La Secretaría de educación de la Ciudad de México

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

Hace casi exactamente un año, un mes después de los resultados electorales en la Ciudad de México y con un alto nivel de desaprobación a la gestión del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el mandatario realizó un ajuste mayor en su gabinete. Uno de los cambios fue en la Secretaria de Educación (Sedu) capitalina. En julio de 2015 ingresó a la Sedu Alejandra Barrales --sustituyó a Mara Robles que había iniciado con el periodo de la administración-- y hoy, un año después, deja el cargo para tomar la dirección del Partido de la Revolución Democrática.

Aunque los discursos digan lo contrario o sean inexistentes, demos por sentado que el cambio de aquel entonces, el cambio de hoy o cualquier otro, están más pendientes del futuro de las próximas elecciones, más que a las preocupaciones sobre la educación del presente. También dejemos de lado las especulaciones sobre las corrientes partidistas que se benefician o languidecen con los movimientos del gabinete.

El hecho incontrovertible es que la Ciudad de México, como ya lo hemos indicado anteriormente (Campus Milenio No. 645), es la única entidad de la República en la que no se descentralizaron los servicios educativos. A diferencia del resto de entidades federativas, desde hace más de 20 años, el gobierno local no controla ni presta el servicio educativo de educación básica y normal. Aunque cuenta con una ley y sí ha emprendido diferentes programas.

La educación en la Ciudad de México sigue dependiendo del gobierno federal. El gobierno local se hará cargo cuando se acuerde lo correspondiente con el sindicato magisterial, según lo establece el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación. En las negociaciones de la reciente reforma política que cambió el nombre de la entidad no se incluyó el componente educativo, aunque quizás el tema sí forme parte de las discusiones de la próxima Asamblea Constituyente.

¿Cuáles fueron las acciones más sobresalientes de la ahora ex titular de la Sedu en su relativamente breve gestión? Tal vez, aparte de la serie de fotos y acciones distributivas que proliferaron en el periodo, lo relevante fueron algunas modificaciones normativas que resultaron de acuerdos y convenios con diferentes sectores.

Uno de los primeros acuerdos fue el que firmó el jefe de gobierno para ampliar la cobertura en media superior y superior a jóvenes excluidos, participaron diferentes instituciones de educación superior. La idea era integrar una oferta de lugares extra en lo que se denominó “Educación Por Ti”.

El programa sumaba lugares del propio bachillerato de la Ciudad de México (Bachillerato Digital, B@DI; el Bachillerato a Distancia, B@D; y la preparatoria José Guadalupe Posada), instituciones públicas (UNAM con 2 mil cursos de nivelación y otros tantos de formación propedéutica, y el Poli con 2 mil 500 lugares en modalidad no escolarizada) e instituciones particulares (Tecmilenio con 300 becas,  Ibero 500 becas y UVM 300 becas) (Gaceta CDMX. 11.09.2015).

Sin embargo, como en estas mismas páginas lo documentó Roberto Rodríguez,  el programa con las instituciones particulares resultaba controvertido porque las becas otorgadas a jóvenes excluidos eran a cambio de beneficios fiscales. Una especie de voucher educativo sin nombrarlo como tal.

Otra modificación normativa que impulsó la ex secretaria de Educación fue poner en marcha el otorgamiento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Una facultad que estaba prevista en la ley pero que no había ejercido el gobierno de la Ciudad de México. Seguramente  a partir del próximo ciclo escolar se advertirán los primeros resultados de esta modificación.

Una tercera y más reciente modificación, también en el terreno de la cobertura educativa, fue la creación de la Comisión para la Planeación de la Educación Superior de la Ciudad de México (Gaceta CDMX 08.06.2016). Una comisión como las que proliferaron desde los años 70 en las entidades federativas, la de la Ciudad de México integrada por una treintena de representantes (funcionarios capitalinos y del gobierno federal; instituciones de educación superior públicas y privadas) y presidida por la Sedu.

También recordemos que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y los gobernadores de la zona centro se comprometieron a poner en marcha la “estrategia de cero rechazados en la educación superior”. Una iniciativa que requerirá acuerdos entre los titulares de las entidades. Por cierto, al final del mes pasado, cambió de titular la secretaría de Educación del estado de México (Boletín 30.06.2016).

