Claraboyas en el Conahcyt

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1013. Septiembre 21, 2023)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, el Inai, resolvió que el Conahcyt debe entregar información relativa a los productos derivados de los estímulos fiscales a investigación y desarrollo tecnológico. Una resolución más ordena que también debe mostrar la información correspondiente a la afirmación de su titular, la doctora Elena Álvarez Buylla, sobre una presunta “red de intereses creados” alrededor del Cide. 

 

La información sobre el sector de ciencia y tecnología, lo hemos dicho aquí mismo en distintas oportunidades, es repetitiva y con frecuencia confunde a quién intenta explorarla. Lo peor es que buena parte del mismo sector permanece opaco y en la anonimidad. Los números grandes sí están, en los informes de gobierno y en las declaraciones públicas, pero eso es insuficiente.

 

Todo se complica o se vuelve imposible a la hora de precisar una iniciativa o tratar de desagregar la información. Por ejemplo, muchos jóvenes aspirantes a una beca de posgrado siguen con dudas sobre la forma, número y distribución de las becas. Lo mismo ocurre con la forma de clasificar y reclasificar los programas de posgrado o la asignación de incentivos en el Sistema Nacional de Investigadores.

 

También lo hemos repetido en múltiples ocasiones: el informe general del estado del sector más reciente es del 2020, a pesar de que por norma debe ser publicado año con año. El sitio electrónico del Conahcyt, la fuente primaria de información, es un laberinto con salida a páginas que no están actualizadas o con información tan poco amigable que lleva horas sistematizarla. O bien, las ligas de una página a la otra estás rotas o aparecen en blanco.  

 

Tal vez por eso el ejercicio del derecho de acceso a la información y el respaldo del Inai se han convertido en el mejor mecanismo para conocer la actividad del organismo rector de las políticas para el sector científico y para precisar el curso que tienen sus iniciativas.

 

Un caso: el Conahcyt respondió de forma extemporánea e incompleta la solicitud de información de un particular. Este último quería conocer los informes técnicos finales y los productos entregables de nueve proyectos derivados de estímulos fiscales que indagaron “el control y tratamiento de diversos padecimientos en la salud, tales como el síndrome metabólico, infartos agudos al miocardio, esclerosis múltiple, y enfermedades no transmisibles de mayor impacto a nivel nacional” (Nota informativa Inai 077/23).

 

El Conahcyt solamente entregó información sobre cuatro proyectos de los nueve solicitados y, como si no hubiera sido suficiente, clasificó como información confidencial los reportes y los productos entregables. Ante esta situación, el Inai le ordenó al Conahcyt que realizara una nueva búsqueda, exhaustiva, de reportes técnicos finales y proporcionara las versiones públicas de los mismos. El tema es relevante porque incluye los incentivos fiscales para los dos primeros años de esta administración y recuérdese que la distribución de estímulos fiscales ha sido otro de los cuestionamientos reiterados a administraciones anteriores.

 

Otro caso: Diego Micher hizo una solicitud al Conahcyt para que le proporcionara pruebas sobre las afirmaciones realizadas por la doctora Álvarez Buylla acerca de una presunta red de intereses creados por el Cide en la administración anterior, pero el organismo se negó. El Inai instruyó al Conahcyt para que responda y la información que se derive puede llevar a esclarecer de una vez por todas si el Cide incurrió o no en prácticas indebidas.

 

Las afirmaciones de la doctora Álvarez, como el mismo Micher lo explicó en “X”, antes Twitter (18.09.2023: t.ly/a0HGc), fueron pronunciadas en una conferencia de prensa del presidente López Obrador el pasado mes de mayo. Ahí, como parte de su exposición, ella proyectó en pantalla una lámina con el título “Redes de intereses creados”, la cual tenía colocado en el centro el logotipo del Cide y líneas que lo conectaban con diferentes nombres e instituciones.

 

La doctora Álvarez, frente a la lámina, afirmó en referencia al Cide: “Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época neoliberal, desviando sus funciones, que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, en economía y formar recursos” (03.05.2023: t.ly/VrfoT).

