Ciencia y Tecnología. Fallas de origen en el 2020

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 881. 24.12.2020--)

 

El 2020 quedará marcado como el año de la pandemia en todo el mundo. En México, a punto de concluir el año, aunque a la Covid-19 todavía no se le ve el fin, quedarán para el registro tres graves deficiencias en el terreno de la política científica y tecnológica. Fallas que acaso muestran que no todo se puede atribuir a la alteración que causó el coronavirus.

 

Una de ellas, lo hemos dicho una y otra vez, es la inexistencia del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2020 – 2024 (Peciti). No es un programa cualquiera, es el documento norte que conduce a todo el sector, porque ahí deben estar los grandes objetivos para el periodo de gestión, las propuestas estratégicas de cada administración y, más importante, las acciones a poner marcha para alcanzar sí o sí metas autoimpuestas. Legalmente no existe.

 

Aunque, podría aventurarse, para qué elaborar un programa si la contingencia sanitaria necesariamente cambia cualquier plan o programa. No es el caso. El Peciti debió estar publicado en enero de este año, cuando todavía no teníamos noticia del coronavirus, ni siquiera imaginábamos lo que vendría después, así que ni cómo trasladarle la responsabilidad a la pandemia.

 

¿Entonces por qué no hay Peciti? La directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, ha dicho que el programa fue aprobado por los órganos de gobierno del propio Conacyt, la misma titular del organismo realizó presentaciones con legisladores y organizaciones de su supuesto contenido, pero nunca fue presentado ningún documento y menos publicado. Inexplicable.

 

Transparencia dice que el Peciti está en la Secretaría de Hacienda, así que ni siquiera está en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la instancia previa a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El programa no solamente es el documento rector de la política científica y tecnológica, también es el instrumento para distribuir los recursos entre Conacyt (ramo 38) y todas las secretarías que también realizan actividades en el sector. Un año después no existe.

 

Una segunda falla es la norma del sector. La reforma del artículo 3º constitucional de mayo de 2019 estableció en artículo transitorio que debía emitirse una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en diciembre de este año. El problema es que, a punto de vencer el plazo, no hay ley y tampoco un proyecto registrado.

 

Aquí mismo, hace algunas semanas, dijimos que tal vez lo mejor sería aplazar la aprobación de la nueva ley, en lugar de improvisar o imponer una norma insatisfactoria. Lo raro es que, justo el penúltimo día del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, la directora del Conacyt anunció un anteproyecto de ley aprobado por el Consejo General.

 

No obstante, como si nada hubiera ocurrido, porque oficialmente no se presentó ningún documento y mucho menos se ingresó proyecto alguno en el Congreso. Tampoco estuvo a disposición pública ni se habilitó ningún sitio electrónico de consulta. Lo más sorprendente es que circula ampliamente un anteproyecto de ley sin firma pero con logotipos oficiales, el cual presuntamente fue elaborado por Conacyt. El organismo no ha dicho ese documento es mío.

 

Lo único cierto es que, oficialmente, no hay un anteproyecto de ley y la falla más grave es el incumplimiento con lo indicado en la Constitución. No será la primera vez, pero es perturbador que no fue suficiente un año y medio para cumplir la encomienda y tal parece que las omisiones legales se están volviendo costumbre. Y pues no, la pandemia tampoco tuvo qué ver.

 

Por el contrario, la pandemia sí tuvo intervención en la tercera falla. ¿Recuerdan el compromiso de Conacyt sobre los ventiladores y la cúspide de la pandemia?  El 24 de abril, la directora de Conacyt en la conferencia de prensa sobre el informe diario del coronavirus dijo: “El reto concreto que nos planteó el presidente de la República es lograr tener al menos la producción de 700 equipos de ventiladores mecánicos para el 15 de mayo”. Era la fecha prevista de los picos epidémicos y por ese entonces no imaginábamos que llegaríamos a los números que tenemos hoy.

 

Una vez transcurrido el plazo, nuevamente en conferencia de prensa, Hugo López Gattel, el subsecretario de salud, reconocía que no se contaban con los ventiladores y tampoco sabía cuando estarían listos. Y puntualizó: “la necesidad aguda que estos ventiladores iban a cubrir quedó cubierta antes por la adquisición de otros varios ventiladores que hemos estado anunciando y que se han comprado no solamente en China” (17.05.2020).

