Ciencia y Tecnología: ¿celebración de realizaciones y pendientes?

 Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 974. Noviembre 24, 2022. Pág. 9)

 

Campus celebra un aniversario más y coincide con el final de los primeros dos tercios de la presente administración. A pesar de que todavía falta el tramo final, las mismas autoridades han hecho notar que lo realizado hasta ahora ya constituye una transformación y logros sin precedente. Vale la pena destacar un par de iniciativas sobresalientes en el sector de ciencia y tecnología y también algunos pendientes.

 

La transformación, lo ha reiterado la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, casi desde que tomó posesión del cargo en diciembre del 2018, fue detener las transferencias millonarias hacia empresas privadas. Según su apreciación, esas transferencias, muchas de ellas directas y para transnacionales, impedían el desarrollo científico y tecnológico. Lo predominante en administraciones anteriores, ha dicho, era una ciencia neoliberal y una tendencia favorecedora a la privatización de los posgrados. Ahora ya no.

 

¿Por qué no? Uno de los cambios, lo repite una y otra vez la titular del Conacyt, fue la eliminación de los 91 fideicomisos que operaban en el sector, unos desde el periodo del expresidente Vicente Fox y los más en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí, en el sector estaba la mayor cantidad de esos instrumentos, aunque ni de lejos concentraban el volumen más grande de recursos.

 

El monto recuperado de los fideicomisos, dijo Álvarez Buylla en una reciente conferencia de prensa con el presidente, fue de más de 14 mil millones de pesos y añadió que también se encontró con una gran cantidad convenios insolventes que sumaban más siete mil millones de pesos. “Y en total, entonces, el retorno a la Tesofe fue de casi 22 mil millones de pesos” (versión estenográfica 09.08.2022). Así que ahora, completó la titular, hay mayor ahorro, eficiencia y resultados de innovación. 

 

La extinción de los fideicomisos, sin embargo, no fue una decisión del sector, fue una política el gobierno federal que eliminó esos instrumentos de toda la administración pública, excepto algunos para Salud, Energía y la Secretaría de la Defensa. Aunque a la fecha no se ha presentado el informe público que mostraría la corrupción y el manejo opaco de los fideicomisos, a pesar de que el presidente López Obrador prometió que esa información estaría a los tres meses, o sea, en enero del año 2021. Ni entonces ni ahora.

 

En cambio, la eliminación de los fideicomisos provocó dificultades y parálisis en el sector, especialmente en los Centros Públicos de Investigación, porque la administración y operación de esas instituciones, y de múltiples proyectos en marcha, dependían de esos instrumentos. 

 

El ahorro de recursos ha sido notorio, los lineamientos de austeridad se aplicaron sí o sí a las instituciones y también está el registro del presupuesto anual para el sector. En términos nominales, apenas este año y el próximo, el Conacyt recibió una cantidad superior a la asignada al inicio del periodo: en 2018 recibió poco más de 27 mil millones de pesos y este año tuvo 29.5 mil millones de pesos y para el próximo tendrá 31.6 mil millones de pesos. Un incremento de poco más de 4 mil millones de pesos que, como se podrá entender, no compensa la inflación acumulada.

 

Sobre la privatización del posgrado. Álvarez Buylla ha dicho que al inicio del actual periodo encontraron que 64 por ciento de la matrícula de posgrado estaba privatizada y 36 por ciento no. O sea, la mayoría de alumnos de ese nivel estaban inscritos en instituciones particulares. ¿Qué hizo el Conacyt? Eliminó el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), un programa que otorgaba becas solamente a los alumnos matriculados en instituciones pertenecientes a ese padrón, fueran públicas o privadas.

 

¿Cómo estaban los números del PNPC? De los más de 11 mil programas de posgrado a nivel nacional, poco más del 20 por ciento pertenecían a ese padrón y, de este último porcentaje, el 75 por ciento estaban orientados a la investigación y el 90 por ciento correspondían a instituciones públicas. Sin embargo, la autoridad dejó en claro que entregará las becas de posgrado directamente y, según sus cálculos, habrá para todos los alumnos matriculados en instituciones públicas. 

