y reglamentos, fue lo más fácil. Después vino y viene lo más complicado: ingresar los cambios en las aulas; modificar el sistema de ingreso, promoción  y permanencia del servicio docente; realizar evaluaciones justas; mejorar efectivamente las prácticas docentes y los aprendizajes de los alumnos; o alcanzar la prometida calidad de la educación. Nada menos.
 
Hasta ahora lo evidente han sido algunas complicaciones derivadas de la aplicación de la evaluación docente a gran escala: ausencia de consenso; ferreas resistencias; delimitación de responsabilidades entre autoridades educativas; la validez técnica de las pruebas; una costosa logística (literalmente) para su práctica; errores en la valoración; entre otros aspectos.
Fuente: cbtelevision.com.mx
 
 
Y todavía falta lo más importante que, anuncio tras anuncio, se ha venido posponiendo desde el año pasado: el modelo educativo. Entonces, la actuación de las autoridades educativas y la discusión pública ha estado centrada en un aspecto de la reforma, ni siquiera en todos sus componentes.
 
 
Tal vez la insostenible relación con la anterior dirigencia sindical y la morfología del sistema educativo nacional resultaron atractivos para colocar la reforma educativa como único punto de agenda. Los grandes números del sistema educativo nacional se localizan en el nivel básico. Por ejemplo, de los más de 36 millones de alumnos que existen actualmente, siete de cada diez se concentran en educación básica; de las más de dos millones de plazas docentes, seis de cada diez son para ese mismo nivel; y más o menos se conserva esa misma relación en la participación del gasto nacional en el sector.
Pero los problemas del sistema educativo van más allá del nivel elemental y la reforma en marcha. En el mismo programa sectorial de la actual administración se recuperó un diagnóstico y se plantearon seis grandes objetivos, en donde la cobertura, pertinencia, inclusión y equidad en la media superior y superior eran parte de las metas a alcanzar al final del periodo.
 
Fuente: impacto.mx
La reducción de la agenda no es especulación. Hace dos semanas, anotamos cómo se desinfló la campaña de atención al rezago educativo y las dificultades que se advierten para cumplir las metas comprometidas (Campus Milenio No. 638). En estas mismas páginas, las plumas de los colegas han llamado la atención sobre el recorte a las universidades, la posibilidad de que no se alcancen las metas de cobertura o la aparente omisión sobre la reforma de las escuelas normales.
 
Desde el final del año anterior, aunque con mayor precisión en éste, el secretario de Educación, ha delineado la agenda que tiene prevista para el sector. Es una descripción de siete prioridades para llevar a “buen puerto la reforma” en el primer semestre de este año (está en la página web de la Secretaría).
Iniciará la semana próxima con la presentación del “plan de la nueva escuela mexicana”. Seguirá en febrero con la estrategia de mejora de infraestructura escolar y en el mismo mes se publicaran los resultados de la evaluación docente. Luego, dice el secretario, en marzo-abril se presentará el modelo educativo para básica y media superior; después, las acciones en favor de la equidad; en mayo, las acciones para estrechar la vinculación entre el sistema educativo y el mercado laboral. Finalmente, culminará en junio con una propuesta de reforma administrativa de la SEP.
 
Nuevamente, las prioridades se concentran en la reforma, aunque parcialmente se incluye la media superior y la vinculación entre sistema educativo y mercado laboral. La reforma no es todo el sistema educativo. Sí, mediática y momentáneamente lo puede eclipsar, pero los problemas no desaparecerán y los riesgos son mayúsculos.
(Publicado en Campus Milenio No. 641 Enero 21, 2016, p.5)

lunes, 18 de enero de 2016


La evaluación del desempeño del programa de becas

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

A partir del 2005, con la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), comenzaron una serie de serie de nuevos lineamientos para la medición de la pobreza y también criterios especiales para la evaluación de programas y acciones de desarrollo social.

En la Ley General de Desarrollo Social quedó especificado que el Coneval sería el encargado de evaluar la política de desarrollo social y “para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto” (Artículo 74). Además, en el mismo artículo se anotó que las dependencias gubernamentales (federales, estatales o municipales) tenían que proporcionar toda la información y facilidades para tales efectos.