 

Los primeros ventiladores estuvieron listos dos meses después de lo previsto. Actualmente no hay información disponible sobre su número y distribución en hospitales, pero ya estamos ahora sí ante una emergencia sanitaria de proporciones mayúsculas, así que el tema retornará a la opinión pública y las fallas serán inocultables.

 

En última instancia, el mayor problema con las distintas fallas no es el incumplimiento o los retrasos, lo lamentable es la evidente desorientación entre el punto de partida y el de llegada, la revelación de improvisaciones para planear y obtener resultados. Claro, si no existen coordenadas para conducir el sistema científico y tecnológico, las fallas serán lo recurrente. ¿El año próximo será distinto? No, desafortunadamente.

 

Pie de página: Ya, que se acabe el 2020.

Instrucción presidencial sobre el glifosato

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 880. Diciembre 17, 2020. Pág. 4)

 

Víctor Toledo renunció al gabinete de López Obrador en agosto pasado y Alfonso Romo se fue al comienzo de este mes. Ambos fueron protagonistas de la disputa por el uso o prohibición del glifosato. Su salida de la administración no está asociada, en sentido estricto, a sus posiciones sobre el agroquímico, pero sí refleja los desencuentros entre las dependencias gubernamentales y, sobre todo, la importancia de fundar técnicamente las decisiones.

 

Las dificultades entre integrantes del gabinete se preveían desde el comienzo de la actual administración, como aquí mismo lo hicimos notar (Campus No. 759). Unos funcionarios eran férreos detractores de los transgénicos –el glifosato es ampliamente utilizado en la agricultura y en las semillas genéticamente modificadas-- y otros sus partidarios declarados.

 

El presidente López Obrador encabeza a los primeros y el rechazo a las semillas transgénicas fue parte de sus compromisos que anunció desde el primer día de su mandato (compromiso número 74). La directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla secundaba la misma posición, lo mismo que Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, primera titular de la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y más abiertamente Víctor Toledo, el segundo titular de la misma secretaría.

 

Por el contrario, nada menos, Alfonso Romo, el que fue Jefe de Oficina de la Presidencia, no solamente era o es un simpatizante de los transgénicos, también tiene interés empresarial en el mejoramiento genético de las semillas. Una simpatía por la biotecnología que también comparte Víctor Villalobos, actual secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

 

En agosto de este año, tras un periodo de aparente coexistencia pacífica sobre el tema en el gabinete, el entonces titular de la Semarnat exigió a través de Twitter una disculpa pública a su homólogo de la Sader porque, sin tomarle parecer, había ingresado un anteproyecto de decreto presidencial para la regulación del glifosato y no prohibía el maíz transgénico. El anteproyecto, dijo Toledo, era contrario a las instrucciones del presidente.

 

El tuit con la solicitud de disculpa fue retirado de la red y lo mismo ocurrió con el anteproyecto de decreto que estaba en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Sin embargo, el conflicto sobre el glifosato exhibió públicamente las diferencias en el gabinete. El propio López Obrador, después de la renuncia de Toledo, tomó la decisión de no emitir el decreto y ofreció una alternativa al problema.

 

López Obrador anunció: “No, no se va a publicar, no se va a publicar, porque la instrucción es que no se utilice ese agroquímico en el gobierno, en actividades del gobierno, y que Conacyt lleve a cabo una investigación para buscar la manera de sustituirlo que, como es indispensable y no hay alternativa en el mundo para que se pueda desechar por completo ese agroquímico, se está limitando -eso fue lo que acordamos- el volumen de importación” (Versión estenográfica 19.11.2020).

 

Y, efectivamente, desde el pasado 9 de diciembre, el portal de la Conamer ya tiene un nuevo decreto para regular el uso del glifosato que esencialmente precisa lo que dijo López Obrador. Por ejemplo, el periodo de sustitución total del herbicida se prolongará hasta el 31 de enero del 2024. Es decir, casi un año antes de que concluya funciones esta administración.

 

También prohíbe la utilización del glifosato en el marco de las acciones y programas de gobierno, al mismo tiempo que instruye a la Sader, Semarnat y Conacyt a buscar alternativas de otros agroquímicos. Además, el organismo científico será el encargado de emitir “recomendaciones anuales para las autoridades competentes que les permitan sustentar, en su caso, la cantidad de glifosato que autorizarán a los particulares para su importación”.

 

La salida al diferendo no está mal, pero no es suficiente. Una prohibición tajante del herbicida, y de aplicación inmediata, hubiera traído graves daños a la agricultura, la industria alimentaria y repercusiones negativas en múltiples ámbitos. En cambio, postergar la decisión para buscar un agroquímico sustituto debe ofrecer argumentos públicos razonables y técnicamente fundados.