 

No obstante, las cifras del 4to informe de este gobierno, de septiembre de este año, muestran que al inicio del sexenio se entregaban 52 mil 649 becas de posgrado nacionales y la estimación para este año es de 49 mil 406. O sea, casi tres mil becas menos. Las becas de posgrado al extranjero, para el mismo periodo, pasaron de 3 mil 313 a 1 mil 650 (pág. 638). Estas últimas se redujeron a la mitad. 

 

Tal vez al cierre del año las cifras de becas mejoren, pero tampoco serán sobresalientes. El único programa que se ha expandido a tasas crecientes es el Sistema Nacional de Investigadores (SIN): en el 2018 tenía 28 mil 633 integrantes y la estimación para este año es de 36 mil 624. Es decir, se han agregado casi ocho mil nuevos miembros en los últimos cuatro años; casi dos mil por año. 

 

Un crecimiento importante del SNI pero no todo es miel sobre hojuelas. Como también se sabe, la presión financiera ha sido mucha, así que cambió su reglamento para retrasar el ascenso en el programa de los jóvenes investigadores y concentrarse en IES públicas. Ahora, en la convocatoria más reciente, está por resolverse si todos los que recibieron el nombramiento de investigador, también recibirán el incentivo económico correspondiente.

 

En fin, en este panorama, quedan al menos tres pendientes insoslayables. Uno de los más sobresalientes es la expedición de la ley general para el sector que debió hacerse desde diciembre del 2020. No menos importante es una asignación presupuestal creciente, los recursos han sumamente limitados y ahora estamos más lejos de cumplir con un piso básico de 1 por ciento del PIB para ciencia y tecnología (pasamos del 0.45 al 0.33). Y, finalmente, la descentralización de la actividad, porque al eliminarse los fondos mixtos y la operación de la instancia de encuentro entre el Conacyt y las autoridades de las entidades federativas, el fomento del sector en los estados ya no se ve como un objetivo. 

 

Pie de página: ¡Larga vida a Campus!

Reasignaciones de bienestar en el presupuesto 2023

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 973. Octubre 20, 2022)

 

La tarde del pasado 8 de noviembre, la diputada Saraí Núñez Cerón, secretaria de la sesión, informaba: “Ciérrese la plataforma digital. Señor presidente, se emitieron 273 votos en pro, 222 en contra y 0 abstenciones” (versión estenográfica). La propuesta del Prespuesto de Egresos de la Federación 2023 (PEF) estaba aprobada en lo general.

 

Sin embargo, en lo particular, con alredor de dos mil reservas por exponerse, quedaban largas horas y días para desahogarlas. Al final, con excepción de cuatro reservas, todas fueron desechadas. El viernes 11, el diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva, concluía la sesión indicando sobre el PEF: “Aprobado por 270 votos lo reservado, en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la asamblea. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio del año 2023. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales”. Listo.

 

El volumen total de recursos del PEF suma 8.29 billones de pesos, la misma cantidad que había propuesto el gobierno federal en septiembre pasado, pero con algunas reasignaciones presupuestales importantes que fueron aprobadas. El caso más ilustrativo es el ramo de los autónomos, al que le fueron recortados poco más de 6 mil millones de pesos. En este ramo están el poder legislativo, el judicial y organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Cofece, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Inai, la Fiscalia General de la República y el Instituto Nacional Electoral (Ine).

 

La reducción más significativa fue para el Ine con poco más de 4 mil millones de pesos (de 24, 696 millones de pesos pasó a 20 mil 221 millones de pesos). Aunque también al Consejo de la Judicatura Federal le restaron una cantidad significativa: 1,286 millones de pesos. Esta última reducción fue una de las cuatro reservas que prosperaron, de las más de 2 mil que se expusieron; el argumento fue que la disminución al Consejo sería para la reforma constitucional de la Guardia Nacional.

