TPP: Algo más que libre comercio

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 690. Enero 26, 2017. Pág. 5)

Fácil, rápido e inopinadamente lo hizo Donald Trump: dio marcha atrás al acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés). Menos sencillo será anticipar las consecuencias y factores asociados a las decisiones que está tomando el actual mandatario estadounidense. No solamente se trata de comercio.

La nueva administración, encabezada por Trump, en su tercer día de ejercicio, en su primer día laboral y, literalmente, de un plumazo, revirtió un par de programas y la participación de Estados Unidos en el que iba a ser el mayor acuerdo regional en materia comercial. O acuerdo megarregional, como ya se le mencionaba.

Las atribuciones de Trump le permiten tomar algunas decisiones que no requieren autorización del Congreso, por más extravagantes o pendencieras que pudieran ser. Así que puede impulsar acciones o derogar las que tienen ese carácter y están vigentes, como varias de las que tomó el ex presidente Barack Obama.

“Lo que acabamos de hacer es una gran cosa para los trabajadores estadounidenses”, dijo Trump, con esa peculiar expresión facial suya y después de firmar la orden correspondiente. El inventario de órdenes vinculantes que el nuevo presidente puede tomar, y también las que requieren aprobación del Congreso, han sido reiteradas y motivo de muchas especulaciones.

Por lo pronto, es un hecho la salida de Estados Unidos del TPP, a pesar de ser el país que le dio mayor atractivo e impulso al acuerdo. No deja de ser paradójico que la nación más identificada con la globalización, la internacionalización y el libre comercio, ahora sea la que quiera retrotraerse en sí misma, edificar murallas, aislarse y abandonar el libre comercio. Un verdadero quiebre en su trayectoria y en su papel en la geopolítica.

Las negociaciones sobre el TPP se extendieron en la última década y con particular énfasis en los últimos cinco años. La docena de países firmantes del acuerdo, México entre ellos, aproximaron posiciones, calibraron los beneficios y más o menos trataron de dirimir los componentes de mayor tensión. En Australia, cuando todos los países firmaron el acuerdo en febrero de 2016, quedó establecido que se darían dos años más para que el acuerdo se ratificara o se rechazara por los respectivos Congresos (http://thenewdaily.com.au). Ahora, Estados Unidos es el primer país que lo abandona.

A la fecha, no se han dado a conocer los términos de las negociaciones, las características finales del documento y a lo que están obligados los firmantes del acuerdo. En el caso de México, lo que informó la Secretaria de Economía (SE) es que se trataba del “tratado comercial más relevante y moderno del mundo” (http://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico). ¿Lo seguirá siendo? Ya no, seguramente.

La SE precisó que el tratado tenía 30 capítulos en los que se regulaba no solamente el acceso a mercados, las reglas de origen, servicios e inversión, sino también el control de las actividades de las empresas estatales, el comercio electrónico o la propiedad intelectual, entre otros. Es decir, un tratado que podría redefinir las economías de estos países en términos de reglas, solución de diferendos, derechos de propiedad intelectual, etcétera (Ulises Granados. “México y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): oportunidades y retos”, 2014. Análisis).

Desde luego, no solamente se trataba de regular el libre comercio. ¿Cuál era el incentivo para la participación de México? La misma SE dijo que se trataba de mejorar el acceso a mercados (la docena de países que representaba 40 por ciento del PIB mundial) y a esa tercera parte de los mayores exportadores; promover la innovación, la productividad y la competitividad; e integrar esa plataforma regional para el encadenamiento productivo.

No obstante, como en casi todos los tratados, las asimetrías entre los firmantes pueden ser muy pronunciadas. Las economías menos desarrolladas generalmente están desventaja: porque no cuentan o no han logrado fortalecer sus capacidades de innovación ni tienen una fuerza de trabajo de alto nivel profesional. Así que el ingreso en estos acuerdos está “basado en la provisión de productos básicos o de menor valor agregado en la cadena de producción” (Barreto Menini. “El paquete de Bali ¿Un éxito para América Latina?”, 2014).

En noviembre de 2013, WikiLeaks filtró un borrador del capítulo correspondiente a los derechos de propiedad intelectual del TPP (wikileaks.org/tpp). Sin embargo, no se sabe en qué términos quedó la versión final, si permaneció o no la protección excesiva de esos derechos a favor de unos países y en detrimento de otros. 