 

Ahora, el Inai ha resuelto que el Conahcyt debe entregar el expediente con la información correspondiente y si no es el caso, dijo Micher, el Inai “procederá con medidas de apremio y sanción en su contra”.

 

Si las entidades de la administración pública cumplieran con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información, no habria necesidad de recurrir a otros mecanismos para ejercer el derecho a la información. En las circunstancias presentes, sin embargo, se abren pequeñas ventanas, como claraboyas, para asomarse al desempeño administrativo y a datos elementales. Tal parece que el Inai resultará cada vez más necesario para ejercer el derecho a la información.

 

Pie de página: El hilo se rompe por la parte paraestatal: Un comunicado del Cinvestav, pero publicado en la página del Conachcyt, dice que ese Centro acordó “con el Conahcyt hacerse cargo de 20 por ciento de las becas otorgadas, a fin de garantizar que la totalidad de los estudiantes aceptados en alguno de los posgrados del Centro, incluido el colocado en la Categoría 3, cuente con ese apoyo” (11.09.2023: t.ly/c_9DP). Anotado. // El Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado se manifestó en la reunión de la ANUIES y la inconformidad no amaina (12.09.2023). Pendientes.

Becas de posgrado y SNI: ¡es Hacienda… y Conahcyt!

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 1012. Septiembre 14, 2023. Pág. 4)

El error de Ana Elizabeth García Vilchis, la conductora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, es lo de menos. Dijo que eran 13 millones de pesos el presupuesto para becas de posgrado y son 13 mil millones (06.09.2023). Lo preocupante es que ahora, rotunda y normativamente, las decisiones sobre el sector científico y tecnológico se trasladan a Hacienda. Al menos eso ocurrirá en lo que corresponde a becas de posgrado y al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Sí es relevante saber si hoy se otorgan más o menos becas, pero eso tampoco es una novedad. La polémica sobre cuántas becas de posgrado entrega esta administración comenzó desde el primer año y la polémica sigue hasta hoy.

 

Pero ¿han disminuido o no las becas de posgrado en este periodo? En números gruesos sí. Según el informe de gobierno más reciente, en el último año del gobierno de Peña Nieto se otorgaron 55 mil 962 becas: 52 mil 649 nacionales y 3 mil 313 para el extranjero. Mientras que en este año se entregaron 54 mil 928: 53 mil 350 nacionales y 1 mil 578 para el extranjero.

 

O sea, en total, entre el 2018 y el 2023, la disminución es de poco más de un millar de becas, aunque se incrementaron ligeramente las becas nacionales y cayeron a la mitad las becas al extranjero. En una próxima entrega entraremos a los detalles, para diferenciar montos, tipos de becas y periodos. Por ahora tomemos nota de que hoy se entregan menos becas y la demanda potencial es mayor.

 

¿Qué hay de nuevo en la problemática de becas y SNI? La Secretaría de Hacienda entregó el paquete económico para el año próximo al Congreso el pasado 8 de septiembre y ahí, en el segundo párrafo del artículo 38 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el año próximo, viene la franca restricción para el Conahcyt.

 

El párrafo advierte que si el Consejo quiere cumplir con su programa de becas de posgrado o incentivos a la calidad del SNI: “previo a incrementar el número de población objetivo elegible de los programas antes referidos, el Consejo deberá obtener el dictamen de suficiencia presupuestaria que emita la Secretaría” (PPEF 2024, pág. 57). Esto, en pocas palabras, quiere decir que antes de aumentar o prometer más apoyos, primero tiene que consultar a Hacienda si contará con el presupuesto para hacerlo. Nada más y nada menos.

 

Ninguno de los proyectos de presupuesto anteriores había hecho tal advertencia, con todas sus letras, a dependencia alguna. Los responsables de todas las secretarías saben, desde siempre, que la primera persona a la que deben dirigirse para tener mayores recursos financieros es al presidente de la República. Pero también saben que la otra persona imprescindible es el titular de la Secretaría de Hacienda. Incluso, este último puede ser más importante y el único al que hay que persuadir. Los rectores y directores de los centros públicos de investigación conocen bien ese camino.

