Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 807. Junio 27, 2019. Pág. 5)
En las vísperas de las elecciones
presidenciales del año pasado había datos acumulados –cuando su dureza parecía
refractaria a la interpretación de datos alternativos— que trazaban los rasgos
sobresalientes de las iniciativas que podría poner en marcha la coalición
“Juntos Haremos Historia”. Después de la victoria del 1 de julio del 2018, en
el terreno de la educación y de la ciencia y la tecnología, algunos
lineamientos han sido consistentes, otros cambiaron y otros más se convirtieron
en lo opuesto.
No solamente se conocía el
documento “Proyecto de Nación 2018-20240”, presentado públicamente por AMLO desde
noviembre de 2017. Un voluminoso documento de casi 500 páginas que contenía brevísimos
diagnósticos y un amplio conjunto de proyectos, entre ellos para economía,
seguridad, desarrollo social y gobierno, como la idea de descentralizar las
dependencias de la administración pública federal de la que actualmente ya no
se habla o el amplio programa de becas para jóvenes que hoy tiene lugar.
Sin embargo, el apartado de
educación iniciaba y concluía con la propuesta de otorgar autonomía a las
instituciones particulares de educación superior (“Educación para todos”. pp.
432-442). Nada más y nada menos. No mencionaba el asunto de las 100
universidades, tampoco nada sobre la cancelación de la “la mal llamada reforma
educativa”, ni el espinoso tema de la calidad educativa, menos sobre la
propuesta de reestructurar el sistema de ciencia y tecnología. Poco tiempo
después vendrían esas definiciones.
El entonces precandidato López
Obrador había adelantado en mayo de 2017 en Oaxaca, ante profesores de la
sección 22 de la CNTE, la idea de cancelar la mal llamada reforma educativa del
2012-2013. Luego, en febrero de 2018, en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, reiteró
y firmó un Acuerdo (escasas seis cuartillas) con el profesor Rafael Ochoa
Guzmán, como representante de la Redes Sociales Progresistas para cancelar la
reforma.
El primer punto de los acuerdos era dar marcha atrás
a la reforma educativa “enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de
Ley del Servicio Profesional Docente”. El tercer punto incluía “eliminar la
evaluación punitiva” del eventual proyecto de ley, cesar las persecuciones y
amenazas al magisterio. Además, en el quinto punto, precisaba la recontratación
inmediata de maestras y maestros que fueron cesados por oponerse a la
evaluación punitiva.
Sí hubo marcha atrás pero, como
ahora es claro, después vinieron las negociaciones ríspidas con otra de las
fracciones del sindicato magisterial y no fue un cambio a una ley secundaria.
El 12 de diciembre del 2018, ya investido como presidente, AMLO envió un
proyecto de reforma del artículo 3º, 31 y 73 de la Constitución que cancelaba
la anterior reforma y desaparecía el Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación (INEE).
El proceso legislativo, sin
embargo, no fue tan sencillo. La primera sorpresa fue que el proyecto
presidencial también suprimía la fracción VII del artículo 3º constitucional, la
referente a la autonomía de las universidades. La autoridad educativa dijo que
había sido un error que se repararía. No obstante, se sumaba a otro
“errorcito”, como le llamó el secretario de Hacienda dos semanas antes, en el
que las universidades públicas tenían un recorte de 32 por ciento en el
Presupuesto de Egresos para este año.
Al final, el recorte presupuestal
a las universidades fue reparado y los legisladores, después de considerar
otros proyectos, aprobaron una reforma educativa diferente a la enviada por el
ejecutivo federal. Hoy siguen pendientes las leyes secundarias y la integración
del organismo sustituto del INEE.
La idea de ofrecer oportunidades
educativas en el nivel superior para todos los jóvenes (“nadie será rechazado
de la media superior ni de las universidades”, reiteraba AMLO en sus
concentraciones) ha sido permanente y fue anterior al “Proyecto de Nación
2018-2024”. No obstante, la iniciativa de crear 100 universidades públicas en
el primer año de la administración comenzó a dibujarse en el periodo de transición
y como proyecto separado de la Subsecretaría de Educación Superior y de la SEP
misma.
Actualmente se denomina “Programa
de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, los aspirantes no
presentan examen de selección, serán sorteados si la demanda es mayor a la
oferta de lugares y recibirán una beca de 2 mil 400 pesos mensuales por diez
meses. La página electrónica (ubbj.gob.mx) destaca que son un centenar de
instituciones, están o estarán en 31 entidades federativas y ofrecerán 36
carreras universitarias. Sin embargo, las expectativas son muy limitadas sobre
el efecto que tendrán en la expansión de la matrícula en el nivel superior y
muchas dudas acerca de si pueden denominarse
universidades
En la próxima entrega veremos el
tema de la austeridad en el sector, el presupuesto y la reestructuración del
sistema de ciencia y tecnología. Hoy, un año después, el panorama es muy
distinto.
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