 

A su vez, la cantidad restada al ramo de las entidades autónomas, fue reasignado al ramo administrativo, donde están las secretarías de Estado y otras entidades federales. Pero, en realidad, fue para la Secretaría del Bienestar, los diputados le incrementaron 6 mil 340 millones de pesos: pasó de 408 mil 290 millones de pesos a 414 mil 632 millones de pesos.

 

Otra reserva, también aprobada en la sesión final, fue sobre el procedimiento para el ejercicio del gasto en el programa la “Escuela es Nuestra”. La presentó la diputada Tania Cruz Santos del Partido Morena y planteó que los recursos para ese programa eran de más de 13 mil millones de pesos, lo cual constituía un incremento de 84.5 por ciento, respecto del año anterior.

 

El problema, dijo Cruz Santos, era que se habían sumado, en las reglas de operación del programa, distintos tipos de recursos: para mejora de infraestructura escolar, alimentación y jornada extendida que pertenecía al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, pero no estaban definidos los montos de recursos para cada componente. Propuso que se añadiera un transitorio para que se definieran las asignaciones para cada componente. La reserva fue aprobada.

 

En resumidas cuentas, con las salvedades anotadas, la propuesta de PEF que conocimos al inicio del pasado mes de septiembre, fue lo que se aprobó la semanana pasada. O sea, fueron los mismos 8.29 billones de prespuesto total y tampoco varió la cantidad para educación ni para ciencia y tecnología, será porque no forman parte del “bienestar”.

 

Seguramente usted recordará que para el caso de ciencia y tecnología se proponía para el año 2023 un monto total de 108 mil millones de pesos, la misma cantidad fue aprobada por los diputados. Tómese en cuenta que el monto incluye a todo el sector: el presupuesto en la materia de todas las secretarias de Estado y el que ejerce directamente el Conacyt. El monto representa, en términos nominales, 15 mil millones de pesos más de lo asignado en este año.

 

El incremento principal, sin embargo, no es para el Conacyt. El orgnismo pasará de 30 a 32 mil millones de pesos, similar al incremento que tendrá Salud. El aumento más significativo, respecto de lo que recibió este año, será para la Secretaría de Energía que tendrá un incremento de 7 mil millones de pesos. O bien, los 3 mil millones más que tendrá la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 

En fin, a pesar de que el incremento para Conacyt de 7 por ciento ni siquiera compensará el efecto de la inflación, por lo menos su presupuesto no tendrá un crecimiento negativo como ocurrió en los primeros tres años del actual periodo. De cualquier forma, siguen pendiente la operación de programas emblemáticos del Conacyt.

 

Los resultados de la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores ya están publicados, pero no se ha informado si todos los que recibieron un nombramiento de investigador también alcanzarán o no el incentivo correspondiente. Algo similar ocurre con las becas de posgrado para el extranjero, después de un incomprensible retraso en la convocatoria, también fueron anunciados los resultados, pero falta precisar el volumen general y las asignaciones. Los dos programas representan alrededor de dos tercios del prespuesto que ejerce centralmente el Conacyt. Esperemos la información oficial.

 

Pie de página. A propósito del PEF 2023, relevante la expresión pública de la Asociación Nacionald e Universidades e Instituciones de Educación Superior sobre “el deterioro sistemático del presupuesto destinado a la educación superior”. El problema es que apareció cuando el presupuesto ya estaba aprobado, aunque una mayor anticipación quizás tampoco habría tenido efecto.

Conacyt: retorno de comités para una contraloría social

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 972. Noviembre 10,  2022. Pág. 4)

 

El gobierno actual ha dejado en claro que no le gustan y no quiere a los órganos intermedios, esos que se interponen entre él y los ciudadanos en la tarea de gobernar, todavía menos si tienen o tenían una cierta autonomía.