Un estudio independiente, citado por The New York Times, había indicado que el TPP podría incrementar las exportaciones y los ingresos de los Estados Unidos, pero tal vez no sus empleos. Ésa fue parte de la controversia sobre el acuerdo, también en la que se apoyó Trump y en la que también coincidían algunos de sus opositores. Y sí, como se podrá entender, independientemente de la continuidad del TPP o del TLCAN, esto no es solamente libre comercio.

El factor Trump ¿Tenemos nuestro destino en nuestras propias manos?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 689. Enero 19, 2017: 5)

Finalmente llegó el día que tomará posesión el amenazante y controvertido Donald Trump. Este viernes 20 de enero también terminarán las especulaciones sobre lo que podrá hacer o dejar de hacer el nuevo mandatario y de aquí en adelante comenzará el periodo de las verdaderas acciones de gobierno. ¿En qué condiciones llegamos a este nuevo ciclo y cómo habrá de resolverse?

El lapso que transcurrió desde el pasado mes de noviembre, cuando Trump fue declarado electo, hasta ahora que asumirá el cargo, fue relativamente corto. Sin embargo, su comportamiento era como si ya fuera presidente en funciones, ratificando lo que había dicho en campaña, tratando de gobernar a punta de declaraciones y con los 140 caracteres de Twitter; los efectos han sido letales para la coexistencia pacífica, el trabajo de la prensa, las políticas de seguridad internacional y principalmente para la economía mexicana.

A estas alturas resulta una obviedad decir que la presidencia de Trump trazará una línea divisoria en la geopolítica y será un cambio importante no solamente para la nación que gobernará, también lo será para el mundo entero y comenzará con los países vecinos. Lo que todavía no está claro es cuál será la expansión, profundidad y duración de ese cambio que se aproxima.

El centro de gravitación son las relaciones internacionales y el comercio exterior; los asuntos educativos y científicos estarán en segundo plano. Por lo pronto, las condiciones básicas son los funcionarios públicos que asumen la representación. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá --el otro país vecino y participante en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN--, al comienzo de este mes realizó un ajuste relevante en su gabinete. Fueron seis reasignaciones en los ministerios; una veintena permaneció y tres funcionarios salieron (The Globe and Mail 11.01.2017).

Fue un cambio estratégico de funcionarios para la posible renegociación del TLCAN y la relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos y Rusia. Por ejemplo, Chrystia Freeland, la anterior ministra de comercio internacional, ahora asumió la titularidad de Asuntos Exteriores. La nueva canciller fue directora adjunta del periódico canadiense The Globe and Mail y editora en Thomson Reuters. Lo relevante es que la ahora canciller se especializa en Rusia y, de hecho, tiene prohibida la entrada a ese país “como represalia por las sanciones contra Moscú por la incursión en 2014 en Ucrania”.

Los otros cambios relevantes en el gobierno canadiense fueron en Comercio Internacional y en Inmigración. En el primero fue nombrado François-Philippe Champagne, un abogado, empresario y especialista en comercio internacional. En el segundo, Ahmed Hussen, también abogado y ex presidente nacional del Congreso Somalí Canadiense.

En el caso de México ni qué decir, no fue un cambio estratégico, si al caso inercial. También al inicio de este mes y como en su momento lo reiteraron los medios, el presidente Peña Nieto nombró a Luis Videgaray, el ex secretario de Hacienda que renunció a esa posición en septiembre del año pasado, como el nuevo canciller. En primera línea, nada más. (Bueno, también nombró a la titular de Cultura, pero por otras razones). Y el ahora secretario no, no es un especialista. Él mismo lo reconoció ante los integrantes del servicio exterior: “no soy diplomático, vengo a aprender de ustedes”.

Apenas la semana anterior comenzaron los cambios estratégicos. Carlos Manuel Sada Solana, quien se desempeñaba como embajador de México en Estados Unidos, fue designado como subsecretario para América del Norte. Y en su lugar, como embajador, a la espera del beneplácito del gobierno estadounidense y la ratificación del Senado, fue propuesto Gerónimo Gutiérrez Fernández, funcionario de relaciones exteriores y gobernación en las anteriores administraciones panistas.