En fin, la principal responsabilidad educativa del gobierno de la Ciudad sigue pendiente y en el corto plazo habremos de advertir qué quedará de las modificaciones normativas, todas ellas secundarias.

(Publicado en Campus Milenio No. 666, Julio 21, 2016, p.5)

UAM: la movilidad efectiva

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

correo: canalesa@unam.mx

Mery Hamui

UAM-Azcapotzalco

mhs@correo.azc.uam.mx

Jóvenes inconformes con el volumen asignado de becas de movilidad cerraron el edificio principal de la Universidad Autónoma Metropolitana, luego tomaron las unidades y ahí se quedaron durante una semana hasta que apareció el rector general y recibieron una respuesta satisfactoria a sus peticiones.

¿Una semana fue poco o mucho tiempo? Sobre todo porque diferir los conflictos se estaba haciendo costumbre y porque los estándares de sensibilidad a las inconformidades han ido siempre a la zaga. Pero el caso de los jóvenes y las becas ilustra algo más que un simple reclamo para demandar mayor apoyo.

Lo obvio es que a la Ciudad de México y a la nación no le hacen falta más protestas y enconos. Mucho menos en las universidades y su propensión catalítica. En estas circunstancias, como ocurrió, la autoridad debía evitar una prolongación del paro de actividades, el escalamiento del conflicto y su probable convergencia con otros movimientos en marcha, como el de oposición a la reforma educativa. Así que lo que al comienzo fue una negativa a las peticiones, pronto fue una afirmación en todos los puntos.

Tampoco es ninguna novedad que los cauces normativos por los que debiera transcurrir la interlocución, la inconformidad o la deliberación, son probada y reiteradamente infructuosos para el ciudadano promedio. Nadie parece estar del otro lado de la ventanilla y si está, cuando más, tomará nota, ignorará lo escrito y pasará al turno siguiente. Por la misma razón, las posiciones de fuerza (como tomar la calle, cerrar un edifico público o enseñar el músculo), inquietantemente, se han convertido en el medio más efectivo para lograr los propósitos, incluso a costa de lo que sea.

La peculiaridad del reclamo de los jóvenes de la UAM fueron las becas. Y, como bien se sabe, uno de los asuntos más sensibles para cualquiera y desde luego también para los jóvenes, es el tema del dinero. Sin embargo, estas becas no eran de apoyo básico (manutención, colegiatura o transporte), sin el cual el estudiante corría el riesgo de abandonar sus estudios.

Las becas eran para movilidad. Esto es, un apoyo que la institución otorga a sus estudiantes de licenciatura o pregrado para que durante un semestre realicen una estancia en otra universidad, sea en el extranjero o en el mismo país. Es la cara más conocida de la movilidad y también de la internacionalización de las universidades.

En la mayoría de instituciones de educación superior nacionales, y especialmente desde los años 2000, se han instaurado diferentes programas para propiciar la movilidad. La UAM no ha sido la excepción e incluso en una de sus unidades, Cuajimalpa, fundada más recientemente, la movilidad es obligatoria para todos sus alumnos

En la UAM, hace menos de una década, aparte de las becas Pronabes, comenzaron a otorgarse becas de movilidad, pero también de excelencia, titulación, servicio social y vinculación, respaldadas por el gobierno federal. El volumen de todas las becas que no eran Pronabes, para toda la UAM, no alcanzaba el millar y las de movilidad ni siquiera figuraban (Informe de labores, 2008: 18).

Al comienzo de la década actual, la misma institución aceptaba que no contaba con un programa institucional para promover la movilidad de sus estudiantes, menos con el respectivo sistema de evaluación y programa de seguimiento entre unidades (Plan de Desarrollo 2011-2014: 23). La proporción anual de sus estudiantes que participaban o habían participado en un programa de movilidad no llegaba al 4 por ciento del total de elegibles.

