La demora ha sido parte consustancial en la gestión administrativa de los fondos competitivos en la década que recién concluyó y de muchas otras actividades de la administración pública. En el pasado la gestión no era mejor, pero eso no debiera ser razón para que en la década que está por comenzar las cosas sigan igual.
La instauración de los llamados fondos competitivos (sectoriales, mixtos, institucionales, entre otros) fueron una de las novedades que trajo la reforma a la normatividad científica y tecnológica de mayo de 1999. Esto es, la institucionalización de financiamiento concursable para realizar investigación orientada a la demanda de las secretarías de Estado, de las entidades federativas o del propio Conacyt.
Los fondos competitivos quedaron planteados, en la entonces reciente ley, como los nuevos instrumentos que habrían de reorientar la actividad científica y tecnológica. Pero trasladar los fondos al terreno de los hechos no fue tan fácil ni tan rápido como el decreto expedido.
Tal vez porque el cambio en las prácticas de financiamiento que suponían los fondos concursables era muy profundo o quizás porque se trataba del penúltimo año de la administración 1994-2000, pero el hecho es que los nuevos instrumentos no se pusieron en marcha en 1999, ni al año siguiente ni al otro.
Una nueva reforma a la ley de ciencia y tecnología tuvo lugar en el 2002 y con ello se realizaron otros ajustes legales a los fondos competitivos, a pesar de que todavía no se ponían en marcha. Solamente después del cambio normativo comenzaron a emitirse las convocatorias respectivas.
A partir del 2002, la operación de los fondos se fue expandiendo y sus recursos financieros fueron creciendo. En el caso de los fondos sectoriales, pasó de celebrar convenios con media docena de secretarías a más de una veintena de dependencias gubernamentales en la actualidad. A su vez, los recursos financieros pasaron de alrededor de 300 millones de pesos en el 2002 a un mil120 millones de pesos que reportó el más reciente informe de gobierno de Felipe Calderón. No obstante, debe advertirse que en el último año de la administración de Vicente Fox, según su mismo informe, los recursos para fondos sectoriales triplicaba esa cifra. Es decir, se inflaron y bajaron en menos de una década.
Los fondos mixtos también se ampliaron, pasaron de celebrar convenios con una docena de entidades a cubrir la totalidad de estados. El monto de recursos pasó de cerca de 300 millones de pesos en el 2002 a 331 millones de pesos que se reportaron en el informe de gobierno del año pasado. Sin embargo, al igual que con los fondos sectoriales, una cifra tres veces menor que la del 2006.
La gestión de los fondos concursables involucra múltiples fases e instancias. Desde la emisión de la convocatoria en la que se fijan requisitos y bases de participación, los términos de referencia, los comités, las evaluaciones, hasta la asignación de los recursos. El asunto es que por diversas circunstancias, las convocatorias no se emiten cuando debieran, las etapas se retrasan y ni se diga de la entrega de los recursos. Todavía no concluye el proceso de una convocatoria cuando ya debiera estar el del año siguiente.
Esto es, no solamente hubo retrasó en la puesta en marcha de los nuevos instrumentos previstos en la ley de 1999, también han tenido oscilaciones conforme los cambios de administración y, tal vez lo peor, han adolecido de fallas en los procesos de gestión.
En diciembre pasado, un grupo de investigadores se manifestaron públicamente para expresar su inconformidad --en las propias instalaciones del Conacyt--, por el retraso en el proceso del fondo sectorial de ciencia básica 2009, puesto que después de un año todavía no se sabían qué proyectos sería apoyados y menos cuándo se liberarían los recursos de otros fondos.
Las autoridades del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas informaron que: “la dilación se debió a que, como se estipula en las reglas de operación, se tuvo que esperar el nombramiento de funcionarios en puestos en los que radica esta responsabilidad y que estuvieron vacantes por algunos meses” (Comunicado 78/10).
La información no especificó si las vacantes eran de Conacyt o de SEP (dependencia firmante del convenio del fondo), pero en buena medida el problema se debe a la ausencia de un responsable. En estas mismas páginas advertimos que una constante inestabilidad en los equipos de trabajo o en las cadenas de mando, como ha sido el caso en Conacyt, parecía no tener consecuencias ni preocupar a nadie. Ahora es evidente que sí importa.