 

Lo nuevo es que hoy, en el caso de las becas de posgrado e incentivos para el SNI, está por escrito y forma parte de la ley del PPEF. Así que el techo para un mayor volumen de becas no radica en la directora del Conahcyt, en las comisiones dictaminadoras, en la Junta de Gobierno del organismo o en los meritos de los demandantes. La decisión es de Hacienda.

 

Los diputados son los que aprueban la ley del PPEF, podrían cambiar esa norma y a menudo modifican los números, los responsables de las universidades también se saben ese camino y siempre tocan a la puerta. Pero en esta legislatura hemos visto su actuación y no cabría esperar mucho.

 

¿Tiene responsabilidad el Conahcyt en estar supeditado a Hacienda? El programa del sector se denomina especial y se supone que lo es porque se trata de una prioridad nacional. Sin embargo, no lo parece y nunca se logró alcanzar el 1 por ciento respecto al PIB en materia de financiamiento; ni en esta gestión ni en las anteriores. Todavía peor, en este periodo desaparecieron los fideicomisos y aunque la directora del organismo había dicho que se conservaría al menos uno, todos se eliminaron y los recursos desaparecieron. Sí hay responsabilidad, por omisión o comisión.

 

Así que aquellos jóvenes preocupados porque su programa de posgrado no recibirá beca o esos otros que se pregunten por qué no pudieron ingresar al SNI, podrían comenzar por ver la distribución y concentración del prespuesto público que se propone para el año próximo. Y sí, enlistar en primer lugar la responsabilidad de Hacienda, pero no es la única ni la principal.

 

Pie de página: El gobierno federal propone para el año próximo un presupuesto para Conahcyt casi idéntico, en términos reales, al de este año. La ley general de ciencia vigente ya no plantea alcanzar el 1 por ciento respecto al PIB en materia de financiamiento. Ahora solamente precisa que proveerá los recursos “conforme al principio constitucional de progresividad y no regresividad”. El problema, lo dijimos aquí antes de que se aprobara la norma es que: “ese principio en materia de financiamiento no necesariamente garantiza que habrá una mayor inversión, porque sostener el mismo nivel de gasto resulta suficiente para cumplirlo” (Campus Milenio No. 992). ¡Qué conste!

Ciencia y Tecnología: universos paralelos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1011. Septiembre 7, 2023)

 

El caso del sector de ciencia y tecnología, a propósito del reciente quinto informe de gobierno, muestra un marcado contraste entre lo que mencionó el presidente de la República en su discurso y las expresiones públicas de integrantes de la comunidad.

 

Las palabras del presidente López Obrador, su mensaje político le llaman, desgranaron un recuento de cifras, tanto sobre el año que corre como las acumuladas, destacó principios, avances y grandes logros. También, como es frecuente en estos mensajes, no hay mención a los errores y tampoco a lo que falta.

 

Según lo dicho por el ejecutivo federal y para efectos prácticos, la transformación marcha sobre rieles, literalmente. El año de gobierno que resta, como dijo el presidente, será cosa de seguir con la misma estrategia y seguir caminando “hacia los sublimes ideales de la democracia, la democracia verdadera…” (01.09.2023).

 

Al mandatario le llevó una hora y media pronunciar su mensaje y, casi a la mitad de ese tiempo, dijo sobre el sector: “Hemos reorientado los objetivos del Conacyt, el cual estaba al servicio de las grandes empresas y ahora de manera prioritaria promueve la investigación para vacunas y equipos médicos, busca opciones para sustituir el glifosato y otros agroquímicos dañinos para la salud. Trabaja el Conacyt en conocer los daños que puede ocasionar a la salud el maíz transgénico y desarrolla nuevas tecnologías para explotar el litio, que ya es propiedad de la nación”.