El asunto es que, y este fue el principal reclamo de los jóvenes para tomar el edificio de la rectoría general el pasado 5 de julio, en la víspera de iniciar la movilidad se enteraron de que no todos los que habían solicitado ese tipo de beca recibirían el apoyo prometido. Según las cifras de los propios estudiantes: solamente 85 estudiantes (16.3 por ciento) de un total de 520 solicitantes serían apoyados (Reforma. 08.07.2016). Por el contrario, las autoridades indicaron que se habían otorgado más bien 345 becas (66 por ciento). En cualquier caso, los jóvenes argumentaron que en el ciclo anterior se otorgaron becas al 96.5 por ciento de los solicitantes

¿Esto quiere decir que la movilidad se está convirtiendo en un asunto de mayor interés para los estudiantes? Si así fuera, sabemos que la movilidad no funciona de forma generalizada ni está al alcance de todos. ¿Qué factores lo están impulsando? ¿Preocupaciones institucionales y personales por una experiencia que rebasa lo académico? ¿Un aventurerismo propio de los jóvenes? ¿Expectativas alimentadas institucionalmente que son incumplibles? A pesar de que la movilidad es el rasgo más experimentado de la internacionalización, todavía ignoramos más de lo que suponemos.

Según las reglas de becas de movilidad internacional de la UAM, a quien cumple con los requisitos de la convocatoria, la institución le otorga apoyo para transportación hasta por 22 mil pesos y además 10 mil 500 pesos mensuales, máximo por cinco meses. Es el mismo tiempo para la movilidad nacional, pero la cantidad mensual baja a 8 mil pesos y el apoyo para trasporte terrestre es de 10 mil pesos. De todas formas, difícilmente se podría extender para todos los alumnos.

En el reciente conflicto, al comienzo, los estudiantes fueron atendidos por la segunda línea de mando de la institución (el abogado general, el secretario general, el coordinador de vinculación), tratando de convencerlos de que no había posibilidad presupuestal para un número mayor de becas.

Los jóvenes no desistieron, exigieron la presentación del retor general, los planteles se fueron sumando al paro de labores y las demandas comenzaron a expandirse (100 por ciento de becas para todos los solicitantes; revisión presupuestal y transparencia en el manejo de los recursos de la institución o incluso, como planteaba el pliego petitorio de la unidad Azcapotzalco, la abrogación de la reforma educativa).

El fin de semana, el rector general, Salvador Vega y León, y los rectores de las cinco unidades académicas, se presentaron a negociar con los estudiantes. Los acuerdos finales fueron: conceder el 100 por ciento de becas de movilidad para todos aquellos jóvenes que cumplieron con los requisitos (son poco más de 500 solicitantes; la UAM tiene poco más 53 mil alumnos de licenciatura); entregar el edificio de la rectoría; y continuar “con el diálogo público y abierto” sobre una agenda conjunta. De hecho, todavía este lunes 11 quedó en suspenso la reanudación de actividades en las unidades Azcapotzalco y Xochimilco.

Un último aspecto que vale la pena resaltar es que el conflicto sobre las becas también podría ser una de las primeras fisuras en los ajustes presupuestales realizados por la Secretaría de Hacienda. A lo largo de este año, la Secretaría de Hacienda ha aplicado dos recortes a Educación Pública, entidad de la que depende el subsidio de las universidades federales, le han restado un total de 10 mil 160  millones de pesos. Un volumen de disminución que ciertamente no puede pasar desapercibido, pero que públicamente no se ha especificado cómo se aplica institucionalmente y exactamente en qué se refleja. Seguramente pronto tendremos mayores evidencias.

En fin, parece que pese a la escasa información sistemática y a la adversidad, literal y metafóricamente, la movilidad sí se está realizando y tal vez habrá más.

(Publicado en Campus Milenio No. 665, Julio 14, 2016, p.5)

¿Una gran escuela en línea?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

Tal vez porque el grave conflicto sobre la controvertida reforma educativa ocupa el centro del debate o quizás porque es demasiado pronto para ponderar cuál será su alcance. El caso es que suscitó poca atención y escaso interés el anunció de la puesta en marcha de una amplia plataforma educativa. Un sitio creado por la Fundación Carlos Slim y presentada por él mismo.

