CIDE: crispación y encono

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 933. Enero 27, 2022)

 

Todavía la semana anterior, luego de posponer la reunión de la Asamblea General de Asociados, máximo órgano del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), parecía que el prolongado conflicto en esa institución podría tener arreglo.

 

Sin embargo, el lunes de esta semana sesionó la Asamblea y quedó claro que las autoridades no estaban dispuestas a moverse un milímetro de su posición inicial: los nombramientos de director y secretario académico van porque van y sí o sí las facultades del órgano interno de la institución quedan acotadas.

 

La Asamblea General está integrada por ocho asociados: la persona titular del Conacyt (preside la asamblea y es considerada como representante del gobierno federal); las secretarías de Educación Pública, Hacienda, Energía y Economía; el Colegio de México; el Fondo de Cultura Económica, y el Banco de México.

 

El acta de la reunión no está públicamente disponible, seguramente en algún punto habrá de conocerse, pero el sentido de los votos rápidamente se conocieron. A favor cinco: Conacyt, Educación, Hacienda, Energía y Fondo de Cultura Económica;  dos en contra: Economía y el Colmex; y una abstención: Banco de México.

 

Sin embargo, la solución probablemente se quedará en el papel, porque seguramente no será nada fácil recuperar la normalidad en la institución, tampoco será sencillo contener la inconformidad en la arena de los Centros Públicos de Investigación (CPI) y su repercusión en el campo académico.

 

Los cambios que se aprobaron, lo anotamos aquí hace un par de semanas (Campus No. 931), con formas y tiempos de operación política debidos, si acaso solamente habrían levantado cejas, porque se refieren a aquellos artículos de procedimiento para la designación del titular del Cide, también sobre los requisitos a cumplir por la persona que aspire a la secretaría académica de la institución y aquellos que otros que regulan las funciones del órgano colegiado interno del CIDE.

 

O sea, en realidad, se trata de modificaciones que corresponden al funcionamiento y gobierno de la institución, usualmente sólo serían de interés para su propia comunidad. No obstante, la reforma cobró otra dimensión porque cambia las reglas de juego para que cuadren con hechos consumados, así que los acontecimientos rebasaron el perímetro institucional, encresparon a estudiantes y profesores y la protesta estuvo al día siguiente de la aprobación en las primeras planas de los periódicos de circulación nacional.

 

El conflicto institucional ya forma parte de la agenda política nacional, porque no solamente incluye cerrar unas instalaciones académicas o bloquear una carretera, también se debe a que las decisiones en marcha parecen tocar el límite. Las medidas y el recorte presupuestal indiscriminado a los CPI del memorando de austeridad de mayo de 2019 están registrados y desde luego el Cide no fue la excepción. A pesar de que es una institución académica tampoco escapó a un injusto tratamiento como entidad paraestatal y menos a la eliminación de los fideicomisos que dejó en la incertidumbre la operación de múltiples proyectos.

 

O bien, la reciente oferta de becas para todos los alumnos de posgrado, incluyendo a los matriculados en los CPI. Ni hablar de la renuncia del anterior director del Cide en agosto del año pasado, el interinato que le siguió y lo que ocurrió en los meses siguientes hasta hoy. Pues sí, el tema está claramente en los pendientes del campo académico y en la lista de agravios.

 

Además, la problemática ha mostrado una amplia resonancia internacional. Probablemente, el respaldo de organizaciones y personalidades de diferentes partes del mundo a la comunidad cideíta se debe al pujante trabajo y vínculos que ha realizado más allá de las fronteras nacionales, pero también porque la arbitrariedad de las decisiones son inocultables.

 

El acta de la reunión extraordinaria de la Asamblea de Asociados del Cide no se conoce, pero la doctora Silvia Giorguli, presidenta del Colmex, una de las instituciones asociadas, dio a conocer la posición que sostuvo en esa reunión (t.ly/6ySX). Los dos primeros puntos son impecables y suficientes para entender la injusticia del caso.

 

Por ejemplo sostuvo que no se podía aprobar una reforma al estatuto orgánico “dado que el procedimiento en sí mismo no cumple con lo que dicho Estatuto señala”. Lo hemos repetido en innumerables ocasiones: se ha configurado un patrón de cambio de reglas en el sector que quiebra o no respeta la jerarquía normativa.

