Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 802. Mayo 23, 2019. Pág. 5)
Los recortes en el gasto público no
son ninguna novedad, generalmente aparecían en situaciones de crisis económica
o en previsión de que ésta ocurriera. La disminución de recursos frecuentemente
venía espoleada por un entorno internacional adverso, un incremento alarmante
en el déficit público, un alto volumen de endeudamiento, la búsqueda de estabilidad
macroeconómica o alguna otra razón que inevitablemente culminaba en restricciones
en el gasto público.
Sin embargo, a diferencia de
ocasiones anteriores, los recortes que ahora se proyectan aparentemente tienen otras
razones. Los motivos que el gobierno federal ha expresado para disminuir el
gasto de la administración pública es instaurar un régimen de austeridad en el
servicio público, contener la corrupción y, sobre todo, contar con mayores
recursos para programas de apoyo a la población más desfavorecida.
Las razones son muy atendibles. Los
servidores públicos han exhibido de forma insultante sus privilegios, el
enriquecimiento ilícito o el derroche inmisericorde de recursos. Y sí, nada más
justo que reducir la gravísima desigualdad de esta nación. Sin embargo, no
están a la vista los mecanismos que permitirían contener solamente los excesos
y sí es sumamente preocupante el recorte indiscriminado del presupuesto,
especialmente en el terreno de la salud, la educación y la ciencia y la
tecnología.
Los recortes de esta
administración no son una sorpresa. El ahora presidente López Obrador, el 15 de
julio del año pasado, a las dos semanas de su triunfo electoral, anunciaba los
“50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de
una política de austeridad republicana en el gobierno”. Desde ese entonces
perfiló la eliminación de fueros y privilegios de los servidores públicos,
tanto como las limitaciones que tendría el ejercicio del gasto público. Hoy son
cuerpo de la “Ley federal de Remuneraciones de los servidores públicos” y del
proyecto de “Ley federal de austeridad republicana del Estado”.
El asunto es que las normas no
solamente limitan los excesos, también están provocando incertidumbre en las
instituciones públicas y daños en la capacidad instalada de los servicios
académicos y de salud. Además de la reducción que en su momento se advirtió en el
presupuesto para este año en educación superior y en ciencia y tecnología, se
han sumado otras dificultades más.
Por ejemplo: la disminución del ingreso
neto del personal académico de instituciones y centros de investigación que
están considerados como servidores públicos; la modificación y posterior
restitución del respaldo directo a las estancias infantiles; la dificultad que
suscitó la suspensión del bono sexenal y retraso en las becas de médicos
residentes; los despidos en la Conabio; la suspensión y reanudación de los
diferentes programas a cargo de distintas organizaciones intermedias entre
Conacyt y beneficiarios por falta o retraso en la entrega de presupuesto, entre
otros.
Lo más preocupante es que la Ley
federal de austeridad republicana todavía no entra en vigor --la aprobaron los
diputados el pasado 30 de abril y falta que los senadores hagan lo
correspondiente--, pero el ejecutivo federal envió un memorándum complementario
a esa ley que podría ser una mayor limitante para los Centros Públicos de
Investigación.
La iniciativa de ley ya contenía
disposiciones específicas sobre una política de austeridad y restricción en el
ejercicio de los recursos públicos, así como sobre la constitución de
fideicomisos y fondos que tendrán consecuencias en el sector científico y
tecnológico. No es un asunto sencillo de resolver y aquí mismo los hemos
comentado (Campus Milenio No. 767 y
768).
Ahora, además, el memorándum de
AMLO instruye a los servidores públicos e informa que las medidas que añade “son
de observancia obligatoria para toda la Administración Pública Federal” (memorándum
03.05.2019). Propone: 1) una reducción inmediata del 30 por ciento respecto de
su presupuesto de este año en los rubros de viáticos y pasajes aéreos nacionales;
estudios e investigaciones, entre otros. 2) una reducción del 50 por ciento en viáticos
y pasajes aéreos en el extranjero; congresos y convenciones, por ejemplo. En la
iniciativa de ley solamente indicaba que no se excediera el monto del ejercicio
presupuestal anterior.
Es una situación jurídica
anómala, peculiar, relativamente similar a la que ocurrió con la reforma
educativa, en la que el Congreso todavía no aprueba la ley y el ejecutivo federal
instruye a poner en marcha medidas que trascienden esa norma. Por lo pronto, el
Foro Consultivo Científico y Tecnológico y los Centros Públicos de
Investigación han manifestado públicamente su preocupación por el memorándum. No
les falta razón y lo veremos en próxima entrega.
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