Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No.
700. Abril 6, 2017. págs. 4-5)
La política científica y
tecnológica en México no parece figurar como problema a resolver, se semeja más
a un misterio insondable. Por alguna razón, casi siempre injustificable, tiene
un comienzo prometedor, convincente, racional, persuasivo y cargado de expectativas,
para finalizar con resultados completa y absolutamente decepcionantes. También,
por razones no del todo comprensibles, la temporalidad para resolver varios de los
asuntos del sector, no cuadran con los sexenios, ni con las décadas o los
ciclos de desarrollo; una situación que se repite una y otra vez, más o menos,
desde la misma creación del Conacyt. Desafortunadamente, la actual administración
no ha sido la excepción.
En las páginas de Campus Milenio hemos dado seguimiento a algunas
de las acciones y errores más destacados que se han verificado en el campo
científico y tecnológico, incluyendo este periodo gubernamental. En este último,
lo que hasta ahora son omisiones o promesas incumplidas, cada una, por
separado, no dejan de contar y ser lamentables. Sin embargo, vistas en conjunto,
no solamente nos anticipan que se
producirá la conocida imagen de resultados desencantadores, lo peor es que dan
la impresión de que las acciones puestas en marcha pudieron ser de otro modo.
Sí, con un mejor desenlace, aunque con mayor esfuerzo y dedicación.
Veamos solamente algunas de las
iniciativas más sobresalientes de esta administración que trazan el indeseado e
inevitable panorama.
El uno por ciento respecto al PIB para ciencia y tecnología. Esta
fue la promesa más importante de la actual administración, la que estuvo en el
Pacto por México y quedó plasmada como el compromiso No. 46: “Se dará cumplimiento a la Ley de Ciencia y
Tecnología con el objeto de incrementar el financiamiento para la investigación científica y el
desarrollo tecnológico, a fin de alcanzar, de manera gradual, una inversión del uno por ciento
del PIB. El incremento presupuestal iniciará en el presupuesto 2013. Complementariamente,
se incentivará la participación intensa de los sectores productivos en la
investigación científica” (pág. 12).
La promesa constituyó el primer objetivo del Programa Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti): contribuir a que la inversión
nacional (pública y particular) en investigación científica y desarrollo
tecnológico crezca anualmente hasta alcanzar el uno por ciento del PIB para el
año 2018.
En su momento, parecía que por fin el gobierno de Peña Nieto daría
cumplimiento a lo que establece la ley desde el 2002. Así que en el periodo de
la actual administración la inversión pasaría de 0.45 respecto al PIB que tenía
en 2013 al uno por ciento para el final del sexenio. Las expectativas y el
optimismo se desbordaron.
Y sí, el Presupuesto de Egresos de la Federación en los primeros tres
años de este sexenio fue promisorio y
creciente. Todo bien, pero hasta ahí llegó. A partir del 2015 llegaron los
recortes al presupuesto y para el final de ese año, con la caída de los precios
del petróleo, la inestabilidad de los mercados internacionales y el llamado
presupuesto base cero, el panorama comenzó a complicarse todavía más. Incluso,
el mismo director de Conacyt adelantó que seguramente no se alcanzaría la meta
del uno por ciento y que tal vez se llegaría al 0.8 para el término del periodo
(La Jornada 11.12.2015).
Ahora se ve que ni siquiera alcanzaremos el 0.8 por ciento al concluir
este sexenio. En este año, según la estimación gubernamental, el indicador es
de 0.54 por ciento y no es probable que para el año próximo se incremente para
cumplir lo que no se hizo paulatinamente en los años anteriores. La culpa no es
del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas, se dirá. Ciertamente,
el nivel de inversión puede ser cosa de la baja participación de los
empresarios, el establecimiento de prioridades presupuestales que no coinciden
con las del sector o la inestabilidad del entorno internacional. Sin embargo,
no por ello dejará de ser una promesa incumplida. Además, no toda la
responsabilidad está del lado de los recursos financieros.
El rediseño institucional del sistema.
Aquí se trataba de elevar de rango la política científica y tecnológica a
través de un cambio organizacional importante. Por un lado, esto fue alentado
por la idea de que el organismo rector podría convertirse verdaderamente en una
secretaría más. Una propuesta expesada con cierta insistencia en los tiempos de
campaña de Peña Nieto, respaldada por algunos actores, pero cuya recepción general
fue controvertida y después reformulada. Por otro lado, por los antecedentes
académicos del actual director del Conacyt, Enrique Cabrero, todo parecía
indicar que estaría en condiciones de impulsar una reingeniería institucional, la
cual convertiría al organismo en una entidad más eficaz y más eficiente, capaz
de revolucionar y articular un sistema frágil, disperso y altamente
concentrado.
Sí se modificaron ligeramente las
direcciones adjuntas y se crearon otras instancias menores, aunque no hubo tal rediseño
institucional. Tampoco se advierte que en el plazo restante se pueda llevar a
efecto. El cambio más notable en el sector fue la creación de la Coordinación
de Ciencia, Tecnología e Innovación en abril de 2013. Una instancia vinculada
al ejecutivo federal, puesto que sería dependiente de la oficina de la
presidencia de la República y, según la norma correspondiente, le tocaría fundamentalmente
apoyar las actividades de Conacyt.
El primer titular de la
Coordinación fue Francisco Bolivar, cargo al que renunció en septiembre de 2015
para postularse como candidato a la rectoría de la UNAM. Después, en abril del
año pasado, fue designado como segundo coordinador Elías Micha. Este último era
director adjunto en el Conacyt y antes de ese cargo fue director del Consejo
Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Sin embargo, lo cierto es que, con
uno o con otro directivo, con poco o mucho dinero, la Coordinación no ha
marcado una diferencia en el impulso a las políticas científicas y
tecnológicas. La oficina está cerca del ejecutivo federal; las decisiones en la
materia siguen quedando lejos, muy lejos. De hecho, la Coordinación estuvo casi
un semestre sin titular y públicamente nadie hizo notar su ausencia.