Entonces, las dependencias gubernamentales que operan programas sociales deben realizar evaluaciones anuales (de mayo a abril), o multianuales, de los objetivos, metas y acciones que se plantearon y observar los criterios que establece el Coneval.

A diferencia de las evaluaciones que realiza la Auditoria Superior de la Federación, centradas en la fiscalización de los recursos públicos conforme a los objetivos de las políticas y programas, las evaluaciones del Coneval se dirigen más bien a valorar el cumplimiento social de los programas.

Las evaluaciones específicas del desempeño, conforme la norma de Desarrollo Social, suponen un reporte con base en: a) los resultados que muestra el programa (“avance en la atención del problema o necesidad para el que fue creado”); b) los productos que generó (entrega de bienes y servicios); c) cambios en su presupuesto, d) la cobertura que alcanza (población potencial, objetivo y atendida); y e) seguimiento de aspectos susceptibles de mejora.

En el periodo 2014-2015 se evaluaron más de un centenar de programas de alrededor de 15 dependencias gubernamentales. En el caso de Conacyt, se evaluaron nueve programas, como el de becas, el SNI, el fortalecimiento en las entidades federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, o el de apoyo a la consolidación institucional, entre otros.

La evaluación del desempeño del programa de becas, realizada por Valora Consultoría, presenta información relativamente conocida, como el volumen de becas nuevas y vigentes que se han otorgado en el periodo, la mayor proporción para ciencias sociales e ingenierías, así como el monto de recursos que se destinan o la desconcentración paulatina en el otorgamiento de becas.
 
Pero también incluye datos menos conocidos. Por ejemplo, señala que las tasas de ocupación de los ex becarios son altas, en empleos acordes a su formación: “El 60 por ciento de los ex becarios se ocupan en los sectores de educación superior e investigación. El 16 por ciento se ocupa en el sector privado”. Sin embargo, no especifica qué ocurre con el porcentaje restante, el cual representa casi una cuarta parte del total. ¿No se gradúan y/o se emplean en sectores que no corresponden a su formación?  

Otro dato relevante es la cobertura del programa. Los datos para este indicador muestran que en 2008 la población potencial u objetivo (estudiantes de posgrado que fueron propuestos para recibir una beca) sumaba 29 mil 502 personas, mientras que la población atendida (a la que le otorgaron la beca) sumaron 26 mil 918. Para el año 2014, la población potencial sumaba 57 mil 861 y fueron atendidos 54 mil 658.

Es decir, por una parte, en el periodo de referencia, la población potencial y atendida se duplicó. Por otra parte, disminuyó ligeramente la tasa de rechazo entre los solicitantes y la población atendida. Este segundo aspecto es importante porque tal vez en este margen está la operación de las becas al extranjero y la distribución en el posgrado nacional.

Esto es, se supone que en el caso del posgrado nacional, los aspirantes a becarios son propuestos por instituciones con programas reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y uno de sus beneficios es que respaldan con becas a sus estudiantes, así que inscribirse en un programa de ese tipo, salvo que el alumno decida no estudiar de tiempo completo, trabaje parcialmente o no requiera de beca, tiene asegurado el apoyo. Por otra parte, las nuevas becas al extranjero han disminuido, como ha sido notorio en las estadísticas oficiales, aunque las cifras no están en la evaluación que comentamos.

En fin, vale la pena examinar en detalle los documentos con las evaluaciones específicas de desempeño que se encuentran en la página web del Coneval y en las dependencias gubernamentales que corresponden, en donde el lector podrá juzgar su utilidad y su contribución a la rendición de cuentas.

(Publicado en Campus Milenio No. 640 Enero 14, 2016, p.5)

jueves, 7 de enero de 2016

Punto de agenda: rezago educativo
 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
La agenda educativa del año que comienza tiene muchos pendientes, un tiempo limitado y un panorama económico poco alentador. Ya estamos en la segunda mitad del periodo de esta administración y aunque la reforma educativa –especialmente la evaluación docente— tiene acaparada la atención pública, vale la pena recordar que está irresuelto el asunto del rezago educativo.
 
