Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio
No. 673. Septiembre 15, 2016. p. 5)
El año próximo no solamente habrá una disminución en el
presupuesto para la actividad científica y tecnológica, también se eliminan los
programas de inversión en el sector. La disminución no es generalizada, se
localiza especialmente en algunos centros y líneas de acción. Pero, eso sí, dicen
que no todo son malas noticias. Bueno, no para todos, porque se pondrá en
marcha un nuevo programa de incentivos fiscales para incrementar la inversión
de las empresas.
Probablemente, estimado lector, recordará que al final del
pasado mes de mayo, en la entrega del Premio México de Ciencia y Tecnología, el
presidente Enrique Peña Nieto, anunció que había instruido a los titulares de
Conacyt, Hacienda y Economía para crear un programa de estímulos fiscales. Una
iniciativa que contaría con la aquiescencia del Consejo Coordinador
Empresarial.
Todavía eran los días de Luis Videgaray, el ahora ex
secretario de Hacienda, así que desde esa fecha se comenzó a diseñar el
programa de incentivos. El asunto no era tan sencillo como aparentaba.
Seguramente, la prioridad debió ser,
usted también lo debe recodar, evitar los errores que provocó la
reactivación de incentivos fiscales en las gestiones de Vicente Fox y
parcialmente en la de Felipe Calderón (2000-2008).
En ese entonces, las críticas más fuertes a la aplicación de
incentivos fiscales fue una ausencia de resultados claros y una excesiva focalización en unas
cuantas empresas, principalmente transnacionales y especialmente del sector
automotriz. Felipe Calderón lo suspendió y, a partir del 2009, optó por otorgar
incentivos directos a pequeñas y grandes empresas (Programa de Estímulos a la
Investigación, les llamó), pero tampoco fue suficiente.
Recientemente, Luis Videgaray se marchó precisamente el día
previo a la fecha límite para la entrega del paquete económico 2017, pero lo
dejó listo. El paquete, como se sabe, son las normas que prevén y regulan los
ingresos y egresos de la nación para cada ejercicio fiscal; el ejecutivo
federal envía su propuesta al Congreso, a través de la Secretaría de Hacienda,
y los legisladores la dictaminan. La documentación se compone por unos
Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y otras disposiciones fiscales.
La propuesta de gasto para la actividad científica y
tecnológica para el 2017 considera un total de 83 mil 381 millones de pesos. Este
año contó con 88 mil 582 millones de pesos. Es decir, en términos nominales,
sin considerar la inflación, tuvo una disminución de 5 mil 200 millones de
pesos. Sin embargo, de las 15 dependencias que realizan actividades científicas
y tecnológicas la disminución se concentró principalmente en Conacyt, la cabeza
del sector.
El organismo no tendrá programas de inversión en
infraestructura y le restaron 7 mil 277 millones de pesos de su ramo de gasto (este
año, en cifras redondas, tuvo 38 mil millones y se propone que para el próximo
se reduzca a poco menos de 31 mil millones). De la cantidad descontada, casi 6
mil millones son del presupuesto que ejerce centralmente el propio Conacyt, así
que seguramente habrá más retrasos en las convocatorias, menor presupuesto para
fondos competitivos y eliminación de programas, como el de Cátedras Conacyt,
entre otros ajustes.
La disminución restante (1 mil 300 millones) será aplicada
en el presupuesto de los Centros Públicos de Investigación (CPI). Todos tendrán
menos recursos para el año próximo, quizás como acicate para la búsqueda de
recursos propios. Tal vez el caso del Instituto de Investigaciones “Dr. José
María Luis Mora” sea la reducción relativa más drástica: pasó de tener 301
millones este año a contar solamente con 178 millones el año próximo. Una
disminución de más del 40 por ciento.
Por su parte, la modificación a la Ley de Impuesto sobre la
Renta (ISR), incluye un capítulo IX, denominado “Del
Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología”, en cuyo
artículo 202, se establece que se otorgará un estímulo fiscal a los
contribuyentes que efectúen proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico, el cual será equivalente al 30 por ciento de los gastos e inversión
realizada.
También se especifica que el
estímulo fiscal será otorgado por un comité interinstitucional, integrado por
representantes de Conacyt, Economía, la Coordinación de Ciencia y Tecnología de
la Presidencia –esa misma que hace una semana, en estas páginas, dijimos que
parecía inexistente--, el Sat y Hacienda. Esta última lo presidirá y el primero
fungirá como secretaría técnica.
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