La idea no parece irrelevante, menos si se trata de una iniciativa de un jugador de grandes ligas como Carlos Slim y su habitual sagacidad para los grandes negocios, es una plataforma que ofrecerá contenidos educativos en línea desde nivel primaria hasta maestría.

Slim señaló: “Necesitamos refrescar la educación, hacerla divertida. La tecnología ha permitido que la gente esté comunicada y tenga la oportunidad de acceder al conocimiento. Queremos ofrecer e integrar todos esos cursos en una plataforma educativa donde todos se puedan capacitar” (Milenio Diario 15.06.2016).

La plataforma se denomina “app-prende” (aprende.org) y ofrece contenidos educativos en diferentes áreas de conocimiento, cursos de capacitación para empleo en diversas especialidades, diplomados e incluso la posibilidad de certificación. Además, en el nivel superior permite vínculos con sitios web como Coursera o Udacity, organizaciones que ofrecen los llamados cursos online masivos y abiertos (Mooc, por sus siglas en inglés).

 El director general de la Fundación Telmex, Arturo Elías Ayub, ha dicho que los contenidos ofrecidos por app-prende van de la primaria hasta maestría y son gratuitos. Suman casi un centenar de cursos, más de tres millares de videos y se supone que la plataforma está activa en 147 países. Elías Ayub dijo que: “Es un cambio de paradigma donde la calidad del contenido está 100 por ciento controlada”.

Al parecer, por lo que anunciaron Slim y Elías Ayub, y seguramente es parte del motor de la iniciativa, se alentará la re-utilización de teléfonos inteligentes (“un mercado secundario”) y se potenciará la conectividad en aquellos segmentos de la población que todavía no tienen acceso a Internet. Desde luego, a través de las compañías proveedoras del servicio del mismo Slim.

Es previsible que el proyecto app-prende pueda tener un mayor impulso porque han dicho que se presentará el próximo mes de septiembre a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para que otros países y operadores puedan ser parte de la iniciativa. La UIT es un organismo perteneciente a Naciones Unidas (basado en la asociación público-privada), especializado en tecnologías de la información y la comunicación que agrupa a casi dos centenares  de países y alrededor de 700 entidades del sector privado.

Por ahora no se ve con claridad si el proyecto de la plataforma modificará sustancialmente la forma de prestar el servicio educativo, al grado de competir con el complejo y tradicional sistema escolar presencial, si su impacto será principalmente en el disputado negocio de las telecomunicaciones o si sus efectos se notarán en ambos terrenos.

Ciertamente, los dispositivos tecnológicos y las tecnologías de la información han ingresado velozmente en la vida cotidiana y han modificado nuestros hábitos y costumbres sin apenas percatarnos. Pero, frecuentemente, se pierde de vista que son solamente instrumentos o medios, y se les atribuyen más capacidades y responsabilidades de las que pueden cumplir.

No es la primera vez que Carlos Slim impulsa proyectos sociales, asociados a las telecomunicaciones, y seguramente no será la última. En este caso, lo que llama la atención es la relativa facilidad con la que creó y puso en marcha una plataforma educativa.

En contraste, se advierte la dificultad gubernamental para diseñar e implementar razonablemente bien casi cualquier acción de las que ha planteado, ya no digamos la reforma educativa. Por ejemplo, algo técnicamente similar, como la Universidad Abierta y a Distancia de México, o incluso algo más reciente y más acotado: el Repositorio Nacional.

Sí, el Repositorio es esa plataforma digital para almacenar y preservar información científica y académica financiada con fondos públicos. A la fecha todavía no existe, aunque se supone que desde hace dos años se trabaja en el plan del repositorio y ya debía estar funcionando desde hace un par de meses.

Claro, el gobierno federal y Carlos Slim son jugadores muy diferentes en una misma cancha, como también sus plataformas informáticas son dos proyectos muy diferentes, con organizaciones, finalidades y extensión también distintas. Sin embargo, no pueden dejar de notarse las diferencias en recursos y en capacidades.

(Publicado en Campus Milenio No. 664, Julio 7, 2016, p.5)

Seguro Social: éramos muchos y... le recortarán todavía más

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: canalesa99

"El Instituto Mexicano del Seguro Social está obligado y comprometido a tener una capacidad hospitalaria y de infraestructura para atender potencialmente a esos siete millones de estudiantes", dijo el presidente de la República, Peña Nieto, el pasado 18 de abril.