 

La entrega directa de beneficios a los gobernados, una interlocución sin mediaciones con los ciudadanos y ningún otro agente en el proceso de toma de decisiones, han marcado las líneas generales de la actuación gubernamental en el periodo. La eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y también la del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, a pesar de que ambos tenían actividades muy especializadas, exhiben las preferencias.

 

Las cosas no han sido distintas en el terreno de la actividad científica y tecnológica. Y no solamente es la eliminación del Foro Consultivo, ese controvertido organismo diseñado para que diferentes actores participaran en la política sectorial, porque la misma suerte corrió la Conferencia Nacional, esa instancia de coordinación entre titulares del ramo en las entidades federativas y el Conacyt. O bien, los fondos sectoriales y mixtos o las múltiples redes, asociaciones y comités que operaban distintos programas.

 

Pero si la actuación gubernamental está animada vigorosamente por una fuerza centrípeta, ¿por qué la autoridad, en el ámbito científico y tecnológico, ahora trata de colocar una válvula de escape que le reste fuerza de atracción? Veamos.

 

Desde hace dos semanas el Conacyt convocó a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) --aunque no a todos-- y a los becarios de posgrado a integrarse a unos Comités de Contraloría Social (CCS). El plazo para registrar los datos en línea venció este 4 de noviembre.

 

En el caso del SNI se integrarán cuatro CCS: uno para candidatos a investigador; otro para los investigadores nivel I; otro para los niveles II; y uno más para los niveles III y eméritos. La participación es voluntaria, aunque todavía no se sabe cuántas personas se registraron de los casi 36 mil miembros del SNI y menos cómo serán seleccionadas las 40 personas que integrarán los comités (10 por cada uno).

 

Lo único que se ha dicho es que los comités tendrán una integración equitativa de hombres y mujeres, habrá representación de todas las regiones y la participación de la Ciudad de México estará limitada a una persona.

 

Las funciones que desempeñarán los comités sí están previstas y se refieren a las indicadas por la Secretaría de la Función Pública, mismas que están descritas en los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales” (DOF. 28.10.2016). La responsabilidad más relevante es la de vigilar la operación del programa, tanto en lo referente al ejercicio de los recursos y cumplimiento de normas por parte de los beneficiarios como a la entrega de apoyos y registro de quejas.

 

Sin embargo, cabe aclarar, la iniciativa de una contraloría social no es reciente y tampoco es de este periodo. De hecho, en México, el germen quedó sembrado en los comités (presidente, secretario y tres vocales) que se pusieron en marcha al comienzo de los años noventa en el macro Programa de Solidaridad del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Los vocales de aquellos comités tenían la responsabilidad de controlar y vigilar la operación del programa, en especial la transparencia y el uso adecuado de los recursos.

 

A nivel de la administración pública, la ahora Secretaría de la Función Pública (SFP), antes se denominó Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) en aquellos años noventa y antes, en el sexenio de Miguel de la Madrid, se llamaba Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Fiscalizaban normas y el ejercicio de los recursos.

 

Los lineamientos de contraloría social a los programas federales tampoco son de este periodo, el establecimiento de la primera regulación fue en el 2008 –en el periodo de Felipe Calderón-- y la actualización más reciente a la norma fue realizada en el 2016, en la administración de Peña Nieto.

 

O sea, la regulación de una contraloría social está prevista en las leyes desde hace tiempo, la Secretaría de la Función Pública ha promovido la instauración de comités y Órganos Internos de Control a nivel estatal y federal, están en operación múltiples instancias y, sin embargo, la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos sigue siendo opaca porque ha escapado al escrutinio de beneficiarios y ciudadanos.

 

Los comités podrán retornar, pero si la contraloría social no tiene dientes para inhibir los actos indebidos o para ejercer un verdadero control sobre los recursos públicos, no es una válvula ni una ventana a la actuación de la administración gubernamental. Además, si la instauración de los CCS en el sector sigue la norma, deberían estar todos los programas sujetos a reglas de operación, como el de fortalecimiento sectorial de capacidades científicas y el de fomento regional, no solamente los controvertidos.

