Alejandro
Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter:
@canalesa99
(Publicado en
Campus Milenio No. 800. Mayo 9, 2019. Pág. 9)
Si un plan nacional de desarrollo expresa la parte del pacto
social que le corresponde cumplir al gobierno, los elaborados en el periodo de
referencia [1982 – 2018] fueron falsos en sus propósitos y mendaces en sus términos,
como lo fueron los informes presidenciales y otras expresiones del poder
público.
El párrafo previo es un fragmento de
la presentación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la actual
administración y expresa su diagnóstico tajante y seco del periodo anterior,
tanto como la anticipación de la retórica y estilo para planear el desarrollo
del presente sexenio.
También es ilustrativo de las dos
partes que, claramente diferenciadas, integran el Plan. A pesar de que la
segunda parte incluye objetivos, indicadores y metas, no escatima en el uso de
adjetivos y explícitamente señala que tendrá un carácter histórico porque marca
el fin de los planes neoliberales y porque se deslinda de un “lenguaje oscuro y
tecnocrático”.
El PND 2019 – 2024 es el primer
documento que condensa propósitos, estrategias y líneas del gobierno de López
Obrador. Después del confuso y extenso “Proyecto de Nación 2018 – 20124”, el
documento que presentó en noviembre de 2017, antes de las elecciones y en el
que perfilaba las iniciativas que tenía planeadas, ahora se articulan de forma
más breve y sistemática.
Las palabras del PND quedarán en el
registro y también serán el referente para valorar los compromisos que asume.
Por ejemplo, ahí se dice: “Tenemos ante el mundo la responsabilidad de
construir una propuesta posneoliberal y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico,
ordenamiento político y convivencia
entre los sectores sociales. Debemos demostrar que sin autoritarismo es posible
imprimir un rumbo nacional; que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie y que el desarrollo no tiene porqué ser
contrario a la justicia social” (p. 8).
Las dificultades para impulsar un
crecimiento sostenido han sido reiteradas. Al comienzo de los años ochenta,
cuando terminaba el sexenio de José López Portillo e iniciaba el de Miguel de
la Madrid, fueron también los años de crisis económica. Por cierto, López
Portillo le adjudicó la responsabilidad a la crisis como el factor que le
impidió cumplir sus planes y lograr sus metas.
El asunto es que esos años también fueron
los de la idea de planear globalmente: incluir las diferentes áreas de la
administración pública y elaborar un programa integral de gobierno. Ahí surgió
el Plan Global de Desarrollo. Porque se buscaba articular, bajo una metodología
uniforme, un plan y los diferentes programas sectoriales, así como contar con
mejores instrumentos de intervención.
Después vino
la reforma a la Constitución para establecer un sistema nacional de planeación
y la promulgación de una Ley de Planeación en 1983. Una norma que, en su
artículo 3, precisa lo que debe entenderse por planeación nacional del
desarrollo, y sustituyó, después de poco más de medio siglo, a la Ley sobre
Planeación General de la República de 1930.
Ahora, el PND de esta administración prevé que el
desarrollo económico para el final del sexenio alcanzará una “tasa de 6 por
ciento, con un promedio sexenal de 4 por ciento” (p. 60). Sin embargo, es una
meta que, vale la pena notarlo, aparece en el primer documento del Plan, pero
no en el segundo que es, precisamente, en donde se describen indicadores y las metas
propiamente dichas.
Lo más sorprendente es que el Plan no le adjudica
ningún papel sobresaliente a las actividades científicas y tecnológicas para el
desarrollo nacional. No obstante, una de las principales razones para ocuparse
del sistema científico y tecnológico, desde el sector gubernamental, es que se
trata de uno de los motores que impulsan el desarrollo socioeconómico y el bienestar de las naciones
Más
inquietante resulta que la mención a la ciencia y la tecnología queda
registrada solamente en la primera parte del Plan: “El gobierno federal
promoverá la investigación científica y tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos
con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El CONACYT coordinará el
Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo
nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas”
(p. 58). Poco, muy poco en la segunda parte; nada en lo propiamente
programático.
Por
ejemplo, el PND destaca tres ejes generales: justicia y Estado de derecho;
bienestar; y desarrollo económico. En cada eje se plantean objetivos,
indicadores y estrategias. El primer eje no incluye ninguna estrategia
relacionada con las actividades científicas y tecnológicas, a pesar de que la
seguridad pública puede tener ser respaldado de forma importante.
El eje
de “Bienestar” incluye once objetivos y de ellos solamente en tres se hace mención
a estrategias científicas y tecnológicas. Especialmente cuando se plantea el acceso
a los servicios de salud, también como un componente para garantizar un medio
ambiente sano y para promover el derecho humano a la cultura. En este último,
una de las estrategias destaca la promoción de “la apropiación social de las
humanidades, las ciencias y las tecnologías” (p. 121).
Por
último, en el eje “Desarrollo económico” quedan anotadas un par de estrategias:
una para desarrollar un Sistema Nacional de Innovación de los sectores
productivos para protección de derechos de propiedad industrial e intelectual;
otra en política energética para contribuir a la formación y fortalecimiento de
capital humano científico de alto nivel en ese sector. Sí, como en el sexenio
anterior.
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