 

La presidenta del Colmex también sostuvo que: “cualquier cambio a la normatividad requiere de la participación previa de los órganos colegiados, tal como está en el Estatuto actual”.  Un principio elemental de cualquier organización académica.

 

En fin, tal parece que era completamente innecesario tanto desatino, crispación y encono, solamente hacia falta algo de sensibilidad académica y política, así como respeto a reglas elementales de juego. El conflicto no está zanjado.

 

Pie de página: ¿La sección “Quién es Quién en las Mentiras”, dependiente de la presidencia de la República utiliza un correo de Gmail y fue hackeada? ¿Por qué no tiene una cuenta institucional? Todavía hace un año el presidente López Obrador, a propósito de la censura en redes sociales decía que solicitaría al Conacyt diseñar una red propia. Pero...

Viraje en el posgrado. ¿Para qué sirve un Programa?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en CampusMilenio No. 932. Enero 20, 2022. Pág. 4)

 

Una propuesta articulada de cambio en el posgrado nacional no existe. Al menos no hay ningún proyecto públicamente disponible. Otra vez, lo que tenemos son intenciones, algunas cifras deshilvanadas y muchos adjetivos para modificar las cosas. Sin embargo, desafortunadamente, eso no es suficiente.

 

Los estudios de posgrado son el componente energético imprescindible para arrancar la investigación a nivel nacional, también son un insumo fundamental para fortalecer la planta académica del sistema educativo y, desde luego, para consolidar un robusto aparato científico y tecnológico. El flujo de los posgrados, en cierta medida, nos anticipa el sistema académico que nos aguarda.

 

El volumen de posgraduados ha venido creciendo en las últimas tres décadas, pero todavía tenemos pendientes en este terreno y, si no meditamos bien los cambios a realizar, corremos el riesgo de retroceder. En 1990 contábamos con una matrícula total en educación superior de un millón 243 mil alumnos y de esa cifra poco más de 42 mil estudiantes estaban en el posgrado (ocho de cada diez en instituciones públicas). O sea, la matrícula del posgrado representaba alrededor de 3.4 por ciento del total de estudios superiores.

 

Las cifras del ciclo escolar 2020-2021, en el más reciente informe de gobierno, dice que la matrícula de educación superior suma cuatro millones 31 mil estudiantes. Por cierto, dos breves notas. Primera, la cifra anterior solamente se refiere a la modalidad escolarizada, si le añadiéramos la no escolarizada, cada vez más numerosa, la matrícula total casi llegaría a los cinco millones. Segunda nota: por primera vez, en décadas, tuvimos menos alumnos que en el ciclo escolar anterior, 32 mil alumnos menos; seguramente refleja parcialmente los estragos de la pandemia en las instituciones escolares. La tendencia largamente ascendente tuvo un punto de inflexión y veremos qué sigue en el ciclo 2021-2022.

 

En fin, seguimos, del total de la matrícula actual de educación superior escolarizada, los estudiantes de posgrado suman 239 mil 100 (59 por ciento en instituciones públicas y 49 por ciento en particulares). En términos porcentuales, el total del posgrado representa el 6 por ciento de los estudios superiores.

 

Así, los estudios superiores, en los 30 años anteriores, se expandieron de forma notable: la matrícula se triplicó; pero la del posgrado creció todavía más, se multiplicó por un factor de seis. Un esfuerzo importante.

 

La participación relativa de alumnos de posgrado del sector privado, en términos comparativos con el público, creció más: al inicio del periodo tenía 20 por ciento (ocho mil 400 alumnos) y ahora tiene 49 por ciento (117 mil 400 alumnos). O sea, creció a un ritmo mayor, aunque la base de la que partió era muy reducida.

 

¿Las tendencias anteriores llevarían a tratar de limitar los posgrados particulares e impulsar los públicos? La intención de las autoridades parece concentrarse en esa idea porque, a su juicio, en el periodo ocurrió un desmantelamiento del sistema público de posgrado. La situación en el posgrado es más compleja y depende de un sistema de evaluación. El problema es que, a la fecha, no existe un diagnóstico preciso ni un proyecto para el posgrado que anticipe el porvenir.

 

Desde julio del año pasado, la directora del Conacyt, ya había dicho que sustituiría el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) por otro programa, uno sistémico, el cual permitiría “transitar hacia un modelo de formación e investigación en posgrados con mayor solidez epistemológica, rigor científico e incidencia social, acorde con la transformación que vive el país” (Comunicado No. 226/2021). Nada hubo.