 

Pie de página: La agenda está larga: vienen los recursos de revisión en el SNI y la definición sobre la entrega de incentivos; los senadores tienen en sus curules la iniciativa sobre multas a los partidos políticos; y los diputados discuten el presupuesto para el año próximo.

El CIDE y la ¿fragilidad institucional?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 970. Octubre 27,  2022. Pág. 4.

 

Hemos presenciado casi en tiempo real el enrarecimiento del clima institucional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como las arbitrariedades, el deterioro y los errores. Ahora, de forma diferida, nos enteramos de un cambio de régimen fiscal que no es reciente. El cúmulo de evidencias exhibe que las bases mismas de la institución están siendo socavadas, pero ¿será inexorable?

 

En realidad, en este periodo, el Centro es noticia constante y en ningún caso ha sido por los mejores motivos. El problema es doble. En primer lugar, todo parece contingente e improvisado, porque no se trata y no está a la vista un modelo institucional que intente reemplazar al existente, en cuyo caso se explicaría la resistencia a un cambio.

 

Lo evidente es que, en el CIDE, las iniciativas y las decisiones únicamente son comandadas por la grave restricción de recursos financieros. Y añadamos una dirección con escasa legitimidad y autoridad académica, inexperta e incapaz de comprender y encabezar a la comunidad que quiere gobernar.

 

Al comienzo, en mayo del 2019, cuando el presidente López obrador emitió su memorándum de medidas de austeridad, entre ellas la que más ruido causó fue la de justificar y solicitar por escrito al ejecutivo federal todo viaje al extranjero. Sin embargo, no fue la de mayores consecuencias.

 

Lo grave fueron las restricciones a la nómina y servicios personales, al igual que los recortes de 30 y 50 por ciento sobre el gasto operativo en diferentes partidas presupuestales. La aplicación de esas medidas en los Centros Públicos de Investigación (CPI) provocó que algunas de sus funciones se detuvieran, unos proyectos en marcha se truncaran y algo de incertidumbre para planear actividades.

 

Todavía en aquel momento, para el CIDE y para todo el subsistema de centros, la serie de restricciones parecía algo pasajero. Después de todo, los convenios de desempeño y los indicadores de su productividad ostentaban un blindaje institucional difícil de perforar.

 

La confianza, sin embargo, se disipó al poco tiempo. Un año después, en mayo del 2020, comenzó tomar forma el dilatado y accidentado proceso de extinción de los fideicomisos. Uno de instrumentos clave para la operación del CIDE, también de todos los CPI y el funcionamiento de los fondos sectoriales y mixtos de todo el sistema científico y tecnológico.

 

Luego vino la renuncia del anterior director del CIDE, un periodo de interinato, la irregular designación del titular actual, la huelga de estudiantes, los despidos y renuncias de personal del Centro, el quiebre de normas y un largo conflicto con los estudiantes y el personal que llega hasta hoy.

 

Ahora, por las notas de la revista Proceso y El Universal (23.10.2022) nos enteramos que, desde el pasado mes de abril, el CIDE cambió su régimen fiscal: de “persona moral con fines no lucrativos” a “régimen general de personas morales”. Al parecer es por asuntos contables, pero ahora tiene una deuda de 27 millones de pesos con el fisco y eso tendrá un impacto en la operación y futuro de la institución. La fortaleza de la institución ya no luce como hace tres años.

 

En segundo lugar, como es evidente, las dificultades no solamente las experimenta el CIDE, el problema es compartido por la veintena de centros públicos e incluso por otras instituciones de educación superior. Estas últimas tienen la presión de ampliar las oportunidades educativas en correspondencia con la gratuidad y obligatoriedad que ahora establece la Constitución, pero intentan hacerlo sin la existencia del fondo especial que se había previsto.

 

Los CPI, por su parte, son un conjunto de instituciones que comparte normas, identificados como entidades paraestatales, siempre han buscado un tratamiento diferente al de una dependencia de la administración pública, también a la defensa de su actividad académica y por impulsar un marco normativo que los ampare.