 

Los asuntos controvertidos, como los transgénicos o el uso de ciertos agroquímicos, sobre los que existen evidencias positivas y negativas, no pueden decidirse por anticipado o de forma unipersonal o improvisada. Estos temas demandan máxima publicidad, argumentos convincentes y basados en el conocimiento.

 

En fin, el decreto presidencial está en la fase de recibir comentarios en el portal de la Conamer y todavía no está vigente. Lo notable es que todas las opiniones que ahí ha recibido son favorables a la utilización del glifosato. ¿La autoridad las ignorará? Seguramente, pero no debiera.

 

Pie de página: Incomprensible. Un mes después de anunciar que no se renovarían los convenios que amparaban a los miembros del SNI de las instituciones particulares, ahora un críptico comunicado de la autoridad dice que mejor sí continuarán con un “carácter novedoso”. // Concluyó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y quedó incumplido el artículo sexto transitorio de la reforma del artículo 3º constitucional. No hay Ley General de Educación Superior y tampoco Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ciencia yTecnología. ¿Capacidad, honradez o austeridad en la administración?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 879. 10.12.2020--)

 

Los ajustes en la primera línea de mando del actual gobierno han tenido y siguen teniendo amplia resonancia mediática. Sin embargo, es posible que los cambios en el segundo eslabón de la cadena jerárquica tenga consecuencias mayores, lo sorprendente es que a partir de ese nivel, hacia abajo, todo queda perdido en el insondable laberinto de las estructuras internas de las dependencias.

 

Desde hace más de una semana se especuló en redes sociales sobre la renuncia de María del Carmen de la Peza, directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt, pero oficialmente no hay ningún comunicado al respecto. Incluso, todavía este 8 de diciembre, seguía sin aclararse institucionalmente la información correspondiente.

 

No obstante, desde el jueves de la semana pasada, una nota de Fanny Miranda del periódico  Milenio (03.12.2020) precisó que el Conacyt había confirmado la renuncia al cargo de De la Peza desde el 1 de diciembre y que sería sustituida por Lucía Mantilla de la Universidad de Guadalajara. De todas formas, los canales institucionales permanecieron en silencio.

 

En realidad, los cambios en las posiciones administrativas de las oficinas gubernamentales no tienen nada de extraordinario, ocurren todo el tiempo, sea por razones personales (y la “enfermedad” es la causa más frecuente) o por evidentes desacuerdos laborales. Aunque una reiterada rotación administrativa es síntoma inequívoco de que algo no funciona nada bien en la primera línea de mando.

 

En este mismo espacio hemos comentado sobre la profesionalización de los servidores públicos. Y sí, los titulares de las oficinas gubernamentales deben rodearse de subordinados muy capaces y de toda su confianza.  Sin embargo, en el actual periodo gubernamental, las calificaciones y la alta especialidad de las personas son atributos prescindibles. El mismo presidente de la República dijo que lo principal es: “99 por ciento es honestidad, uno por ciento es capacidad” (versión estenográfica del 13.08.2020).

 

La probidad, la eficiencia y la capacidad en los servidores públicos no son características excluyentes, una misma persona bien pueden reunir todas las cualidades y garantizar una gestión administrativa efectiva. Por el contrario, un personal honrado a toda prueba pero sumamente incapaz, seguramente colapsará el servicio público y los resultados estarán a la vista. “Incapaz pero honrado”

 

Los trabajadores al servicio del Estado tienen múltiples clasificaciones y una primera es dividirlos entre los de confianza y los de base (artículo 4 de la LFTSE). Los primeros incluyen a los funcionarios de alto nivel, como son los titulares de las dependencias gubernamentales o los que tienen un cargo de elección popular; también a los funcionarios que por su posición jerárquica tienen capacidad de decisión (mandos medios y superiores) y van de unidades departamentales hasta subsecretarios. Por su parte, los segundos, los de base, serían los empleados que son el apoyo de los dos anteriores, pero que no tienen capacidad de decisión.

 

La actual administración ya cumplió dos años de ejercicio y han sido muy sonados lo cambios de primer nivel: Hacienda, Imss, Semarnat, Indep, Oficina de la Presidencia o Economía. Sin embargo, los cambios en el segundo nivel (mandos superiores) han sido más numerosos y más bien han pasado desapercibidos. Desde el inicio del periodo gubernamental se redujeron el número de subsecretarías en las dependencias y el decreto de austeridad del pasado mes de abril añadió la cancelación de una decena más. Una fuerte sacudida en toda la administración.