Es el anunció más reciente sobre la afiliación de estudiantes de niveles medio superior y superior al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Y sí, más o menos desde hace treinta años, está la misma idea.

En junio de 1987, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid y cuando casi estábamos por descender de la cresta de aquella crisis económica, fue el primer acuerdo para incorporar al seguro facultativo (acceso al servicio médico solamente para enfermedades y maternidad) del IMSS a todos los jóvenes de educación media superior y superior de todos los planteles “públicos oficiales” del sistema educativo nacional (Diario Oficial de la Federación 10.06.1987)

Sin embargo, debido a las modificaciones a la ley del seguro social de mediados de los años noventa, se emitió un nuevo acuerdo para incorporar al régimen obligatorio del seguro social, ahora a todas “las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y superior en instituciones educativas del Estado” (DOF 14.09.1998). Es decir, se intercambió la anterior denominación de “planteles públicos oficiales”, por instituciones del Estado. Recordemos que la reforma de esos años, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, modificó el esquema de pensiones y estableció las cuentas individualizadas para el retiro, pero no incluyó el seguro facultativo, por ello se emitió el entonces nuevo acuerdo.

Lo sorprendente es que ni la administración de Zedillo ni las subsecuentes han precisado con claridad el volumen de estudiantes que atienden en esta modalidad. Seguramente, como ocurre con una buena parte de los datos estadísticos nacionales, probablemente la información existe, pero está dispersa en los expedientes de los alumnos en las instituciones educativas y en los inescrutables registros del Seguro Social. Ni para qué tomarse la molestia de difundirlos, si lo importante es decir que ya tienen el servicio.

En términos relativamente vagos, los datos oficiales, solamente han incluido el volumen de gasto por concepto de cuotas y aportaciones, pero ahí también están contabilizados los gasto médicos de pensionados, el seguro para la familia y, claro, el seguro médico para estudiantes.

En el anuncio más reciente, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, indicó que actualmente están afiliados alrededor de tres millones de jóvenes en la modalidad del seguro para estudiantes de nivel medio superior y superior y la meta es “alcanzar los 7 millones de jóvenes en estos niveles educativos”. (El total de jóvenes en los dos niveles suman alrededor de 8 millones 680 mil).

Avanzar en la universalización de los servicios de salud es una acción no solamente importante, también es justa y muy necesaria. El problema es que el Seguro Social tiene lo mejor y lo peor en atención a la salud. En la población, especialmente en la más vulnerable, ha quedado relativamente claro el calvario, lo insufrible y los malos tratos de los niveles primario y secundario de atención a la salud en las clínicas familiares.

Una sobredosis de paciencia y tolerancia en los niveles previos es lo mejor para aguardar la alta capacidad y profesionalización de la atención de tercer nivel en hospitales del Seguro Social. Sin embargo, todo parece indicar que la fatalidad también alcanzó a este último nivel y ya adoptó las mismas prácticas. Las quejas sobre la demencial burocratización y los casos de negligencia medica se multiplican exponencialmente. Unos dicen que son acciones deliberadas del personal para resistir la universalización del servicio.

Lo cierto es que se trata de un sistema de seguridad social sobresaturado que se recargará todavía más y provocará un mayor deterioro en el servicio. Seguramente las recientes movilizaciones de personal médico y de enfermeras lo saben o lo intuyen. La experiencia podría ser similar a lo ocurrido con el sistema educativo: La expansión de la matrícula de los años 80 y 90 se realizó a costa de los salarios de los profesores y sobre la base de la misma infraestructura. Hoy tenemos los resultados a la vista.

La alternativa no puede ser restringir el acceso a los servicios de salud a la población más vulnerable, pero tampoco integrar o profundizar circuitos diferenciados de atención a la salud. Y para colmo, el secretario de Hacienda anuncia un segundo recorte al sector salud por 6 mil 500 millones de pesos, precisamente en el rubro de actividad: “Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona”.

(Publicado en Campus Milenio No. 663, Junio 30, 2016, p.5)