Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en la página electrónica del Suplemento
Campus.
https://suplementocampus.com/alejandro-canales-la-ley-el-foro-y-la-participacion-social/.
Julio 23, 2020)
La disputa entre el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y el Conacyt, anotamos aquí mismo
la semana pasada, se finiquitará en los tribunales, pero el asunto desde ahora
tiene importancia para la elaboración de la nueva Ley General de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Una prueba es el avance reciente que
hace Conacyt sobre las características del FCCyT. Si sus rasgos tendrían que
ser definidos en la nueva ley y si, por otro lado, el tema sigue en los
tribunales ¿tiene sentido modificar ya mismo sus bases de integración? No. Pero
lo tendría si lo que se intenta es delimitar cómo debe ser incluido en el
próximo diseño de la ley.
El adelanto se suma a otros
componentes que hemos destacado en este Acelerador
de Partículas. La semana pasada el Conacyt anticipó lo que podría establecer
la nueva ley en materia de participación, al expedir nuevas bases para la
integración del Foro, tomadas por acuerdo de la directora del Conacyt y de la
Mesa Directiva de ese mismo Foro recién instaurado (Comunicado 164/20).
Tal vez a algunos lectores, poco
familiarizados con las múltiples instancias de gobernanza del sistema
científico y tecnológico, no les suene de nada el nombre del FCCyT. De hecho, la
palabra misma de foro remite a una reunión, un sitio o un encuentro de
personas, más que a un organismo o instancia para conducir un sistema.
No obstante, con la denominación
de foro, como organismo, se buscaba dar cabida a la participación de diferentes
actores en la política científica y tecnológica, no solamente a la parte
gubernamental que siempre había capturado el espacio público y tomaba prácticamente
todas las decisiones.
Vale la pena recordar que en la
segunda mitad de los años noventa, la figura presidencial comenzó a perder
brillo y los resultados de las elecciones intermedias 1997 habían modificado la
composición del Congreso de la Unión. El PRI ya no tenía mayoría simple en la
Cámara de Diputados ni mayoría calificada en la de Senadores.
Un escenario que reflejaba el
cambio político paulatino hacia una mayor pluralidad y la presencia de
diferentes fuerzas políticas en el Congreso. En ese contexto cobró mayor ímpetu
el principio de diseñar políticas de Estado, en contraposición a políticas
públicas sexenales o centradas en el ejecutivo federal.
La idea de crear un foro no es de
la ley del sector del 2002, venía desde la norma previa aprobada en 1999. En
marzo de ese año, Pablo Rudomín, entonces presidente del Consejo Consultivo de
Ciencias de la Presidencia, en reunión con la comisión del Senado que elaboraba
el dictamen de aquella ley, expuso frente a los legisladores que el foro era el
componente más importante de esa norma.
Además, mencionó que el foro
requería la participación de todos los sectores del proceso y sería el
instrumento para canalizar “formalmente opiniones y propuestas a las distintas
instancias del Gobierno Federal, y la adaptación oportuna de leyes y
reglamentos conforme a la experiencia y los retos que se vayan presentando”.
En mayo de 1999 quedó incluido en
la ley como Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, desde entonces se constituyó
como “órgano autónomo de consulta” del poder ejecutivo, con participación
voluntaria y honorífica de los sectores social y privado, así como con garantía
de un apoyo necesario para su funcionamiento (artículo 25). Por cierto, en esa
misma ley fue instaurado el programa del sector como programa especial
(Peciti), el cual ahora sigue sin aparecer.
Después, en la reforma del 2002, cambió
a FCCyT (la denominación que hasta hoy conserva), aglutinó funciones de
diferentes órganos (como el entonces Consejo Consultivo que tenía Conacyt),
amplió su actividad de órgano de consulta al Consejo General, a la Junta de
Gobierno del Conacyt e incluso al poder legislativo federal.
En la Cámara de Diputados, sobre
las características que tendría el nuevo Foro, en el dictamen de la comisión al
proyecto de ley, se anotó que se integraría de forma plural, regionalmente
equilibrado, “internamente organizado, con comités especializados y una mesa
directiva compacta que asegure su eficaz funcionamiento; que cuente con un
coordinador y un secretario técnico a efecto de que apoye permanentemente la
operación del Foro, y otorgamiento por parte del Conacyt de los apoyos
logísticos y administrativos para el eficaz funcionamiento del Foro”.
Luego vinieron las modificaciones
a diversos ordenamientos secundarios para que el Foro cumpliera las funciones
encomendadas en la ley, así quedó durante 18 años, hasta que en este periodo
vino el conflicto y la semana pasada, sin existir una nueva ley para el sector,
se expidieron nuevas bases para la integración del Foro.
Tal vez la normatividad del
ámbito científico y tecnológico no pinta mucho en la arena política más grande,
ocupada como está por la emergencia de la pandemia, la seguridad pública, el desarrollo
económico, las controversias constitucionales y tantos otros. Sin embargo, el
orden legal debe prevalecer en todos los ámbitos, a menos de que, en
definitiva, la seguridad jurídica dejó de serlo, la participación social es
totalmente prescindible y las políticas simplemente retornaron a la esfera
gubernamental.