 

Luego, medio año después, en diciembre pasado, en la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), la directora del Conacyt, reiteró que se había abandonado el posgrado público y había que fortalecerlo. Ahí mismo anunció que se entregarían becas para todos los alumnos de posgrado de instituciones públicas. Una buena noticia, pero tampoco es suficiente.

 

Días después, el 28 de diciembre para ser precisos, apareció el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024 (Peciti) y tampoco tiene ningún planteamiento para la reforma del posgrado. Lo único que se menciona es que existe el PNPC pero poca capacidad para absorber a sus egresados (pág. 447) y su estrategia prioritaria es incrementar el presupuesto para becas para alcanzar “al menos 1.5  de investigadores por cada 1000 habitantes” (pág. 457). Ningún lineamiento para el posgrado.

 

En fin, si el documento rector de la política en la materia, el Peciti, mismo que apareció dos años después de cuando debió estar listo, no considera lo que podría ser una de las iniciativas con mayor repercusión para el futuro del sistema científico y tecnológico, podemos comprender que los programas sirven para muy poco. Seguiremos bajo ensayo y error.

 

Pie de página: La reunión para modificar los estatutos del CIDE no se llevó a cabo y los estudiantes entregaron las instalaciones. Las posiciones en el tablero de los CPI se siguen moviendo y la partida todavía no se define.

Cide: una raya más

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 931. Enero 13, 2022)

 

Un cambio en las reglas de juego para imponerse en un conflicto en ascenso parece un mal camino para buscar una solución. Sin embargo, eso es lo que intentarán las autoridades del Conacyt para contender con el paro de actividades del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide). Los resultados los conoceremos en breve y seguramente no serán los esperados por la autoridad. ¿O sí?

 

Según la información que circula en redes sociales, se cita a reunión extraordinaria a la Asamblea General de Asociados del Cide para este viernes 14 de enero a las 9 hrs. El oficio tiene los sellos oficiales y la firma correspondiente, así que todo indica que el documento es auténtico. No será una reunión presencial, se llevará a efecto a través de videoconferencia.

 

La Asamblea General es el órgano supremo de la institución, la preside la titular del Conacyt (representante del gobierno federal) y están otras siete instituciones asociadas: las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Energía; también el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y el Banco de México.

 

El punto a tratar serán cambios en el Estatuto General del Cide, o sea, precisamente, la modificación al instrumento jurídico de creación de la institución. De hecho, uno de los motivos previstos para citar a reuniones extraordinarias. La intención es modificar aquellos artículos que hoy se contraponen a los hechos consumados.

 

Uno de los cambios a realizar es la forma de designación del titular del Cide. La norma vigente establece que el Consejo Directivo, órgano de gobierno de la institución, debe formalizar el nombramiento y también, llegado el caso, ratificarlo para un segundo periodo (fracción IV del artículo 29). La instancia está integrada por 14 personas, entre ellas seis representantes del gobierno federal, dos instituciones autónomas y cuatro consejeros.

 

Sin embargo, como seguramente usted lo recuerda, el nombramiento del actual director, José Antonio Romero Tellaeche, no observó del todo esa norma, su designación fue impugnada y hoy es la fuente del conflicto. La modificación propone que el Consejo Directivo solamente debe “tomar conocimiento” del nombramiento. Es decir, la designación será enteramente prerrogativa de la autoridad del Conacyt.

 

Otro cambio son los requisitos que debe cubrir la persona para ocupar la Secretaría Académica del Cide. Actualmente está como restricción que debe ser personal académico activo de la institución, al menos durante los dos años anteriores al nombramiento. La modificación propone una equivalencia: “haber sido miembro activo de otra institución de amplio reconocimiento”.

 

Un asunto de gestión interna carece de relevancia, pero la propuesta de cambio se debe principalmente a que la persona que actualmente ocupa esa posición es personal de la Universidad Autónoma Metropolitana, así que tampoco cumple la norma vigente. Así que si se aprobara la reforma, su nombramiento ya no estaría fuera del marco normativo.

 

Finalmente, un último cambio y tal vez el más espinoso, es el recorte de facultades al Consejo Académico del CIDE. Este último es el “órgano colegiado interno de análisis y consulta en lo referente a las actividades académicas”; instancia clave de operación y gobierno de la institución.

