Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twiter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 740.
Febrero 1, 2018. Pág. 5)
Las
indicaciones del ejecutivo federal al director de Conacyt fueron que, junto con
la consejería jurídica, revisara el marco normativo del sector para
modernizarlo y presentar una iniciativa de ley para que lo exitoso se
extendiera en el tiempo. Esas fueron las palabras
de Enrique
Peña Nieto el pasado 12 de enero, en la inauguración del Centro Nacional de
Tecnologías Aeronáuticas en Querétaro.
A pesar de que
a esas alturas del periodo gubernamental ya no hay tiempo para plantearse
cambios mayores, tal aparece que las instrucciones serán acatadas. Al menos es
lo que ha anunciado Enrique Cabrero, titular del Conacyt. Por ejemplo, ha dicho
que se presentará una reforma a la ley de ciencia y tecnología para que “los
apoyos gubernamentales en ciencia, innovación y tecnología se mantengan pese al
cambio de administración federal” (Reforma
25.01.2018).
La ley de
ciencia y tecnología, al menos desde fines de los años noventa, ha sido
modificada en diversas ocasiones, principalmente para otorgar mayores
capacidades e instrumentos al Conacyt, como órgano rector de la política
científica y tecnológica. Las reformas más importantes han sido la de 1999 y la
de 2002.
La modificación
de fines de los años noventa, tal vez el cambio más significativo en la ley
correspondiente, instauró los fondos competitivos para la distribución de recursos, el
establecimiento de la evaluación de resultados como requisito para distribución
adicional de recursos, mayores atribuciones a Conacyt, la indicación de que los
centros públicos de investigación debían celebrar convenios de desempeño con la
administración pública y la apertura a otros agentes y sectores a la participación
en el diseño de las políticas sectoriales.
Por su parte, la reforma de 2002, ajustó
nuevamente los fondos competitivos --tanto para su otorgamiento como para
cumplir su función de orientación a la demanda--, pero también planteó la
creación de un ramo de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la
inversión que debía destinarse. De ahí viene el tratamiento de un ramo
presupuestal propio para Conacyt (el ramo 38), como entidad no sectorizada, el
cual se hizo efectivo a partir del 2004. Recuérdese que antes el organismo dependía
de SEP y más antes de otra secretaría, ahora ya desaparecida.
Además, en la misma iniciativa se planteó
que: “se hace necesario contar con un mecanismo que permita articular una
política de Estado en esta materia y que garantice su eficaz ejecución así como
un manejo más eficiente y simplificado”. Así que incluyó los atributos de una
política de Estado y un nuevo ajuste a diferentes órganos, como el Foro
Consultivo, la Conferencia Nacional, la Red Nacional de Grupos y Centros de
Investigación, el Consejo General y nuevas reglas para los centros públicos de
investigación que implicó cambios en la periodicidad en los convenios de
desempeño y en la obligatoriedad de realizar actividad docente.
A juzgar por los resultados y las
intenciones, tal parece que los cambios a la ley no han sido suficientes. En
algunos casos porque no se cumple lo que dice la ley, como en el monto de
recursos que debiera destinarse al sector o en el funcionamiento de algunos
órganos. O bien, porque la norma necesita nuevas revisiones casi enseguida de
que se realizan los ajustes.
¿Cuál es el sentido que podría tener una
nueva iniciativa de ley? El director de Conacyt, a propósito del retraso en la
puesta en marcha del Gran Telescopio Milimétrico, ha dicho que los sexenios son
letales para la ciencia y la tecnología, por lo cual se necesita una reforma
que permita mantener los apoyos a la ciencia y la tecnología a pesar del cambio
en la administración federal. Lo sorprendente es que desde fines de los años
noventa, la política para el sector se ha sostenido, pese a la alternancia.
Entonces, ahora, el cambio será básicamente
en materia de financiamiento. El mismo titular del Conacyt adelantó que se
otorgará “al ramo de ciencia y tecnología una visión obligada de largo plazo, en
un horizonte de planeación de dos a tres décadas. Le brinda además las
características para elaborar un plan con esa visión, incorporando el punto de
vista gubernamental, así como de los sectores académicos y empresariales” (Foro Consultivo. Boletín 40).
El asunto no será
sencillo de resolver. Lo que actualmente establece la ley en materia de
financiamiento para el sector (el uno por ciento respecto al PIB) simplemente no
se ha podido cumplir. Otro asunto es que la aprobación anual del presupuesto es
competencia de los diputados, así que no solamente se necesitará disposición y
las mejores intenciones del gobierno federal.
Todavía más: el
Congreso está saturado de iniciativas que siguen sin dictaminarse. La LXIII legislatura
acumula un rezago de más de 4 mil 500 iniciativas y está en su último periodo
ordinario de sesiones (Reforma
28.01.2018).
No parece probable
que una nueva reforma a la ley de ciencia y tecnología sea dictaminada de forma
expedita, menos en esta legislatura; tampoco que su destino sea más prometedor
que el de las anteriores. Estamos en periodo electoral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario