Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio. No. 801. Mayo 16, 2019. Pág.
5)
El pasado mes de febrero los
jóvenes participantes en el programa Cátedras Conacyt quedaron ojipláticos por
el anuncio y percepción que la directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla, tenía
sobre la operación de ese programa. Avisó que se cancelaría y si bien reconoció
sus virtudes, también advirtió su inviabilidad: “se atendió de una manera
parchada e insostenible [las opciones laborales para los jóvenes]. Hoy tenemos
colgados de la nómina a 1500 catedráticos, eso tiene que cambiar” (Boletín
AMC/024/19. 05.02.2019).
A los jóvenes no les pareció nada
grata la apreciación sobre su trabajo y menos la incertidumbre sobre su futuro
laboral. Una buena parte de ellos respondieron en las redes sociales detallando
los proyectos en los que participaban, destacando sus logros y consideraron
inaceptable ser calificados como parásitos. En los mismos medios Álvarez Buylla
se disculpó e intentó aclarar el sentido de sus palabras.
Sin embargo, frente a la
posibilidad de que el programa se modificara sustancialmente o se cancelara en
definitiva, otros jóvenes más se organizaron y solicitaron formalmente un
encuentro con la titular del organismo rector de las políticas científicas y
tecnológicas. En ese momento no hubo respuesta oficial, pero finalmente el
pasado fin de semana se realizó la reunión.
El programa Cátedras Conacyt,
como seguramente se recuerda, fue puesto en marcha en la administración
anterior. Inició en el 2014 con una oferta de alrededor de medio millar de
lugares y la publicación de las normas a las que se sujetarían las personas que
buscaran obtener una cátedra.
Las cátedras siguieron un
procedimiento de asignación convergente: las instituciones (universidades,
centros públicos de investigación o institutos nacionales) presentaban a Conacyt
un proyecto para una cátedra individual o una colectiva (entre tres y cinco
jóvenes) y los aspirantes se inscribían en un padrón de elegibilidad. Las autoridades de entonces dijeron que
siguieron un principio de equidad, porque se dio preferencia a las entidades
con menor desarrollo científico y tecnológico y se asignaron cátedras
colectivas para un mayor efecto de respaldo e impulso.
El esquema era atractivo: por una
parte, ofrecía oportunidades laborales a jóvenes talentosos, con una formación
de alto nivel que no encontraban acomodo en el refractario y competido mercado
del trabajo incapaz de abrirles un espacio; y, por otro lado, compensaba el
rezago científico y tecnológico de algunas entidades federativas.
Sin embargo, la peculiaridad del
programa fue que las cátedras no formarían parte de las instituciones
receptoras. Los jóvenes catedráticos serían considerados como personal académico
de Conacyt, comisionado a la institución de adscripción por un periodo de 10 años
y renovables las veces que sea necesario. Así que para efectos normativos el
organismo es el patrón, el que cubre la nómina. En un contexto de recursos
escasos ese era y es el principal problema.
En un inicio la idea era duplicar
el número de plazas anualmente y expandir el programa a un mayor número de
instituciones. Pero, como ocurre frecuentemente, todo dependía de los recursos
autorizados y no los hubo. El número de cátedras más bien disminuyó a la mitad
en los siguientes cuatro años y la administración anterior, a junio de 2018, concluyó
con un total de 1 mil 511 plazas distribuidas en todo el territorio nacional en
casi un millar de proyectos y en más de un centenar de instituciones.
Según los datos que presentó Peña
Nieto en su último informe de gobierno, el total de recursos erogados entre
2014 y 2018 sumaron casi cuatro mil millones de pesos para el programa de
Cátedras Conacyt. El volumen de recursos fue la principal preocupación de la
nueva administración del organismo y una de las razones para cancelar el
programa.
En la reciente reunión de los
jóvenes catedráticos con Álvarez Buylla, la titular del organismo les dijo que
se buscará cambiar su estatus laboral: “esto es, que dejen de ser considerados
administrativamente como funcionarios públicos, con plazas de confianza y, en
un futuro, se incorporen como investigadores, con toda formalidad y derechos
plenos, en alguno de los 139 centros de investigación e institutos a los que
están adscritos” (Comunicado 36/19 11.05.2019).
En realidad la solución no está a
la vista: el programa surgió, precisamente, porque ni la industria ni las
instituciones públicas de educación superior podían abrir un lugar de trabajo. Ahora
el problema retornará a esas mismas instituciones y más complicado porque las instituciones
tienen menos presupuesto y podría disminuir todavía más.
Nada fácil.
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