 

Todas las dependencias, incluyendo organismos descentralizados, como sería el caso de Conacyt, han reducido o modificado su estructura administrativa. El organismo, por ejemplo, tenía seis direcciones adjuntas (son la segunda posición de mando) y una oficialía mayor. Según su nuevo estatuto orgánico solamente conserva dos direcciones adjuntas, cuatro unidades y tres coordinaciones. Es decir, disminuyó el nivel de sus diferentes instancias.

 

Además, los cambios de funcionarios en el Conacyt han ocurrido casi desde el comienzo del periodo. Seguramente usted recuerda los escándalos mediáticos por los nombramientos en la subdirección de comunicación del organismo, también en la coordinación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) o la renuncia de dos directores adjuntos en los primeros meses.

 

A la inestabilidad en las posiciones cabría añadir las restricciones impuestas por las medidas de austeridad republicana. El decreto correspondiente planteó que los mandos superiores no recibirán aguinaldo, tendrán una reducción de su salario de 25 por ciento y las dependencias limitarían en 75 por ciento el ejercicio de las partidas de gasto de servicios generales  y materiales y suministros (23.03.2020).

 

Una combinación de factores que no favorece en nada el servicio público eficaz y eficiente. Así que tal vez tendremos funcionarios austeros y honrados, pero sin resultados o completamente adversos.

 

Pie de página: El 2do Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum tiene un apartado que dice:  “Formulación y revisión de iniciativas de leyes, decretos y acuerdos de la Administración Pública de Ciudad de México” (p. 781). No incluye nada sobre una ley de educación y menos de ciencia y tecnología. Raro, muy raro. // Ahora Conacyt se atrasó con la entrega de apoyos a sus  becarios, hace una semana fue con los incentivos del SNI. Advertidos.

Ciencia y Tecnología. El noveno, dos años después

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 878. Diciembre 3, 2020. Pág. 4)

 

El primero de diciembre de 2018, cuando todavía no asomaban los barruntos de la actual pandemia y todo era expectativa con el inicio de la actual administración, en la principal plaza pública de México, el presidente López Obrador enumeró 100 compromisos de su gobierno. Ahora, una vez transcurrido el primer tercio de su periodo y con el inescrutable coronavirus a cuestas, el panorama es algo distinto.

 

Al menos el recorrido de las actividades científicas y tecnológicas no siguen una carta de navegación legible. Aquel primer día de gobierno, el ejecutivo federal anunció como noveno compromiso: “Se promoverá la investigación científica y tecnológica; se apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El CONAHCYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas”.

 

¿Se ha promovido la investigación científica y tecnológica? Los instrumentos que permitían el desarrollo de proyectos entre las diferentes dependencias gubernamentales y los distintos órdenes de gobierno ya no existen más. Al eliminar los fideicomisos también quedaron sin materia los fondos sectoriales, mixtos e institucionales. El presupuesto para Conacyt, a pesar de la promesa del ejecutivo federal de agosto de 2018, de que no habría un presupuesto por abajo de la inflación, para 2019 y 2020 sido inferior y también lo será para el año próximo.

 

En el ámbito de la investigación básica, de frontera ahora le llaman, las autoridades del sector informaron que decidieron financiar proyectos que fueron aprobados por la administración anterior, pero que no recibieron recursos. La suma de lo asignado en este rubro en los dos primeros años de gestión (2 mil 136 millones), dice la directora del Conacyt, Álvarez Buylla, ya casi es equivalente a lo que destinó el gobierno anterior en los seis años de su periodo (2 mil 936). Al final, los montos y su distribución serán inocultables.

 

Sin embargo, lo que ha ocurrido con la investigación tecnológica no es nada claro. La dirección del Conacyt no tiene ningún interés en alentar el desarrollo tecnológico como se venía haciendo. Lo grave es que el planteamiento alternativo de una “tecnología disruptiva, avanzada e intermedia”, lo mismo que el rescate de “tecnologías ancestrales”, tampoco ofrecen ninguna certeza.

 

También ha sido evidente la reticencia a la vinculación con el sector privado para fomentar el desarrollo tecnológico. Seguramente, como en las diversas áreas de la administración pública, el gobierno actual busca diferenciarse de gobiernos anteriores. No está mal. El problema es que no está a la vista qué estrategia sustituye lo anterior y muy difícilmente habrá buenos resultados sin desarrollo tecnológico.