Al inicio de la actual administración, de forma correcta y recuperando el diagnóstico de la UNAM (“Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional”), se dijo que habría que ocuparse de atender a la población adulta en condición de rezago educativo. En general, como se sabe, el rezago se refiere a las personas mayores de 15 años que son analfabetas o que no han concluido su educación básica.
 
 
En los primeros meses del 2013 se habló de una campaña sin precedentes para abatir el rezago, una que haría eco de algunas de las experiencias más notables en materia de alfabetización. En ella, se dijo, participarían egresados universitarios, grupos de la sociedad civil, maestros y cualquier persona interesada en colaborar, todo con la idea de disminuir en 60 por ciento el rezago educativo para el final del sexenio (El Universal 12.03.2013).
 
Fuente: www.elsemanario.com.mx
Después, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) la idea se plasmó con números y acciones. Por ejemplo, se anotaron las cifras del rezago educativo: “Alrededor de 32.3 millones de adultos no han completado la educación básica, lo que equivale al 38.5 por ciento de la población mayor de 15 años. En esta cifra se incluyen poco más de 5.1 millones de personas analfabetas…” (p. 61).
 
También, en el mismo PND, el asunto de disminuir el rezago quedó enmarcado en el objetivo de garantizar la inclusión y equidad en el sistema educativo. A su vez, la idea de la campaña a favor de la alfabetización tomó forma en las acciones de ese mismo objetivo, considerando que se establecerían alianzas con instituciones de educación superior y organizaciones sociales.
 
La enunciación de una estrategia más clara sobre el tema del rezago apareció en el programa sectorial en diciembre de 2013. Ahí se anotó que se intensificarían y diversificarían los programas para la educación de las personas adultas y se anotaron una decena de acciones, entre las que estaba la realización de campañas, desarrollo de modelos de atención y uso de tecnologías para favorecer el acceso de las personas adultas a la educación.
 
Incluso, todavía más, en mayo de 2014, medio año después de que se publicó el programa sectorial, la preocupación por el rezago educativo volvió a cobrar relevancia porque apareció un programa institucional específico para esos efectos: “El Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018” aprobado por el mismo Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
 
Tal vez uno de los aspectos más sobresalientes del programa institucional fue la precisión de que su población objeto serían 3.8 millones de personas analfabetas. Esto es, a los 5.4 millones de personas que no sabían leer y escribir en ese entonces, le restó 1.6 millones de personas que “ya no se podían incorporar a un proceso de aprendizaje”, ya fuera por limitaciones (físicas y/o mentales) o por contar con más de ochenta años, y de la cifra resultante estimó que alfabetizaría en el periodo a 2 millones 225 mil personas.
 
Así, según los cálculos de INEA, el índice de analfabetismo disminuiría de 6.0 a 3.4 por ciento entre el 2013 y el 2018. También estimó que el índice de rezago educativo pasaría de 37.6 a 32.9 por ciento en el mismo periodo. Esas fueron y son sus metas.
 
Es decir, en promedio y de acuerdo a las cifras del propio INEA, cada año, entre el 2014 y el 2018, deberían alfabetizarse alrededor de 550 mil personas para cumplir con lo planeado en el programa institucional. Pero no. Por lo menos todavía no se aprecia una disminución de esa magnitud.
 
Según los datos de los anexos estadísticos del 3er Informe de gobierno, en el año 2013 el número de personas alfabetizadas sumaron 112 mil, en el 2014 fueron 182 mil y estima que en el año actual serán 392 mil (p.261). Es decir, en los últimos tres años, desde que comenzó la campaña, se han alfabetizado poco más de 680 mil personas. Un ritmo que no alcanzará la disminución proyectada en el tiempo previsto.
 
La tarea se complica todavía más si se considera que el abandono escolar alimenta e incrementa la cifra del rezago. Además, habría que contar el ya conocido volumen global de personas que no han concluido su educación primaria (casi 10 millones) o secundaria (17 millones). Sin duda, el rezago educativo debe figurara como primer punto de agenda.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 637 Enero 7, 2016, p.5)
 
 

jueves, 17 de diciembre de 2015


CyT: ¿Nos olvidamos de la meta del uno por ciento?

