Transparencia en ciencia y tecnología. ¿Te lo firmo y te lo incumplo?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 720. Agosto 31, 2017. Pág. 6)

“Que los compromisos en proceso de cumplimiento se tiene previsto cumplirlos durante el actual periodo del Poder Ejecutivo Federal, mismo que concluye hasta el 30 de noviembre de 2018…”

El párrafo anterior fue la respuesta que dio, el año pasado, la Secretaría Técnica del Gabinete de la Oficina de la Presidencia de la República a la solicitud de información de un particular sobre los compromisos de la campaña electoral del 2012 del presidente Enrique Peña Nieto. La petición fue presentada en la Plataforma Nacional de Transparencia (http://consultas.ifai.org.mx).

La oficina gubernamental, en la respuesta que dio por escrito, enlistó los 266 compromisos y anotó, en cada uno, si estaba “en proceso” o ya lo había “cumplido”. En este último caso solamente aparecieron 91 compromisos. O sea que, en ese entonces, casi dos terceras partes de los compromisos estaban pendientes.

Es decir, hace un año todavía persistía la idea de que el ejecutivo federal podría cumplir el total de compromisos que firmó ante notario público. Hoy, el plazo está más acotado: a la administración le queda poco más de un año y debe rendir su penúltimo informe de gobierno. No, no se ve cómo podría cumplir algunos de los compromisos pendientes.

Actualmente, según el recuento de Erika Hernández en el periódico Reforma (27.08.2017: 8), el ejecutivo federal lleva el 60 por ciento de compromisos, así que le falta por cumplir más de un centenar. Una buena parte se refieren a infraestructura. Los de la Secretaría de Comunicaciones son los más numerosos, entre ellos el tren rápido México-Toluca, el tren eléctrico de Guadalajara, así como la terminal aeroportuaria de Puerto Vallarta. No son los únicos.

En los 266 compromisos, los referentes a asuntos educativos sumaron 17 y de estos últimos, según el mismo medio, una decena están todavía por cumplirse. Por ejemplo, por mencionar los más obvios, están: la construcción de preparatorias; la distribución de laptops para alumnos de escuelas públicas que cursan el quinto y sexto grado; y adecuar instalaciones de escuelas públicas y capacitar a los maestros para integrar a los niños con discapacidad al proceso de enseñanza – aprendizaje.

Es emblemático el caso de la iniciativa para distribuir laptops. Independientemente del impacto que pudiera o no tener la medida en el logro educativo de los niños, en el ciclo escolar 2012-2013, cuando se puso en marcha el programa, la población potencial estaba calculada en casi 13.5 millones niños, con datos de ese año, y solamente se distribuyeron 216 mil equipos.

En el informe de gobierno del año pasado, para los ciclos escolares 2013-2014 a 2015-2016,  se calculaba la distribución en poco más de 2 millones de equipos, en cifras redondas (pág. 308). En un cálculo simple, considerando el periodo que ya pasó, lo que resta de tiempo y las restricciones presupuestales, se advierte que será imposible cumplir ese compromiso en lo que resta de la actual administración.

En materia de ciencia y tecnología, el ejecutivo federal firmó ante notario solamente cuatro compromisos: la construcción y operación del Centro Nacional de Investigación y Certificación de Materiales Compuestos para la Industria Aeronáutica en Querétaro; el establecimiento de una agenda digital para democratizar el acceso a las TIC; la creación de red nacional de centros comunitarios de ecuación digital; y la creación de una fundación para la innovación con participación de la iniciativa privada.

Y no, tampoco se han cumplido o no como se habían previsto. Por ejemplo, al final del 2014, Conacyt anunció que la nueva institución, el Centro Nacional de Investigación y Certificación de Materiales, formaría parte de un proyecto integral denominado Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (Comunicado 64/14). A su vez, ese centro estaría coordinado por el Centro de Investigación y Desarrollo Industrial (CIDESI). El proyecto, según dijo el propio director de Conacyt, sería financiado por el gobierno federal. Pero no, a la fecha no se han registrado los avances. Más o menos lo mismo ocurrió con la fundación para la innovación.

En realidad, normativamente, no es exigible el cumplimiento de los compromisos que firmó el ahora ejecutivo federal. Básicamente porque cuando los firmó no era un gobernante, era un candidato en campaña que podía prometer e ilusionar. Un momento muy diferente a la hora del gobierno. Así que la actual administración bien puede cruzarse de brazos sobre lo que dijo que haría y no cumplirá. Sin embargo, así como fue una exitosa campaña mediática el “Te lo firmo y te lo cumplo”, también quedará registro de lo que incumplió y la sanción social será inevitable.

 
Un asunto diferente es el de los compromisos que se firmaron en el Pacto por México y la traducción que tuvieron después en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales. Los avances, en el umbral del último año de gobierno, son los que mañana deberá presentar el ejecutivo federal y los que examinaremos en la próxima entrega.