  

No es todo lo que se ha hecho en el sector, pero la mención fue más extensa a lo dicho en años anteriores y se entiende que el mensaje político del presidente enfatiza lo más relevante de su periodo. Puede considerarse como una síntesis de lo más notable, cuando ya entregó el bastón de mando y comienza la hora de hacer corte de caja.

 

¿Los objetivos del organismo fueron reorientados? Sí, sin duda. En un universo, el ahora Conahcyt ha reiterado que gobiernos anteriores transfirieron cuantiosos recursos públicos a grandes empresas e instauró una narrativa que exalta lo público, la soberanía científica, la independencia tecnológica, los saberes ancestrales, la justicia epistémica, la equidad, el bienestar social, entre otros elementos.

 

Al mismo tiempo, el organismo se limita a apoyar algunas iniciativas del sector público, a recortar programas y a eliminar el respaldo a programas dirigidos a instituciones o investigadores del sector privado. El problema es que, como lo hemos advertido aquí mismo (Campus Milenio No. 900 y 901), la reorientación parece más forzada por la escasez de recursos financieros que no alcanzan para impulsar a todo el sector, más que por motivaciones ideológicas o un plan de desarrollo estratégico.

 

Tampoco hace falta mucha documentación para precisar si el Conahcyt se ha dirigido prioritariamente a promover la investigación para las vacunas o para sustituir el glifosato. Tal vez sería suficiente recordar que la titular del organismo había dicho que la vacuna Patria estaría lista al final del año 2021, pero concluyó ese año, el siguiente, casi estamos por terminar el actual y todavía no hay ninguna vacuna.

 

La fabricación de vacunas no se puede improvisar y no es un asunto sencillo de resolver. Sin embargo, en un universo paralelo a la retórica oficial, cabe hacer notar que la vacuna Patria no es propiamente un esfuerzo público, en todo caso es una alianza público – privada; tampoco es resultado de una tecnología nacional, el gobierno mexicano adquirió la licencia correspondiente para producirla, la tecnología fue desarrollada por la Escuela de Medicina de Icahan en Monte Sinaí (Nueva York) y la proteína HexaPro de la Universidad de Texas.

 

Sobre el glifosato y los transgénicos, como también lo hemos mencionado en estas páginas, son temas controvertidos y no hay evidencias duras al respecto. El caso es que por la posición del organismo rector de la política científica ahora tenemos en marcha un panel de resolución de controversias en el marco de Tratado de Libre Comercio (T-mec), el panorama no es alentador y los resultados los conoceremos al inicio del año próximo.

 

Por otra parte, los reclamos de miembros de la comunidad científica aparecen un día sí y otro también. Ahí están las acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley general, los casi 700 amparos en contra de las decisiones del Conahcyt o las inconformidades por las decisiones de la Junta de Gobierno del mismo organismo.

 

También están las protestas de miembros del SNI por los criterios de evaluación, las fallas en la operación de la plataforma informática o la supresión de incentivos para investigadores del sector privado. Y todavía no aparecen los resultados de la convocatoria más reciente. Igualmente, está la inconformidad de los jóvenes del ex programa Cátedras Conacyt por el cambio de lineamientos o el reclamo creciente por la nueva clasificación del total de programas de posgrado, la cual dejará como no elegibles a casi la mitad de los programas y un volumen de casi 10 mil estudiantes sin beca.

 

En fin, todo indica que en el sector científico y tecnológico coexisten dos universos paralelos. No, no los crea un dispositivo tecnológico o una fantasía. Ahí están las evidencias.

 

Pie de página: El descontento crece por la nueva clasificación de los programas de posgrado y el volumen de los estudiantes de posgrado que se quedaron sin beca del Conahcyt. Puede ser el punto de inflexión de las decisiones en el sector. // El diputado Romero Hicks, en sucuenta personal de “X”, antes Twitter, informó que será el ministro Arturo Zaldívar quien resolverá si procede o no atender de forma prioritaria la acción de inconstitucionalidad sobre la ley general de ciencia. Pendientes.