 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

El jueves 10 de diciembre Conacyt realizó su ceremonia principal de aniversario número 45, con violines y entrega de reconocimientos incluidos. Fue la culminación de algunos festejos que comenzaron el pasado mes de octubre. Aunque también la constatación anticipada de que no cumplirá con el compromiso y meta de nivel de gasto destinado a ciencia y tecnología.

Si nos atenemos al rigor de las fechas, en estricto sentido, los legisladores aprobaron la creación del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas el 21 de diciembre de 1970. Aunque el decreto se publicó el 29 de diciembre del mismo año, ocho días después, en el Diario Oficial de la Federación para su plena entrada en vigor.

Así que el 29 de diciembre sería la fecha emblemática para celebrar un aniversario de Conacyt. Pero, en realidad, fue todo el mes de diciembre y prácticamente todo aquel año de 1970, el que se puede tomar como referencia para celebrar la existencia y ahora plena madurez del organismo.  

Lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones: Conacyt ha tenido altibajos y diferentes inconsistencias en el impulso a las políticas sectoriales –cuyo acento lo hemos hecho notar—, pero el trabajo que ha desarrollado en estos años ha sido invaluable para la formación de recursos humanos y el desarrollo científico y tecnológico del país.

En la ceremonia de aniversario el titular del organismo, Enrique Cabrero, dijo que “el fuerte impulso que ha recibido el sector durante los primeros tres años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, nos coloca frente a una gran oportunidad para dar el salto hacia una sociedad del conocimiento. Debemos seguir invirtiendo en la creación y mejoramiento de la infraestructura, así como en el desarrollo de capital humano especializado”.
 
Todavía no aparece la publicación del 2014 –menos la del 2015— con las estadísticas oficiales del sector (Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación), en donde se podría constatar con mayor precisión el volumen de gasto para el sector.

No obstante, los anexos estadísticos del informe de gobierno de esta administración indican que el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) como proporción del PIB, como lo refirió el titular de Conacyt, pasó de 0.43 por ciento en el 2012 a 0.56 por ciento en este año.

Un incremento importante en el gasto sectorial, como proporción del PIB, en esta administración. Pero vale la pena notar dos cosas. Por una parte, precisamente a partir del 2012, el año de inicio de referencia para este periodo, son datos estimados, dado que la encuesta con la que se calcula el nivel de GIDE se realiza más o menos cada dos años y todavía no se realiza la más actual, así que por ahora se trata de estimaciones que habrá que confirmar.

Por otra parte, uno de los compromisos del Pacto por México, aquel que ahora se ve tan lejano pero que es de diciembre del 2012, planteó que “Se dará cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología con el objeto de incrementar el financiamiento para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de alcanzar, de manera gradual, una inversión del uno por ciento del PIB (Compromiso No 46).

El compromiso, como todos los que formularon entonces, se recogió en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa sectorial: quedó como meta que en materia de GIDE se alcanzaría el uno por ciento como proporción del PIB para el 2018.

Sin embargo, previo a la reciente ceremonia de aniversario, el titular de Conacyt dijo que: “al concluir este sexenio la inversión que se destinará a ciencia, tecnología e innovación podría alcanzar 0.8 por ciento del PIB (La Jornada 11.12.2015). Y añadió que la meta de alcanzar el uno por ciento era compartida entre el gobierno federal y los empresarios. En su opinión, el primero había hecho su parte, al incrementar los recursos en alrededor de 30 por ciento, mientras que los segundos no habían hecho lo correspondiente.

Entonces, las declaraciones del director de Conacyt vienen a constatar lo que ya se advertía desde que se aprobó el presupuesto de este año, no digamos el de 2016: el incremento del gasto para el sector perdió impulso a medio camino y no alcanzará la meta comprometida. Quedará para mejor ocasión cumplir con la ley y la palabra.

El otro factor que vale la pena tener en cuenta es la siguiente versión de la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET), porque es la base de cálculo del nivel de inversión del sector privado y la actualización de las estimaciones de los niveles de gasto. Muy pendientes.

(Publicado en Campus Milenio No. 636 Diciembre 17, 2015, p.5)
La norma para la vinculación y transferencia de conocimientos

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99


Los legisladores aprobaron la iniciativa hace dos semanas, el ejecutivo federal firmó el decreto de ley la semana anterior, pero apenas este martes 8 de diciembre apareció el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Todo indica que una edición del DOF no es suficiente para el alud de decretos que cotidianamente se publican. Bueno, al menos tenemos normas.
 