 

Básicamente, la propuesta es suprimir la facultad de aprobación que tiene el Consejo en lo referente al programa de trabajo del director general, sobre los programas docentes o unidades académicas e incluso del cambio de estatutos. Así que, de inicio, la presente reforma de los estatutos primero tendrían que pasar por el órgano interno. Seguramente, por la misma razón, la modificación propone eliminar sus facultades aprobatorias y que ahora el Consejo solamente opine al respecto.

 

Lo grave del caso es que los cambios propuestos están a la base de un conflicto en curso, lo que equivale a decir que un juego inicia con unas reglas y a la mitad del cotejo, una de las partes las cambia y exige aplicarlas como si nada. La no retroactividad y el principio de certeza jurídica quedan hechos añicos.

 

Todavía más grave es que, a estas alturas del periodo de gestión en el sector, ya configura un patrón de quiebre de normas al menor asomo de conflicto. Así ocurrió con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la ley del sector, entidades paraestatales de investigación, los fideicomisos públicos, el estatuto del personal Cátedras Conacyt, el estatuto orgánico de Conacyt o el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo.

 

Lo que ocurre en el Cide, lo dijimos en su momento, pudo ser atendido sin mayor complicación. No obstante, la autoridad parece especializarse en sumar un conflicto tras otro, crea problemas donde no los había y rápidamente escala aquellos que se presentan. Pronto no quedará espacio para más rayas.

 

Pie de página: Por fin salieron los resultados del SNI, felicidades si ingresó o fue ratificado. Pero, a propósito de cambio arbitrario de reglas, ni lo dude, ahora vendrá un cúmulo de impugnaciones de los que quedaron fuera, porque el reglamento del SNI cambió después de emitida la convocatoria correspondiente. Ni cómo ayudar.

Peciti: el futuro nunca llega

 

(Publicado en CampusMilenio No. 930. Enero 6, 2022. Pág. 4)

 

El 28 de diciembre del 2021, dos años después de cuando debió ser, apareció el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) de la actual administración. La publicación del programa en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue una de las últimas novedades al cierre del año y ya es, oficialmente, el documento que regirá la política del sector para la segunda mitad del periodo de gobierno.

 

Lo dijimos una y otra vez en este Acelerador de Partículas: imposible entender por qué legalmente no existía el Peciti 2021-2024 si las autoridades decían que su elaboración ya estaba concluida. La directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, desde el 2019 dijo que el programa estaba aprobado por las instancias correspondientes y, sin embargo, no se difundía oficialmente.

 

De hecho, la titular del Conacyt expuso formalmente el programa ante legisladores, las mismas láminas de presentación también las dio a conocer en las conferencias de prensa del presidente López Obrador e incluso en actos diplomáticos. Pero el documento simplemente no estaba en ningún lado.

 

¿El Pectiti tiene importancia legal o es completamente irrelevante? Si se trata del programa que contiene, en blanco y negro, los objetivos estratégicos y las acciones a llevarse a efecto para un determinado sector de la administración pública, no hay duda de que tiene un lugar sobresaliente en los deberes de la planeación.

 

Después de todo, en su momento, cuando quedó en la ley sectorial de 1999 que el programa para ciencia y tecnología debía ser considerado especial, lo que resaltó fue la posibilidad de integrar y coordinar intersecretarialmente los objetivos y el gasto público para esas actividades, puesto que diferentes entidades destinaban parte de su presupuesto a ese efecto.

 

La Ley de Planeación, como aquí mismo lo hemos apuntado, destaca que se denominan programas especiales a aquellos que refieren prioridades de desarrollo integral del país y que incluyen dos o más dependencias coordinadoras del sector. El Conacyt es el organismo rector, pero participan de las actividades muchas otras secretarías y entidades.

 

No obstante, la fuerza legal y capacidad vinculante del Peciti, como de muchos otros programas de la administración pública, ha sido relativamente escasa desde hace tiempo. Al término de cada periodo gubernamental los resultados siempre quedan por debajo de las expectativas y siempre hay razones para justificar la falta de logros. Pueden ser las cíclicas crisis económicas, otras prioridades nacionales, el limitado presupuesto, la abulia gubernamental e imponderables, como la pandemia en curso. El futuro se vuelve a diferir para una siguiente administración.

