Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 741.
Febrero 8, 2018. Pág. 5)
La idea no
sonaba mal. En noviembre del 2012, con la reforma a la ley federal del trabajo,
todavía en el periodo de Felipe Calderón, se planteó la iniciativa de crear un
Comité Nacional de Productividad (CNP). Un órgano consultivo y de asesoría para
el ejecutivo federal en la materia, con la encomienda de contribuir a la
elaboración de objetivos, estrategias y acciones. Recuérdese que Calderón se
había autonombrado el presidente del empleo.
En mayo de
2013, cuando todavía no se había quebrado el horizonte de esta administración y
estaba en ciernes la propuesta de una acción transversal para “democratizar la
productividad”, el ejecutivo federal promulgó el decreto de creación del CNP (Diario Oficial de la Federación
17.05.2013). Ahí quedó especificado que se integraría por una veintena de
miembros y presidido por el secretario de Hacienda. También formarían parte el director
de Conacyt y los secretarios de Economía, Educación Pública y Trabajo y
Previsión Social. Además habría representantes de: cinco de organizaciones
empresariales; cinco de organizaciones sindicales; cuatro de instituciones de
educación superior, uno de instituciones de educación media superior y uno de
capacitación para el trabajo.
En el decreto
se especificó que el CNP sesionaría por lo menos cuatro veces al año de forma
ordinaria; sesiones extraordinarias habría tantas como las solicitara su
presidente. También añadió la forma en que se organizaría, las funciones y
responsabilidades de la secretaría ejecutiva y de los vocales. Sin embargo, no
ha sesionado como estaba previsto ni sus logros han sido notables. (Por
ejemplo, solamente quedó en anuncio y foto la creación del grupo “Generación de
Talento”).
De hecho, en
julio del 2016, el ejecutivo federal emitió un nuevo decreto para regular la organización
y funcionamiento del Comité. En realidad, conservó las funciones y la
periodicidad de las sesiones, pero añadió la posibilidad de que los integrantes
titulares pudieran designar a sus respectivos suplentes, así como la participación
del presidente de la República en calidad de presidente honorario del Comité. Tampoco
funcionó de todo.
No obstante, una
de las iniciativas del CNP fue solicitar un diagnóstico a la OCDE sobre
“Estrategia de competencias, habilidades y destrezas”. El informe fue presentado
hace un año (http://www.oecd.org/centrodemexico),
en el documento se precisa que México enfrentará ocho desafíos. Por ejemplo, se
indica que el primero de ellos es el mejoramiento del nivel de competencia de
los estudiantes de educación obligatoria. Efectivamente, las evidencias
muestran que más de la mitad de los estudiantes de educación básica tienen un
desempeño académico deficiente y otra cantidad relativamente similar no
completa el ciclo de educación secundaria.
Un segundo
desafío es el incremento en el acceso a la educación superior y el mejoramiento
de su calidad. Y sí, con tres de cada diez jóvenes en la aulas universitarias, México
tiene una tasa baja de cobertura en este nivel educativo, no solamente respecto
a los países pertenecientes a la OCDE, también en comparación con algunos
países de la región latinoamericana.
Otros desafíos
que menciona la organización de cooperación económica, en correspondencia con
su naturaleza y fines, se refieren propiamente al desarrollo de competencias
específicas. Plantea la eliminación de “barreras en el ámbito de la oferta y la
demanda a fin de activar las competencias en el empleo formal”. O bien,
promover las competencias en grupos vulnerables; el uso de competencias en el
trabajo; el respaldo a la demanda de competencias de alta productividad a fin
de impulsar la innovación; y mejorar el financiamiento público y privado en
este ámbito, entre otros desafíos.
Además, la
OCDE, nuevamente a solicitud del CNP, elaboró una serie de recomendaciones, las
cuales acaba de difundir (Skills Strategy Policy Note: Mexico). En
el documento se identifican once áreas de intervención y para cada una se precisan
recomendaciones que el gobierno mexicano podría adoptar. Las áreas se refieren
a la colaboración entre dependencias gubernamentales, la cooperación entre
autoridades y otros actores del sistema, lo mismo que la recopilación de
información sobre calidad de la oferta y demanda de competencias en el país,
así como el ingreso y permanencia en educación superior.
En la
identificación de competencias necesarias para ingresar y completar con éxito el
nivel de educación superior, pongamos por caso, recomienda establecer
estándares mínimos de logro de habilidades (tanto básicas como
socioemocionales), lo mismo que mejorar los programas de apoyo para estudiantes
y profesores rezagados, tanto como afinar la evaluación de habilidades.
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