Es una reforma a los artículos 40 Bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).  Una iniciativa para establecer instancias de gestión de transferencia tecnológica y de vinculación en cualquier  entidad que realice actividades de investigación y desarrollo experimental, así como eliminar cualquier obstáculo que impida a los investigadores participar en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros.

La norma no es nueva. De hecho, sería la culminación de un ajuste que comenzó hace poco más de 15 años. Inició con la reforma de 1999, una de las más importantes al marco normativo de las actividades científicas y tecnológicas, en donde quedó incluido, por primera vez, un cauto capítulo sobre la “vinculación con el sector productivo, innovación y desarrollo tecnológico” (capítulo VI). Uno que sustituyó al todavía más críptico capítulo “De la concertación con los sectores social y privado” de la ley de 1984.

Luego, en la reforma de junio del 2009, en el mismo capítulo de vinculación se incluyó el artículo 40 Bis –el mismo que ahora se modifica— en el que se facultaba a las universidades e instituciones públicas de educación superior, así como a los Centros Públicos de Investigación, para “crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento”.

En el mismo artículo 40 Bis se especificó que cada institución podía seleccionar la figura jurídica que considerara más apropiada para esas unidades de vinculación, pero no constituirse como entidades paraestatal ni tampoco financiar su operación con recursos públicos. Además, se dijo que las instituciones podían contratar a personal por proyecto para los fines de las unidades.

Aunque varias instituciones crearon unidades de vinculación y otras desempolvaron oficinas preexistentes, pocas se aventuraron a adoptar figuras jurídicas novedosas y todavía menos a celebrar grandes contratos o convenios con el sector productivo. Una de las razones era que no estaba claro cómo proceder con las ganancias derivadas de la actividad desarrollada. 

Entonces, como lo hemos comentado en estas páginas, vino una nueva propuesta de los diputados de la fracción parlamentaria del PRI en septiembre del año pasado para modificar el mismo capítulo de vinculación y particularmente su artículo 40 Bis (Campus Milenio No. 590).
 
La propuesta consistía en incluir no solamente a instituciones públicas de nivel superior, como instancias que podían crear unidades de vinculación, sino también a entidades de la administración pública federal que realizan actividades científicas y tecnológicas, como los institutos dependientes de algunas secretarías de Estado (como los del sector salud) y algunas entidades paraestatales.

Todavía más importante, en el mismo paquete de reforma, los diputados propusieron modificar el artículo 8 de la LFRASP, con el fin de precisar que los servidores públicos de cualquiera de las entidades incluidas (IES, CPI y entidades de la administración pública federal) podían “realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios”.

Sin embargo, en abril de este año, cuando tocó el turno de los Senadores para ratificar o rectificar la propuesta, opinaron que era relativamente restringida, porque solamente hablaba de instituciones de educación superior y la vinculación podía darse en cualquier institución o modalidad educativa (Campus Milenio No. 604).
 
Igualmente, los Senadores opinaron que la modificación al artículo 8 de la LFRASP debía tener menos ataduras y especificar que los servidores públicos solamente “incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las disposiciones aplicables a la Institución”.

Aunque las modificaciones de los Senadores fueron realmente un asunto menor, por procedimiento el dictamen debía regresar a la cámara de origen, así que no fue aprobado en la anterior legislatura. 

Ahora, ya con los cambios que propusieron los Senadores, la iniciativa fue aprobada el pasado 24 de noviembre por 438 votos a favor y cero en contra. Un cambio profundo de la norma, cuyos efectos apreciaremos rápidamente.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 635 Diciembre 10, 2015, p.5)

¿Laboratorio Nacional de Políticas Públicas?

 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

 
En abril de este año, con el anuncio del recorte presupuestal de 900 millones de pesos a Conacyt, parecía que los proyectos de infraestructura en el sector no tendrían lugar o se postergarían, por lo menos así lo dijo en su momento Enrique Cabrero, el titular del organismo. Sin embargo, no todos los proyectos corrieron la misma suerte.

