Cátedras: el futuro no llegó en la primera década

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1032. Febrero 15, 2024. Pág. 4)

 

Hace 10 años, en febrero del 2014, apareció la primera convocatoria del programa Cátedras Conacyt y en este año vence el periodo de comisión de los primeros catedráticos. Los lineamientos dicen que el nombramiento puede ser renovado, pero también es el último año del actual sexenio y el horizonte del programa no se ve claro.

 

La continuidad del programa Cátedras ha estado en suspenso casi desde que comenzó. Actualmente tiene otro nombre: Investigadoras e Investigadores por México, aunque casi nadie lo llama de esa forma. Pero no solamente cambió de nombre, también sus lineamientos son otros y otros sus ritmos.

 

La convocatoria del 2014 despertó muchas expectativas en el ámbito científico y tecnológico, principalmente entre las jóvenes promesas que estaban concluyendo su doctorado o posdoctorado pero cuyo futuro laboral era nulo o muy limitado.

 

El programa planteó que el Conacyt asumiera el papel de patrón y comisionara a los jóvenes en instituciones de educación superior por un periodo de 10 años. La idea era instaurar al menos de 500 cátedras al año, incrementar la cantidad al paso del tiempo y, sobre todo, buscar que las instituciones receptoras abrieran una plaza definitiva para esos jóvenes.

 

Todo sonaba bien, porque no solamente se abrían oportunidades laborales, también se conjuntaba el conocimiento experto de los jóvenes y las necesidades de investigación de las instituciones académicas. Además. se dijo entonces, la asignación de plazas buscaría impulsar a las entidades federativas e instituciones con menor desarrollo científico y tecnológico.

 

Sin embargo, los planes fueron unos y otros los acontecimientos. Unos jóvenes se quejaron por la falta de condiciones para realizar su labor en las instituciones receptoras; otros no encajaban, ni administrativa ni académica ni culturalmente, en la organización de las instituciones; unos más a la primera oportunidad abandonaron el proyecto. Lo peor fue que casi ninguna institución tuvo la capacidad, o autorización de Hacienda, para abrir plazas a concurso para jóvenes catedráticos.

 

El crecimiento del programa tampoco se acercó a lo previsto. Solamente en el 2014 se asignaron más de 500 Cátedras, los años siguientes la cantidad se redujo a la mitad o menos. Otra vez Hacienda no dio la autorización correspondiente. En el 2018, al cierre de la administración de Peña Nieto, el programa tenía 1,511 Cátedras.

 

La restricción de los recursos financieros ha sido uno de los mayores obstáculos y el panorama fue más sombrío en el actual periodo de gobierno. La directora del ahora Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, en febrero del 2019, dos meses después de asumir funciones, puso en claro el problema.

 

De hecho, la directora lo dijo en el contexto de su primera conferencia de prensa, similar a las del presidente de la República. Dijo en aquel entonces: “Hoy tenemos colgados de la nómina a 1,500 catedráticos, eso tiene que cambiar... vamos a hacer honor a los compromisos, vamos a revisar con mucho cuidado que se cumplan, pero no se van a abrir nuevas plazas de Cátedras, sino que vamos a tratar de hacer propuestas mucho más sustantivas y sustentables a futuro” (t.ly/vy79).

 

Ahí comenzó y concluyó la idea de las conferencias de prensa, pero las declaraciones de Álvarez Buylla confirmaron que el problema principal eran los recursos económicos. Además, esas mismas palabras fueron el detonante para la protesta de los jóvenes catedráticos y la posterior creación del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracatedras).

 

El caso es que no hubo convocatoria para el programa en el 2019 ni en 2020. Al final del 2021 apareció nuevamente, pero ahí cambió el nombre y la finalidad: ya no solamente habría catedráticos comisionados en instituciones académicas, también lo estarían en la administración pública. Luego vino el cambio de normas, la disputa con el sindicato, el retraso en los resultados de las plazas y las asignaciones mínimas, entre otros aspectos.

 

Los nuevos lineamientos del programa dicen que las personas contratadas por el Conahcyt tendrán un nombramiento por tiempo indeterminado y serán comisionadas “por un periodo de hasta diez años” y en casos debidamente justificados se podrá solicitar renovación (Artículos 20 y 21. DOF.18.08.2023).

 

En fin, la información oficial más reciente dice que, a junio del 2023, suman 1,226 jóvenes en el programa, distribuidos en 137 instituciones. Hace diez años se había previsto asignar entre 500 y 1,000 cátedras cada año. Pero no, no fue así.

 

Hoy, casi al cierre de la actual administración, terminaremos con una cantidad menor a la del periodo anterior. Una década después los catedráticos no se volvieron más jóvenes y la certeza sobre su futuro laboral no llegó

 

Pie de página: La semana pasada quedó integrada la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México, elaborará un diagnóstico integral del periodo de contingencia. // La dirigencia de Morena dice que Signa Lab del ITESO “no es neutral”. La entidad académica es coordinada por Rossana Reguillo y fue seleccionada por el INE para el primer debate, pero… Pendientes.