 

El subsistema de los CPI tiene alrededor de 30 años de funcionamiento, en un principio con algunos Centros y una escasa articulación entre sí. Luego, con varias reformas a su normatividad y diferentes intentos, muchos de ellos truncos, para proyectarlos como subsistema, el más reciente fue convertirlos en consorcios.

 

Los CPI están dedicados a la enseñanza de alto nivel en diferentes áreas del conocimiento, son o eran altamente productivos en el terreno de la investigación científica y tecnológica, tanto que sus indicadores ocupaban las primeras posiciones en el subsistema científico y tecnológico.

 

En fin, parece inevitable contrastar el esfuerzo para la instauración institucional de un sistema que se puede medir en décadas, la relativa rapidez de meses o años con la que se pueden carcomer sus raíces y la dificultad para edificar nuevas instituciones, como las universidades del bienestar. Pero, como también se sabe, una vez enraizadas, las instituciones académicas tienen una base pesada, un núcleo operativo que domina la organización desde abajo y pueden alcanzar una duración intertemporal. Ya lo veremos.

 

Pie de página: Ya está la ley de Ingresos y ahí viene la de Egresos, pendientes.

“Reforma electoral a modo”: cómodos descuentos para violaciones a la ley

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 968. Octubre 20, 2022) 

 

La reforma electoral comienza por lo más sencillo y, claro, lo que aglutina el beneficio e interés de todos los partidos políticos. Ahí está el caso de las sanciones monetarias a los partidos políticos por sus violaciones a la ley. Los recursos derivados de esas multas son destinados a las actividades científicas y tecnológicas, solo que ahora los partidos políticos quieren disminuir el porcentaje de descuento, así que los recursos se dilatarán más en llegar, si es que llegan.

 

El monto por concepto de multas ha sido variable, pero la cantidad es creciente y se ha vuelto más significativa para el sector, sobre todo en un contexto de austeridad. El recurso extra seguirá siendo relevante, como lo es desde el 2005, cuando se instauró por primera vez la medida. Lo paradójico es que es que se trata de un beneficio debido a las irregularidades cometidas en el ejercicio de los recursos en las contiendas electorales, como rebasar topes de campaña, no reportar o no comprobar parte de los egresos, entre muchos otros.

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) es el encargado de fiscalizar el proceso electoral y sancionar a los partidos. Si la irregularidad fue cometida por un partido político nacional, el recurso va para el Conacyt, si la cometió un partido local entonces se destina a los respectivos organismos estatales de la actividad científica y tecnológica (art. 458 fracción 8 de la LGIPE).

 

Desde que se puso en vigor la medida y hasta el 2014, el Conacyt recibió mil 660 millones de pesos. Los funcionarios de entonces indicaron que poco menos de la mitad de esos recursos fueron canalizados a los Centros Públicos de Investigación y la parte restante la distribuyó directamente el organismo (La Jornada 29.05.2015).

 

El monto ha ido en aumento en los años recientes. El INE informó que para el 2018, con una cuarentena de irregularidades de los partidos políticos, aprobó sanciones por 586 millones de pesos (ComunicadoNo. 319); para el 2019 la cantidad fue de 563 millones de pesos y para el 2020 casi alcanzó los 600 millones de pesos (ComunicadoNo. 404).

 

Además, al concluir la fiscalización del proceso electoral 2020 y 2021, tanto de las elecciones federales como de las locales, en septiembre del año pasado, el INE informó que aprobó sanciones por más de mil 203 millones de pesos a la decena de partidos nacionales y otros locales (ComunicadoNo. 361). O sea, un monto casi equivalente al recibido en la primera década. Los partidos políticos más grandes cometen más irregularidades y a los que se penaliza más.

 

La cantidad precisa de la sanción se conoce tiempo después, porque generalmente los partidos políticos recurren al Tribunal Electoral para impugnar la penalización y es hasta el fallo definitivo cuando se sabe de qué tamaño en es el castigo. Así que los montos pueden variar de lo que aprueba el Consejo General del INE y la multa tampoco es cobrada en una sola exhibición.