Sin embargo, seguramente por la inestabilidad de las posiciones o la premura de los cambios, todavía faltan por resolverse posiciones clave del servicio exterior. Desde octubre pasado la representación de México en Unesco sigue vacante y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) se quedó sin titular desde noviembre. Igualmente, María Eugenia Casar Pérez, directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) dijo que se separaría del cargo en diciembre del año pasado (Campus Milenio No. 681). A la fecha, oficialmente nada se ha informado.

Entonces, ni siquiera en lo elemental llegamos en los mejores términos: en la simple representación completa del servicio exterior. La canciller alemana, Angela Merkel, interrogada sobre las críticas que Trump lanzó sobre la OTAN y su política sobre los refugiados, simplemente respondió “los europeos tenemos nuestro destino en nuestras propias manos” (El Mundo 16.01.2017). Nosotros no. Por ahora, lamentablemente, se nos escapa, solamente está en un par de manos y no tenemos idea de cómo terminará.

Constitución de la Ciudad de México El derecho a la ciencia

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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(Publicado en Campus Milenio No. 688. Enero 12, 2017: 5)

En el proyecto original de la Constitución Política de la Ciudad de México, aquel que presentó el Jefe de gobierno en septiembre de 2016, en uno de los ocho títulos que lo integraban, el de la “Carta de Derechos”, se establecieron tres derechos: a la educación, a la ciencia y a la cultura (artículo 13).

Los debates y acuerdos de los constituyentes avanzan poco a poco, aunque muy presionados porque el tiempo se les vino encima y todavía tienen mucho por aprobar. Sobre el derecho a la educación han añadido puntos de debate (calidad, pertinencia, discapacidad, evaluación, etcétera), han realizado precisiones y aprobado algunas modificaciones, pero el asunto central sobre la responsabilidad del sistema educativo local parece que una vez más quedará pendiente. Es el elefante que permanece en la sala desde hace más de dos décadas y al que se mira de reojo; un tema al que nos referimos cuando apareció el proyecto de Constitución (CampusMilenio No. 674).

Lo que ahora sorprende es la aprobación de una modificación importante sobre el derecho a la ciencia. Un cambio que implica destinar un monto considerablemente mayor de presupuesto y asumir más responsabilidades en la materia. Y fue aprobado prácticamente como si se viera llover. Sin posiciones encontradas, ni debate, como sí ha ocurrido con otros derechos o el uso de algunos términos. Seguramente, estimado lector, tiene presente que el proyecto original de Constitución, en el artículo 13, apartado “B”, se estableció en tres párrafos el “Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica”.

En el apartado “B” se consignó no solamente que toda persona tiene el derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, también se anotó que las autoridades garantizarían “el derecho de acceso a Internet de forma progresiva en todo el territorio de la ciudad” y también fortalecerían y apoyarían proyectos de investigación científica y tecnológica, la vinculación entre los distintos sectores con el fin de resolver “problemas y necesidades de la ciudad.

Claro, desde que se presentó el proyecto se enfatizó su carácter garantista, dado el amplio espectro de derechos que incluyó y la posibilidad de materializar su exigibilidad. Sin embargo, también es cierto que las opiniones sobre el proyecto fueron sumamente críticas, destacando las deficiencias de técnica jurídica, la heterogeneidad en la redacción del documento y muy especialmente la imposibilidad de garantizar presupuestalmente lo que se estaba proponiendo en el documento.

La Asamblea Constituyente se instaló, comenzaron las sesiones, las votos aprobatorios se han emitido y aunque todavía no es posible formarse una idea clara de los términos y forma que adoptará el documento final, algunos de los apartados permiten advertir el tamaño de las responsabilidades que se están aprobando.

En lo concerniente al apartado sobre el “Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica”, el dictamen de la comisión de “Carta de Derechos” no propuso modificaciones al proyecto original. Sin embargo, el diputado Javier Jiménez Espriú, del Movimiento Regeneración Nacional, planteó añadir dos párrafos y tres incisos más.

Sugirió que las mismas autoridades deberían respaldar: “la formación de técnicos y profesionales” (se supondría que para contribuir al desarrollo social y económico de la ciudad); “la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica”; “y el apoyo a creadores e inventores”. También deben garantizar la preservación y rescate de las prácticas originarias de la medicina y el buen uso de los recursos naturales.