La ley y la profesionalización de los CPI

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1031. Febrero 8, 2024)

 

Las leyes aprobadas por el Congreso en abril del año pasado todavía siguen a la espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia para determinar su legalidad o no. La Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI) está entre esas leyes, pero de todas formas sigue aplicándose.

 

Lo más reciente es la emisión de las bases para la profesionalización del personal de los Centros Públicos de Investigación. El documento fue publicado esta semana en el Diario Oficial de la Federación (06.02.2024). Otras modificaciones también se han puesto en marcha en el sector, como la reorganización de los posgrados o el programa de becas.

 

El asunto es qué ocurrirá si la Corte declara que la ley general de ciencia es inválida. Usted seguramente recordará que, desde junio del año pasado, un mes después de la entrada en vigor de la ley, fueron promovidas dos acciones de inconstitucionalidad sobre esa norma por partidos de oposición.

 

Los expedientes están en la mesa de la Suprema Corte de Justicia, pero no hay plazo para que resuelva lo conducente. El problema es la situación en la que hemos quedado: por un lado, la autoridad del sector estima que la ley general le permite tomar decisiones y modificar el sector conforme sus planes; por otro lado, los que impugnan esa misma ley, sostienen que la autoridad más bien está impedida de realizar cualquier proceso administrativo de ahí derivado.

 

Las posiciones han llegado a los tribunales y el litigio continúa, entre amparos, impugnaciones y suspensiones judiciales de la ley (provisionales y definitivas). Así seguiremos hasta que no resuelva de fondo la Suprema Corte y estamos ante un proceso legal complejo, sobre el que ya no se habla mucho, pero que está cada vez más abigarrado y no satisface a nadie.

 

Lo hemos reiterado en este mismo espacio: lo más probable es que la Corte resuelva la invalidez de la ley de ciencia y el Congreso tendrá que reponer el proceso. Sin embargo, es difícil anticipar cómo y cuándo ocurrirá. Por lo pronto, la Junta de Gobierno del Conahcyt, haciendo uso de las facultades que le confiere la ley, emitió las bases de profesionalización para el personal de los Centros Públicos de Investigación (CPI).

 

La Junta de Gobierno es, ahora, la instancia máxima de gobierno y administración del sector. La preside la persona titular del Conahcyt y participan una veintena de personas con voz y voto: 14 subsecretarías de Estado como titulares de la representación (directores generales como suplentes) y ocho representantes de los sectores social y privado.

 

Las facultades de la Junta son amplias y variadas, entre ellas está la de aprobar las normas que sugiera la persona titular del Conahcyt. Además, la misma ley, expresamente, en su artículo 80, estableció que la misma instancia debía emitir, también a propuesta de la directora del Conahcyt, el Reglamento General del Sistema Nacional de Centros Públicos y las Bases Generales para la Profesionalización del Personal de los Centros Públicos.

 

El reglamento fue publicado el 7 de julio del año pasado (DOF 07.11.2023) y estableció los principios de regulación de los CPI, principalmente las funciones de su Consejo General de Articulación. Un órgano, para variar, también presidido por la persona titular del Conahcyt e integrado por todas las personas titulares de los CPI.

 

Las bases de profesionalización, las publicadas recientemente, fundamentalmente son lineamientos para regular la carrera académica tanto del personal de investigación como del personal técnico y administrativo, por lo que identifica figuras, categorías y niveles, así como los criterios de ingreso y promoción. Algo necesario ante la hetrogeneidad de los Centros Públicos

 

El documento define la profesionalización como: “Procesos institucionales destinados a garantizar la estabilidad laboral del personal de los Centros Públicos y dar certidumbre al desarrollo de su carrera dentro de la institución y el Sistema Nacional de Centros Públicos por medio de mecanismos claros de promoción laboral, renovación, movilidad y reconocimiento al desempeño” (Fracción XVI del artículo 3).

 

En fin, se podrá estar de acuerdo o, por el contrario, en franca oposición a la reglamentación derivada de la ley general o a la misma ley. Lo grave es la inestabilidad normativa provocada, la judicialización de un proceso sobre el que bien se pudo llegar a un consenso y el manto incertidumbre que se ha extendido en el sector.

 

Pie de página: En la página de la Conamer se publicó el pasado 2 de febrero el aviso del Código de Conducta del Conahcyt, un código para los servidores públicos del organismo, así que lo más seguro es que en breve se marque su entrada en vigor.// El programa Cátedras Conahcyt, ahora con otro nombre, cumple en este año su primera década y la firma de convenios está en suspenso.// Los científicos argentinos agrupados en el Conicet se movilizan en protesta por las medidas del nuevo gobierno.