 

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la sanción a los partidos políticos puede alcanzar “una reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución” (artículo 456) y así ocurre hasta alcanzar el monto de penalización.

 

Los diputados quieren que el INE, en todos los casos, les reduzca máximo el 25 por ciento, salvo cuando esté implicada la violencia política hacia las mujeres, en cuyo caso la reducción sí podrá llegar hasta el 50 por ciento de la ministración mensual que les toca. Es decir, no buscan reducir o anular el monto de la multa, lo que quieren es pagarla en “cómodos descuentos” porque, argumentan, la autoridad electoral incluso ha recurrido a la retención total de sus remanentes. Obviamente, menores descuentos implica un periodo más largo para liquidar sus deudas.

 

La iniciativa fue impulsada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, el dictamen favorable lo elaboró la Comisión de reforma político-electoral y la reforma quedó aprobada la semana pasada con 466 votos a favor, 27 abstenciones (25 de MC, uno del PAN y otro del PRI) y solamente un voto en contra de la diputada morenista Inés Parra Juárez.

 

En el pleno nadie se registró para hablar en contra, la media docena de oradores argumentaron a favor. El mismo diputado Gutiérrez Luna dijo: “Este consenso en torno a una reforma electoral genera buen ánimo, genera expectativas hacia futuro en el trabajo que tenemos y que se ha planteado en esta legislatura para reformar otras disposiciones de la materia”. Pues sí, la dinámica de las reformas en las cámaras será impredecible, pero cuando la iniciativa es en beneficio de los partidos políticos los acuerdos y el consenso asoma rápidamente.

 

Tal vez la participación más ilustrativa fue la del diputado Benjamin Robles Montoya del Partido del Trabajo, el legislador dijo: “La verdad es que sí podría parecer a simple vista una reforma a modo para los partidos políticos, pero hay que decirlo con mucha claridad: no es así”. Ajá.

 

Si la penalización se reduce por infringir las normas en las contiendas electorales, el incentivo es mayor para la transgresión. Las violaciones a la ley no solamente podrían continuar, ahora tal vez se incrementen de forma ostensible. Lo peor es que las malas prácticas se fomentarán y el volumen de recursos extra para el sector científico y tecnológico llegará a cuenta gotas.

 

Todavía falta que la reforma sea aprobada por la Cámara de Senadores, pero seguramente ahí también habrá consenso.

 

Pie de página: Las Universidades del Bienestar no son universidades y están generando un malestar creciente.// Siguen las derrotas del Conacyt en los tribunales, ahora fue el turno del científico Antonio Lazcano Araujo.

Resplandor, contacto y restricción en el espacio aéreo

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twiiter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 968. Octubre 13, 2022. Pág. 4) 

La polémica sobre el acuerdo entre México y Rusia en materia espacial fue registrado en los medios la mañana del sábado 8 de octubre. Un tuit de la periodista Dolia Estevez apuntó: “El presidente ruso, Vladímir Putin, ha firmado una ley que ratifica un acuerdo intergubernamental con México sobre la cooperación para investigar y usar espacio ultraterrestre con fines pacíficos, según decreto presidencial publicado en el portal oficial ruso” (08.10.2022).

La misma periodista, citando medios oficiales rusos y otra agencia de noticias, añadía que el acuerdo incluía: "colocar en el territorio mexicano estaciones del sistema de navegación satelital Glonass y 'un complejo óptico-electrónico para prevenir situaciones peligrosas en el espacio circunterrestre'". 