 

Las perspectivas todavía eran más inciertas en la actual administración. La flexibilidad de las normas se ha extendido al máximo, incluso la omisión de diferentes ordenamientos secundarios o de una nueva ley general para el sector que estableció la reforma del artículo 3º constitucional de 2019.

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (DOF 12.07.2019), en el cual debió estar incluido el sector como prioridad para el desarrollo integral de la nación y destacar los lineamientos que darían lugar al Peciti, solamente hizo una mención en un párrafo de tres líneas.

 

El mismo Plan tampoco indicó que programas (sectoriales, institucionales, regionales o especiales) debían ser elaborados. Solamente quedaron enlistados los nueve programas de política social que continúan como prioridad de la actual administración. El Plan no era un plan ortodoxo y el primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, lo calificó como un manifiesto político.

 

¿El problema queda resuelto con la existencia del Peciti? Parcialmente. Ahora está plasmado de forma explícita el diagnóstico del sector, los grandes objetivos que se propone la presente administración y las acciones que pondrá en marcha. Lo sorprendente es que no hay ninguna explicación pública del retraso en su publicación o si la demora tendrá implicaciones en las metas.

 

La autoridad simplemente comunicó que el programa entró en vigor a partir del pasado 29 de diciembre y que es “un instrumento de observancia obligatoria y es resultado del trabajo de diseño y coordinación interinstitucional” (Comunicado274/2021. 29.12.2021).

 

Los programas, antes de los años 2000, eran un elocuente ejercicio de retórica y de pocos números. Un elemento positivo es que, en las últimas dos décadas, los programas sectoriales y especiales, incluyen metas cuantitativas y una serie de parámetros que permiten valorar la ambición y esfuerzo de cada administración. El Peciti 2021 – 2024, aunque con sobredosis de componentes ideológicos, no fue la excepción y también incluye un apartado de metas con los indicadores respectivos.

 

Posteriormente examinaremos en detalle el programa y habrá oportunidad de contrastar lo realizado en la primera mitad del ejercicio de gobierno con las metas autoimpuestas. Al final sabremos si el futuro prometido, otra vez, quedará diferido para un siguiente periodo.

 

Pie de página: el año 2021 concluyó y, por primera vez en la historia del programa, los resultados de la convocatoria del SNI no estuvieron listos.// ¡Un año de lo mejor para ustedes!

Cátedras. ¿Pocos recursos y asignaciones sesgadas?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 929. Diciembre 16, 2021)

 

Lo que ocurre con el programa Cátedras Conacyt –ahora denominado Investigadoras e investigadores por México— permite entender el creciente malestar en el sector científico y tecnológico e ilustra el peculiar estilo de conducirlo.

 

El programa, como se sabe, fue diseñado por la administración anterior como opción laboral ante la creciente demanda de jóvenes doctores que no encontraban ni encuentran fácil acomodo en el mercado de trabajo. Básicamente, propuso la instauración de cátedras conforme temas y proyectos de investigación de las instituciones; los solicitantes se inscribían en la convocatoria correspondiente y si resultaban seleccionados eran comisionados a una universidad o centro de investigación.

 

Conacyt funge como patrón y el lugar donde se desempeñan es la institución de adscripción. Los contratos son por diez años, pero pueden ser prorrogables tantas veces como sea necesario, aunque la idea era que las instituciones abrieran plazas y los jóvenes concursaran por las mismas. Muy pocas se abrieron.

 

El problema recurrente son los recursos financieros. El programa arrancó en 2014 con la aceptación de poco más de medio millar de doctores y se suponía que anualmente aceptaría un número relativamente similar. No obstante, en 2015 la cifra se redujo a la mitad y en los años siguientes la cantidad de aceptados fue parecida, hacia el 2018 los catedráticos sumaban poco más de 1,500. El presupuesto fue el obstáculo para su expansión.

 

Al inicio del actual periodo gubernamental, en febrero del 2019, seguramente usted lo recuerda, vino un primer desencuentro con los jóvenes del programa. Otra vez, en el centro del problema estaba el asunto de los recursos financieros. En aquella ocasión, la directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, dijo que se encontró con un programa insostenible porque había alrededor de 1,500 catedráticos “colgados” de la nómina de Conacyt y eso tenía que cambiar sí o sí.

 

Las apreciaciones sobre el desempeño de los catedráticos encendió los focos de alarma. Obviamente los jóvenes no permanecieron impasibles y rápidamente montaron una campaña para difundir la normatividad que amparaba su trabajo y, sobre todo, para divulgar sus logros. Apareció el germen de su organización. La directora del Conacyt tuvo que rectificar y decir que, en realidad, intentaría ofrecer verdaderas alternativas laborales.

