Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 736.
Diciembre 21, 2017. Pág. 5)
El pleno del Senado, el pasado 14 de
diciembre, aprobó una modificación al artículo 29 de la ley de ciencia y
tecnología. Un cambio en la norma que permitirá, si la aprueban los diputados,
agilizar la importación de insumos para la investigación científica.
Después de dos años, parecía que la
iniciativa no pasaría; ni en éste ni en ningún año. Sí pasó, sorprendentemente.
Todavía falta ver qué dicen los diputados. Sin embargo, las palabras del senador
Patricio Martínez, presidente de la comisión de ciencia, muestran parte de la
relación entre academia y política.
La importación de insumos no es un tema
menor o irrelevante para el desarrollo de la ciencia. Todavía es más básico
para aquellos científicos cuya actividad cotidiana depende de materiales que no
están disponibles en el mercado nacional, como se pudo advertir en la consulta
del año pasado que realizaron la comisión de ciencia del Senado y el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico. En la academia, ha sido una queja
reiterada la serie de dificultades para obtener los permisos de importación de
algunos insumos.
Al comienzo del actual sexenio, en el
documento “Hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación”
(coordinado por la UNAM), el tema formó parte de las propuestas para modificar
la legislación del sector y también fue una de sus 16 conclusiones.
Precisamente, en la síntesis, como último punto se proponía “establecer las modificaciones
normativas pertinentes a fin de facilitar la importación y adquisición de
equipos e insumos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico...”
(p. 22).
Actualmente,
en la sección correspondiente de la ley de ciencia y tecnología, en el artículo
29, solamente se establece que los proyectos de investigación gozarán del
estímulo fiscal conforme lo previsto en la ley del ISR. Nada tiene considerado
sobre trámites y permisos de importación de insumos. Por la misma razón, en
diciembre de 2015, seis senadores, entre ellos Juan Carlos Romero Hicks,
presentaron una iniciativa para añadir dos párrafos al artículo citado.
El primer párrafo preveía que las dependencias de
la administración pública, federal y estatal, debían considerar el impacto de
regulaciones y trámites para favorecer y estimular el desarrollo de los
proyectos científicos y tecnológicos. El segundo párrafo, dirigido a regular la
importación de insumos, señalaba que las personas e instituciones inscritas en
el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt)
no necesitarían autorización previa de importación, solamente avisar a la
autoridad correspondiente y ésta confirmar en un plazo no mayor a 30 días.
No obstante, en su paso por comisiones,
los senadores modificaron la propuesta original. En el dictamen dicen que no
buscan “una absoluta liberación de las cargas administrativas a los particulares
sino un punto intermedio sano”. Esto es, conservaron la propuesta de no
requerir autorización previa para la importación, pero añaden condiciones en
las que la autoridad sí podría exigir el permiso previo de importación de
insumos.
Por ejemplo, una autoridad competente,
“con base en una evaluación de riesgo”, puede exigir el permiso previo de
importación de insumos para la investigación. Aunque, se indica, el trámite de
permiso previo deberá ser ágil, breve y sencillo. Además, la autoridad deberá publicar,
conjuntamente con el acuerdo, los productos que necesitan permiso previo y los
que no; la lista se actualizará de forma permanente. No está mal, pero no será
nada sencillo ponerla en marcha. La propuesta de redacción final del artículo
29, con sus cuatro párrafos, se asemeja más a un reglamento.
Las palabras del senador Patricio
Martínez, presidente de la comisión de ciencia de la cámara alta, al momento de
presentar la iniciativa en tribuna, son reveladoras de la relación que
sostienen legisladores y miembros de la academia. Por un lado, señaló que los
científicos han hecho reclamos fuertes a los políticos por su incomprensión
sobre la actividad científica y su falta de respaldo. Por otro lado, dijo que la reforma que estaba por aprobarse sería un
refuerzo a la ciencia y a los investigadores, con lo que disminuiría la
controversia e incomprensión entre unos y otros.
El punto final que remató la
argumentación del senador Martínez fue: “Haciendo votos para que los
investigadores se enfoquen realmente a la investigación, y también de nuestra
parte decirles: Que en la medida de lo posible dejen de lado la política y se
vayan directo a los matraces” (versión estenográfica. Sesión. 14.12.2017). El
dictamen se aprobó.
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