Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter@canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 799. Mayo 2, 2019. Pág. 5)
Los reflectores sobre la actual
modificación al artículo 3º constitucional se han dirigido principalmente al
controvertido y todavía irresuelto decimosexto transitorio de la reforma
propuesta. Un tema nada menor porque se refiere al mecanismo de ingreso,
promoción y reconocimiento de la profesión docente.
Al momento de escribir estas
líneas falta la aprobación de la Cámara de Senadores y luego su paso a los
congresos estatales, al menos la mitad, para que la reforma entre en vigor. Si
las modificaciones quedan en los términos propuestos, la resolución sobre el
decimosexto el problema se diferirá porque su precisión y alcance se trasladará a las leyes secundarias
que están por elaborarse.
No obstante, la reforma al
artículo 3º incluye otros cambios que no son nada menores, como el planteado en
su fracción V. Ahí se incluye una modificación sustantiva en materia de ciencia
y tecnología, respecto de lo que establece la Constitución vigente y también de
lo que había propuesto la iniciativa original del propio presidente de la
República, la que desencadenó el actual proceso de cambio.
En la norma vigente, la fracción V del artículo 3º, únicamente indica que
el Estado “apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”. Además, en la fracción XXV del
artículo 73 queda establecida la responsabilidad y facultad del Congreso para
legislar sobre las instituciones de investigación científica.
En el proyecto de reforma de AMLO, el que envió el 12 de diciembre del
año pasado, proponía para la misma fracción V: “El Estado incentivará la investigación científica y tecnológica que se
realice en el país, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura
como un principio al que todos los mexicanos tienen derecho”. Es decir,
básicamente, intercambió la palabra “apoyará” por “incentivará” y añadió la
difusión de la cultura como principio. La fracción XXV del artículo 73 quedaba
en los mismos términos.
Por su parte, la Red Educación Derechos, en febrero de este año,
presentó una propuesta alternativa, la cual fue respaldada por el bloque
opositor de partidos en la Cámara de Diputados. Sobre la misma fracción V, la
propuesta de la Red proponía modificaciones sustanciales y de diverso alcance.
Ahí se anotó: “Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de
la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado incentivará la investigación
científica, humanística y tecnológica, para lo cual deberá proveer recursos y
estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y
participación que establezca la ley. Además, alentará el fortalecimiento y
difusión de nuestra cultura, en términos de lo dispuesto por el artículo 4º”.
Esto es, quedaba indicado el derecho a gozar de los beneficios del
desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica y se precisaba que el
Estado debía proveer los recursos y estímulos con suficiencia conforme a la
normatividad. Una diferencia notable, respecto de lo que establecía la norma
vigente y la propuesta del presidente de la República.
En la propuesta se recuperaba no solamente lo que hace más de medio
siglo está previsto en tratados internacionales, también lo que habían
planteado iniciativas anteriores en el Congreso y especialmente la legislatura
anterior en el Senado –en una entrega posterior haremos el recuento de
proyectos.
Finalmente, en marzo pasado, el dictamen de las comisiones unidas de
Educación y Puntos Constitucionales, sobre la misma fracción V recuperó, casi
en los mismos términos la propuesta de la Red. “Toda persona tiene derecho a gozar de los
beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística
y tecnológica, y garantizará el
acceso abierto a la información que derive de ella...”
Es decir, esencialmente, sólo añade lo concerniente a la garantía
al acceso abierto a la información. El dictamen, después de semanas de
encuentros ríspidos e inconformidades, fue aprobado el pasado 24 de abril por
la Cámara de Diputados y seguramente también lo hará de los Senadores. ¿Hubo
otras propuestas de reforma en la materia? Sí, pero no las que ahora se
mencionan ni se adjudican correctamente. A ello iremos en detalle en una
siguiente entrega.
Por lo pronto parece que estará garantizado el derecho a gozar de los
beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Nada
menos.
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