Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 809. Julio 11, 2019. Pág.
5)
El volumen total de recursos que
se destinan a la actividad científica y tecnológica es fácil de precisar. Las
cosas ya no son tan sencillas cuando queremos desagregar las cifras para ver
quiénes participan y cómo se distribuyen los recursos. Por eso es notable que desde
Palacio Nacional María Elena Álvarez Buylla, titular del Conacyt, nuevamente
insistiera sobre la transferencia indebida de recursos al sector privado en el
sexenio pasado. El asunto es más inquietante cuando las cifras oficiales no coinciden.
La directora de Conacyt, en enero
de este año, seguramente usted lo debe recordar, dijo que: en el organismo estaban
recabando los datos más precisos sobre transferencias de recursos públicos a la
iniciativa privada, pero los cálculos preliminares señalaban un monto
transferido por el Consejo al sector privado de alrededor de 50 mil millones de
pesos. No precisó si fue o no ilegal, pero sí señaló lo indebido del caso y
aclaró que tenía un rango de confiabilidad de más menos 15 mil millones de
pesos.
En aquel entonces generó mucho
ruido mediático la declaración de Álvarez Buylla y hasta el vicecoordinador de
Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó un punto de acuerdo para
enviar un exhorto a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para investigar
si las transferencias habían sido ilícitas (Campus
Milenio No. 789).
No obstante, como frecuentemente
ocurre, a las pocas semanas cesó la atención pública a ese tema y los
reflectores se trasladaron a otra parte. Después, la titular del organismo dijo
que ella había entregado la información a las instancias correspondientes y le
tocaría a la SFP determinar si las transferencias habían sido legales o no. A
la fecha nada se aclaró.
Ahora, casi medio año después, en
la conferencia de prensa del presidente de la República del pasado 27 de junio,
la directora de Conacyt vuelve a presentar cifras sobre el presupuesto y
aparece de nueva cuenta la transferencia de recursos públicos al sector
privado. Lo sorprendente es que la información no coincide y reitera los
números que mencionó en enero.
Por ejemplo, los datos que
presentó Álvarez Buylla en Palacio Nacional muestran que el presupuesto para
ciencia y tecnología en el 2018 fue de 76 mil 776 millones de pesos, mientras
que para este año es de 77 mil 315 millones de pesos. Es decir, respecto del
año anterior, pareciera que hubo un incremento de 539 millones de pesos. Sin
embargo, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por
los diputados, dice que el gasto federal para 2019 es de 91 mil 390 millones de
pesos y el del año pasado fue de 91 mil 952 millones. Esto es, el sector ahora tendría 562 millones de pesos
menos. Así que no solamente el monto global es dispar, también los cálculos son
opuestos. ¿Cuáles son las cifras correctas?
Otro dato que muestran las
gráficas de Álvarez Buylla pero que no lo destacó es la participación relativa
de Conacyt en el gasto total. En sus gráficas, el organismo controlaba el 35
por ciento del gasto en el 2018 y en este año solamente será el 32 por ciento.
Sin embargo, de acuerdo a los decretos de presupuesto, las cifras correctas
serían de 34 y 31 por ciento, respectivamente. Parece un dato menor, pero no
loes, porque en este año la SEP, por primera vez, ejercerá 40 por ciento del
gasto total del sector; un porcentaje superior al del Conacyt.
Por último, Álvarez Buylla volvió
a reiterar el tema de la transferencia de recursos hacia el sector privado. El
título de su gráfica decía: “casi 50 por ciento de fondos del Conacyt
transferidos a sector privado”. Un dato alarmante. En la gráfica se mostraban
las cantidades: 35 mil 175 millones de pesos (48 por ciento) para el sector
privado y 37 mil 423 millones de pesos (52 por ciento) del sector público. Y
añadió: “Esto no pasa en ningún lugar del mundo”; “esto es grave”.
En realidad la gráfica proyectada
en la conferencia desde Palacio Nacional fue relativamente incomprensible. En
primer lugar porque no estaba claro si estaba comparando las aportaciones de
los sectores público y privado para los fondos de investigación en el periodo,
o bien, era el gasto privado en investigación y desarrollo experimental o incluso
en el total del gasto nacional de ciencia y tecnología. ¿Qué estaba comparando?
A saber.
La gráfica no ayudó porque sumaba
cifras absolutas y relativas. Lo que sí quedó claro fue que en el sexenio
anterior se transfirieron más de 35 mil millones al sector privado (PEI) y se
abandonó a la ciencia básica.
Entonces, si la administración
anterior fue omisa y poco transparente en la desagregación de las estadísticas
oficiales, como aquí mismo lo hicimos notar, ahora bien se podría comenzar por
un manejo más escrupuloso de los datos y proceder legalmente si ocurrió algo
indebido. ¿No?
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