 

¿Se apoya a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento? No especial ni destacadamente. A trancas y barrancas, como pueden dar testimonio los becarios de movilidad y los de posgrado en el extranjero, los apoyos casi arañan lo alcanzado en 2018 (ahora son unas 800 becas menos). Los incentivos para los investigadores del SNI se sostienen para las instituciones públicas, pero no para las del sector privado. Y, precisamente, para los primeros el depósito mensual correspondiente se demoró unos días la semana pasada.

 

Sin embargo, en su discurso del pasado 1 de diciembre, el presidente López Obrador dijo que habían “aumentado en siete mil 200 las becas de posgrado e investigadores”. No está claro en qué proporción unos y otros, pero no se corresponden con las cifras de su segundo informe de gobierno. Habrá que esperar las cifras definitivas.

 

¿El “CONAHCYT” coordina un Plan Nacional para la Innovación? En primer lugar, todavía no existe un organismo con ese nombre, la ley general que debería normar la denominación del organismo no está lista y ni siquiera se conoce su proyecto. A más tardar el último día del año debe aprobarse. No obstante, un año y medio no ha sido suficiente para diseñarla y seguramente tampoco los será este mes de diciembre.

 

El Plan Nacional para la Innovación (PNI), dice el Conacyt en su programa institucional, parte de un ecosistema que evoluciona de un modelo de triple hélice (academia, industria y gobierno) a otro de pentahélice que añade a la sociedad y al ambiente. Un PNI que impulsará el bienestar, el desarrollo sustentable, la horizontalidad y la equidad, dicen las autoridades. No obstante, más allá de los efectos retóricos del plan que se planteó en el programa institucional en este año, no se aprecian las estrategias y menos sus resultados.

 

El presidente López Obrador, en su discurso del segundo informe de gobierno, sobre el centenar de compromisos formulados, dijo que 95 ya se han cumplido, así que asume que ya logró lo fundamental, poco queda por definir y pendientes por cumplir.

 

En materia científica y tecnológica, es al contrario, casi todo está por definirse. El primer tercio de gobierno no ha sido el mejor para este sector. Esperemos que, en el tiempo restante, otros sean los resultados para el noveno compromiso.

 

Pie de página: La reforma en marcha del artículo 81 de la Ley General de Salud para facultar exclusivamente a la SEP para la expedición de cédulas de especialidad médica tendrá efectos notables en la formación de estos profesionales. Ya está aprobada por los Senadores, faltan los diputados. Pendientes.

Ciencia y Tecnología. ¿Cuánto dura una curva de aprendizaje?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 876. Noviembre 19, 2020. Pág. 4)

Un par de semanas más y la actual administración cumplirá dos años. El periodo ya alcanza el primer tercio del actual ejercicio gubernamental y a estas alturas, cuando es la hora de los primeros resultados más que de intenciones, lo inquietante es la reiteración de equívocos en la administración pública y especialmente en el sector científico y tecnológico.

 

En el periodo de transición del 2018, precisamente en el sector científico y tecnológico, se mostró la primera fisura entre la administración anterior y la actual. Un primer exabrupto en lo que parecía un terso proceso de entrega – recepción. Los protagonistas fueron las autoridades del Conacyt de entonces y la doctora Elena Álvarez Buylla, representante del equipo de transición en el área.

 

¿Usted recuerda el episodio? Fue al final del mes de septiembre de 2018, a propósito de la solicitud de la doctora Álvarez Buylla de cancelar toda convocatoria pública del Conacyt que comprometiera recursos para el año siguiente. Una iniciativa que era poco sensata; becarios e investigadores no tardaron en manifestar su preocupación. Unos días después, en respuesta abierta, el entonces director del organismo, Enrique Cabrero, expresó que las convocatorias en proceso seguirían su marcha y la transición sería eficaz y ordenada.

 

Después, siguieron aclaraciones ríspidas entre funcionarios y equipo de transición, pero todo parecía indicar que había sido una escaramuza pasajera, propiciada por la inexperiencia  en el quehacer administrativo. Lo sorprendente es que ahí no terminaron los desencuentros, casi dos años después, en la reciente eliminación de los fideicomisos del sector, los protagonistas regresaron a la arena pública a refrendar las afrentas. Las disputas y los desaciertos siguieron.