El programa sectorial, la información y las convocatorias. Tal vez
es otro ritmo o temporalidad las que rigen las actividades del sector, pero no
parece tener demasiada importancia lo que dice la norma sobre fechas o plazos a
cumplir. Así como desde el 2002 la ley establece el monto de inversión en el
sector y simplemente no se cumple, lo mismo ocurre con otros aspectos.
El caso del Consejo General de
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación es emblemático.
Es el máximo órgano de gobierno y de política del sector, creado hace 15 años, presidido
por el ejecutivo federal e integrado por los titulares de las secretarías que
tienen más relación con la ciencia y la tecnología. La norma establece que el
organismo se debe reunir por lo menos dos veces al año y extraordinarias las
veces que sea necesario. Algunas de las decisiones clave, como el programa
sectorial y la distribución de los recursos financieros pasan por ese Consejo. Pero
no, desde su creación incumple lo que dice la ley. Lo mismo sigue ocurriendo en
esta administración.
Igualmente, el documento
prográmatico para el sector, el Peciti,
no se publicó en abril de 2014, cuando debió aparecer. En una situación jurídicamente
anómala, el documento se conocía parcialmente, algunas de las medidas se
estaban implementando, sus indicadores eran punto de referencia, pero el
documento simplemente carecía de base legal porque el decreto de ley no se publicó
en tiempo y forma. Al final, apareció hasta el mes de julio de 2014 y, una vez
más, la anomalía careció de importancia.
También pasa con la creación del
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la industria petrolera que
ya debeira estar en operación y no lo está. O bien, con la cuidadosa planeación
del Programa estratégico para la formación de recursos humanos en materia de
hidrocarburos.
Otro tanto ocurre con múltiples procedimientos
y trámites vinculados a los fondos competitivos. Lo mismo pueden ser
convocatorias para proyectos, para respaldo de revistas o para el
fortalecimiento de redes. En algunos casos, las convocatorias se retrasan y en
otros se modifican las bases y se establecen criterios irracionales. O bien, se
plantean gestiones imposibles de alcanzar para ingresar la solicitud; también
sucede que, una vez aprobada la solicitud, se difiere el apoyo y se entrega
cuando está próximo a vencer el ejercicio fiscal. Al final los resultados son
sumamente frustrantes y desalentadores.
La publicación de las estadísticas
oficiales también es otro asunto. Las cifras del sector, completas y
desagregadas, las que se reúnen en el reporte anual (Estado general de la ciencia,
tecnología e innovación) no se publican oportunamente. De hecho, el informe más
reciente es de 2014. A pesar de que la página electrónica del Conacyt contiene
algunos datos, no está la información completa, no es intuitiva y es sumamente
complicado encontrar lo que se busca. Una caracterítica de opacidad que
comparten todas las páginas electrónicas gubernamentales.
El repositorio nacional, el comité de productividad y las cátedras
Conacyt. Finalmente, están las
iniciativas que sonaban muy bien, pero sus logros han sido limitados. Desde el
2014, cuando se modificó el marco normativo para establecer lo que sería el
acceso abierto a la información, Conacyt quedó como encargado de operar el
Repositorio Nacional. Esto es, responsable de concentrar toda la información de
interés social y cultural que se produce en México con fondos públicos, así
como permitir el acceso electrónico a la misma.
La propuesta para establecer un
Repositorio Nacional fue bien recibida. Sin embargo, ponerla en marcha y que
funcione no ha resultado nada sencillo. Otra vez, los plazos que estaban
previstos en la norma se han incumplido y a la fecha los contenidos disponibles
son sumamente limitados y dispersos; en su mayoría corresponden a tesis de
posgrado. Los vínculos electrónicos a los repositorios institucionales de una
veintena de centros públicos de investigación aparecen en la página, el
problema es que nada más no funcionan.
Luego está el Comité Nacional de
productividad (CNP), un organismo presidido por el secretario de Hacienda y en
el que participan otros secretarios, representantes de instituciones
académicas, organizaciones empresariales y el titular de Conacyt. El próximo
mes de mayo cumplirá cuatro años de instaurado, con la misión de proponer
iniciativas en materia de productividad y empleo, así como para sugerir
acciones de coordinación entre difeentes entidades.
Al CNP le ocurre lo mismo que al
Consejo General de Investigación Científica, simplemente no se reúne cuando
debe hacerlo; no ha cumplido con las cuatro veces al año que prescribe la regla
y menos de forma extraordinaria. Tampoco ha sido excepcionalmente activo en la
formulación de propuestas. Únicamente ha
formulado medidas para tres sectores productivos.
Finalmente, la puesta en marcha
del programa cátedras Conacyt. Una iniciativa que generó altas expectativas
laborales en los posgraduados. A partir del 2014, el organismo sectorial,
expide selectivamente nombramientos de confianza a jóvenes investigadores y los
comisiona a instituciones públicas de investigación. El Conacyt se reserva para
sí el papel de patrón, por lo que los jóvenes no son personal académico de las
instituciones.
Independientemente de las
características de la nueva figura laboral en el mercado académico y de las facilidades
u obstáculos que enfrentan los jóvenes comisionados, conviene notar que el
número de cátedras ha disminuido sensiblemente. Si en el primer año se
asignaron más de 500 plazas, en los dos años siguientes se redujeron a poco más
de la mitad. En total, el número plazas asignadas a través de este programa apenas
sobrepasa el millar; una desilusión para los jóvenes.
