Finalmente se
publicó el decreto de ley para regular las actividades científicas y
tecnológicas en el DF, no así el debate correspondiente en la Asamblea
Legislativa del DF (ALDF). El decreto incluye una nueva secretaría, también
algunas acotaciones a uno de los órganos de gobierno, aunque tiene varios errores
y omite el espinoso tema del financiamiento.
Quizás, estimado
lector lectora, recordará que al final del año pasado, indicamos que había
cierto paralelismo entre la administración local y federal en torno a la idea
de crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología.
En definitiva
el acicate del gobierno local no funcionó. A nivel federal claramente ya se
dijo que no habrá una nueva secretaría. Todavía está en veremos la creación de
una agencia o fundación para la innovación, lo mismo que las luces de una
evanescente Coordinación de Ciencia y Tecnología a nivel presidencial.
La dificultad
que habíamos previsto para crear la nueva secretaría en el DF no fue tal. El
asunto se resolvió más o menos rápidamente. El 28 de diciembre del año pasado
los asambleístas aprobaron la nueva ley, aunque el decreto para darle vigencia
apenas fue publicado la semana anterior (Gaceta
Oficial del DF No. 1532, 29 de enero de 2013). Sin embargo, lo que no es claro es cómo se
llegó a tal acuerdo.
En el último
trimestre del año pasado se presentaron dos iniciativas en la Asamblea: una de
la fracción perredista que solamente proponía reformar la Ley Orgánica de la
Administración Pública del DF para dar cabida a una nueva secretaría para el
sector; otra de la fracción panista que, además de reformar la ley orgánica,
proponía una ley de ciencia y tecnología local.
El detalle es
que la iniciativa de los asambleístas del PRD proponían que el presupuesto del
entonces Instituto de Ciencia y Tecnología del DF debería ser suficiente para
la operación inicial de la nueva dependencia local. Por el contrario, el
proyecto del ley del PAN proponía que a la nueva secretaría se le debería
asignar el 1 por ciento del presupuesto total del DF (artículo 41).
La Asamblea no
ha publicado el dictamen, el debate ni el acta correspondiente a la sesión del
28 de diciembre, de modo que por ahora no es posible conocer las posiciones de
los diputados locales. Sin embargo, el decreto de ley del Jefe de Gobierno
muestra una combinación de las dos iniciativas que estaban en comisiones, con
algunas precisiones y otras adiciones.
La Ley de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal (LCYTDF) ya publicada,
tomó como base el proyecto de la fracción panista, pero con algunas
diferencias. Por ejemplo, la nueva ley, como también ocurrió con su homóloga
federal en el 2009, adicionó la palabra “innovación” en todos los artículos
correspondientes.
También
desagregó con mayor precisión las funciones que corresponden a la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal (SCTIDF), combinándolas
con las que proponía la reforma perredista a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del DF y agregando otras.
Una de las
diferencias más importantes, respecto del proyecto base y de la legislación
federal, es que su Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación
tiene funciones acotadas. Este Consejo es una especie de órgano superior de
gobierno, tanto en el nivel federal como en el local porque se integra por
funcionarios de primer nivel, pero en el primero se considera como “órgano de
política y coordinación” y se le reservan atribuciones exclusivas para aprobar
el programa sectorial y el presupuesto, definir lineamientos, decidir
prioridades, entre otras.
En cambio, en
el caso del DF, al Consejo se le define como un órgano de consulta, “de
opinión, asesoría y análisis” (art. 11), no de coordinación y menos de
decisión. Por cierto, en el decreto, aparece nombrado de forma indistinta como
Consejo de Fomento y Desarrollo y como Consejo de Desarrollo, seguramente por
error –aparte de otros-- y por haber tomado como base el proyecto de la
fracción panista. La acotación al Consejo seguramente se debe al escaso
funcionamiento y magros resultados que ha mostrado su homólogo a nivel federal.
Otra de las
diferencias relevantes es que no incluye el tema del financiamiento. El
capítulo sobre presupuesto del proyecto base fue suprimido y no se menciona nada
al respecto.
(Publicado en Campus Milenio No. 497. Febrero 7, p. 9)
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