Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 808. Julio 4, 2019. Pág. 5)
Tal vez el ámbito de la ciencia y
la tecnología refleja con mayor claridad un cierto desencanto con la nueva
administración gubernamental. En el periodo de precampaña (entre diciembre de
2017 y febrero de 2018) y en la campaña propiamente dicha, los asuntos
científicos y tecnológicos no ocuparon ningún lugar sobresaliente. Nada raro,
después de todo, salvo alguna declaración por aquí y por allá de mayor
inversión, lo mismo había ocurrido en campañas anteriores.
Sin embargo, en la elección más reciente
sí hubo una diferencia sustancial. En ocasión del tercer debate presidencial,
en junio de 2018, cuando se discutió la agenda social e incluyó ciencia y la
tecnología, ahí mismo el ahora presidente López Obrador anunció que si triunfaba en las
elecciones nombraría como directora del Conacyt a la doctora María Elena
Álvarez Buylla.
El nombramiento provocó un
relativo efecto de tranquilidad en la comunidad científica. En efecto, no
solamente porque ya estaba el nombre de la persona que ocuparía la posición, el
cual para muchos no les resultaba familiar, sino también porque no parecía
ninguna persona improvisada, había recibido el Premio Nacional de Ciencias en
2017, como lo mencionó López Obrador.
No obstante, todavía en junio de
2018, se sumaron dos datos más sobre Álvarez Buylla que sí comenzaron a
inquietar a un sector de la comunidad científica. Uno fue su reconocido
activismo y oposición a los transgénicos; otro fue la publicación de su
proyecto de reestructuración del Conacyt.
En el primer caso resultaba
problemático porque sigue vigente el debate sobre los organismos genéticamente
modificados. Una discusión que involucra a grupos importantes de científicos,
tanto de una posición como de la otra, así como a grandes consorcios de la
industria de la biotecnología. La división también era y es previsible en el
propio gabinete de la nueva administración, aunque en el primer día de su
gobierno, el presidente López Obrador declaró que no se permitirían “ni
transgénicos ni fracking”.
El segundo dato, sobre el “Plan de reestructuración
estratégica de Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación
(2018-2024) presentado por Morena”, fue un documento de cuarenta páginas que
causó todavía más desasosiego. Un plan preliminar, difundido antes de las
elecciones, en cuyas primeras páginas anunciaba una docena de principios
rectores que conducirían la política del sector.
Por ejemplo, el primero apuntaba:
“Reestructuración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para acoplarlo a
los lineamientos del Proyecto Alternativo de Nación, priorizando la
descentralización del desarrollo científico y tecnológico”. También anunciaba
la redefinición de los criterios de evaluación de la actividad científica (los
criterios cualitativos por encima de los cuantitativos), lo público y
comunitario antes que el interés privado o la creación de nuevos Centros
Públicos de Investigación, entre otros.
Sin embargo, el documento no incluía un diagnóstico
mínimo del sector, tampoco aparecía el papel de la ciencia y la tecnología en
el desarrollo económico ni una contribución relevante de las ciencias sociales
y las humanidades, entre otras deficiencias que se advirtieron. Las críticas
fueron abundantes. Después del triunfo electoral vino la reconsideración y los
ánimos se tranquilizaron porque Álvarez Buylla dijo que el plan apenas era una versión
provisional y prometió que hasta una “H” de humanidades tendría el nuevo nombre
Conacyt.
La comunidad todavía se
tranquilizó más después de la reunión del 22 de agosto de 2018 con el ya
presidente electo López Obrador: “En el peor de los casos, y ese es el compromiso
que hago con ustedes... que nunca tengan un presupuesto por abajo de la
inflación, ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente
en términos reales, ese es mi planteamiento muy concreto”. No lo fue.
El presupuesto para el sector en este año
no aumentó en términos reales y sí está abajo de la inflación. En cifras
redondas, en 2018 recibió 92 mil
millones de pesos y en este año le asignaron 91 mil 400 millones de pesos. La
disminución más sensible fue para el gasto central de Conacyt: pasó de 31 mil
millones de pesos a 28 mil 300 millones de pesos.
Luego vinieron los desencuentros con el
equipo de transición por la filtración de las cartas en las que se solicitaba
suspender las convocatorias en curso, el amago de proyecto de ley y otra serie
de errores de gestión administrativa, como las dificultades con los becarios,
la calificación a los jóvenes que ocupan las cátedras Conacyt (“colgados de la
nómina”), el polémico nombramiento de funcionarios, el anecdótico caso del
comedor del organismo y las restricciones para viajar al extranjero.
Hasta ahora, aparte de las escaramuzas
mediáticas y el presupuesto incumplido en el sector, el mayor desencanto ha
sido el tratamiento otorgado a algunas de las entidades paraestatales, como los
Centros Públicos de Investigación, los institutos nacionales y otras
instituciones académicas.
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