Además, propuso la elaboración de un programa de desarrollo científico, tecnológico y de innovación como parte integral del desarrollo de la Ciudad de México, con una visión a 20 años y actualizaciones cada tres años. Lo más importante es que planteó que en el presupuesto capitalino debe considerarse “una partida específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser menor al 2 por ciento del presupuesto de la ciudad”.

En el pleno de la sesión del pasado 6 de enero, al presentar su propuesta y la reserva correspondiente, el diputado Jiménez Espriú, destacó que la Constitución que está por aprobarse es una oportunidad “para corregir errores y omisiones que nos limitan y definir una posición de vanguardia”.  No hubo oradores en contra. Y se dio paso a la votación: 82 votos a favor, cero en contra. Quedó la propuesta del 2 por ciento.

El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 de la Ciudad de México fue de 181 mil 334 millones de pesos (Gaceta Oficial. 30.12.2015: 15) y de ese monto se destinaron 334 millones 204 mil pesos a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del entonces DF. Ahora, si se conservara el mismo presupuesto y se aplicara la proporcionalidad que dirá la nueva Constitución, el monto sectorial que debiera recibir sería de 3 mil 627 millones de pesos. Es decir, una cantidad casi once veces mayor.

Nada mal, pero nada mal, ni las responsabilidades ni la cantidad. Una lástima que no puedan materializarse.

¿Y el Comité Nacional de Productividad?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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(Publicado en Campus Milenio No. 687. Diciembre 22, 2016. p. 5)

El año está llegando a su fin y lamentablemente no tenemos muy buenos resultados a la vista en el terreno económico y menos en el político. Lo más desalentador es que para el año próximo no solamente las expectativas de crecimiento son menores, el panorama político con una relación de nuevo tipo con los Estados Unidos tampoco pinta nada bien.

De hecho, Agustín Carstens, el todavía gobernador del Banco de México que se marchará el último día de junio del año próximo y cuyas metáforas han sido una anticipación de lo que le aguarda a la economía nacional, ha dicho, sobre el inicio del periodo presidencial de Donald Trump, que podría ser una auténtica película de terror: “Fuimos al cine y vimos los cortos de una película, vimos diferentes escenas, pero no sabemos si será una película de terror o si va a tener un buen final. Ahorita lo que hemos visto, hemos visto los cortos que a partir del 20 de enero va a correr la película completa” (Milenio Diario 19.12.2016).

En realidad, tal parece que no cabe esperar ningún final feliz de una película de terror y, con sobrada razón, múltiples voces han insistido en que debemos prepararnos para lo peor y diseñar una estrategia nacional. En estas circunstancias, vale la pena comenzar el recuento de algunas iniciativas e instrumentos del gobierno federal que están en marcha y que se supone tienen como misión la búsqueda del dinamismo económico.

Por ejemplo, seguramente usted recordará el Comité Nacional de Productividad (CNP). Ese organismo instaurado por decreto en mayo de 2013, presidido por el secretario de Hacienda e integrado por una veintena de personalidades, entre ellos, los secretarios de Economía, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, el director de Conacyt y representantes de instituciones de educación superior, de media superior, de organizaciones empresariales y sindicales.

Un comité que tiene como primera función la de proponer “estrategias, políticas y acciones en materia de productividad y empleo, a fin de que sean consideradas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias” (DOF 17.05.2013). Así como proponer mecanismos de coordinación entre las distintas dependencias de la administración pública federal, lo mismo que entre o sectores público, social y privado.

El CNP básicamente es un órgano consultivo y auxiliar del ejecutivo federal y de la planta productiva. El comité puede formular propuestas y emitir opiniones, pero nada más. En realidad no tiene capacidad de decisión, aunque sí puede diseñar una estrategia integral y una de sus fortalezas es que reúne a funcionarios de primer nivel y a representantes de distintos sectores. En principio, se supone que las sugerencias se dirigen a las dependencias gubernamentales y a las organizaciones que pueden desempeñar un papel activo.