El punto de interés se dirigió a la instalación en México de redes terrestres del sistema ruso Glonass (siglas en inglés que corresponden a Sistema Global de Navegación por Sistema Satelital). Una tecnología análoga a la estadounidense GPS (Sistema de Posicionamiento global). Ambos sistemas son utilizados para desarrollo tecnológico y comercial, pero también para fines militares y de seguridad nacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el mismo sábado 8, emitió un comunicado para aclarar que sí existía el acuerdo, firmado en septiembre del año pasado por la Agencia Espacial Mexicana y el gobierno ruso. Pero añadió que no está en vigor en ninguno de los dos países y precisó: “El documento suscrito no contempla acciones relacionadas con el sistema Glonass ni existe previsión de que pudiera ser incluido en un futuro cercano” (SRE08.10.2022). 

La SRE publicó el documento completo. En efecto, no incluye como tal el sistema Glonass. No obstante, el artículo 3 de ese acuerdo, referido a las áreas de cooperación, menciona entre ellas a las “comunicaciones por satélite, así como el uso de las tecnologías de información y los servicios asociados a ésta” y también a la “navegación por satélite y tecnologías y servicios asociados a ésta”.

O sea, el acuerdo marco sí podría dar lugar al sistema Glonass. También es verdad que la agencia Sputnik para América Latina informó que, como lo mencionó Dolia Estevez, el presidente ruso sí firmó la ley correspondiente y la nota dice explícitamente que incluye la instalación del sistema Glonass (07.10.2022). 

En estas circunstancias, el tema fue a parar al podio matutino del presidente López Obrador. La reportera Stephanie Palacios, de la agencia Sputnik, preguntó al mandatario: “¿a qué se refiere en el punto sobre la cooperación de navegación por satélite? Si hay alguna información más. ¿Y qué es lo que está pasando?, porque hay como una desinformación”.

El presidente reiteró lo que ya había adelantado la SRE el fin de semana y aclaró que no hay la intención de permitir que los satélites rusos puedan “espirar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte”. Atribuyó la polémica al problema de la guerra y a las próximas elecciones en Estados Unidos. 

Sin embargo, la reportera volvió a la carga. López Obrador cortó, dijo que era esa que estaba explicando y añadió: “Pues imagínese, para que intervenga un expresidente de México a decir que estamos tomando partido y que se está comprometiendo la soberanía de México”. Continuó con las frases para los desencuentros: “o sea, es politiquería, oportunismo, elecciones” y así siguió.

¿No hay problema? Sí lo hay. En primer lugar, según lo reportó la Agencia Espacial Mexicana, la celebración del acuerdo tiene más de un año, fue por instrucción del presidente López Obrador y en ocasión de la visita rusa a los festejos de los 200 años de la independencia de México. Pero el Senado todavía no se da por enterado y es la instancia que debe ratificar los acuerdos internacionales. No hay ninguna urgencia o el instrumento es completamente irrelevante para fines prácticos. 

En segundo lugar, en la última década, México impulsó una renovada política para la puesta en órbita de satélites e incluso instauró la Agencia Espacial Mexicana. A diferencia del acuerdo con Rusia, el Senado ya aprobó el Convenio Constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), con la finalidad de coordinar las actividades espaciales de la región. Un esfuerzo de contacto que desde hace dos años encabezó el canciller Marcelo Ebrard y que a la fecha suma a 19 países de la región, aunque Brasil, Colombia y Uruguay no forman parte (Comunicado090 16.03.2022).

En tercer lugar, el espacio aéreo es de contacto en la agenda nacional e internacional y no es irrelevante la posición oficial explícita del gobierno ruso sobre el acuerdo de cooperación aeroespacial con México. Lo paradójico es que el interés nacional en el desarrollo aeroespacial se expresa en el marco de dramáticos recortes en el presupuesto para el sector y una subestimación de las aportaciones científicas y tecnológicas.

Probablemente la cooperación habría tenido lugar en el terreno de los hechos y ni nos habríamos enterado. 

Pie de página: La plataforma Latinus, como parte del hackeo Guacamaya, dio a conocer que la Sedena rechazó la propuesta de Conacyt para ensayar la vacuna “Patria” en sus elementos. // Investigadores de instituciones particulares ganan amparos al Conacyt.