 

Una punta es el tipo de decisiones y otra es la de los inocultables errores. Estos últimos, en la administración, son una muestra de la insuficiencia de las normas para conducir el comportamiento burocrático. Una dificultad que estaba antes y hoy sigue presente. Desde hace más de 15 años, cuando se promulgó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se ha intentado consolidar la profesionalización de los servidores públicos, igualar las oportunidades de acceso a la función pública con base en el mérito y mejorar las políticas públicas.

 

No obstante, la integración de los equipos gubernamentales sigue la impronta del grupo político, la confianza personal, la lealtad, el espíritu de cuerpo, más que la especialización o las calificaciones técnicas y profesionales. Difícil, muy difícil una burocracia racional, con  jerarquía administrativa rigurosa, técnicamente competente, profesionalmente calificada, con actividades claramente delimitadas, sin apropiación personal del cargo, con una perspectiva de ascenso por años de servicio y con sueldos decorosos.

 

Así que al comienzo, como generalmente ocurre en cada cambio de gobierno, los cuadros de primer nivel e incluso mandos medios y técnicos, comienzan su aprendizaje como servidores públicos. Incluso, como ha sido evidente, en los primeros meses de ejercicio, los errores en las decisiones o en los procedimientos se ven con un dejo de normalidad: es la curva de aprendizaje.

 

Sin embargo, cabría suponer que transcurrido un tiempo breve y superado el ensayo y error, el nuevo equipo de gobierno alcanza un funcionamiento relativamente óptimo. El problema es que las fallas se han repetido una y otra vez. Y no, ni siquiera se trata de decisiones controvertidas, basadas en principios de gobierno, como podría ser el cambio en las normas, el papel del sector privado o los instrumentos de conducción del sector.

 

El simple trabajo rutinario de procedimientos y planeación de actividades ha requerido de innumerables desmentidos, aclaraciones y rectificaciones una y otra vez. Ahí está el programa especial, el plazo de fabricación de ventiladores o las convocatorias de becarios. O bien, el nombramiento de subordinados, la operación de comités, la división de áreas de conocimiento, la solicitud de donativos a miembros del SNI o el correo electrónico notificando un cambio sobre el seguro de gastos médicos mayores.

 

Lo sorprendente es que el Conacyt, organismo altamente especializado y asesor en políticas científicas y tecnológicas, prescinda de cuadros altamente profesionalizados y competentes. Nada menos: la improvisación en la institución del conocimiento. El hecho viene a confirmar la apreciación que ha reiterado el ejecutivo federal: “no tiene mucha ciencia gobernar”.

 

El mismo presidente López Obrador ha dicho: “Yo tengo que echar mano de instituciones y de servidores públicos honestos, porque eso es lo principal; 99 por ciento es honestidad, uno por ciento es capacidad, porque hay unos que están graduados hasta en el extranjero, como los hijos del padrino que los mandaba a estudiar a las universidades del extranjero; saben mucho, pero no son honestos” (13.08.2019).

 

Puede ser, pero no son cualidades incompatibles, existen servidores públicos íntegros y muy capaces. Sin embargo, tal parece que ahora tendremos curvas de aprendizaje de personas honestas, aunque la curva podría dilatarse todo el sexenio.

 

Pie de página: 26 mil 573 millones para Conacyt en el año próximo, casi lo mismo que recibió en este año. ¿Los recursos de los fideicomisos se esfumaron?

Conacyt y el reloj legislativo

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 875. 122.11.2020--)

 

La normatividad vigente dispone que el Conacyt sea la entidad rectora de las políticas científicas y tecnológicas en México. ¿Un inminente cambio en su regulación podría desbancarlo de ese papel? Seguramente no. Tal vez conservaría su relevancia como cabeza de sector, pero sí tendría repercusiones en su desempeño.

 

A lo largo de las últimas tres décadas --un periodo de alternancia, continuidad y cambio en el poder ejecutivo federal--, se fueron añadiendo una serie de reglas y normas para la operación del organismo y del sistema científico y tecnológico.

 

En general, los dispositivos normativos apuntaron a otorgar mayor autonomía y capacidades técnicas y políticas al Conacyt. Por ejemplo, ahí está la creación de un ramo de gasto propio en el presupuesto del gobierno federal y la instauración de un programa especial –en lugar de uno sectorial— para encabezar las acciones de todas las dependencias gubernamentales. O bien, la puesta en marcha de instancias y órganos de participación y de articulación.