Pero, en estos más de tres años ¿qué ha logrado el CNP? No mucho, todavía. En primer lugar, según la normatividad, debiera reunirse al menos cuatro veces al año de forma ordinaria y de forma extraordinaria las veces que estime necesario (artículo 5to). Sin embargo, después de su instalación en el 2013, solamente se reunió dos veces en el 2014, tres veces en el 2015 y en este año solamente dos. Un funcionamiento irregular y con tendencia a disminuir, así como también como también ocurre con el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.   

Quizás las reuniones periódicas pueden ser soslayadas, dado que reunirse presencialmente no es ninguna garantía y se trata de representantes con agendas muy complicadas. No obstante, en términos prácticos, el CNP solamente ha identificado estrategias de desarrollo para sectores como turismo, gastronomía, el comercio al por menor, autopartes y proveeduría aeroespacial. Específicamente ha propuesto diferentes medidas para los últimos tres sectores.

Por cierto, en la sesión del CNP de noviembre del año pasado, se había propuesto la creación de tres grupos en lo que se llamó “Gran Alianza por una Política Industrial de Nueva Generación”. Uno de esos grupos tendría como objetivo la “Generación de Talento” y estaría bajo la responsabilidad del secretario de Educación Pública (Campus Milenio. No. 655). El grupo fue instalado en mayo de este año, pero al parecer hasta ahí quedó la novedad.

En la reunión más reciente del CNP, la semana anterior, también se presentaron recomendaciones para el sector energético (Recomendaciones que incluyen matrices de compromisos e indicadores de desempeño para el sector energético. Hidrocarburos). Las recomendaciones se dirigen a la Secretaría de Energía pero también a diferentes organizaciones empresariales, como la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la Confederación Patronal de la República Mexicana o la Confederación de Cámaras Industriales.

En fin, no se sabe si el gobierno federal, más allá de las medidas anunciadas de protección a los mexicanos en territorio estadounidense, ya tiene lista una estrategia para este difícil cierre de año y el comienzo de otro que resultará todavía más complicado. Lo que en ningún caso es recomendable es esperar a ver si se cumplen o no las peores amenazas. El aprovechamiento de organismos intermedios y de contacto entre diferentes sectores pueden ser promisorios, en términos realistas y sin simulaciones.

Otra vez las TIC a la escuela

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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(Publicado en Campus Milenio No. 686. Diciembre 15, 2016)

Desde fines de los años ochenta, con el Programa para la Modernización Educativa, el gobierno federal ha buscado llevar los dispositivos tecnológicos a todos los salones de clase. Aunque en lo que va del siglo es cuando más se ha experimentado con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las aulas, por lo menos a gran escala. Desafortunadamente, no ha resultado nada sencillo convertir las intenciones en logros visibles y los programas han sido decepcionantes. Seguramente el que está por comenzar también lo será.

El año próximo se pondrá en marcha “@prende 2.0” y se ha  planteado que se trata de una “nueva estrategia integral que ayudará a educar para la libertad y la creatividad” (SEP. 08.11.2016). Sea lo que sea que eso signifique. Y sí, hasta ahora solamente se han dado a conocer los trazos más generales de la nueva iniciativa, faltan los imprescindibles y detallados pasos para pasar del anuncio gubernamental a la cotidianidad de los salones de clase.

Según la información de SEP el programa incluirá: la capacitación de maestros; una plataforma con contenidos; la instalación de aulas con equipamiento y conectividad; y una evaluación constante. Hasta donde se ha informado la capacitación iniciará con el programa, pero el esquema y los contenidos de la plataforma ya se pueden consultar (http://aprende.edu.mx). El sitio web se desdobla en tres secciones y tienen al docente como principal referente, aunque dice que solamente una de ellas está dirigida a él y las otras dos son para padres de familia y alumnos.

El nuevo programa, a juzgar por su título de @prende 2.0, busca concentrarse en el aprendizaje, conjuntar diferentes usuarios y provocar una mayor interacción digital. Tal parece que después de muchas denominaciones y variados intentos de utilizar las TIC con propósitos educativos, ha comenzado a generar un cierto consenso el principio de que el aprendizaje debe ser el eje principal de estos esfuerzos. Sin embargo, es más fácil decirlo que lograr un verdadero aprendizaje

Por cierto, el nombre y la plataforma de @prende 2.0 guardan cierta similitud con la iniciativa que en junio de este año lanzó la fundación Carlos Slim. Una circunstancia nada fortuita. ¿Usted recuerda el programa de Slim? El que está en marcha desde junio de este año, se llama app-prende (aprende.org), la plataforma también ofrece contenidos, pero no están dirigidos especialmente a los docentes y van desde el nivel básico hasta superior.