 

No obstante, ninguna alternativa se formuló; tampoco hubo convocatoria del programa en 2019 ni en 2020. Los catedráticos, por su parte, se organizaron en un sindicato (Siintracátedras) y buscaron la negociación de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Precisamente, cuando estaban en el proceso de negociación y como también ha ocurrido con otros programas u organizaciones en el sector, la autoridad modificó los lineamientos y nombre del programa. Un patrón que se ha repetido en otros casos.

 

En general, el programa conservó el principio de funcionamiento y evaluación laboral, pero endureció algunos requisitos y condiciones (por ejemplo, el cambio y permanencia en el SNI). Nuevamente vinieron las protestas y las aclaraciones, las cosas se tranquilizaron cuando la autoridad dijo que las nuevas normas no serían retroactivas.

 

En fin, todavía no hay una resolución definitiva sobre el CCT, pero la Junta de Conciliación y Arbitraje consideró que no procede el derecho de huelga ni la firma de un CCT. El caso es que en ese contexto, el Conacyt emitió la nueva convocatoria del programa, ahora con nombre nuevo.

 

La variación principal del actual programa, como ya lo puntualizamos en estas mismas páginas (Campus No. 919), es una nueva modalidad de institución receptora. Ahora los jóvenes doctores, además de instituciones de educación superior, también pueden optar por dos o tres dependencias gubernamentales como entidades de adscripción.

 

Los resultados de la nueva convocatoria se publicaron en el mes de noviembre y otros más la semana pasada. Lo inquietante no solamente es el escaso número de jóvenes seleccionados, en ambas fechas suman 81(mitad para instituciones académicas y mitad para la administración pública), más grave es que, se especula en redes sociales, se adjudicaron 12 plazas a seis grupos de investigación (@ObreroFuturista 2021, 13 de diciembre). O sea, pocas oportunidades laborales y encima sesgadas.

 

En resumen, después de una incertidumbre de dos años, seguimos con el mismo programa pero más recortado, con criterios más endurecidos y sin resolver la precariedad laboral de los jóvenes. Claro, aparte, estuvo la amenaza de suprimir el programa, el cambio de reglas a la mitad de las negociaciones con el sindicato y la negativa firmar un CCT. Una secuencia de hechos que no podía generar más que desconcierto y malestar. ¿Había necesidad? No.

 

Además, el caso muestra la importancia de la transparencia, rendición de cuentas y vigilancia social de los programas gubernamentales, sobre todo para desmentir o confirmar si la distribución de plazas favorecen o no a determinados grupos de investigación. Muy importante.

 

Pie de página: El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que citarán a comparecer a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, para buscar solución al conflicto del CIDE.  El respaldo hacia el Centro sigue en aumento.

CIDE: cadena de errores

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 928. Diciembre 9, 2021. Pág. 4)

 

Las dificultades en el sector científico y tecnológico comenzaron desde el periodo de transición; una escaramuza propia de un cambio en la administración pública parecía en ese entonces. Pero, total, pasada la transición o cuando más la curva de aprendizaje del primer año, cabía suponer, pasaría el vértigo del asiento en primera fila y por fin se cumplirían las expectativas de mejora en el sector.

 

Sin embargo, transcurridos los primeros tres años de gobierno, por el contrario, todo ha sido para peor y hoy incluye un conflicto estudiantil con epicentro en el CIDE. Los errores se han eslabonado uno tras otro, cada vez más graves y de mayor alcance. Hoy, los estudiantes del Centro tienen tomadas las instalaciones desde el 29 de noviembre, la mayor parte de la comunidad cideíta está involucrada e incluso las manifestaciones de respaldo de otras instituciones se han multiplicado.

 

Al inicio, el 19 de noviembre para ser exactos, unas pocas decenas de jóvenes llegaron a las puertas del Conacyt para que les recibieran un pliego petitorio, fueron subestimados e ignorados. La actuación de la autoridad muestra que mucha comprensión de cómo conducir el sector no existe, o bien, lo que hay es una franca insensibilidad que busca imponerse a toda costa. Mal por el lado que sea.

