viernes, 15 de diciembre de 2017

Patentes en las universidades. ¿Negocio fallido?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 735. Diciembre 14, 2017. Pág. 5)

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (ITM) es una institución educativa privada, altamente prestigiada, orientada a la investigación y una de las más sobresalientes en el amplio conjunto de universidades de los Estados Unidos. Generalmente, en las clasificaciones, siempre aparece en los primeros lugares y se le identifica por sus reconocidos programas de ciencia e inginiería.

Desde mediados del siglo pasado, el ITM ha venido ampliando su oferta de formación a las humanidades, las artes y las ciencias sociales. No obstante, su mayor recnocimiento se funda en su escuela de ingeniería, el énfasis en la tecnología y su inclinación por la cutura empresarial. Por la misma razón, es la institución insignia de la innovación tecnológica y de vinculación con el sector productivo.

En tales condiciones, cabría esperar que los ingresos monetarios del ITM, como el de otras universidades de características similares, tuviera su base en la comercialización del conocimiento vía las patentes. No obstante, una entrevista relativamente reciente con la inginiera Lita Nelsen, la persona que estuvo a cargo de la oficina de transferencia de tecnología del ITM por 25 años y dejó la posición el año pasado, reveló que los ingresos por concepto de patentes para ese Instituto no representan más del 4 por ciento de su presupuesto total (“¿De qué vive el MIT. Una de las mejores universidades del mundo?”. El País 04.12.2017).

En opinión de Nelsen, ese porcentaje de 4 por ciento es, más o menos, la misma participación relativa que tiene por concepto de patentes casi cualquier institución académica. Así que la mayor parte de los ingresos de ITM, dijo, proviene de las cuotas que pagan los estudiantes, las donaciones privadas y el financiamiento público para proyectos de investigación. No, no son las ganancias que dejan las patentes.

Además, dijo Nelsen, “Desde su fundación, el MTI (por sus siglas en inglés) nunca espero hacer dinero con las patentes”. En el artículo de referencia, también se indica que 1980, en los Estados Unidos, se aprobó una ley que permitió que los centros de investigación pudieran patentar los inventos que habían desarrollado con fondos públicos.

Tal vez no hace falta decirlo, pero estamos hablando de una de las instituciones tecnológicas más emblemáticas y sí, presenta un estrecho margen de ganancia por patentes. También hablamos del país con el mayor volumen de solicitud de patentes que estableció una regulación especial hace más de 30 años.

En las estadísticas internacionales sobre patentes para 2016, de un total de 233 mil solicitudes por país de origen, Estados Unidos ocupó el primer lugar con poco más de 56 mil (24 por ciento), seguido de Japón con más de 45 mil (19 por ciento) y luego China con 43 mil (18.5 por ciento). Aunque la situación podría cambiar en poco tiempo. Es probable que Estados Unidos pierda la primera posición, sostenida durante años, debido al consistente crecimiento de solicitudes que ha mostrado China.

Pero ¿qué ocurre en el caso de México? La situación y los números están bastante alejados de los que hemos anotado. Las solicitudes de patentes estimadas para este año suman 8 mil 817 y menos de la mitad serán concedidas. Además, de las 4 mil 200 patentes que presuntamente se concederán, solamente 214 serán para nacionales y el resto para extranjeros (95 por ciento).

En cuanto a la normatividad para regular y permitir la transferencia tecnológica en las instituciones educativas, la primera modificación importante fue en 1999 con un capítulo sobre vinculación con el sector productivo en la entonces ley para el fomento de la actividad científica. Luego, en el 2002, con otra modificación para que los centros públicos de investigación pudieran promover asociaciones, alianzas, consorcios o nuevas empresas privadas de base tecnológica.

En el 2006 y 2009 se ajustó nuevamente la ley para establecer porcentajes de regalías por la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e industrial en los centros públicos de investigación. Más exactamente, fue hace dos años, en diciembre del 2015, cuando se amplió el rango de instituciones y nuevamente se modificó la ley. Ahí se incluyó a las instituciones educativas, a las entidades de las administración pública y se volvió a ajustar el porcentaje de participación en las ganancias.

Según las estadísticas del 2017 (enero-septiembre) del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el caso nacional, los principales titulares de patentes son: UNAM (37); Cinvestav (l7); Téc de Monterrey (15) y Poli (12). Faltaría ver el volumen acumulado y las características de las patentes pero, como se puede advertir, los números son sumamente modestos.

Si el ingreso monetario a través de las patentes no es muy significativo, incluso para el ITM, lo más probable es que sea todavía menos para las instituciones arriba mencionadas. Así que valdría la pena buscar en otra parte el motor que anima a las instituciones universitarias a buscar el registro de patentes y también a precisar el papel que están desempeñando las estructuras institucionales que fueron creadas para tal propósito.

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