El otro aspecto del programa gubernamental que llama la atención es la referencia “2.0”. Es de suponerse que no se refiere a un segundo intento de implementación, si así fuera el número sería mucho más elevado. Seguramente es en alusión a eso que en informática se ha denominado la web 2.0, para diferenciarla de la primera versión en la que usuarios pasivos solamente descargaban o subían información, pero no podían modificar nada ni interactuar con nadie. La principal característica de la web 2.0 es que el usuario es parte activa de los contenidos, se relaciona y colabora con otros usuarios, al mismo tiempo que utiliza diferentes aplicaciones disponibles en el sitio.

Nada mal si @prende 2.0 es capaz de conjuntar esfuerzos, propiciar la interacción y colaboración entre docentes y alumnos para lograr un aprendizaje significativo. Sin embargo, faltan los detalles de cómo se podrán articular unos y otros, porque lo único que se ve en la plataforma son finalidades divergentes y como la literatura lo ha mostrado, la diferencia generacional y de habilidades constituyen el principal escollo a salvar.

Otro asunto es el alcance de @prende 2.0. El plan de la SEP es que el año próximo comenzará una fase piloto en tres mil escuelas y cada una tendrá 20 o 30 dispositivos que funcionarán a través del “programa México conectado”. Este último está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y tiene como propósito llevar Internet de banda ancha a diferentes espacios públicos.

Un gran avance si la SCT resolverá el problema de la conectividad a Internet en las tres mil escuelas piloto, pero en educación básica suman más de 220 mil planteles. Así que no está a la vista como escalará el programa y menos si consideramos el recorte presupuestal del año próximo. Respecto del presupuesto de este año, SEP y SCT fueron las secretarías con el mayor recorte para 2017; la primera con 37 mil millones de pesos menos y la segunda con 27 mil millones.

No menos complicado de resolver será la escala de tiempo para poner en marcha el programa. Es obvio que la actual administración ya está en el último tercio de su periodo, cuando la hora de planear ya pasó y debiera estar totalmente en el tiempo de la implementación o de los primeros resultados. Así que pensar en un programa piloto para el 2017 y expandirlo en el último año de mandato, no parece nada lógico ni posible.

Por último, el programa debe enfrentar el escepticismo y el descrédito de programas anteriores. Deberá convencer no solamente a los medios y a los legisladores de que se trata de una inversión que no repetirá los errores de programas anteriores, lo más importante será persuadir a maestros y estudiantes de que ahora sí es un instrumento para mejorar el aprendizaje. Difícil, muy difícil.

El último tercio de la gestión y el gasto federal para ciencia

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 685. Diciembre 8, 2016)

Las palabras del presidente de la República, Enrique Peña Nieto (EPN), al iniciar su quinto año de gobierno, se oyen bien y suenan convincentes. En el clima de zozobra que ha traído el próximo cambio de gobierno en los Estados Unidos, la inestabilidad en los indicadores nacionales y los injustificables casos de corrupción gubernamental, se echaba en falta claridad y firmeza en la posición del ejecutivo federal.

Sin embargo, casi que terminando el discurso del presidente viene la renuncia del gobernador del Banco de México por causas no del todo explicadas --apenas en enero comenzó su segundo periodo y estaba previsto que concluyera en diciembre de 2021— y las palabras vuelven a ser las de siempre. Otra vez en el carril equivocado, atizando la incertidumbre y el desequilibrio financiero. Una política de ensayo y error que las encuestas han registrado puntualmente.

El discurso de EPN destacó un reconocimiento a las fuerzas políticas y sobre todo una convocatoria a la unidad para enfrentar los retos: “uno de ellos será establecer una relación constructiva con el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América, nuestro vecino geográfico y principal socio comercial”. Claro, lo que todavía no se ve son las bases de esa “relación constructiva” y menos la disposición favorable de la contraparte estadounidense.