 

Los antecedentes del actual problema en el CIDE, como suele ocurrir, tienen raíces que llegan hasta su fundación y trayectoria misma; los conflictos relativamente recientes los hemos comentado en este Acelerador de Partículas en distintas oportunidades. Pero, ahora, habría que mirar qué ha hecho la autoridad para llegar al punto en el que está.

 

Las demandas iniciales de los estudiantes incluían: la convocatoria a un consejo extraordinario para la lectura de su pliego petitorio; el esclarecimiento de las acciones efectuadas por el entonces director interino; y la “destitución inmediata del dr. José Antonio Romero Tellaeche” como director interino y su remoción como candidato aspirante.

 

El 29 de noviembre era la fecha límite para el nombramiento del nuevo director y también el plazo que los estudiantes dieron para obtener una respuesta. En caso contrario, anotaron en su pliego petitorio, tomarían las instalaciones como última medida y añadirían dos exigencias más: el compromiso de las autoridades de no tomar represalias de ninguna índole y el respeto a “la toma de instalaciones física y virtual sin excepción hasta la resolución”.

 

La dirección del Conacyt siguió adelante con su procedimiento y, a pesar de la petición estudiantil, las irregularidades normativas y la oposición que había generado, designó a Romero Tellaeche como titular. Quizás el cálculo era que los estudiantes eran unos cuantos y no llevarían a efecto sus medidas. No se necesitaba mucha sagacidad para suponer que existía una alta probabilidad de que el conflicto podía escalar.

 

Todavía el 2 de diciembre, ya con las instalaciones tomadas, los estudiantes llamaron a un diálogo a la directora de Conacyt, un “dialogo abierto, respetuoso y horizontal” con la comunidad cideíta. Otra vez el silencio fue la respuesta. Al día siguiente, tal vez reconsiderando sus omisiones, pero de forma intempestiva e inexplicable se presentó en las instalaciones Romero Tellaeche, el director designado. El motivo, dijo, era entregar un listado completo con el nombre de las personas que pertenecen al Centro para resguardar su integridad. Todavía más incomprensible.

 

Por supuesto, la visita de Romero lo único que logró fue exacerbar los ánimos, generar simpatías y añadir razones a la toma de las instalaciones, porque los estudiantes le propusieron que si recibían la carta entonces él debía firmar un compromiso de no represalias. Los jóvenes comenzaron a leer el pliego petitorio en voz alta y el director se marchó entre gritos y consignas. Tarde y mal.

 

Finalmente, vino la marcha del pasado fin de semana, los manifestantes ya no fueron decenas, el cálculo es que los asistentes sumaron alrededor de dos mil personas. Además, los llamados a atender el problema van en aumento y también las expresiones de apoyo a la comunidad del CIDE. ¿Otra vez la autoridad hará como que no pasa nada y volteará para otro lado? Esperemos que no.

 

La gestión propiamente administrativa, a estas alturas, todavía no concluye con el aprendizaje de las rutinas institucionales, la aplicación de procedimientos y normas; acumula graves rezagos, fallas en el sistema y múltiples pendientes. La operación política del sistema tampoco es mejor, ahí está el saldo de la judicialización de los conflictos administrativos, asignaciones cuestionadas, acusaciones sin prueba y un sentido agravio a las comunidades.

 

Pie de página: Las convocatorias del Conacyt, tanto las de ciencia básica como las de formación en especialidad médica, cada vez con mayores restricciones. Plazos cortos para aplicar (alrededor de diez días). La beca de formación es solamente para Cuba y el apoyo para proyectos de investigación, respecto de convocatorias anteriores, tiene montos menores (750 mil pesos por proyecto y con duración de nueve meses).

Tres años después

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 926 Noviembre 18, 2021)

 

El recuento de lo realizado en materia científica y tecnológica no ha sido ni es parte de la narrativa de logros en los resonantes informes de gobierno. Sí, ahí están las repetidas menciones sobre la entrega de becas y... nada más. Pero ni eso se sostiene. El panorama en el sector muestra que, en realidad, hoy tenemos menos de lo que habíamos alcanzado y problemas donde no los había.

 

Al cumplir su primer año de gobierno, el 1 de diciembre de 2019, el presidente López Obrador dijo: “avanzamos en apoyar con recursos a universidades y centros públicos de investigación. Este año el Conacyt ha destinado 2 mil 253 millones de pesos a ciencia básica o de frontera; además, se otorgaron 24 mil 453 becas nuevas a estudiantes de posgrado”.

