La relativa
facilidad que se preveía para crear una secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación en el DF, podría no ser tan sencilla ni tan rápida. El tema tiene sus implicaciones técnicas y
financieras.
El actual
gobierno federal abandonó la idea de crear una nueva secretaría de ciencia y
tecnología –incluyera o no a la educación superior. Al menos, como lo dijimos
aquí hace dos semanas, no la consideró en su reciente reforma a la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal (LOAPF) y seguramente no presentará otra
reforma a la misma ley en el plazo corto.
De hecho, más
que crear nuevas secretarías, la propuesta de reforma administrativa del actual
ejecutivo federal va más bien en el sentido de suprimir estructuras, centralizar
y concentrar funciones.
En estas
páginas sostuvimos que había una especie de paralelismo en los gobiernos
federal y del DF, respecto a la iniciativa de crear una nueva estructura para
la ciencia y tecnología. Aunque, en realidad, la situación local funcionó más
bien como un acicate a la reticente actitud del gobierno federal en esta
materia.
La disposición
del hoy jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, al expresar como
compromiso de campaña, el 7 de mayo de este año, la creación de una secretaría
de ciencia, tecnología e innovación, ofrecía la posibilidad de que sus promesas
se podrían convertir en hechos. Una vez ganadas las elecciones y asumido el
puesto, la certeza fue mayor.
Los mismos
diputados locales del partido en el gobierno, con mayoría en la Asamblea, como
también lo señalamos en estas páginas, el pasado mes de octubre se aprestaron a
formular un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública
del DF (LOAPDF) para dar lugar a la creación de una Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.
Una iniciativa
que, según el proyecto de reforma, solamente modificaba la LOAPDF e
inicialmente se preveía que la nueva Secretaría no consumiría recursos
adicionales a los destinados al Instituto de Ciencia y Tecnología del DF
(ICyTDF). Sólo faltaba que transcurrieran los 30 días que prevé el reglamento para
el dictamen en comisiones, la aprobación en el pleno y listo.
Sin embargo,
en la sesión de la Asamblea Legislativa del pasado 27 de noviembre, el
presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Edgar Borja Rangel, solicitó
una prórroga para el dictamen y, a la vez, junto con el diputado Federico
Döring, ambos del Partido Acción Nacional, presentaron otra iniciativa de nueva
secretaría.
La propuesta
de Borja y Döring también es una reforma a la LOAPDF, pero fundamentalmente se
trata del proyecto de Ley de Ciencia y Tecnología del DF. Una iniciativa de
mayor alcance y de mayor complejidad.
En la parte de
justificación, dicen los diputados panistas, el ICyTDF tiene insuficientes
alcances interinstitucionales y hacia el exterior. Mientras que una
Secretaría de Ciencia y Tecnología, la cual absorbería al Instituto, “coadyuvaría
directamente a establecer los mecanismos y canales necesarios para incrementar
el desarrollo económico de nuestra Ciudad” (Gaceta
Parlamentaria No. 025: 60).
La
propuesta de ley sectorial para el DF, tanto por la definición de actividades,
órganos y funciones, como por su estructura y capitulados, es relativamente
similar a la norma federal. Obviamente, con las debidas referencias a lo local.
Lo interesante
es que, en tales circunstancias, también reproduce las funciones, formas de
conducción del sistema y esquema de financiamiento que anota la ley federal.
Por ejemplo, en el capítulo I del proyecto de ley, propone un Consejo
de Desarrollo Científico y Tecnológico del Distrito Federal, presidido por el
jefe de gobierno, cinco secretarios y siete consejeros designados por el mismo
ejecutivo local. Las funciones, operación y atribuciones son más o menos
equivalentes a las del Consejo de nivel federal.
Más relevante es que en el capítulo VII
del citado proyecto, el referente al presupuesto, se anota que “El monto que se
asignará a la Secretaría dentro del Presupuesto de Egresos para su respectivo
ejercicio fiscal, deberá ser equivalente al 1 por ciento del presupuesto total
del Distrito Federal” (Artículo 41). Lo cual significaría más que duplicar el
actual presupuesto del ICyTDF.
(Publicado en Campus Milenio No. 490. Diciembre 6, 2012 p. 9)
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