El ejecutivo federal también demandó el esfuerzo de todos y asumió la parte de su responsabilidad: “Trabajaré con ahínco cada día de los dos años que restan al sexenio y me aseguraré de que mis colaboradores cumplan su parte. Defenderé las libertades, los derechos y la dignidad de los mexicanos, donde quiera que residan o se encuentren”

Las definiciones parecen correctas para el último tramo del actual periodo de gobierno, cuando las cosas no pintan nada bien y todavía no se sabe exactamente cuántas de las amenazas cumplirá el próximo presidente estadounidense Donald Trump. Intimidaciones a las que también se ha sumado el vicepresidente electo Mike Pence al declarar sibilinamente que “hay varias maneras” para que México pague la presunta edificación de un muro en su frontera sur e insinuar que podría estar asociado a la negociación del TLCAN (Milenio Diario 05.12.2016).

El presidente, como parte de sus logros en estos cuatro años, dio a conocer de forma sintética algunos avances en sus diferentes áreas de gobierno. En el sector educativo enumeró seis acciones que están en la ruta de garantizar una educación de calidad: la reforma educativa; el incremento de la cobertura educativa; la inversión triplicada en ciencia y tecnología; mayor número de becas; el programa de escuelas al cien; y el número creciente de escuelas de tiempo completo.

Desafortunadamente, los avances que destaca el gobierno federal no toman como punto de referencia las metas que la propia administración se autoimpuso en cada rubro. Si ese fuera el caso, desde ahora se advierte que nos cruzaremos de brazos a esperar los resultados. Es el caso de la inversión en ciencia y tecnología, y tal vez el de cobertura en educación superior.

Por ejemplo, en el avance reportado se anota que el gasto federal acumulado en ciencia y tecnología en los primeros cuatro años de este gobierno, si lo comparamos con el mismo gasto y el mismo periodo en el gobierno de Vicente Fox, se ha triplicado. Así es y es una ingeniosa presentación de datos. Claro, por una parte, es un periodo relativamente largo, así que mientras más lejano el periodo de comparación la diferencia será mayor y viceversa ocurrirá lo contrario (no alcanza a duplicar la cifra para el mismo periodo de Felipe Calderón).

Por otra parte, y más importante, las cifras que se comparan están términos nominales, corrientes, no es el gasto federal para ciencia y tecnología como proporción del PIB. Si fuera este último caso, el panorama es un tanto diferente. En el año 2000 representaba el 0.42 por ciento del PIB y para este año está alrededor del 0.50 por ciento. El avance es mucho más modesto.

Además, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como meta una inversión nacional (pública y privada, no solamente el gasto federal) en investigación científica y desarrollo experimental del uno por ciento respecto al PIB, al término del sexenio. Faltan dos años pero desde ahora se puede advertir que definitivamente no se cumplirá: en el 2010 el indicador era de 0.54 por ciento y en este año el número sigue siendo el mismo 0.54 respecto al PIB.

Seguramente el indicador no mejorará. Por un lado, porque la tendencia al alza del gasto federal para el año próximo se frenó y tal vez ya no podrá recuperarse. Por otro lado, porque el mismo gobierno federal ha dicho que el sector particular no ha hecho, y seguramente no hará, la aportación que le corresponde.

En un contexto de recursos escasos, de magro crecimiento económico, así como de inestabilidad financiera, no se puede esperar que alcance el presupuesto y menos un incremento de recursos para todos. Sin embargo, lo que sí es necesario es un plan contingente que no se contradiga con las líneas de acción. Nada más.

La posverdad de la rendición de cuentas: ni en papel ni en persona

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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(Publicado en Campus Milenio No. 684. Diciembre 1, 2016)

¿La entrega de certificados de educación primaria o secundaria pudo crecer 800 mil veces en los últimos 15 años? Inconcebible. Números que no corresponden a la realidad en un acto en el que precisamente se trata de informar con exactitud qué se hizo o dejó de hacer, no parece lógico ni muy sensato. Quién sabe si esto es una “posverdad”, pero sí es lo que ocurrió en la comparecencia de la semana pasada del secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava.