La semana pasada se inauguró el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) ubicado en el Centro de investigación y Docencia Económicas (CIDE). El Laboratorio se presenta como un proyecto novedoso para la atención de problemas considerados de interés público y se localiza en uno de los centros públicos de investigación de creciente influencia en el diseño y evaluación de programas gubernamentales.
 
Según el director de Conacyt, el LNPP será un sitio en el que se ensayarán intervenciones gubernamentales: “ es el primero en su tipo en México, tendrá una visión transdisciplinaria y a través del uso de datos, propondrá soluciones a problemas de carácter público” (Comunicado 114/15).
 
No es gratuito que en la inauguración del Laboratorio estuviera Francisco Guzmán Ortiz, el jefe de la oficina de la presidencia de la República. Por dos razones: una, el funcionario público es egresado de la carrera de economía del mismo CIDE y, dos, tal vez más importante, la oficina que dirige tiene, entre otras responsabilidades, el seguimiento de las políticas públicas y su evaluación para la toma de decisiones.

Fue en el periodo de Vicente Fox cuando se creó la oficina presidencial de coordinación de políticas públicas, precisamente con Eduardo Sojo como primer titular, el ahora director del INEGI y cuyo cargo vence precisamente en este mes. La oficina adquirió notoriedad por el cambio que significó en el diseño de la administración pública, así como por el reconocimiento a las políticas públicas y a su diseño.

Actualmente, la oficina de la presidencia tiene media docena de unidades técnicas con sus respectivos titulares. Algunas de ellas son la coordinaciones generales de Política y gobierno, la de Marca país y medios internacionales, la de Crónica presidencial, así como la Secretaría técnica.

 
En esta administración, el ahora secretario de Educación, Aurelio Nuño, fue el primer titular de la oficina de la presidencia. En esa misma oficina quedó adscrita la coordinación de ciencia, tecnología e innovación. ¿La recuerda? Esa instancia que se creó al comienzo de esta administración en lugar de una secretaría de Estado para el sector y cuyo titular fue Francisco Bolivar Zapata, cargo del que se separó el pasado mes de septiembre para contender por la rectoría de la UNAM. Pero esa es otra historia.

El actual director de Conacyt también es egresado del CIDE, de su maestría en administración pública, institución a la que se incorporó como profesor al poco tiempo y luego dirigió durante ocho años, del 2004 al 2012. En este último año se separó para asumir la dirección del organismo rector de la política científica y tecnológica.
 
En abril de este año, ante el recorte gubernamental de 900 millones de pesos al presupuesto de Conacyt, Enrique Cabrero declaró que se sacrificaría la infraestructura en aras de sostener el programa de cátedras y el programa de becas. En particular, dijo que se detendría “el crecimiento de algunas instalaciones científicas para dentro de uno o dos años, algunos centros públicos de investigación que teníamos pensando impulsar en 2015" (Reforma 13.04.2015).

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año, en el rubro de programas de inversión, aprobado en el 2014 y, desde luego, antes del anunció del recorte, tenía considerado como programa de inversión para el CIDE la “construcción del edificio para actividades docentes y laboratorio de políticas públicas”. Aunque ni en el PEF del 2013 ni en el 2014 apareció la idea de crear tal laboratorio, pero sí la construcción de un edificio.

En el proyecto de inversión de este año, el monto previsto para el edificio del Laboratorio es de poco más 72 millones de pesos, pero con 66 millones en el año previo y otros 79 para el próximo, los cuales sí están programados en el PEF 2016. Es decir, el costo total del Laboratorio estará entre 217 y 224 millones de pesos (según el más reciente programa de inversión del PEF).

Aunque, ahora que se presentó el LNPP se indicó que la inversión conjunta de Conacyt y el CIDE fue de poco más de 100 millones de pesos, cifra que no cuadra demasiado con el monto arriba indicado, incluso descontando la inversión del año próximo que todavía no tiene lugar.

En fin, quedan por resolver algunas interrogantes sobre la operación del Laboratorio, la relación con otros centros e instituciones, así como sobre su financiamiento. Por lo pronto, la inversión en infraestructura se sumará a la meta del uno por ciento del PIB.

 
(Publicado en Campus Milenio No. 634 Diciembre 3, 2015, p.5)