 

Al mismo tiempo, sin embargo, las normas mostraron sus limitaciones y dificultades. La escasa funcionalidad de su máximo órgano de gobierno o coordinaciones e instancias irrelevantes, por ejemplo. Lo mismo que un esfuerzo insuficiente en materia de descentralización de las actividades científicas y tecnológicas, resultados por abajo de lo esperado, o bien, participación desigual de los sectores público y privado.

 

Si ahora, a raíz de la reforma del artículo 3º constitucional del año pasado, estamos frente a la posibilidad de instaurar un nuevo ordenamiento para regular la actividad científica y tecnológica, vale la pena recuperar lo que claramente se muestra como un avance y evitar los errores que arrastra el marco normativo.

 

La tarea no es sencilla de resolver. En primer lugar, está el plazo para emitir la nueva ley general. En mayo de 2019, cuando se publicó el decreto de reforma constitucional y quedó establecido el mes de diciembre de 2020 como fecha límite para hacerlo, un lapso de un año y medio parecía más que suficiente para diseñar y acordar por consenso una norma plenamente satisfactoria.

 

Lo inexplicable es que transcurrieron los meses y como si nada. Todavía, cuando estamos por alcanzar el límite de tiempo, no hay ningún proyecto de ley en el Congreso de la Unión. La autoridad del sector, salvo filtraciones que desconoció hace más de un año,  tampoco ha adelantado ninguna versión preliminar ni nada parecido. Solamente algunas organizaciones como Prociencia y la Rednacecyt han presentado iniciativas al respecto.

 

El Congreso bien puede darle trámite a una nueva ley en el tiempo que resta, por algo tiene mayoría la fracción parlamentaria del partido gobernante, pero seguramente sería una discusión atropellada, enfrentaría una amplia resistencia y probablemente la norma resultante no sería satisfactoria para ninguno de sus destinatarios. ¿Tiene caso una norma que antes de entrar en vigor es rechazada? La reforma educativa del 2013 es ilustrativa a este respecto.

 

En segundo lugar, no está claro si Conacyt contará con un mayor y mejor presupuesto para desempeñar su papel. En la ley vigente se le reconoce como organismo descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica y cuya función es asesorar al ejecutivo federal para articular las políticas públicas en la materia.

 

Sin embargo, el presupuesto central del organismo sigue siendo menor, en términos nominales y reales, al que ejercía antes de iniciar la actual administración. El presupuesto para el año próximo seguirá la misma tendencia: están considerados 26 mil 573 millones de pesos y es prácticamente equivalente al de este año (en términos reales). Así que, después de todo, la eliminación de los fideicomisos no se verán reflejados en un incremento o mayor control del presupuesto.

 

En tercer lugar, con excepción de un control centralizado de un presupuesto menguante, tampoco se advierte qué capacidades e instrumentos podría desplegar el organismo para asumir su responsabilidad como cabeza de sector. No es menor, pero es insuficiente. El programa especial que debía estar en marcha para conducir los esfuerzos en la materia de las diferentes secretarías de Estado, simplemente es inexistente. A pesar de que en algún punto la autoridad dijo que el programa estaba aprobado por su Consejo General, a la fecha no se conoce ningún documento.

 

El organismo tampoco cuenta con los fondos sectoriales y mixtos –se fueron junto con los fideicomisos— y eran los instrumentos que orientaban las acciones en conjunto con las diferentes secretarías de Estado y con las entidades federativas. Además, las líneas de comunicación y entendimiento con organizaciones e instancias del sector no pasa por su mejor momento.

 

Finalmente, añadamos que la nueva ley general no solamente debe considerar competencias y responsabilidades del Conacyt, debe tener como referente principal la regulación del sistema nacional de ciencia y tecnología. En estas circunstancias, al cuarto para las doce, no parece probable intentar la aprobación de la nueva norma y tal vez ni siquiera sería deseable. El reloj de los representantes populares es diferente del reloj de sus representados.

 

Pie de página: A falta de fondos sectoriales, el Conacyt celebra convenio marco con la Secretaría de Cultura. Aunque el documento requiere previa notificación a su órgano de gobierno.

Elecciones en EU. México no tendrá “cooperación subordinada”

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 874. Noviembre 5, 2020. Pág. 4)

 

A partir de los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos se redefinirá, seguramente, la política y la cooperación internacional en esta tercera década del siglo XXI. En el caso de México ¿sostendrá el mismo vínculo en materia científica y tecnológica con Estados Unidos o se modificará notablemente?

 

La relación cambiará, pero poco o nada tiene que ver con el desenlace electoral del país vecino, es una decisión anticipada.