 

El mensaje de AMLO, en este año, en su reciente 3er informe de gobierno, a la mitad de su gobierno, volvió a repetir: “hemos aumentado en nueve mil 370 las becas de posgrado e investigadores para llegar a un total de 125 mil 816 y recientemente se amplió al doble el número de médicos que recibirán una beca para cursar una especialidad en el país o en el extranjero...”.

 

Sin embargo, ni para la educación superior ni para ciencia y tecnología tenemos más recursos financieros. A pesar de que el presidente, antes de comenzar su periodo de gobierno, se comprometió a incrementar los recursos a las instituciones de educación superior o que, en el peor de los casos, conservarían su nivel porque nunca tendrían un presupuesto por abajo de la inflación, lo cierto es que ha incumplido su promesa.

 

La reforma del artículo 3º de mayo de 2019 estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, pero no hay recursos para garantizarlas. El gasto federal por alumno en educación superior sigue cayendo: hace una década era de poco más de 70 mil pesos, actualmente es de alrededor de 50 mil pesos.

 

El panorama no es mejor en el sector de ciencia y tecnología, el ramo 38 el que ejerce centralmente el Conacyt disminuyó sistemáticamente en los tres años anteriores y apenas parece repuntar. En 2018, en términos nominales, tenía 32 mil millones de pesos, este año alcanzó 30 mil millones y para el año 2022 se tienen previsto 34 mil millones de pesos. Obviamente si se considera el efecto de la inflación no hay tal aumento.

 

Las cifras con las becas de posgrado tampoco están para festejar. Hoy, ni forzando los datos, tenemos un mayor volumen. Los datos más recientes muestran que en 2018 el Conacyt administraba 55 mil 962 becas para estudios de posgrado (52 mil 649 nacionales y 3 mil 313 para el extranjero). Para 2021 administra 54 mil 227 (51 mil 706 nacionales y 2 mil 521 para el extranjero). No solamente se otorgan menos becas, también debemos considerar que cada año aumenta el número de jóvenes que buscan cursar un posgrado.

 

Ni hablar de los aplazamientos en las convocatorias de becas regionales o para el extranjero. O bien, de los retrasos en la entrega de los apoyos para becas de movilidad, para los becarios de fondos especiales o para algunos de los grupos vulnerables que se han inconformado públicamente al respecto.

 

Solamente los miembros del Sistema Nacional de Investigadores aumentaron: se añadieron 6 mil 500 investigadores más, respecto de los que había en 2018. Una tendencia que es similar a la observada en la última década. Sin embargo, como ha sido público, los cambios en el reglamento de ese sistema, la integración de sus comisiones dictaminadoras y la ambivalencia con los investigadores de instituciones particulares, han sido lo sobresaliente.

 

A la fecha, aunque normativamente debió ser publicado en enero del año 2020, tampoco existe el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación que debe regir las acciones en el sector. Una situación similar ha ocurrido con la Ley General del sector, la cual debió promulgarse hace casi un año y pues todavía no hay nada.

 

Los estragos que causó y sigue causando la desaparición de fideicomisos públicos en el sector han sido inocultables. La gestión en Centros Públicos de investigación se ha visto trastocada y los proyectos de investigación que dependían de fondos mixtos, sectoriales e institucionales simplemente quedaron en el aire. Las ministraciones se suspendieron sin mayor miramiento ni consideración.

 

En estas circunstancias no son de extrañar los problemas en el sector ni los desencuentros entre autoridades, académicos, estudiantes y científicos en los pasados tres años. La reactivación de sindicatos en los Centros Públicos de Investigación, la formación de nuevas organizaciones gremiales (como Siintracateras), la intervención de la Fiscalía General de la República, los amparos, los pleitos en los tribunales o el movimiento estudiantil en el CIDE, forman un inventario de problemas donde no los había. ¿Continuará lo mismo en la siguiente mitad? Todo parece indicar que sí.

 

Pie de página: La directora del Conacyt anunció que a partir del año próximo se cancelarán las colegiaturas y cuotas que pagan los estudiantes de todos los Centros Públicos de Investigación (CPI). Nada mal para atemperar el conflicto con el movimiento estudiantil. El problema es que no aumentarán los recursos de los CPI que compense lo que dejarán de percibir, así que el presupuesto por alumno seguirá cayendo y ya sabemos el deterioro que producirá.