El controvertido e irascible funcionario Miranda ha sido motivo de duras críticas en la prensa por sus polémicas expresiones en la cámara de diputados. Los medios han reproducido con insistencia las insolentes respuestas que dio a algunos cuestionamientos de legisladores y especialmente a la diputada Araceli Damián. No tiene caso reiterar lo dicho a ese respecto por el secretario, seguramente usted lo ha leído de sobra, lo que sí conviene es interrogar el sentido de esos encuentros y la desmesura de datos que deben ser totalmente confiables.

El espectáculo anual de un presidente de la República, autocontenido e impávido, dando lectura a sus logros en el Congreso, frente a interpelaciones de legisladores que cada vez se fueron haciendo más estridentes y exaltadas, llevó a la reforma de la Constitución en el 2008. Fue una negociación para evitar la ridiculización del ejecutivo federal en el Congreso e intercambiar su presencia por la comparecencia de los secretarios de Estado.

La reforma constitucional parecía una buena idea y un buen principio. Los legisladores revisarían el informe presidencial; posteriormente, podrían formularle al ejecutivo federal, “mediante pregunta por escrito”, una solicitud para ampliar la información del documento y, después, citar a comparecencia a los secretarios de Estado para rendir cuentas “bajo protesta de decir verdad”. En el papel, todo bien.

Al comienzo, algunos legisladores le hicieron llegar acuciosas preguntas al presidente de la República. Así ocurrió en el cuarto y quinto informe de Felipe Calderón. Alrededor de dos o tres decenas de preguntas fueron remitidas y, al cabo de semanas, recibieron respuesta, algunas de trámite, pero todas puntuales. Sin embargo, por alguna insondable razón, a los legisladores les pareció un ejercicio inútil y a partir del 2012 lo abandonaron. Está en la Constitución pero, como tantos otros preceptos, no se aplica.

Después, los legisladores se concentraron en la comparecencia de funcionarios para lo que llaman la glosa del informe. Sin embargo, una buena proporción de las comparecencias de los secretarios de Estado no están animadas por una auténtica rendición de cuentas, sino por las rencillas y el cobro de facturas entre fuerzas políticas. No obstante, sea el caso que sea,  los funcionarios están obligados a trasparentar su actuación, mostrar con toda precisión las cifras que tienen y aclarar qué resultados han obtenido.

Por ese motivo sorprende que, en la reciente comparecencia del secretario Miranda, en su exposición inicial, dijo algo sumamente ininteligible en materia de rezago educativo: En los últimos 15 años el promedio anual era de 5560 mil personas [a quienes se les entregó certificado]. En este año hubo un millón 713 personas certificadas de primaria o de secundaria, e incorporadas a un sistema de preescolar a través de guarderías infantiles –y a través de todos los sistemas– de 5.5 millones de personas. Es decir, 800 mil veces más que el 2008 al 2012, solamente en esta administración (versión estenográfica)

La información no tiene pies ni cabeza. Para empezar, el promedio anual de certificados entregado por el INEA en esos años es muy superior al que dice el secretario: poco más de 700 mil. Luego, según el cuarto informe de gobierno, en este año se han entregado un millón 460 mil certificados, más de 400 mil de los que anota el secretario (p. 367). Y que se hayan incorporado a través de todos los sistemas 5.5 millones de personas es simplemente incompatible con sus propios números. Pero lo que definitivamente no tiene comparación es decir que ahora suman 800 mil veces más que del 2008 al 2012. Ni cómo entender nada.

Si se supone que los secretarios de Estado acuden principalmente para rendir cuentas y están “bajo protesta de decir verdad”, cómo puede ser que uno de ellos diga lo que dijo y como si se viera llover. También, por qué ningún diputado alzó la voz para cuestionar los datos del funcionario, la comparecencia es precisamente para eso. Solamente la diputada Araceli Damián le espetó: “No se está trabajando en la reducción de la pobreza, sino en la credencialización de los pobres”. Total, lo mismo dio que Miranda se refiriera a decenas, cientos o cientos de miles de certificados.

Tal vez sea un error involuntario, una falsedad completa o una “posverdad” (post-truth). Esta última es eso que el diccionario Oxford ha incluido para designar aquella circunstancia en la que hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que el apelar a la emoción y a la creencia personal, una era de la política posverdad en la que “es fácil recolectar datos y llegar a cualquier conclusión que se desee” (https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth). Eso sí, definitivamente, rendición de cuentas no es.