 

Tal vez cuando usted lea este texto ya conozca el saldo de la contienda electoral, lo escribo en las vísperas de los comicios, cuando las encuestas marcan claras diferencias a favor del candidato demócrata Joseph R. Biden, respecto del republicano y todavía presidente Donald J. Trump.

 

Sin embargo, por el sistema de elección indirecta estadounidense y como fue claro en la contienda de 2016, las encuestas no necesariamente muestran lo que al final ocurrirá. En cualquiera de los casos, el resultado de las elecciones estadounidenses marcará una diferencia para el mundo, sea porque se profundizarán inconcebibles iniciativas en marcha del actual mandatario o porque intentarán girar 180 grados si gana Joe Biden.

 

No todo está por definirse en el marco nacional. La relación comercial de Estados Unidos, Canadá y México, desde fines del año pasado, quedó acotada en las renegociaciones de su tratado comercial. En este año ya fue debidamente publicado el Diario Oficial de la Federación el decreto de sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el T-Mec (DOF. 29.06.2020).

 

Otro tanto ocurre con el siempre complicado tema migratorio, las medidas que la administración Trump ha puesto en marcha, como la construcción de su ominoso e inacabable muro en su frontera sur o las condiciones de sus centros de deportación. O bien, la posición de México ante las caravanas de migrantes que públicamente intentan cruzar el territorio nacional y llegar a Estados Unidos.

 

No obstante, menos claro es lo que ocurrirá con la cooperación académica, el retorno de migrantes, las restricciones de visas académicas o tal vez un nuevo intento de deportación masiva de los “Dreamers”. En este año el intento fue bloqueado por una resolución de la Corte Suprema estadounidense porque la administración Trump no observó la ley, pero podría intentarlo de nueva cuenta.

 

El gobierno mexicano, sin embargo, tiene la intención de dar un giro a sus lazos de cooperación. Al menos Conacyt, el organismo rector de la política científica y tecnológica nacional, ha planteado su convicción de que había subordinación anteriormente y ahora piensa extender su cooperación a otras regiones.

 

En el Programa Institucional 2020-2024 del organismo, como parte de su análisis de la situación actual, dice: “El Conacyt privilegió un modelo de cooperación subordinada con los países de la Unión Europea y con los Estados Unidos de América. En este nuevo régimen se promoverán vínculos concretos con países del entorno latinoamericano y de El Caribe, así como con países de Asia y del este de Europa con avances indudables en CTI” (DOF. 23.06.2020: 21).

 

Es una posición del Conacyt, se dirá. Y sí, es del organismo, pero es la cabeza del sector y como lo hemos reiterado en múltiples oportunidades, no existe y, por lo que se advierte, no habrá un Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) en este periodo. O sea, no esperemos convergencia de presupuesto y coordinación de las diferentes secretarías en materia científica y tecnológica.

 

Tampoco olvidemos que el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Foncid), fue otro de los fideicomisos eliminados por el Senado mexicano el 21 de octubre. El Foncid, en el momento de su extinción, tenía 38.6 millones de pesos y fue la base financiera que permitía radicar recursos externos y también transferir recursos a otras secretarías para conducir la cooperación internacional. Ahora la asignación, si hay presupuesto, será decida de forma directa por el Conacyt.

 

La agenda gira hacia América Latina. El pasado 30 de octubre, la directora del organismo, Elena Álvarez Buylla, informó a través de su cuenta personal de twitter que había co-presidido la Reunión de Altos Funcionarios de la Iniciativa Conjunta de Investigación entre la Comisión Europea de Innovación y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Una reunión en la que también participó el secretario de Relaciones Exteriores.

 

Posteriormente examinaremos, cuando se firme, la “Hoja de Ruta Estratégica 2021-2023” de esa reunión. Por lo pronto, vale la pena notar que no está mal, nada mal, que México extienda sus redes de cooperación científica hacia otras regiones y más con América Latina. Sin embargo, ¿eso supondría cortar lazos de colaboración ya establecidos con polos dominantes de generación de conocimiento? Esperemos que no, sería otro grave error. Lo importante será diversificar y expandir la colaboración; no restringir y autoexcluirse.

 

Pie de página: Gloria Soberón Chávez ganó el juicio de amparo indirecto para ser reconocida como integrante de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. ¿Qué hará Conacyt? Pendientes. Y sí, crece el respaldo a miembros del SNI que laboran en instituciones particulares.