La competencia y profesión de los altos mandos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1030. Febrero 1, 2024. Pág. 4)

 

El proceso electoral del próximo 2 de junio no solamente tendrá, por primera vez, como principales protagonistas a dos mujeres, también serán dos perfiles académicos relativamente distintos. Tal vez la profesión de las aspirantes no será la variable decisiva al momento de emitir el voto. Sin embargo, sí será uno de los factores clave a la hora de integrar el gabinete y de gobernar.

 

Las dos principales aspirantes a ocupar la presidencia de la República tienen estudios de licenciatura diferentes, pero comparten un cierto vínculo con la ingeniería. Una profesión inclinada a la eficacia, al pragmatismo y solución de problemas. Xóchitl Gálvez, candidata del bloque opositor, estudió ingeniería en computación en la UNAM. No cursó estudios de posgrado. Su trabajo profesional lo ha desarrollado en automatización de procesos y telecomunicaciones, así como en edificios inteligentes y ahorro de energía.

 

Por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata del partido gobernante y de dos partidos coaligados, también es egresada de la UNAM, pero ella obtuvo su licenciatura en Física. Por la misma institución tiene una maestría y un doctorado en ingeniería energética. De hecho, en la campaña del 2018 por el gobierno de la Cdmx, se identificó principalmente como científica que busca soluciones.

 

La trayectoria y especialidad profesional de las personas, incluidas las del servicio público, se asocian con determinadas habilidades o, por el contrario, con la incompetencia. La formación profesional, como lo reporta la literatura correspondiente, se compone de un cúmulo de conocimientos propios de la especialidad, pero también por los mecanismos de socialización de esa profesión, por eso las identidades son tan diferentes entre la abogacía, la ingeniería o la medicina.

 

Los abogados desde el inicio del siglo XX, lo hemos dicho ya hace dos semanas, ocuparon las primeras posiciones en el gobierno federal y tuvieron la mayor participación relativa. No obstante, desde la última década de ese mismo siglo, las cosas cambiaron en la burocracia federal, comenzaron a descollar los egresados de escuelas privadas, los economistas y los estudios de posgrado en el extranjero.

 

Luego, entre el 2006 y 2018 volvieron los abogados al poder ejecutivo federal con Felipe Calderón y Peña Nieto, ambos de escuelas privadas. Pero ¿la profesión de la persona titular del poder ejecutivo federal es representativa o se replica en el gabinete? No.

 

Actualmente, en total, suman casi 300 titulares de instituciones de la Administración Pública Federal, entre secretarías de Estado, organismos desconcentrados y otras dependencias. No siempre ocurre, pero se necesitan especialidades y competencias profesionales muy variadas. En conjunto, los servidores públicos suman alrededor de un millón y medio (Inegi,2022).

 

Sin embargo, como decía Cosío Villegas, en el sistema político mexicano el presidente es pieza principal y sus facultades lo llevan a gobernar personalmente. Así que no carece de interés la composición profesional de los cuadros de primer nivel del gobierno federal.

 

Sebastián Garrido construyó una base de datos de titulares de la administración pública desde el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) hasta el de Peña Nieto. Incluye a 1,448 mandos de alto nivel, los llamó los mandarines mexicanos y el rango va desde presidentes hasta directores generales.

 

Los datos precisan qué disciplina estudiaron, cuál es su formación académica y en dónde estudiaron. El trabajo fue publicado en la Revista Mexicana de Investigación Educativa y muestra que “66% o más de los funcionarios estudiaron tres disciplinas a nivel licenciatura (Derecho, Economía e Ingenierías), cinco de maestría (Economía, Políticas públicas, Administración de empresas, Ciencia política y Derecho) y tres de doctorado (Economía, Derecho y Ciencia política)” (Garrido,2017). O sea, derecho y economía son las profesiones mayoritarias.

 

También muestra que las instituciones públicas, a lo largo del periodo, han sido los principales lugares, a nivel licenciatura, de la formación profesional de los funcionarios (67 por ciento del total). Pero no es una tendencia sostenida y el papel de la UNAM ha venido declinando, con altibajos, desde la administración de Salinas de Gortari.

 

A su vez, la participación de las instituciones públicas disminuye notablemente en los estudios de posgrado (dos de cada diez que cursan maestría o doctorado). La estafeta la toman mayoritariamente las instituciones en el extranjero.

 

En fin, las relaciones no son directas entre la profesión y el desempeño como servidor público. Además, falta incluir los datos del periodo actual y asomarnos a las instituciones educativas, porque es tan relevante la disciplina que estudiaron los altos mandos de la burocracia como la institución formadora de sus identidades profesionales.

 

Seguramente presenciaremos un giro en el género y especialidad profesional de los funcionarios de primer nivel.

 

Pie de página: La vacuna Patria ya tiene el visto bueno de la Cofepris, pero sigue la controversia sobre su eficacia y resta por constatarla. // Probablemente las recientes resoluciones de la convocatoria 2023 del SNI volverán a ser impugnadas.